Atraco a la seguridad social

Despidos de oro con dinero público en las mutuas

El caso de un ex alto cargo de Artur Mas, con 610.000 euros de indemnización, destaca entre una docena de salidas irregulares

Sede en Barcelona de la mutua MC Mutual.

La Audiencia Nacional no tuvo dudas: aquello era un pacto para “acaparar el abono de una importante indemnización”. El 10 de abril de 2008 MC Mutual despidió a uno de sus altos directivos alegando “falta de confianza”. Le pagó una indemnización de 610.000 euros, que abonó con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social que gestionan todas las mutuas, es decir, con dinero público. ¿Se fue a la calle el directivo? No: fue contratado de nuevo en la misma mutua solo cuatro días después, pero en otro puesto.

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El directivo en cuestión es Josep Maria Via i Redons, un hombre muy conocido en el ámbito de la sanidad que ha sido asesor del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y también presidente del Hospital del Mar, uno de los grandes centros sanitarios de Barcelona. Cuando Via fue despedido de la mutua era consejero permanente de Presidencia, pero antes había sido director gerente de Midat Mutua, una de las dos entidades que se fusionaron en 2006 para crear la actual MC Mutual, que gestiona cerca de 850 millones de euros al año en cotizaciones sociales y cubre a 1,2 millones de trabajadores de unas 170.000 empresas.

Josep Maria Via, en primer plano, en un acto sobre la financiación de la sanidad catalana en 2005.

El despido irregular de Via es solo uno de los muchos que los auditores de la Seguridad Social han destapado recientemente en sus informes de intervención anuales. Uno de los tipos más comunes es el de las mutuas que despiden a directivos con jugosas indemnizaciones cuando están a punto de jubilarse. Cuando la Seguridad Social detecta estas situaciones, aún en el caso de empleados de niveles no directivos, exige a las mutuas que devuelvan el dinero. EL PAÍS ha encontrado una docena de casos de indemnizaciones por despido irregulares solo en seis años, en las resoluciones de auditoría de los ejercicios que van de 2006 a 2011 (último año para el que hay resolución firme).

Las reclamaciones que hace la Seguridad Social a sus mutuas por haber gastado irregularmente el dinero de las cotizaciones sociales que gestionan se prolongan durante años, primero por cauces administrativos, y después judiciales. También en el caso de los despidos fraudulentos. Pese a que hace casi 10 años, el caso de Via aún sigue abierto y el dinero no se ha restituido. Hace un par de semanas se celebró el juicio para que el despedido devolviera a la entidad catalana el dinero y esta, a su vez, al instituto público.

UN DIRECTIVO SANITARIO CONTROVERTIDO

Josep Maria Via es muy conocido en el ámbito de la salud en Cataluña. Ha ocupado varios puestos en la Administración y últimamente ha sido noticia porque el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), organismo público que gestiona una veintena de hospitales catalanes y del cual Via era uno de sus principales directivos, le adjudicó en 2015 un contrato de auditoría de casi 200.000 euros. Via demandó a una pequeña publicación llamada Cafèambllet que denunció en vídeo la opacidad en la sanidad pública y varios casos de corrupción. Sus responsables fueron condenados a pagar a Via 10.000 euros por afectar a su honor, pero posteriormente la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia al considerar que las declaraciones del vídeo están amparadas en la libertad de expresión. Actualmente Via se dedica a consultoría sanitaria.

Cuando la Seguridad Social reclamó a la mutua que devolviera los 610.000 euros de Via, esta recurrió a la Audiencia Nacional. Y perdió. El tribunal no tuvo dudas. Especialmente cuando descubrió que el despido no era tal. En una junta directiva celebrada un mes antes, el acta había dejado negro sobre blanco la intención de Via de dejar su puesto. “Aceptar la renuncia presentada”, se lee. El tribunal es contundente: “Los hechos relatados nos demuestran claramente la existencia de una rescisión pactada del contrato de alta dirección firmado en su día, escondida bajo la figura del desistimiento empresarial al objeto de acaparar el abono de una importante indemnización”, señala la sentencia, a la que tuvo acceso EL PAÍS.

Indemnizados a punto de jubilarse

En las cuentas de 2007 de Fremap, la mutua más grande del sector, los auditores públicos encontraron una indemnización por despido de 516.348 euros con cargo a cotizaciones. Exigieron su devolución y la Audiencia Nacional le dio la razón a la Seguridad Social hace unos meses. El directivo en cuestión firmó el despido un día después de que le dieran de alta con una propuesta de incapacidad permanente. El tribunal encuentra "difícil de creer" que la mutua no lo supiera y asegura no entender "la razón por la que la Mutua no esperó a la finalización del expediente para no tener que realizar el despido".

En 2008, la situación se repitió con otros tres casos. En uno de ellos, el del director de Prevención, el despido costó 436.308 euros, de los cuales 420.000 fueron de indemnización. "Cantidades totalmente desproporcionadas", señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez más, condenó a Fremap a devolver el dinero. A este directivo solo le quedaban dos años para jubilarse, lo que lleva al tribunal a afirmar que la decisión de despedirle "desde un punto de vista de gestión empresarial resulta incomprensible". El fallo concluye que la mutua hizo "una indebida gestión de los fondos de la Seguridad Social".

Exceso de retribuciones

A veces la reclamación pública no es sobre el despido en sí o sobre toda la indemnización, sino sobre una parte de ella porque los auditores descubren que se ha pagado de más. Le ocurrió a Egarsat en 2008. Ese año despidió al que había sido director adjunto de SAT, una de las dos mutuas que se fusionaron para crear Egarsat. El problema que encontró la Seguridad Social fue que le pagó 165.271 euros de más en la indemnización, por una antigüedad que no era la real. El caso llegó a la Audiencia Nacional. La mutua consignó como fecha de alta en la empresa 1992, cuando en realidad el directivo había empezado a trabajar en 1998.

El tribunal falló a favor de la Seguridad Social. Pese a que admitió que el Estatuto de los Trabajadores permite pactar en el contrato una antigüedad superior a la real –se hace en ocasiones para captar directivos con mejores condiciones--, consideró que “esa libertad” no debería imputarse al patrimonio de la Seguridad Social, es decir, al dinero público. Por eso la mutua tuvo que restituir esa cantidad con base a su patrimonio privativo, es decir, a sus propios recursos. Un portavoz de Egarsat asegura que la práctica es perfectamente legal y que se emplea para "blindar" a directivos que de otra forma no irían a trabajar para la mutua.

La práctica ha continuado después de 2011. En 2013, Mutua Universal, cuya anterior directiva está imputada y pendiente de juicio por un fraude de 200 millones con las cotizaciones sociales, despidió a Jordi Pons Coma y le pagó 569.191 euros. Pons es, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso, uno de los 11 directivos que participó en la presunta malversación, descubierta años antes, en 2007.

Las mutuas no siempre pierden la batalla en los tribunales. Fraternidad venció en 2012 la exigencia de que devolviera los 494.610 euros de indemnización de su director gerente adjunto, que dejó la entidad en 2010. De esa cantidad 404.652 euros se pagaron de cotizaciones sociales; el resto salió del patrimonio de la mutua.

Extracto de la resolución de la Seguridad Social que reclama a la mutua que devuelva la indemnización abonada a Via.

La indemnización por despido de Josep Maria Via es la más abultada de la que recogen las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, y la única en la que se reclama a la mutua que le exija el dinero al beneficiario, que dice estar "muy sorprendido" por ello.

Cuando Via fue recontratado su puesto fue de adjunto al director de la división de recursos asistenciales. Allí permaneció un año, hasta que abandonó la mutua, según explica a EL PAÍS en conversación telefónica. “Es un puesto que no tiene nada que ver, con un contrato laboral ordinario vinculado a una actividad muy concreta, que era la puesta en marcha del nuevo hospital de Mutua. Duró un año y se acabó”.

Una portavoz de MC Mutual explica el porqué de la contratación de Via solo cuatro días después de despedirle con una jugosa indemnización: "Debido a la contrastada experiencia del señor Via en el sector sanitario, una vez extinguida la relación laboral de alta dirección, se incorporó a Mutual Midat Cyclops con una relación laboral común que se extendió durante un año para prestar sus servicios en la División de Recursos Asistenciales, no realizando en ese período funciones de dirección".

La mutua explica que ahora le reclama el dinero a Via en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. Via, por su parte, asegura que no entiende por qué le piden el dinero ahora: “El contrato se cumplió y punto. Es así de simple. Lo que ocurre es un problema entre la Seguridad Social y la mutua. A mí no me concierne para nada”.

OBRAS DE ARTE PROPIEDAD DEL ESTADO

El trabajo de los auditores que controlan al detalle las finanzas de las mutuas también consiste en controlar qué venden y qué se hace con el dinero que obtienen. MC Mutual vendió en 2005 cuatro cuadros de tres pintores catalanes de principios del siglo XX: Eliseu Meifrén, Francesc Gimeno y Joaquim Mir i Trinxet. Obtuvo 802.000 euros, y se los quedó. La intervención se los reclamó en la auditoría de ese año, al considerar que pertenecían al patrimonio de la Seguridad Social y no al propio de la entidad.

Entre ambos hay una diferencia sustancial. El de la mutua es el que la asociación de empresarios acumuló hasta 1967, cuando estas entidades se integraron en el sistema de la Seguridad Social. El otro es el que gestionan estas organizaciones, pero se ha construido con cotizaciones sociales desde ese año y es público.

La mutua argumentó que no conservaba documentación sobre la compra de las obras de arte, que debió de producirse hacia 1991. La Seguridad Social reclamó que se acreditara que la propiedad de los cuadros correspondía, en el momento de la venta, al patrimonio histórico de la mutua. Como no pudo demostrarlo en tres de los cuadros, tuvo que reintegrar 562.000 euros. El Tribunal Supremo obligó a ello en 2014, al considerar que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social no solo los ingresos obtenidos por las primas que aportan los asociados, sino también los bienes en los que se inviertan esos ingresos.