3. La regulación pública
La regulación de la vida económica es una función esencial del sector público, y consiste en establecer las leyes, normas y procedimientos que deben seguir los agentes en su actuación económica. Incluye aspectos tan importantes como la política económica o la legislación y normativa laboral, medioambiental y financiera.
El papel del Estado como regulador de la vida económica es necesario, en primer lugar, porque todas las relaciones humanas precisan de normas y leyes de comportamiento, y en segundo lugar por razones económicas que justifican esa intervención pública, que se concretan en los fallos del mercado que hemos visto en el apartado anterior.
Por ejemplo, muchas actividades económicas generan riesgos para la salud o la vida humana. Cuando se realizan buscando solamente el beneficio empresarial pueden minusvalorarse esos riesgos y llegar a ser muy peligrosas. O cuando un agente provoca una externalidad, como es el caso de la contaminación, toda la sociedad debe soportar los costes. En este sentido, la regulación por parte del Estado proporciona seguridad a las relaciones económicas y permite internalizar los costes sociales. La intervención pública mediante la regulación es la única manera de procurar que las actividades económicas no se guíen sólo por la lógica del beneficio individual que proporcionan los mercados, y conseguir que se ajusten también a los criterios del bien común, que deben estar por encima de los intereses del mercado.
Sin embargo, en los últimos años, paralelamente al predominio de la ideología neoliberal, ha habido en el mundo capitalista una tendencia hacia la desregulación de la vida económica, eliminando normas y leyes que afectaban al consumo, a la producción y a las finanzas. Este proceso desregulador a nivel mundial ha desembocado en la llamada "globalización de la economía", y ha favorecido el enorme crecimiento de las empresas.
Sea cual sea nuestra opinión acerca de la regulación pública, lo cierto es que el Estado, en todos los países, regula y desregula una amplia gama de actividades relacionadas con los asuntos económicos. Estos campos de actuación pueden clasificarse en tres grupos:
1. Regulación económica, es la actuación más importante del sector público, e incluye los siguientes asuntos:
Establecimiento del marco general en el que se desarrollan las relaciones económicas: condiciones de entrada y salida de los mercados, requisitos de calidad y seguridad que deben cumplirse, mecanismo de formación de los precios, comercio con otros países, etc.
Defensa y promoción de la competencia.
Política económica, o conjunto de medidas que influyen sobre las relaciones económicas.
2. Regulación social, dirigida al establecimiento de normas sobre consumo y derechos del consumidor, el medio ambiente, la salud, la seguridad en el trabajo, el desarrollo de actividades profesionales, la igualdad de género, etc.
3. Regulación sobre el sistema jurídico-legal, que tiene una influencia fundamental sobre la vida económica. Incluye la legislación sobre contratos, derechos de propiedad, asuntos penales y procesales, relaciones laborales, etc.
No obstante la necesidad de la regulación pública de la vida económica, ésta también tiene una serie de inconvenientes, que pueden resumirse de la siguiente forma:
Para llevar a cabo la regulación, se requieren agencias e instituciones que consumen recursos y, por tanto, resultan costosas. La consecuencia es un encarecimiento de la actividad económica, por lo que si la regulación es excesiva puede llevar a la paralización económica.
La regulación la aplican burócratas y funcionarios que no siempre disponen de toda la información para tomar buenas decisiones, y que tienen opiniones e intereses en los asuntos sobre los que deciden, que pueden estar en contra del interés general de la sociedad.
La normativa que establece la regulación sobre el funcionamiento de los mercados puede provocar retrasos innecesarios en las ventas, que serán más largos cuanto más extensa sea dicha normativa.
Es muy frecuente la aparición de grupos de poder o de presión alrededor de la actividad reguladora del sector público, que buscan su propio beneficio. Generalmente se trata de empresas que intentan corromper a los funcionarios, o simplemente convencerlos de que actúen según sus intereses.
