6. Los fallos del mercado

Las externalidades

Se denomina así a los efectos que tienen algunas actividades económicas, de consumo o de producción, sobre otros agentes económicos o sobre la sociedad en general. Los efectos pueden ser beneficiosos o perjudiciales, hablándose de externalidades positivas o negativas.

Las externalidades positivas producen un beneficio, incrementan el bienestar individual o colectivo. Si una familia tiene una casa con un bonito jardín que desprende un exquisito aroma al atardecer, sus vecinos se benefician de él, al contemplarlo o al respirar su olor. A nivel colectivo, los bienes públicos producen beneficios a la sociedad, y en realidad son un caso específico de externalidades positivas. También lo es la difusión tecnológica que se da en las industrias cuando las innovaciones no pueden protegerse mediante patentes.

Las externalidades negativas provocan un coste a terceros, disminuyendo el bienestar individual o colectivo. Es el caso de los fumadores, que perjudican a los que tienen a su alrededor, o más importante, la contaminación que producen los coches o las fábricas. El ruido, los atascos de tráfico o el agotamiento de recursos naturales son también ejemplos de efectos externos negativos de la actividad económica.

Cuando existen efectos externos en la actividad económica, el mercado tampoco puede asignar los recursos de manera eficiente. Los costes y los beneficios que se derivan de una acción no están están bien valorados, debido a que no se consideran las externalidades, el coste o beneficio social de la acción. Una empresa que fabrica papel, por ejemplo, siguiendo la regla de conducta racional de máximo beneficio, no va a asumir un coste adicional que impida la contaminación de las aguas, sino que optará por arrojar los desperdicios a los ríos, alternativa de menor coste.

¿Cuál es la solución a este problema de las externalidades? Lógicamente, las que más preocupan y se les ha prestado mayor atención son las negativas. Y puesto que los agentes económicos no tienen en cuenta los costes sociales de sus actuaciones, debe ser el Estado el que les obligue a hacerlo, regulando las actividades o estableciendo impuestos que recojan el coste social provocado. Por ejemplo, se puede obligar por ley a las empresas papeleras a no verter sus residuos en los ríos.

Otra alternativa al problema es la creación de un mercado de las externalidades, como se ha hecho a nivel mundial con la contaminación. Se crean unos derechos a contaminar que se reparten entre los distintos países, y a partir de ahí al que le sobren derechos, porque ha contaminado menos, los puede vender a aquellos países que más contaminan. Este sistema de derechos de contaminación ha estado sujeto a fuertes críticas, y de hecho, al menos hasta ahora, no ha alcanzado grandes progresos en la reducción de la contaminación global. Por otra parte, la estructura del mercado de derechos de emisión de CO2 ha favorecido la entrada de especuladores que, junto a la limitación de la oferta, han provocado un espectacular aumento del precio del derecho en los úlimos años,  pasando de 23 € en 2020 a superar los 80 € en 2023.