El informe de Opiniones y Sugestiones sobre la incidencia de la inversión social pública en la seguridad ciudadana a través de los programas de atención social describe el complejo panorama actual, marcado por niveles históricos del aumento en los homicidios, que trae como consecuencia no solo con la pérdida de vidas y el aumento en la percepción de inseguridad de la población, sino también un impacto en la Hacienda Pública por los costos directos e indirectos requeridos para su atención, que para el año 2024 superaron el billón de colones, equivalente al 2.07% del PIB, y para el 2025 proyectan ascender al 2.14%. Ante el punto de inflexión que enfrenta el país, los resultados del análisis de efectos realizado por la Contraloría confirman, con evidencia, que una mayor inversión en programas sociales selectivos, que fortalecen las oportunidades de empleo, educación y el acceso a servicios de salud, se relaciona con una menor incidencia delictiva; que estos beneficios se obtienen tanto en el cantón directamente intervenido como en los cantones vecinos; y que se generan efectos acumulados en el transcurso del tiempo. Todo ello subraya el papel preventivo de la inversión social como una herramienta estratégica esencial para alcanzar una seguridad ciudadana duradera, basada en la equidad, la inclusión y la generación de oportunidades.