CONTIDOS. OS SECTORES MADUROS

La transición del modelo de producción en masa o fordista al de producción flexible, junto con los cambios asociados a las nuevas tecnologías de información y la mundialización de los mercados, supusieron el declive de algunas áreas con larga tradición industrial, pero especializadas en sectores maduros, con empresas poco competitivas y un mercado de trabajo poco diversificado. Diversas áreas minero-metalúrgicas del Norte peninsular fueron el mejor exponente de esta situación en España.

El complejo siderometalúrgico construido en torno a la ría de Avilés, en Asturias, muestra como pocos las huellas de ese proceso de auge y declive industrial, reflejado en un paisaje fabril denso y cambiante, en el que hoy surgen nuevas instalaciones como fruto de la reconversión, al tiempo que proliferan los vacíos y las ruinas industriales. Esa huella industrial heredada continúa ejerciendo un fuerte impacto sobre el dinamismo urbano y la calidad medioambiental del entorno, además de condicionar las iniciativas de dinamización comarcal en curso.

Procesos generales.

Los diferentes sectores industriales experimentan un conjunto de transformaciones a lo largo de su evolución que incluyen cambios en las pautas de localización características. En sus fases iniciales, cuando la tecnología es aún poco conocida, el número de competidores es escaso y se requieren grandes esfuerzos en I+D, las empresas suelen concentrarse en países y regiones desarrollados, los únicos que cuentan con los recursos de capital, mano de obra cualificada y servicios avanzados necesarios en esa fase, además de mercados de consumo amplios en los que poder encontrar los primeros compradores. Por el contrario, en fases avanzadas del ciclo de vida, con productos y tecnologías ya maduros, el gran número de empresas que compiten por ofrecer costes más bajos favorece su desplazamiento hacia países y regiones periféricos. Eso obliga a las áreas originarias de esa producción a un proceso de reconversión para mejorar la eficiencia de sus empresas, la calidad y gama de productos, o bien a sustituir esa actividad por otras más innovadoras, que ahora se encuentren en sus fases iniciales de evolución.

Puede entenderse así el declive sufrido por ciertas áreas con larga tradición industrial, que hace dos décadas se enfrentaron a la crisis de las actividades en que se especializaban desde hacía más de un siglo (siderurgia, metalurgia pesada, construcción naval, textil…), afectadas por una creciente competencia de nuevos países industriales periféricos, a la baja productividad de unas empresas que vivieron durante décadas en un mercado fuertemente protegido de la competencia exterior, así como a cierto estancamiento de su demanda. La excesiva dependencia de esos sectores maduros, y de las grandes empresas, contrastaba con la escasez de actividades alternativas y la debilidad de las iniciativas empresariales. Las regiones de la Cornisa Cantábrica, los valles interiores del textil catalán y algunos enclaves (Sagunto, El Ferrol, bahía de Cádiz…) fueron en España los mejores exponentes de esa crisis industrial. El resultado fue un intenso proceso de cierre de fábricas y destrucción de empleos, que intentó compensarse con una política de reconversión dirigida a subvencionar la supervivencia de determinadas empresas mediante fondos públicos, apoyar la recolocación de los excedentes laborales y, sobre todo, promover un esfuerzo de innovación tecnológica y la implantación de actividades alternativas. Sus resultados han sido muy desiguales, pues mientras en el País Vasco la renovación impulsada de forma conjunta por la iniciativa privada y las políticas públicas ha permitido una recuperación, visible en tasas de crecimiento superiores al promedio español entre 1995-2000, en Cantabria y, sobre todo, Asturias la atonía industrial ha resultado bastante mayor.

ANÁLISIS DEL ÁREA

Uno de los espacios que mejor ejemplifica esta evolución es el complejo siderometalúrgico ubicado en torno a la ría de Avilés. Las imágenes de los años sesenta y setenta denotan el intenso grado de ocupación que experimentaron los márgenes de la ría avilesina a lo largo de la década de los cincuenta. Con anterioridad, además de la fábrica de la Real Compañía Asturiana de Minas, se había instalado en 1946 la Empresa Nacional de Aluminio S.A. La nómina de los principales establecimientos industriales de la ría se completaba con la fábrica de Asturiana de Zinc S.A., la de Cristalería Española (figura 7) y, sobre todo, la de ENSIDESA, actual Arcelor, que obligaron a realizar obras de acondicionamiento al objeto de que pudieran acceder hasta el fondo de saco de la ría barcos de gran tonelaje. Para el servicio de la fábrica siderúrgica se construyó la dársena de San Agustín, y se dotaron sus muelles de las necesarias instalaciones de carga y descarga, al tiempo que en las inmediaciones de la dársena se reservaban terrenos destinados a almacenar los productos descargados o los que estaban pendientes de ser embarcados (figura 6).

Del año 1950 data el proyecto de construcción en Avilés por parte del Instituto Nacional de Industria de una planta siderúrgica. Una decisión respecto a la localización que se amparaba en la existencia de una serie de condiciones positivas, como las posibilidades que la ría ofrecía para construir un puerto en su margen derecha, la existencia de mano de obra especializada o la tradición minera de la región. Los terrenos elegidos para la instalación de la fábrica, concretamente el sector de Las Huelgas, eran la resultante del relleno y desecación de una parte de las marismas en el año 1841 (figura 1).

Las instalaciones de ENSIDESA adoptaron una disposición lineal, paralelas a la carretera que conduce a Gijón a lo largo de aproximadamente 9 kilómetros. A comienzos de los años noventa entraba en funcionamiento la nueva acería LD-III , al tiempo que las antiguas instalaciones quedaban abocadas a dejar de producir y a ser más tarde desmanteladas (figura 2). No obstante, la escala de las actuaciones condicionó la ordenación del territorio comarcal, generando fuertes impactos ambientales en forma de construcción de infraestructuras (vías de comunicación y tráfico pesado, embalses…) y generación de grandes volúmenes de residuos, que afectaron negativamente la calidad del medio ambiente urbano de Avilés (figura 3).

Las sucesivas reconversiones padecidas desde comienzos de los años ochenta han tenido un fuerte impacto en el paisaje industrial y en el conjunto de la comarca. La siderurgia actual pertenece a Aceralia, socio español de la multinacional europea Arcelor, que ha acometido un profundo cambio tecnológico y drásticas reducciones de plantillas laborales, especializando también la gama de productos para poder competir mejor en los mercados internacionales. Desaparecieron del paisaje los tradicionales perfiles de los hornos altos situados en las proximidades de la ría (figura 4) y una parte importante del espacio ocupado por las antiguas instalaciones ha quedado abandonado. Se intenta ahora su reutilización mediante iniciativas como la promoción del Parque Empresarial de Asturias (figura 5), pero éstas deben enfrentarse a la competencia de otros espacios de calidad que no padecen las externalidades negativas asociadas a la proximidad de la industria pesada o de ruinas industriales, por lo que sus resultados aún son inciertos.

Autores: Felipe Fernández García (Universidad de Oviedo), Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (CSIC-IEG) 

PRENSA

EL PAÍS

España desconecta siete centrales térmicas y arranca el proceso para enterrar el carbón

La mitad de las plantas eléctricas que usan este contaminante combustible fósil cierran esta semana. Las normas ambientales europeas y el mercado las hacen ya inviables

MANUEL PLANELLES

Madrid - 29 JUN 2020 - 09:14 CEST

España va camino de convertirse en uno de los países que más rápido se van a desenganchar del carbón. Un año y medio después del cierre de todas las minas —que eran incapaces de sobrevivir sin unas ayudas públicas que ya están prohibidas por Bruselas—, este martes arranca el proceso de clausura de las centrales térmicas que emplean este combustible. Siete de las 15 plantas que aún quedan abiertas en España dejarán de estar operativas este 30 de junio debido a que a sus propietarias, las compañías eléctricas, no les salen las cuentas para acometer las mejoras medioambientales para cumplir las normas europeas. De hecho, varias plantas llevan meses sin generar electricidad porque han dejado de ser rentables por una mezcla de decisiones políticas de la Comisión Europea y de condiciones de mercado. 

Además de ser muy contaminantes, las térmicas eran hasta hace solo un par de años responsables de aproximadamente el 15% de todos los gases efecto invernadero de España. En 2018, cerca del 15% de toda la electricidad consumida provino de esas plantas. Pero de eso parece que hace un mundo y este mes de mayo apenas generaron el 1,4% de la electricidad. Además, entre el 1 y el 2 de mayo no produjeron nada, algo nunca visto desde que en 1990 arrancaron los registros de Red Eléctrica de España. 

Las siete plantas térmicas que dejarán de operar este martes son: Meirama (en A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) —las tres propiedad de Naturgy—; Andorra (Teruel) y Compostilla (León) —de Endesa—; Puente Nuevo (Córdoba) —de Viesgo—; y Velilla (Palencia) —de Iberdrola—. Sus cuatro propietarias han confirmado a EL PAÍS que el 30 de junio ya no estarán operativas para no incumplir la directiva medioambiental europea que obliga a este tipo de instalaciones a acometer unas obras para limpiar los gases que expulsan a la atmósfera si querían seguir operando más tiempo. Estas siete centrales juntas acumulan 4.630 megavatios, lo que supone un poco menos de la mitad de la potencia instalada de carbón en España. 

    Las siete —que cuentan con unos 1.100 empleados entre personal propio y contratas— son las primeras, pero no las últimas. Otras cuatro plantas —que suman una potencia de 3.092 megavatios y alrededor de 800 empleados— tienen solicitados los permisos ante el Gobierno para cerrar las instalaciones. Se trata de las centrales de Lada (en Asturias y propiedad de Iberdrola), As Pontes (en A Coruña y propiedad de Endesa), Los Barrios (en Cádiz y propiedad de Viesgo) y Litoral (en Almería y propiedad de Endesa). Fuentes del sector estiman que entre 2021 y 2022 podrán estar clausuradas. Y las otras cuatro —dos de ellas propiedad de EDP— que aún no han solicitado el cierre también tienen un futuro muy complicado.

   “Por cómo van las cosas, creo que en 2025 ya no habrá generación con carbón”, explica Tatiana Nuño, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace. “El escenario que manejamos de cierre total es 2025”, coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Fuentes del sector manejan, incluso, una salida completa todavía más rápida, para dentro de dos o tres años.

   Aparentemente, estos cierres no tienen que ver con las políticas emprendidas por el Gobierno. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado unirse a las alianzas de países que se comprometen a fijar un calendario concreto de clausura de este tipo de instalaciones. Este departamento ha preferido mantener un perfil bajo y, finalmente, han sido el mercado y las medidas emprendidas desde Bruselas los que han dado la puntilla al carbón.

   Por un lado, las reformas llevadas a cabo por las instituciones comunitarias hicieron que a partir de 2018 el precio del dióxido de carbono en el mercado europeo de emisiones se disparara. Este sistema, conocido por sus siglas ETS, obliga a todas las grandes industrias a pagar por el dióxido de carbono que emiten, lo que hace que las centrales de carbón pierdan competitividad al ser las que más tienen que gastar en esto. A esto se le unen los bajos precios del gas natural desde 2019. España tiene un gran número de plantas de ciclo combinado que se alimentan de gas y que pueden suplir sin problemas a las térmicas de carbón. Al bajar el precio del gas, esta tecnología desplazó a la de carbón. “El precio bajó porque había un exceso mundial de oferta y no había dónde almacenarlo”, apunta Pedro Linares, director del grupo Economics for Energy. 

   La previsión era que este 2020 repuntara el gas y que el carbón pudiera volver a ser competitivo. Pero la crisis de la covid-19 ha desbaratado también ese escenario. El resultado es que las centrales de carbón llevan encadenando mínimos históricos de generación de electricidad en España desde marzo de 2019. Al menos cuatro —Compostilla, Litoral, Los Barrios y Velilla— no han producido nada este 2020, según indican sus propietarias. En el resto, lo poco que han generado ha sido para quemar los stocks que tienen acumulados de carbón antes de que bajen definitivamente la persiana mañana.

   Lo que sorprende a todos los analistas consultados es la rapidez del proceso de cierres en España. “Creo que también han influido los movimientos de desinversión”, apunta Barreira sobre los fondos inversores que presionan cada vez más a las empresas para que se alejen de los combustibles fósiles. “Hace un año todavía había escépticos, yo incluido, pero con los movimientos que se han dado, creo que el fin del carbón en España ya no tiene vuelta atrás”, concluye Linares.

Alternativas de empleo

   En las 11 centrales que cerrarán en los próximos meses —las siete que se desconectarán mañana y las otras cuatro que ya han pedido al Ejecutivo también poner fin a su actividad— trabajan unas 2.400 personas, entre empleos directos e indirectos. En algunos casos, la clausura no será traumática, pero en otros las térmicas son la única industria del municipio y algunos Ayuntamientos verán muy mermados sus ingresos fiscales. La alternativa inmediata es el desmantelamiento de las plantas, que puede durar hasta cinco años y requiere mucha mano de obra. Pero ese proceso no puede comenzar hasta que el Ejecutivo publique la autorización para el cierre y desmantelamiento, que incluye un análisis de los impactos medioambientales de ese proceso. Se espera que en los próximos días se publiquen en el BOE las de tres de las siete plantas que dejarán de funcionar mañana: Velilla, Compostilla y Andorra.

   Pero el Ministerio para la Transición Ecológica también ha presionado a las eléctricas para que presenten planes estables para las zonas afectadas, que en muchos casos se centran en las renovables y que, incluso, en algunos de los proyectos requieren más empleos de los que se destruirán con los cierres. A mediados de abril el ministerio firmó con los sindicatos mayoritarios y las propietarias de las plantas las bases para poner en marcha los denominados convenios de transición justa. Ya hay 12 convenios de transición justa en marcha para zonas mineras y térmicas. Y, al margen de los recursos públicos que ya tiene asignados el Gobierno, también está previsto que España se beneficie del futuro fondo de transición justa de la Comisión Europea

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