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Al parecer, ya estamos tomando consciencia de una de las mayores catástrofes ocurridas en el país y el mundo. La pandemia del Covid-19 es peor que un Niño costero, un terremoto y un tsunami juntos, porque sabemos que estos concluirán en poco tiempo, mientras que el virus continúa matando y lo seguirá haciendo por meses o quizás años, hasta que se encuentre una vacuna o cura efectivas; no antes. Ya nos acercamos en Perú a los 70 mil muertos y, si seguimos así, a fin de año superaremos el número de fallecidos causado durante 20 años por el terrorismo. O sea, en un año, más muertes que en 20 años de sangriento de conflicto armado interno, y provocados solo por la pandemia. Esto nos revela la magnitud de una tragedia que aún no sabemos cuántas vidas más cobrará.
Enfrentamos un virus muy contagioso, inofensivo para muchos pero potencialmente mortal para pocos (que se están volviendo muchos); es decir, el virus solo ataca mortalmente a un grupo relativamente pequeño de personas mientras que la mayoría de contagiados es asintomática o sufre padecimientos y secuelas –mayores o menores– similares a los de una gripe. Con lo cual, parte de la prevención para proteger a las potenciales víctimas fatales descansa en una mayoría que (se) contagiará pero que sobrevivirá, muchos sin mayor daño aparente.
Además, es un enemigo invisible, desconocido (poco estudiado por la ciencia) que, cual bomba neutrónica, mata humanos –conocidos, amigos, parientes, padres, hijos– y deja todo lo demás intacto. Por tanto, en esto estamos todos juntos compartiendo una responsabilidad, no solo como país, sino como toda la humanidad, como “nosotros”. Esta es otra importante, novedosa e insólita situación; típica de una película de ciencia ficción, solo que muy real.
HACER CASO A LOS EPIDEMIÓLOGOS
Ante este peligro, solo queda seguir las indicaciones de la comunidad médica y, especialmente, de los epidemiólogos. Porque ellos han dedicado su vida y talentos a estudiar la historia, características y tratamientos de estos graves eventos de salud pública. Es más, son los especialistas que ya habían previsto, advertido y anticipado el surgimiento de nuevos virus a partir del estudio y tratamiento de las epidemias relativamente más recientes (VIH, ébola, influenza AH1N1, gripe aviar, MERS, SARS). Incluso, en 2005, se realizó un simulacro de pandemia en Nueva York. Con estos antecedentes y con la pandemia en curso, la mayoría de gobiernos sigue las indicaciones de los epidemiólogos y la comunidad científica. Mientras que los ciudadanos –ante la evidencia de su efectividad– debemos seguir las indicaciones de las autoridades.
Una constatación importante es que el responsable de esta catástrofe es el virus. Los responsables no son ni los gobiernos, ni los estados, ni los millonarios, ni los laboratorios, ni los chinos, ni mucho menos la gente; más bien todos somos, hemos sido o seremos las víctimas. Todos nos vamos a contagiar, más tarde o más pronto, y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Podemos acceder a la más oportuna y mejor atención médica e igual morir. Cuando la humanidad se enfrenta ante semejante peligro hay que sumar fuerzas contra el enemigo, o sea, el virus. No hay que inventar otros culpables, no son “ellos”, somos “nosotros”. Ese es el giro mental –el cambio de chip– que hay que dar, y mirar con esos ojos la medicina, la política, la economía y la comunicación; para poder enfrentar las consecuencias de esta pandemia.
Estamos en el “modo de vida Covid” y este ha comenzado a aplicarse no solo en nuestro ámbito personal sino también en esos otros campos, solo que no nos hemos dado cuenta todavía y seguimos actuando como pre-Covid. De esto tratan las siguientes reflexiones.
LOS ESTADOS NO ESTÁN PREPARADOS PARA ESTA PANDEMIA
Lo primero que advierten los epidemiólogos es que los estados y sus sistemas de salud no están preparados para enfrentar la pandemia, porque la velocidad del contagio y de los fallecimientos superará la infraestructura sanitaria de los países, como se ha hecho evidente a nivel global. De allí la enorme importancia de las cuarentenas para poder frenar o detener los contagios, así como medidas específicas de distanciamiento físico y social, correcto lavado de manos y el uso correcto de mascarillas. Cabe recordar que las cuarentenas no curan la enfermedad, sino que solo sirven para detener el contagio y permiten ganar tiempo para que los sistemas de salud puedan: 1) ampliar la cobertura de atención de la Covid-19 y 2) mantener la atención al resto de problemas de salud de la población.
Estas medidas son las únicas que han demostrado su efectividad y casi no han cambiado desde el siglo XIX, o sea que en esta materia no se está inventando la pólvora. No hay otras medidas. Basta con entender que si una ciudad o país respeta una cuarentena estricta el contagio se detiene y la enfermedad desaparece. Ciertamente es imposible una cuarentena que dure hasta la aparición de una cura; pero para eso existen las otras medidas sanitarias básicas.
APRENDER DE LOS PAÍSES QUE HAN CONTROLADO LA PANDEMIA
La mejor evidencia de que estas medidas funcionan son los países que han tenido éxito en controlarla. Nueva Zelanda, por ejemplo, un país pequeño e isleño, cerró sus fronteras, pudo hacer un rastreo de contagiados, lleva un estricto control de sus visitantes y les impone cuarentenas obligatorias. El resultado, no sin algún rebrote, es que ha detenido ya la enfermedad. En el otro extremo del espectro ideológico, Corea del Norte también afirma no tener la pandemia, lo que podría ser cierto ya que es un país que vive desde hace más de seis décadas “en cuarentena”; es decir, herméticamente cerrado y un con fuerte control sobre sus habitantes, incluyendo hasta sus hábitos de comportamiento. Estos ejemplos demuestran que las cuarentenas no solo han funcionado desde siempre sino que funcionan en la actualidad.
Otra constatación de los epidemiólogos es que las cuarentenas y el distanciamiento social solo funcionan si la población las aplica o puede aplicarlas. No es un tema solo del gobierno, sino un asunto de todos por igual. Pero principalmente es un asunto de los ciudadanos. Ello por dos motivos. Primero, porque las fuerzas coercitivas de un Estado democrático no pueden imponerse a toda la población; en el caso de Perú, 800 mil o, exagerando, un millón de soldados y policías no pueden imponer cuarentenas, impedir aglomeraciones, supervisar el uso (correcto) de mascarillas o lavado de manos a más de 30 millones de personas. Segundo, los servicios públicos tienen una capacidad limitada de atención, incluso antes de la pandemia. Es el caso del Perú, donde los servicios de salud pública –antes del Covid– no se daban abasto para atender oportunamente a toda la población. Con el brusco y considerable aumento de afectados era evidente e inevitable que –pese a la cuarentena inicial aplicada pero cumplida a medias– el Estado no pudiera atender del todo la primera embestida del virus. Así, muchas personas fallecieron sin tener atención médica oportuna.
Pero así ha ocurrido también en países con excelentes servicios de salud y así ocurre en general durante las pandemias. Mientras que el riesgo de que vuelva a ocurrir (o siga ocurriendo) depende únicamente de que todos cumplamos (o podamos cumplir) los cuidados básicos conocidos; incluyendo a los países que han tenido éxito en controlarla. Por eso hablamos de que es una catástrofe mundial que nos involucra a todos y ante la cual no hay que bajar la guardia.
EL CONTROL DE LA PANDEMIA DEPENDE DE LA GENTE, NO DE LOS GOBIERNOS
Que la responsabilidad principal en la lucha contra esta pandemia global es de todos los ciudadanos no es solo una opinión médica especializada, sino que se ha verificado en la realidad de aquellos países que han tenido éxito en controlar la enfermedad. En América Latina es el caso de Uruguay, otro país pequeño donde los ciudadanos han cumplido masivamente las medidas de aislamiento y distanciamiento social. El propio presidente Lacalle ha destacado que el éxito se ha debido al cumplimiento de la población. En Corea del Sur la mayoría de ciudadanos han tomado las medidas sanitarias de motu propio, sin esperar a que el gobierno las ordene (ya las conocían por la anterior epidemia de SARS); gracias a ello y –entre otras acciones– a la facilidad del rastreo electrónico de contagiados (es un país industrializado enfocado en la tecnología) han logrado controlar la pandemia. No obstante, ambas naciones (como muchas otras) han tenido rebrotes.
Cierto que estos países exitosos tienen características no del todo replicables. Por ejemplo, la mayoría son pequeños, del sudeste asiático, algunos isleños, ricos o en vías de serlo, creen en la ciencia, obedecen a sus gobiernos y tienen incorporados en su cultura el distanciamiento social y hasta el uso de mascarillas con fines preventivos. Sin embargo, esto no invalida el hecho de que la única forma de detener o aminorar el contagio (y reducir los muertos) es a través del cumplimiento de cuarentenas y protocolos sanitarios por parte de todos los ciudadanos. Hay que aprender de estos casos de éxito, no solo los gobiernos, sino –y sobre todo– los ciudadanos; es decir, todos “nosotros”.
EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO TOMA TIEMPO
Sin embargo, y como bien saben los que han hecho campañas de comunicación en temas de salud, el cambio (o adquisición) de hábitos sanitarios demora, a veces años. Las medidas básicas son aparentemente sencillas: lavarse correcta y constantemente las manos, usar correctamente mascarillas y mantener una distancia de metro y medio en todos los espacios públicos, además de respetar cuarentenas (totales, parciales o sectoriales). Sin embargo, estas precauciones necesarias implican un fuerte cambio de comportamientos en la vida privada y una remodelación de los flujos de personas en espacios públicos; además de la disponibilidad de los insumos correspondientes para su cumplimiento por la población. No es solo un cambio personal sino principalmente social y cultural.
El cambio de comportamiento es un proceso que supone informarse, entender, aceptar y ejecutar lo que debe hacerse. Y en cada paso de este proceso puede haber incomprensión, desinformación, resistencia y hasta rechazo a estas medidas; lo cual tiene un costo en tiempo (y en contagios y muertes). Pero incluso si se asume el proceso (informarse, entender, aceptar) esto no implica que se va a cumplir eficazmente ni de inmediato. Toma tiempo, a veces bastante tiempo, aprender estos nuevos hábitos Covid, tanto al Estado como a las personas.
Me pongo como ejemplo. Por razones profesionales tuve que leer un protocolo de 60 páginas con todas las medidas de salud y seguridad indispensables en hogares, oficinas y plantas industriales para prevenir el contagio del Covid-19. Luego revisé los gráficos y videos animados para la difusión de todas estas acciones. En suma, las conozco relativamente bien. Durante los más de tres meses de cuarentena obligatoria recibí tres visitas en casa (en realidad, nunca debimos recibir a nadie). A la primera saludé con un beso en la mejilla, a la segunda con un buen apretón de manos; solo a la tercera pude corregir estos errores elementales. Y es que para aprenderlos hace falta práctica, pero al mismo tiempo hay que tratar de mantener el aislamiento, con lo cual se requiere más tiempo de práctica, lo que genera más demora en el aprendizaje. Si esto pasa con una persona relativamente bien informada, es fácil imaginar cuánto demorará a toda la población efectuar estos cambios de comportamiento (¡y mantenerlos!). Mientras tanto, el virus no se detiene y avanza a velocidad de crucero.
EL CAMBIO NO SOLO ES PERSONAL SINO PRINCIPALMENTE SOCIAL
También tuve oportunidad de ir de compras a mercados y supermercados en cuatro o cinco oportunidades. Comprobé que, aunque el público llevaba vestimenta y todo tipo de protectores respiratorios, al mismo tiempo ignoraba los flujos de movimiento señalizados en el local. Y los empleados se lamentaban pero no mostraban ninguna disposición a hacerlos cumplir. Obviamente, se producían pequeñas pero numerosas aglomeraciones en los distintos pasillos del establecimiento. La gente no entendía que al establecer un flujo en un solo sentido en los pasillos se estaba ralentizando y limitando su libertad de movimiento; o si lo entendía, no lo aceptaba. Y eso que hablamos de espacios públicos claramente señalizados y con respeto por las medidas de higiene. En muchos otros lugares, al comienzo, las autoridades locales no habían establecido ni ejecutado estos protocolos; y cuando se formaban diversas aglomeraciones, la gente no actuaba (ni aún hoy lo hace) en consecuencia, es decir, retirándose del lugar o dispersándose cuanto antes. Mientras más demoremos en asumir estos nuevos hábitos y comportamientos (o no podamos aplicarlos), seguirá aumentando el riesgo de contagio y las muertes.
El modo de vida Covid no es solo individual, sino principalmente social. El individualismo excesivo o exclusivo nos conduce a un egoísmo peligroso del que podemos ser víctimas. Creemos que la enfermedad no nos atacará a nosotros o que si la hemos superado como asintomáticos ya podemos ignorar o aflojar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo que no es del todo cierto. El virus ha matado no solo a personas del “grupo de riesgo” sino también a personas de mediana edad, jóvenes y hasta niños; mientras que han ocurrido casos de personas mayores (incluso de más de 90 años) que han superado la enfermedad sin síntomas. Nadie puede estar del todo seguro de cómo reaccionará su cuerpo y salud frente a una enfermedad nueva y poco conocida. Además, tampoco está demostrado aún que quienes superen la enfermedad no puedan recaer, ni en qué lapso lo harían, ni si tendrán secuelas a largo plazo. Las mismas dudas habrán sobre las vacunas que a paso de polca se están elaborando y probando. Falta muchísimo por investigar y conocer de este nuevo coronavirus, empezando por saber por qué afecta a unas personas y a otras no.
De otro lado, se entiende la preocupación de los epidemiólogos y la comunidad médica ya que son ellos las principales víctimas potenciales del virus, al estar en primera línea para atender el contagio y tener una exposición constante con el virus. Aquellos que creen que nada puede pasarles no parecen percatarse que la saturación del sistema de salud y las bajas médicas (temporales o permanentes) debilitan a todo el sistema de atención sanitaria; incluyendo la atención, tratamiento y cuidados de cualquier otra enfermedad. No se trata solamente de la necesidad de protegernos entre todos (asintomáticos o no), sino también de proteger a los propios médicos y al personal de salud; de lo contrario, estamos poniendo en riesgo nuestra propia salud ya que tendremos menos profesionales en un sistema público más agobiado de lo que ya está, para atender cualquier enfermedad.
Por tanto, no podemos limitarnos solo a ver nuestro interés personal sino también el de los demás ya que ese interés por el otro redundará también en nuestro propio beneficio. Nuevamente, no se trata de “yo” ni de “ellos”, sino de “nosotros”. Y esto, que vale para la pandemia, se aplica para otras áreas de la vida social. No existen solo individuos ni la suma de estos hacen una sociedad, sino que esta surge de las relaciones entre personas para satisfacer necesidades humanas básicas como alimentación, salud, educación, seguridad, transporte, entre otras; o sea, relaciones sociales. Y esa capacidad de ir más allá de lo individual hacia objetivos que impliquen un beneficio común es la base fundamental para el éxito en el control de la pandemia. “Por eso, incluso si fuera viable que ‘cada uno’ reúna las condiciones necesarias para ‘cuidar del cuerpo’ en tanto que individuo, serviría de muy poco: para contener la pandemia, todos tenemos que cuidar todos los cuerpos, en tanto que colectivo”, como bien explica el escritor y periodista Jorge Frisancho en un oportuno artículo titulado “Estamos juntos en esto”.
Los países cuyos ciudadanos son conscientes de ese “tejido social” y lo fortalecen mediante relaciones de confianza, cooperación y solidaridad están mejor preparados para enfrentar esta pandemia; es el caso de algunos de los casos de éxito antes mencionados, pero también de naciones con estados legitimados y cuya población mantiene esos hábitos de colaboración social, como Alemania o la propia China. En tal sentido, Francis Fukuyama, un pensador conservador, ha señalado que, “en su opinión, el éxito detrás del manejo de la pandemia en ciertos países se debe a tres factores: ‘un aparato estatal competente, un gobierno al que la ciudadanía escuche y en el que confíe y líderes efectivos’. Por el contrario, los denominadores comunes del fracaso en la respuesta al coronavirus han sido “Estados disfuncionales, sociedades polarizadas y liderazgos pobres’”.
Al estar en el segundo grupo de países, es lógico que al Perú le esté yendo tan mal. Un serio obstáculo es que ese tejido social está roto o muy debilitado, al punto que mucha gente no lo percibe y se comporta de manera individualista, en el peor sentido, agravando el problema. La polarización social y política socava la credibilidad de los gobiernos que siguen las indicaciones de la comunidad médica y fomentan la oposición y/o la resistencia no solo al cambio de comportamiento sino a las mismas medidas sanitarias básicas. En estos casos el aprendizaje es más duro, pero una de sus trágicas “ventajas” es que las lecciones se aprenderán a manos de un “maestro” eficaz: el virus. Sin embargo, no tendría por qué ser así. La presente catástrofe debería ser una oportunidad para reflexionar sobre los serios déficits de desconfianza interpersonal y desconfianza hacia el Estado que caracterizan a nuestro país.
ESTÁ CAMBIANDO NUESTRA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO
Los cambios de comportamiento generados por las medidas sanitarias indispensables están trayendo una cierta desaceleración del ritmo de vida, los trámites más sencillos se están haciendo más lentos. Hoy ya tenemos filas para ingresar a farmacias, bancos, mercados, supermercados, etc. Y a su interior los movimientos serán más restringidos y, conforme avance la pandemia, trataremos de estar allí lo menos posible. Progresivamente, habrá mayor control y –sobre todo– mayor auto control de las personas, y nuevos, dolorosos aprendizajes. Nuestra percepción del tiempo está cambiando, la duración se hace “más larga”, las cuarentenas parecen “durar más” de lo que realmente duran. Ya he leído a más de un periodista o comentarista referirse a la “era Vizcarra”, cuando se trata de un gobierno de apenas tres años, al que le faltan menos de ocho meses para terminar. Esta nueva percepción del tiempo choca con la velocidad que las tecnologías en tiempo real han impreso a la vida actual; paradójicamente, la vida se desacelera a contrapelo de la tecnología mientras que la muerte se acelera de la mano del virus.
En tal sentido, otro desafío de las pandemias es aceptar una presencia de la muerte mayor de la habitual. Conocí de primera mano, al inicio de la llegada del Covid al Perú, el caso del alcalde de una ciudad intermedia que al recibir a un equipo epidemiológico llegado desde la capital le preguntó a su jefe qué era lo primero que necesitaban. La respuesta fue: ubicar terrenos donde poder hacer las fosas comunes. También recuerdo nítidamente algunas de las primeras declaraciones públicas –que algunos consideraron alarmistas– del anterior ministro de Salud, Víctor Zamora, un epidemiólogo, quién anunció sin ambages: “un grupo va a morir en el hospital, otro en la calle o en sus casas. Para esto se creará un comando humanitario de levantamiento de cadáveres”. En ese momento sonó chocante, pero era la advertencia típica de quienes han estudiado estas catástrofes de salud pública; mientras que ya se veían en las noticias y las redes sociales las terribles escenas que ilustraban tales previsiones en países vecinos (¡Guayaquil!), las que luego se repetirían en el nuestro.
Hay que aprovechar que aparentemente tenemos “más tiempo” para entender que la muerte va a continuar su devastador trabajo y que debemos acostumbrarnos a muchos meses más de dolor e incertidumbre. El propio Zamora lo dijo en una entrevista el 24 de mayo: “Si alguien te dice, hoy, que tiene certezas de cómo enfrentar la epidemia, miente. Lo que prima en esta epidemia es la incertidumbre, la falta de evidencia para tomar decisiones. Los márgenes de error son amplísimos”.
En consecuencia, sabiendo que la situación no ha variado mucho respecto a ese escenario, es fundamental informarnos de fuentes científicas, cumplir con los protocolos sanitarios conocidos y ser conscientes que debemos acostumbrarnos a la incertidumbre y no sucumbir a la desesperación ni el pánico. Es lógico sentir miedo ante una enfermedad potencialmente mortal, que se extiende velozmente y para la que no hay cura. Pero eso no debe llevarnos a creer en medicinas milagrosas ni al negacionismo que predican diversas teorías conspirativas. Hay que encontrar la forma sana de controlar el temor y aprender a manejar la incertidumbre. Se puede.
PRUEBA Y ERROR, APRENDER Y DESAPRENDER
Ahora llegamos a la parte difícil de comprender. Los epidemiólogos son investigadores científicos y en la ciencia lo que prima es la prueba y el error, que conducen a una evidencia comprobable. Esta evidencia y la teoría subsiguientes pueden tener valor por mucho tiempo, pero a la larga, incluso estas verdades científicas serán refutadas, superadas y reemplazadas por otras, en base a los nuevos descubrimientos. Debemos agradecer que la ciencia haya estudiado los coronavirus y sepamos lo suficiente para poder prevenir su contagio. Pero todavía falta mucho por conocer para mejorar el tratamiento de la enfermedad y estar seguros de la cura o vacuna, cuando se la logre elaborar. Mientras tanto y en general, todo está sometido a la prueba y el error.
En la comunicación, el error constante (y, a veces, un solo error) termina produciendo desconfianza, quejas y críticas. En política, el error reiterado se castiga además con la pérdida de poder. En la ciencia, sin embargo, el error muchas veces es inevitable e, incluso, deseable; no hay otra forma de acceder al conocimiento (en este caso, el control o la cura de la enfermedad) que la prueba y el error. Y al comienzo los errores serán realmente chapuceros, porque sabemos poco o nada del comportamiento del virus e incluso del comportamiento de la misma pandemia. Por tanto, los estados han cometido y cometerán errores, y los ciudadanos también cometemos y cometeremos nuestros propios errores; algunos inevitables y otros necesarios. Muchas veces, siguiendo los errores de los propios científicos. Porque no estamos en el campo de la comunicación ni de la política, sino de la ciencia. Así lo explica el periodista Javier Peláez: “La sociedad demanda algo cierto e inamovible, sin entender que la ciencia funciona precisamente al revés, cambiando y actualizándose constantemente”, al explicar un tema hoy en discusión médica (la posibilidad de que el contagio se pueda realizar también mediante el aire):
En consecuencia, hay que empezar por reconocer y aceptar como totalmente normal que se produzcan errores de diverso tipo. Por ejemplo, inicialmente, la OMS dijo que no se requería mascarillas más que para el personal sanitario, luego cambió y anunció que era obligatorio para todos; y aún hay discusión sobre qué tanta protección brindan estos implementos. Prueba y error. Otra falla de la misma entidad fue la recomendación de usar en el tratamiento de enfermos Covid un medicamento contra la malaria (la hidroxicloroquina) que luego debió retirarlo ante la demostración de sus nulos resultados. Prueba y error. Y así, en otros temas médicos hemos tenido marchas y contramarchas. Con el agravante de que algunos errores no tienen origen científico sino que son resultado de presiones de la opinión pública o de determinados gobiernos sobre los científicos y los han hecho tomar decisiones en base a estudios poco rigurosos. (Aclaro que no considero como “errores” las negligencias médicas comprobadas, ni los actos de corrupción comprobados en la lucha contra la pandemia, los que deberán seguir un cauce principalmente legal.)
En cualquier caso, lo que hasta hace poco se consideraba como cierto o correcto, puede resultar más adelante erróneo o dudoso, y viceversa. Esto implica que tenemos que aprender y desaprender en relativamente poco tiempo, masivamente y con las dolorosas consecuencias conocidas. Como dice Peláez, todos quisiéramos tener reglas fijas e inalterables de comportamiento frente a la enfermedad, pero lo cierto es que la ciencia médica actualiza constantemente sus conocimientos, experimenta –dentro de ciertos límites– con los propios pacientes moderados o graves, y de ello resultan a veces cambios y, otras, mejoras. Parte del modo de vida Covid es acostumbrarse a este proceso en comunicación, política y economía.
LA POLÍTICA EN OPOSICIÓN A LA CIENCIA Y A LA SALUD
En tal sentido, los epidemiólogos sostienen que el tema de la pandemia no debe politizarse. Así lo ha afirmado el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci en varias oportunidades, como lo señalan por ejemplo sus declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, citados en esta nota periodística: “‘desafortunadamente’, la politización de la crisis sanitaria ‘interfiere con la capacidad de contener’ la propagación del virus. ‘Hay cosas que van en detrimento del esfuerzo de la salud’, lamentó”.
Lo mismo opinó, en una nota de la Agencia Bloomberg, Shi Zhengli, “conocida como la ‘mujer murciélago’ de China, la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan indicó que es necesario que científicos y gobiernos sean transparentes y cooperativos en la investigación sobre los virus, y que es ‘muy lamentable’ cuando se politiza la ciencia”.
La razón es que un debate político polarizante se vuelve un obstáculo para la lucha contra el virus. Es muy fácil atacar a los gobiernos, mostrar sus “errores”, “fracasos”, falta de “estrategias”, etc. Pero si los gobiernos son –como se afirma muchas veces en redes o por opositores políticos del momento– “ineptos”, “incapaces”, “cometen los mismos errores”, son los responsables de miles de muertes, “corruptos”, “genocidas”, etc. ¿por qué tendríamos que hacerles caso? Semejante bombardeo, sin duda, afecta políticamente al gobernante de turno, pero afecta principalmente a la lucha contra el virus. Ya que la gente pierde confianza y credibilidad en los gobiernos, no se siente obligada al cambio de comportamiento y, sobre todo, empieza a dar oídos a todo tipo de bulos, seudo ciencia y teorías conspirativas; que también son típicos durante las pandemias. De hecho, son estos grupos extremistas, negacionistas y opositores de la ciencia los que diseminan estos ataques en el fondo absurdos; ya que la gran mayoría de gobiernos del mundo han cometido más o menos los mismos “errores” en distintos momentos y circunstancias.
Es por ello que Fauci, por ejemplo, nunca ha criticado directamente a su presidente, Donald Trump, pese a que este exhibe un notorio desconocimiento científico y es opositor a las medidas del epidemiólogo y de la ciencia. Incluso cuando han discrepado en una misma presentación, Fauci ha sido prudente y ha tratado de valorar en lo posible las motivaciones del líder del país; no por la persona (Trump) sino por los millones que lo siguen y se resisten abiertamente a medidas elementales como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Él está enfocado en el “nosotros” y pone por encima de todo la preservación de la vida y salud de sus compatriotas. Desde este punto de vista, el científico no se enfrenta políticamente a sus adversarios, sino que pone en cuestión tal escenario de confrontación, y advierte el peligro que supone para la lucha contra el único enemigo: el virus.
Sobre todo considerando que una de las causas de la escasa o nula preparación contra la pandemia tiene su origen –siempre según los expertos– en el paradigma político que ha debilitado al rol del Estado en la salud pública de los países, ha contribuido a la disminución del gasto en salud a nivel global y es el responsable, en gran medida, de haber desoído las advertencias y pronósticos sobre pandemias y otros serios problemas de salud en ciernes en el planeta. A ello se suman los grupos de extrema derecha fanatizados y muy activos (pero no solo ellos), los cuales libran una cruzada contra la ciencia; algunos incluso niegan que existe el virus, mientras que otros afirman que ha sido “fabricado” en China o Estados Unidos; y promueven seudo ciencia y diversas teorías conspirativas. Lo grave es que se niegan a acatar las medidas sanitarias básicas e incluso se oponen casi por principio a las vacunas, incluso a las que aún no existen. La acción de estos grupos ha tenido efectos devastadores en materia de salud en Estados Unidos y otros países; y su acción supondrá otro “alargue” post vacuna de la pandemia.
Al final, no ha sido Fauci quien convenció a Trump de ponerse la mascarilla y apoyar públicamente estas medidas, sino el propio virus que, al disparar exponencialmente el número de contagiados y muertos, ha comprometido sus posibilidades de reelección en noviembre de este año. El aprendizaje Covid, como decíamos antes, puede ser muy duro y doloroso. En tal sentido, a la larga, la propia enfermedad se encarga (o se encargará) de reducir la resistencia o incluso la oposición a las indicaciones de la ciencia; pero no deberíamos tener que llegar a estos extremos.
Por consiguiente, y dado el necesario proceso de prueba & error y aprender & desaprender que implica la investigación científica, no tiene mucho sentido cuestionar políticamente algo que quizás en poco tiempo resulte erróneo o superado. Sin embargo, el motivo de fondo a la oposición de los científicos a la politización de la pandemia es que la lógica de la ciencia es opuesta a la de la política. Para los epidemiólogos, el enemigo es el virus y todos debemos unirnos contra este; mientras que para los políticos, el enemigo es otro político (en un escenario de gobierno versus oposición) y el virus y su secuela de muerte son fichas en el juego para obtener poder. En consecuencia, el objetivo de proteger la vida y salud de las personas tiene un papel subordinado con respecto a la competencia política. No estamos en un escenario de “nosotros” contra el virus, sino de “unos contra otros”, lo que por un efecto de espiral podría conducir a un “todos contra todos” (ya imperante en algunas redes sociales); lo que agrava la pandemia.
LA POLITIZACIÓN DE LA PANDEMIA ES INEVITABLE
Ahora bien, es difícil evitar que la pandemia se politice. Sobre todo, por tratarse de un tema de salud pública, que tiene consecuencias sociales y económicas. Al mismo tiempo, las formas de enfrentar a la enfermedad requieren no solo de las indicaciones médicas, sino de que la gente las acepte y ponga en práctica. Y también hay crecientes críticas a que el tema sea visto o liderado exclusivamente por la comunidad científica. Hay algo de verdad en todo esto pero, por otra parte, no es tan cierto, ya que en campo de los gobiernos usualmente son equipos multidisciplinarios (incluyendo científicos sociales) los que deciden las medidas a adoptarse.
En todo caso, el hecho es que la polarización política viene de antes de la pandemia y continúa hasta el presente, pese a que las condiciones que impone la enfermedad obligarían a un cambio de comportamiento también en esta esfera. Urge superar la polarización y entender que las políticas y acciones de salud pública no son elaboradas y diseñadas propiamente por políticos, ni obedecen –en esencia– a ideologías ni a temas de poder, aunque se aplican en el marco de relaciones de poder. Lo que debería obligarnos a comprender que son justamente esas relaciones de poder las que deben cambiar y adecuarse a las nuevas condiciones impuestas por un peligroso agente externo: el virus.
SE REQUIERE UNIDAD Y SOLIDARIDAD
Hay que pasar de la polarización a la mayor unidad de acción posible. Hay que dar un giro de 180° e ir en sentido contrario a lo que ha sido hasta ahora el quehacer político en el caso de la pandemia y en otras áreas de la esfera pública. Hay que efectuar el giro y dirigirnos hacia la mayor unidad y solidaridad posibles. Lo cual no anula la competencia política, sino que la adecúa al contexto Covid. Es decir, lo que el ciudadano espera ver es una competencia entre propuestas para mejorar la lucha contra la enfermedad; especialmente para mitigar las duras y necesariamente dolorosas consecuencias sociales y económicas que ya estamos padeciendo. Además, espera el desarrollo de una política colaborativa entre los poderes del Estado y los distintos actores políticos en torno a encontrar espacios de consenso antes que de controversias constantes; que muchas veces son puros dimes y diretes, conflictos de interés y/o escándalos de corrupción mayores y menores. Esta exigencia ciudadana también viene desde antes de la pandemia y en el nuevo contexto es aún más urgente su cambio porque tiene consecuencias sobre la vida y salud de la población.
Hay que asumir que así como hay un nuevo “modo de vida Covid”, también debe haber una nueva “política Covid”; adecuada a lograr el cumplimiento de las medidas necesarias para poder parar o al menos controlar el contagio. El obstáculo es que la clase política (no solo en el Perú, sino a nivel mundial) ha degradado la política a niveles antes no vistos, de tal forma que es percibida –en muchos países– como un verdadero lastre para la marcha de sus respectivas naciones. Los políticos en general son percibidos como personajes de espaldas a los ciudadanos, los cuales han pasado del escepticismo al apoliticismo, luego a la anti política y ahora ya parece que a la autodefensa contra los espectáculos que muchas veces se ofrecen en la arena política.
TENEMOS UNA CLASE POLÍTICA FRAGMENTADA Y AUTODESTRUCTIVA
Una medida de ello fueron las recientes declaraciones del presidente del Congreso peruano, Manuel Merino de Lama, quien se vio obligado a declarar –en relación a sus colegas– que “no somos delincuentes”; lo cual fue un involuntario y muy revelador reconocimiento de esa percepción. Sin embargo, Merino cree que esta mala imagen es obra de los medios de comunicación o del gobierno. En realidad es un fenómeno mucho más profundo, es la total desconfianza ciudadana en la clase política como conjunto. No entiende que son las acciones de los propios políticos y partidos los que han forjado esta percepción, aquí y en muchas otras partes del mundo. Y no lo comprende porque está encerrado en una burbuja creada por lo que un veterano miembro de su propio partido, el señor Rafael Belaúnde Aubry, llamó “hacer política para los políticos”.
Otro ejemplo reciente lo vi en “Karppi”, una serie policial finlandesa, muy buena por cierto, donde algunos personajes involucrados en la trama son políticos. A lo largo de las dos temporadas de la serie, cuyo argumento tocaba la política de manera muy secundaria y hasta tangencial, mostraba a los políticos como corruptos, chantajistas y asesinos. Y se trata de políticos de… ¡Finlandia! Evidentemente, el señor Merino de Lama se quedó corto. Reitero que la serie no estaba enfocada en la política, simplemente daba por sentado que ese tipo de comportamientos criminales ya son moneda corriente en la clase política; algo esperable y en cierta medida inevitable.
En el caso de Perú, la percepción de la gente sobre los políticos no se basa en series de ficción sino en los escándalos de mega corrupción de las décadas iniciales del nuevo siglo, que se conocieron en Estados Unidos y Brasil, y se relacionan con la firma brasileña Odebrecht: el llamado caso Lava Jato; los que comprometían a los gobiernos peruanos desde 2001 al 2016; incluyendo a dos alcaldes de Lima, la capital del país. Poco después, a raíz de una investigación judicial a organizaciones criminales en el puerto de El Callao, se efectuaron alrededor de dos mil horas de conversaciones telefónicas que comprometían a jueces de las más altas instancias judiciales del Callao y del país; así como conexiones políticas de estos con el principal partido de oposición: el caso Lava Juez. De esta forma, el llamado “elenco estable” de la política peruana fue judicializado, todos los ex presidentes vivos fueron encausados y purgaron prisión preventiva en espera de juicios en camino.
En paralelo y con ese telón de fondo, tras las elecciones de 2016 se desató una guerra encarnizada y absurda entre el partido opositor con control total del Congreso y el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, que concluyó, luego de algunos episodios rocambolescos, en su renuncia. Esos episodios fueron parte de un proceso de división interna y descomposición de los grupos políticos relativamente más sólidos del país; al igual que prácticamente de las demás agrupaciones. El conflicto con el Congreso persistió con el sucesor de Kuczynski, el actual mandatario, Martín Vizcarra y concluyó con la disolución constitucional del Congreso y la reciente elección de un nuevo parlamento; con el cuál se ha reiterado el conflicto de poderes, aunque a menor escala, hasta el momento.
Si bien, antes de 2016, todos los gobiernos y congresos terminaron con muy baja aprobación y sumidos en disputas internas, cuando no disgregados; a partir de ese año, al calor de una constante polarización, la división y fragmentación de la clase política se ha profundizado. Y amenaza hacerlo aún más durante el próximo gobierno.
En suma, presenciamos un gradual proceso de creciente debilitamiento de la institucionalidad política, de la destrucción y auto destrucción de los propios partidos (y, en ese sentido, el suicidio de un ex mandatario no puede ser más simbólico). Semejante fragmentación es un primer y muy fuerte obstáculo para que se entienda la necesidad de una política que sume esfuerzos y acompañe los sacrificios y el dolor de la gente por la catástrofe que estamos viviendo. Pero así como la fragmentación conduce a la división, también podría conducir a la cooperación. La situación del país (como la del planeta) es tan grave que lo lógico es no agravarla con más polarización, la que podría llevar a la paralización de la acción de gobierno; como ocurrió durante el gobierno anterior o como puede ocurrir con el actual o con el próximo gobierno. No deberíamos esperar que la situación se vuelva aún más caótica y desesperada (“todos contra todos”) para entender la necesidad de la colaboración y la solidaridad.
¿CÓMO DAR EL GIRO?
Para dar el giro hacia la cooperación y la unión se necesita voluntad. A eso se le llama “voluntad política” y consiste en alcanzar consensos para hacer avanzar al país. Es decir, organizar y participar en debates únicamente para obtener consensos y llevarlos a cabo. Los debates deben buscar, de antemano, alcanzar acuerdos; de lo contrario, no realizarlos. En este proceso, las divergencias que no se puedan superar, deben pasar a foros más restringidos y especializados, cuyo objetivo sea delimitar las diferencias (no profundizarlas) y evitar que crezcan; tales discrepancias deben dejarse al paso del tiempo y al recojo de evidencia (algunas –o quizás muchas– quedarán en el olvido, otras evolucionarán). Pero lo fundamental siempre será orientarse hacia alcanzar acuerdos, negociar, persuadir y cooperar en busca del beneficios para todos los ciudadanos.
En el contexto actual, ello consiste en cerrar filas en torno al cumplimiento de las normas sanitarias básicas; y dejar de lado el pasado, los temas de carácter personal y cualquier otro factor que nos aleje de la catástrofe presente. No significa ignorar las grandes divergencias, por ejemplo, ideológicas, sino de encontrar los espacios de acuerdo y los espacios donde “recluir” (aunque no ignorar) las diferencias insalvables. Y entender que “lo insalvable” mejor dejarlo para más adelante y concentrarse en los asuntos de bien común del momento. Esto, al interior de los partidos y, en la medida de lo posible, en la relación entre partidos y poderes públicos. Si el común denominador es fragmentación y división durante décadas, ello supone que hay una “ventana de oportunidad”, una demanda ciudadana en favor de la unidad y la cohesión; por tanto, aquellos partidos que entiendan y asuman este reto son los que tendrán mayor posibilidad de crecer políticamente; de paso, podrían legitimar en algo (que ojalá fuera mucho) la política.
Esta metodología no la he inventado. Supuestamente, es muy conocida, se llama comunicación, al menos la que me enseñaron en mi carrera de Comunicación para el Desarrollo. En el pasado casi todos los gobernantes, en distintos momentos y situaciones críticas, han reconocido que “faltó comunicación”. Incluso ahora, en estos días terribles de pandemia, se exige al gobierno una “campaña de comunicación”, no sin cierta razón. El problema es que no se entiende qué es la comunicación. Peor aún, hay un serio problema de incomunicación en la clase política y, paradójicamente, en el debate público en redes sociales en torno a temas relevantes. Desde hace años, y especialmente en la coyuntura actual, comunicación es acción. Requerimos gestos, actos y evidencias de que hay colaboración de los poderes públicos ya mismo. Y resultados.
Algunos dirán que este planteamiento es abstracto, bienpensante y una enunciación de buenos deseos, ya que no toma en cuenta las divergencias políticas e ideológicas actuales, así como las del pasado reciente. No es así. Ciertamente, una cosa es la comunicación y, sí, después falta la política. Una no excluye a la otra, aunque la precede en cierto grado. Ya que una política sin comunicación es, justamente, “hacer política para los políticos”. Por tanto, hay que trabajar la comunicación para recrear y legitimar la política. En el proceso de comunicación se hallarán nuevos consensos y discrepancias políticas a superar (no a profundizar) y consensuar.
Recordemos también lo señalado más arriba, al referirnos al “tejido social” y a la insuficiente integración social en nuestro país, que se refleja en la clase política. Ello explica, en parte, que haya poca práctica de la comunicación y como no hay esa experiencia se puede creer que no funciona. Sí funciona y ha funcionado en distintos ámbitos sociales. La comunicación se aplica en empresas, instituciones, iglesias, ONG, partidos políticos, hasta familias. En cuanto a la política, sugiero aprender de los países que tienen sistemas políticos más estables y no tan polarizados; en América Latina, un caso es Uruguay. Pero hay otros: los países escandinavos, por ejemplo. Hay que aprender de todos ellos. Se puede.
Además, el Perú ya tiene algunos puntos de acuerdo que han sido consensuados en una instancia llamada Acuerdo Nacional. Esto ya de por sí sería una buena noticia, salvo que “estar de acuerdo” muchas veces significa no hacer nada por convertir en realidad tales consensos. Habría que ver cuántos políticos conocen esos “acuerdos” y, sobre todo, cuántos periodistas los conocen o difunden. No recuerdo haber visto que esos asuntos cruciales para resolver o al menos atenuar la polarización política aparezcan en los medios de comunicación. Al contrario, hace poco leí a un conocido opinólogo quejarse de que no se discuten los “temas importantes” en vez de reunirse para tratar asuntos “en los que todos estamos de acuerdo”. Pongo esto a modo de ejemplo, pues incluso en ese marco, las prioridades vienen dictadas por el combate al virus y son bien obvias.
LA POLÍTICA COVID
Desde el punto de vista de una “política Covid”, la inversión en salud pública y el fortalecimiento de este sector del Estado es fundamental para atender los estragos que está causando y que dejará esta pandemia. No obstante, “gracias” a esta tragedia, se ha ampliado enormemente la cobertura de camas hospitalarias y camas UCI en el país; además, se ha aprobado un aumento sustancial del presupuesto para este sector el próximo año. En este campo se ha avanzado en menos de 6 meses lo que no se había logrado en 30 años. El reto es mantener esta cobertura, además de unificar todo el sistema de salud de tal forma de garantizar un solo sistema universal y de calidad para toda la población.
Luego, si vemos que hay un importante segmento de la población que no tiene acceso a servicios de agua potable para lavarse las manos, pues allí tenemos la segunda prioridad: completar la instalación de los servicios de agua y saneamiento en todo el territorio nacional. Más claro no puede estar. Al menos estas dos metas u objetivos podrían lograrse –con suerte–en un periodo gubernamental. Seguramente, también se pueden alcanzar otros logros, pero estos son los importantes e impostergables, a los que hay que darles continuidad y recursos. Aquí ya vamos entrando al otro campo indispensable, el de la “economía Covid”.
LA ECONOMÍA COVID
Se plantea el incómodo tema de dónde vamos a conseguir los recursos para estas y otras obras sociales; considerando que las pandemias no solo traen pobreza sino, muchas veces, hambrunas, tan devastadoras como la propia enfermedad. De hecho, ya se nota un aumento de la mendicidad y un considerable desempleo en muchos lugres. Y es solo el comienzo. En consecuencia, se requiere reactivar la economía lo más rápido posible pero, al mismo tiempo, hay que aplicar a fondo las medidas sanitarias indispensables que nos permitan mantener a raya el contagio; hasta que llegue la vacuna.
Algunos creen que el gobierno se equivocó al prolongar mucho la cuarentena inicial (107 días), lo que ha provocado una crisis económica más profunda de lo que debió ser. Otros, en cambio, opinan que la cuarentena no debió levantarse y, sobre todo, no debió permitirse el reinicio de las actividades productivas, porque ha conducido a un fuerte rebrote de la pandemia (la segunda ola). Ambos puntos de vista tienen buenas cifras que demuestran su acierto. Pero al final, quien decide qué es lo “correcto” es el propio virus, a través de las cifras de contagio y muertes. Y estas dependen, en parte fundamental, de si los ciudadanos están cumpliendo correctamente las medidas sanitarias básicas conocidas; lo que no ha ocurrido en la medida necesaria. De allí que el gobierno tuvo que dar marcha atrás parcialmente y tomar algunas medidas para tratar de bajar los contagios sin afectar demasiado la reactivación económica.
Falta ver si, más adelante, la velocidad de la reactivación económica alcanzará para neutralizar o al menos paliar el hambre y el desempleo. La modulación entre estos dos factores es parte del aprendizaje Covid y la respuesta a este dilema constante es incierto, como muchos de los temas médicos involucrados en la pandemia. Esto explica lo que antes decía Zamora, en el sentido de que “los márgenes de error son amplísimos”.
En consecuencia, urge encontrar recursos para la reactivación y, al mismo tiempo, para poner en marcha un sistema de salud universal, eficiente y de calidad, así como completar la instalación de sistemas de provisión de agua potable y saneamiento en todo el país. Una primera fuente debe provenir de una reforma tributaria que, como decía Adam Smith, haga tributar más a quienes más tienen. Eso supone eliminar exoneraciones e incrementar impuestos a los grandes grupos económicos, y especialmente, financieros; principales beneficiarios de los años de bonanza económica y de crecimiento de la desigualdad. Ello debe ser implementado por el gobierno y aceptado por puras y justificadas razones de solidaridad. Igualmente, aquellos empresarios informales y profesionales independientes que no tributan deben hacerlo, por propia voluntad o por acción de la Sunat.
En esta línea otra de las “prioridades Covid” debería ser eliminar o al menos reducir la informalidad. Ya hemos visto que la cuarentena inicial no pudo ser cumplida del todo porque un muy alto porcentaje de la población vive “al día”, como “empresarios emprendedores” pero en realidad subempleados o realizando trabajos de subsistencia. De otro lado, la informalidad no es solo un tema económico sino también cultural, y se relaciona con el poco (o nulo) respeto por la ley. Lo cual impacta decisivamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias básicas.
Pero no basta con estos recursos. Otra fuente de ingresos relativamente rápida y grande son las industrias extractivas. Aclaro que no comparto el enunciado “el Perú es un país minero”, no solo por inexacto, sino principalmente porque se formula muchas veces de manera prepotente y excluyente. En realidad, nuestro país tiene muchos otros recursos, además de la minería. Basta pensar en que durante la cuarentena inicial buena parte de la población –especialmente la de menores ingresos– se pudo alimentar gracias a nuestra producción agrícola. Y, dada la situación insólita por la que pasa el mundo, imaginemos qué haríamos con nuestros preciosos minerales si el virus, en vez de atacar humanos, hubiera atacado cultivos de consumo masivo a nivel global. Todo cuenta, no solo la minería.
Dicho esto, hay que reconocer que –nos guste o no– esta actividad genera recursos hoy insustituibles para atender la catástrofe que estamos viviendo, y no solo para el Estado. Y puede generar aún más recursos fundamentales para atender la crisis económica en la que estamos sumidos. De allí la importancia de promover más inversión en industrias extractivas y que el Estado modifique legislación y contratos para que se generen beneficios directos y sostenibles para las zonas circundantes a las industrias extractivas, y para el resto del país. La justificación es evidente: enfrentamos una catástrofe mundial y hay que reordenar la economía en función de las necesidades de las poblaciones en riesgo. A más producción e inversión minera, más recursos tendrá el Estado para atender el hambre y el desempleo; a menor inversión minera, menores recursos y más tiempo demorará salir del hoyo en el que estamos metidos (=más muertes, ahora también por el abrupto incremento de la pobreza). En esta situación particular viene al caso la otrora famosa máxima de Deng Xiao Ping: “Gato blanco o gato negro, da igual; lo importante es que cace ratones”.
Este es un simple ejercicio del tipo de acciones que podrían tener un efecto positivo a corto o medio plazo. Es posible que haya simplificado un poco (o mucho) o que algunas puedan parecer controversiales o mejorables. No pretendo tener la razón, son solo ideas tomadas de aquí y allá. Lo importante es el sentido de solidaridad, equidad, efectividad y urgencia de las acciones que impidan un deterioro grave en la calidad de vida de los peruanos en el contexto de una emergencia nacional. Si alguien tiene más o mejores ideas de dónde obtener más recursos rápida y legalmente, pues bienvenidas sean.
LA REFORMA DEL ESTADO
Hemos esbozado cómo dar el giro hacia la política Covid, cuáles son las prioridades, el tipo de acciones y de dónde saldrían los recursos para ese giro, en el marco de una “economía Covid”. Ahora nos toca examinar la idoneidad del instrumento que las debería aplicar, es decir, el Estado.
Más arriba citaba a Fukuyama mencionando a los “Estados disfuncionales” pero también afirmando enfáticamente que se necesita Estado. En el caso de nuestro país la debilidad de la salud pública era de terror y sus dirigentes han sido claros al respecto. Desde el comienzo el ministro Zamora explicó que en el país hay hasta 5 sistemas nacionales de salud pública que no se conocían entre sí y eso explicaba que recién después de 3 semanas se pudo saber exactamente cuántas camas UCI disponibles existían en el país. Pero lo importante es la parte de “no se conocían entre sí”, es decir, tenían metodologías, procedimientos y procesos muchas veces distintos. Resultado de lo cual la información con la que actuaba cada una de estas instancias era incompleta, parcial y escalonada. El resultado era, de antemano, lentitud e ineficiencia en diversos grados; algo de sobra conocido por los sufridos usuarios de estos servicios.
Además, lo que no se dijo es que al interior de cada una de estas entidades lo que se hacía en un área no se conocía en el área contigua; e incluso, dentro de cada área podía ocurrir que lo se hacía en un escritorio no se conocía en el del costado. Quizás exagero un poco, pero he conocido casos. Es posible que la situación haya cambiado, pero no mucho.
De todas formas, tuvieron que pasar más de 3 meses para que se conociera que las direcciones de salud de los gobiernos regionales tenían procedimientos y procesos diferentes; por lo que la información era incompleta y parcial también a nivel subnacional. En consecuencia, la data estadística a nivel nacional seguía siendo difícil de consistenciar e inexacta. Es posible que ahora –bajo presión del virus– ya se haya logrado data más confiable. De otro lado, cabe reconocer lo heroico que supone trabajar en estas condiciones, sobre todo en medio de una emergencia nacional y mundial.
Ahora bien, esta debilidad institucional del sistema sanitario peruano es vista como algo normal y hasta deseable en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde cada Estado ha atendido la pandemia por su cuenta; lo que ha traído consecuencias conocidas y desastrosas, pese a las fortalezas de las instituciones de salud pública en el país del Norte.
A veces, el problema no es de ineficiencia sino de simple oposición. En una entrevista a Pilar Mazetti, hoy ministra de Salud y entonces Jefa del Comando Covid-19, ella se quejaba de que sus órdenes no se cumplían: “Hay un hecho real que es la falta de liderazgo y es difícil manejar a nuestro país. En circunstancias como esta, lo ideal sería lo que ocurre en China, donde se da una orden y todo el sistema cumple… En nuestro país, el MINSA saca una indicación y las regiones no necesariamente cumplen”. Y también mencionó la falta de liderazgo, otro punto señalado por Fukuyama: “en nuestro país, el Estado –no específicamente este gobierno– tiene un problema de estructuración, de continuidad, de liderazgo, y eso nos afecta desde hace unos diez años, si no más. Y eso es a nivel nacional, regional. La corrupción ha afectado el liderazgo, nuestra falta de previsión también”. El resto de la entrevista, realizada a comienzos de junio, tiene declaraciones premonitorias sobre lo que sucede en la actualidad.
Estos son testimonios de líderes del sector salud que demuestran conocimiento (Zamora) y lucidez (Mazetti) sobre la pandemia y su evolución, pero que –pese a ello– poco pueden hacer para controlarla ya que incluso al interior del mismo Estado hay resistencias a las indicaciones para aplicar. Por la sencilla razón de que tiene limitaciones objetivas que, sin embargo, la pandemia ha empezado a revertir.
EL ESTADO COVID
Uno de los problemas de los gobiernos peruanos del nuevo siglo es que (a duras penas) han administrado el Estado, cuando de lo que se trata es de reformarlo. Un primer paso para ello es la tan reclamada “presencia del Estado” en amplias e importantes regiones del país, en las que por esa ausencia prosperan innumerables conflictos. Tal presencia ha ocurrido en recientes coyunturas específicas; por ejemplo, durante el Niño Costero de 2017 o incluso durante la actual pandemia. En estas circunstancias, los ministros, algunos viceministros y altos funcionarios han viajado regularmente a las áreas afectadas para inspeccionar la marcha de las acciones para enfrentar tales emergencias. Gracias a ello se logró, en 2017, paliar en cierta medida las necesidades de la población, la cual se sintió valorada y atendida por esta presencia y las acciones correspondientes. Lamentablemente, faltó continuidad: la presencia fue durante la emergencia y ahora se ha tenido que pedir ayuda británica para la reconstrucción de la Costa Norte.
Sin embargo, en circunstancias normales nada les impediría a ministros o viceministros quedarse semanas y eventualmente meses hasta dejar avanzados compromisos o acciones prioritarias que se requieran en las regiones. Se trata de que la gente vea que los proyectos avancen y la única forma es que los funcionarios con poder de decisión estén presente en los lugares para echarlos a andar. Y luego regresen a supervisar y finalmente para inaugurar. Esto debería replicarse por todo el país y en la capital, al punto que debería ser una rutina.
Quienes más deberían viajar son los altos funcionarios y parte de sus equipos del Ministerio de Economía y Finanzas, no solo para supervisar la llegada y manejo de los fondos públicos, sino también para acompañar, apoyar y/o crear capacidades técnicas en los gobiernos regionales a fin de que puedan ejecutar sus presupuestos; y, eventualmente, de intervenir aquellos que no lo puedan hacer mientras se resuelven los problemas que lo impidan (como ha ocurrido recientemente en Arequipa). Eso es presencia del Estado.
En paralelo, deberían comunicar lo que hacen, no solo a los medios sino también a los líderes y autoridades locales, a las organizaciones de usuarios de cada sector, así como a los gremios de trabajadores y empresarios, y a la sociedad civil en general. Para ser ministro o viceministro no basta con ser un buen profesional o ser un experimentado funcionario de carrera, también hay que saber comunicar y, finalmente, hay que hacer política. No interesa si se es tecnócrata, actor, militar o ingeniero; en todos los casos hay que seguir la secuencia de acciones que comunican (en el marco de la política colaborativa Covid) y luego seguir con acciones políticas. Porque la “presencia del Estado” (al igual que la comunicación) genera expectativas que hay que negociar, moderar y –sobre todo– cumplir. Lo contrario, es sembrar bombas de tiempo, mantener o generar conflictos sociales y reforzar la desconfianza en el Estado.
Lo anterior no agota la problemática de una reforma del Estado que, además, es de mediano y largo plazo; e implica procesos administrativos de distinta índole en cada sector. Solo he anotado algunos factores que han funcionado y que tendrían que continuarse. Por ejemplo, en el Sector Salud se está produciendo una reforma profunda, con una espectacular ampliación de la cobertura hospitalaria y un sustancial aumento presupuestal (como lo señalé más arriba, en menos de 6 meses se ha hecho lo que no se hizo en 30 años); así como, una mejora notable en la atención a los pacientes en los centros de atención Covid, mientras que los médicos han aprendido y mejorado sus tratamientos para los casos moderados y graves. Se ha demostrado que se puede empezar a reformar (y relativamente rápido) a un sector clave del Estado. Lo que no queda claro es por qué hay que esperar una catástrofe mundial para hacerlo. Nuevamente, es un tema de voluntad política, de unir esfuerzos y alcanzar logros.
LA COMUNICACIÓN COVID
Estos logros (y la necesidad de darles continuidad), sin embargo, pasan desapercibidos en el debate público, dominado por los efectos de la polarización política. Si nuestra clase política está encerrada en un enfrentamiento de “unos contra otros”, en las redes sociales ya reina el “todos contra todos”. Lo que prima allí son las quejas, las “denuncias”, la búsqueda de culpables, las condenas, los ataques mutuos indiscriminados, muchas veces con puros insultos, difamaciones y –principalmente– mentiras constantes; al punto que se ha formado un ecosistema basado en la creación de narrativas binarias contrapuestas sobre diversos temas, a cada cual más fantasioso. Este fenómeno se denomina la “posverdad” y se basa en el hecho de que mis opiniones son verdaderas por yo sentirlas o percibirlas como tales. En otras palabras, es la sustitución de la razón y la evidencia por las emociones y pasiones personales o grupales.
En consecuencia, no hay nada más opuesto al método científico que la posverdad en las redes sociales y, especialmente, en Twitter. Allí la opinión de un experto vale lo mismo que la de cualquier otra persona, muchos de ellos anónimos o simples replicantes (trolls, bots); y lo que es información buena e interesante compite con información falsa y muchas veces más atractiva por lo escandalosa o por lo numerosa. Al punto que expertos que intentaban usarlas para presentar datos e información sobre la evolución de la pandemia, como Mateo Prochaska, simplemente tuvieron que cerrar su cuenta temporalmente porque comprendieron que participaban de un entorno que fomentaba la desinformación.
A la desinformación se suma la infoxicación (sobreabundancia de “información”) lo cual conduce a la incomunicación. Incluso las palabras pierden peso y son vaciadas de significado; por ejemplo, expresiones como “terruco”, “pandemia”, “mermelero” o “viejo lesbiano”, más o menos, valen o pueden significar casi lo mismo. Y en esta desvalorización, el propio lenguaje puede llegar a perder su condición de medio de comunicación: es el puro diálogo de sordos. No niego que en las redes sociales se pueden identificar tendencias de opinión pública y, para quienes buscan estar enterados e identifican fuentes confiables, se puede obtener algún beneficio. Sin embargo, en ocasiones, es como la búsqueda de la aguja en el pajar.
La situación es tan seria que los mismos propietarios de Facebook y Twitter han tenido que censurar abiertamente los contenidos falsos en el tema de la pandemia, incluyendo al troll mayor (Donald Trump, pero por incitación al odio) y a alguno de sus piquichones (cuentas seguidoras del presidente brasileño Jair Bolsonaro). Un espacio virtual de interacción social que se ve obligado a censurar contenidos de usuarios importantes ya no puede ser tan confiable.
Al mismo tiempo, si los propietarios de esas redes censuran contenidos, las propias autoridades judiciales deberían también intervenir, no para censurar, pero sí para investigar a hackers, personas o grupos, que se dedican a difamar y calumniar por estos medios. Al igual que la condena a los periodistas de los llamados diarios “chicha”, que en los años 90 se dedicaban a la demolición de la honra de políticos y periodistas opositores, igualmente el Poder Judicial debería encausar a quienes continúan esta lamentable secuela en redes, de cualquier tendencia política. Eso quizás podría poner algún freno a las actividades delictivas en redes sociales y mitigar en algo la desinformación.
En todo caso, desde el punto de vista de la comunicación Covid, es evidente que las redes sociales favorecen la acción del virus. Así como en el Estado, donde la información no está (o estaba) uniformizada y correctamente difundida, lo mismo ocurre con quienes opinan en redes: la mayoría tiene poca o nula información. Además, al difundir teorías conspirativas, seudo ciencia o información insuficiente, parcial y, sobre todo, sesgada, las opiniones que se generan se retroalimentan del mismo detritus multimediático. Incluso las personas talentosas o bien intencionadas caen o resbalan en esta melaza de datos mal digerida. De esta forma, solo se consigue sembrar desconfianza masiva hacia las medidas necesarias para prevenir contagios. Hay que ser conscientes que nuestras opiniones desde el balcón en estos espacios no solo son una manifestación de nuestra libertad de expresión, sino que también tienen efectos y consecuencias –a veces– en favor del avance de la pandemia.
LA DEMOCRACIA EN RIESGO
Aunque mucha de la crítica en redes sociales está dirigida contra el gobierno y el Estado, lo cierto es que la acción de este último prevalecerá. En el Estado –y especialmente en el Sector Salud–, pese al caos y desmadre inicial, lentamente se vienen uniformizando procesos, alineando mensajes y sistematizando la información; la cobertura y calidad de atención muestran avances notables, en comparación con el pasado reciente, pe-Covid (lo que no significa que falta más trecho por avanzar en estos y otros campos). Eso ocurre porque, mal que bien, en el Estado se planifica, se plantean metas, se utilizan indicadores, se logran objetivos.
En cambio, en las redes sociales ocurre lo contrario: aumenta la infoxicación, la polarización y la posverdad. Como reflejo de lo que ocurre en la esfera política, que tanto se critica en las redes, en estas últimas el debate pareciera no llegar a ninguna parte que no sea el cuestionamiento de todo y de todos. Se observan críticas destructivas y, cada vez más, auto destructivas. A veces, cuando entro a Twitter, literalmente termino huyendo, como si estuviera en medio de una aglomeración y tumulto, y en riesgo de contagiarme –ya en el espacio virtual– de tanto debate absurdo, innecesario y descorazonador.
Hay una cuenta y un blog de nombre muy ilustrativo de lo que allí ocurre: “Catarsis y harakiri”. Como buen producto de nuestra civilización del espectáculo, aplicada a la política, el nombre pretende ser irónico, pero en realidad exhibe descarnadamente la irracionalidad que quiere imponerse como signo de nuestros tiempos. Antes de la Covid, estos espacios ya se estaban volviendo cada vez más tóxicos, pero con la pandemia, las emociones descontroladas en redes (histeria, pánico, desesperación = todos contra todos), típicos de una catástrofe como la que vivimos, solo alargará el combate contra la enfermedad.
Por tanto, así como no deberíamos sucumbir ante la incertidumbre generada por un ente que ni siquiera es un ser vivo, el debate y diálogo en redes sociales no debería estar dominado por un algoritmo. Recomendaría a los tuiteros adoptar un lenguaje y una actitud colaborativa para construir opinión y reforzar información válida que ayude a unirnos como país y como comunidad humana. Tomará tiempo, pero mientras más rápido reordenemos nuestras formas de convivencia tendremos menos muertes y menos sufrimiento. Lo contrario puede traer consecuencias inesperadas e indeseables.
En efecto, hay que considerar que un sistema político desinstitucionalizado y una esfera pública caótica, en un contexto de necesario fortalecimiento del Estado puede ser una señal para un gobierno que ponga “orden” en medio del caos resultante. A mediano plazo, la acción del Estado logrará llegar al control de la enfermedad, pero si mientras tanto la esfera política se descompone (todavía más) y la interacción social deviene en anómica, las tendencias hacia el autoritarismo aumentarán. Un fortalecimiento del Estado no debería significar ni estatismo ni dictadura. Al contrario, un proceso de reforma del Estado que suponga mejorar su eficiencia, transparencia y legitimización social, debería ir de la mano de una reforma política que fortalezca la institucionalidad democrática. Ese sería el resultado ideal del modo de vida Covid, si lo asumimos en el sentido que hemos sugerido para áreas como la política, la economía y la comunicación.
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