Principales avatares de la vida social de la Iglesia española en el siglo XIX

Figura con los distintos grados de la Oredenes Sagradas y sus ornamentos (divididas en Ordenes menores : tonsurado,ostiario, lector,exorcista y acolito; Ordenes Mayores : subdiácono diácono y presbitero)

La Iglesia perdió peso económico y social desde los primeros años del siglo XIX, cuando el Estatuto de Bayona prohibió el Santo Oficio de manera oficial. y posteriormente, las Cortes de Cádiz (1812), ratificó dicha la abolición. Las mismas cortes de Cádiz con un 33% de diputados formados por clérigos propusieron llevar a cabo la desamortización de parte de las tierras en manos de la Iglesia a través de capellanías, concretamente ordenaron la expropiación de todos los conventos con menos de 12 profesos y de los que excediesen de dos por ciudad y orden.

Durante los periodos absolutistas de Fernando VII, el clero mantuvo su posición en las Cortes estamentales, pero en 1820 el gobierno liberal suprimió definitivamente a la Inquisición del último país en el que operaba.

La desamortización de los bienes inmuebles de la Iglesia ideada por Juan A. Mendizábal (político liberal progresista) en 1836 ejecutada en los años posteriores de los mayores golpes para la economía de la Iglesia española y de muchas instituciones religiosas incluidas las cofradías y hermandades. Esta ley permitía la expropiación de todas las propiedades eclesiásticas que no se dedicasen a escuelas u hospitales, para luego subastarlas públicamente. Esta medida fue motivada por la falta de fondos públicos durante la Guerra Carlista, pero tuvo muchas otras consecuencias en relación al clero. Se produjo también el deterioro o destrucción que sufrieron muchos monasterios, capillas e iglesias debido al nuevo uso como almacenes o establos. A raíz de esta desamortización se rompieron relaciones diplomáticas con el Vaticano, y no se volvieron a restaurar hasta el Concordato de la Década Moderada (1845), en el cual se otorgaba a la Iglesia una parte del presupuesto público destinado a mantenimiento del clero ya bastante disminuido en su número.

En el concordato de 1851, la Iglesia levanta la excomunión a los que habían obtenido tierras con la desamortización de Mendizábal y a los políticos desamortizadores, sin exigirles su devolución. El gobierno reconoce entonces que la Iglesia tenía derecho a tener propiedades, las aportadas por las limosnas de los católicos, y devuelve a la Iglesia lo que quedaba sin vender de la desamortización eclesiástica de 1836, que era un tercio de las tierras expropiadas, pero poco valiosas.

La Constitución nonata de 1856 contemplaba una cierta tolerancia religiosa, la del 1868 proclamó la libertad de cultos a otras religiones distintas de la católica, y finalmente la 1ª República decretó la separación total entre Iglesia y Estado, lo que vino a significar el cese de las ayudas económicas al clero y su salida de la vida política.

Este descenso en el poder político y económico provocó una gran disminución en el censo de frailes y monjas (integrantes del clero regular): de 24.000 en 1837 a 8.000 en el 54, debido también a que los subsidios que recibían eran muy menguados. Se dice que llegaron a constituir un proletariado religioso. Esta situación de postración ayudó a que la parte más reaccionaria de la Iglesia y los pequeños propietarios agrícolas apoyaran al Carlismo.

A pesar de que a partir de la Restauración después de 1874 algunas órdenes como los jesuitas consiguieron reimplantarse en la enseñanza, aunque habían perdido la importancia que antes tenían en las ciudades. En esa época ya sólo se observa influencia en las localidades medianas y pequeñas del clero secular (los curas) y no de los frailes.