Informe de Labores
4. Principales resultados de la gestión interna
A continuación se resumen las acciones más relevantes de la gestión interna institucional abarcando temas de la gestión del personal, gestión financiera y de tecnologías de información, los cuales son necesarios para el apoyo al órgano contralor en el cumplimiento de sus funciones.
4.1. Gestión del potencial humano
Durante 2023 se reforzaron temas asociados a las competencias del personal necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se resalta la formación sobre la estrategia de fiscalización del nuevo modelo de contratación pública y el de seguridad de la información. Por otra parte, se ampliaron las capacidades en temas como: liderazgo, metodologías ágiles, mejora de procesos, examinación de fraude, innovación, ciencia de datos, desarrollo de aplicaciones y servicios web, así como audiencias orales en el proceso contencioso administrativo, entre otros.
Lo anterior, implicó atender el 92% de las necesidades de capacitación identificadas institucionalmente, lo que se concretó mediante 196 actividades de aprendizaje y una ejecución presupuestaria del 96.14%, de los ₡68.890.000 asignados para capacitación.
4.2. Gestión financiera
Gestión presupuestaria: Desde hace varios años el presupuesto de la CGR ha experimentado, en términos reales, un franco decrecimiento. Por ejemplo, entre los años 2012 y 2023, presenta un decrecimiento de 18,2%, lo cual contrasta, para el mismo periodo, con el presupuesto del Gobierno Central, el cual creció en términos reales en un 49,5%. Esta situación evidencia un rezago en la asignación de recursos a la CGR para la atención de un universo de fiscalización cada vez de mayor magnitud y complejidad, lo cual a futuro, de continuar la tendencia tendrá un impacto en la continuidad eficiente de nuestros servicios.
Importante señalar al respecto, que no obstante las restricciones que nos ha venido imponiendo el Ministerio de Hacienda, lo cierto es debido al uso intensivo de la tecnología - producto la visión estratégica que ha mantenido la institución-; a la eficientización de los procesos de trabajo; a la implementación voluntaria del salario único desde 2007; a programas de ahorro, y otras medidas, la CGR ha podido cumplir en forma debida, con sus obligaciones legales y constitucionales. Sin embargo, todos esos esfuerzos podrían ser nugatorios si a corto o mediano plazo, las restricciones continúan, toda vez que nos encontramos cerca de un punto de inflexión, pasado el cual, las limitaciones señaladas tendrán una directa afectación en la operatividad del órgano contralor.
Gráfico 5. Variación Real: CGR vs Gobierno
En términos absolutos, tratándose de 2023, el presupuesto final asignado fue ¢20.590,4 millones, lo cual representa una reducción de ¢63.000,00 (sesenta y tres mil colones) respecto de 2022, que si bien es un monto bajo en la totalidad del presupuesto, denota una tendencia del Ministerio de Hacienda de asignarle cada vez menos recursos a la fiscalización superior de la Hacienda pública.
Tal situación ha tenido importantes efectos en el servicio que la CGR está llamada a brindar a la ciudadanía, puesto que, dada la composición del presupuesto de una institución de servicios en la que el componente principal, e ineludible de gasto, son las remuneraciones, se ven cada vez más restringidos el resto de los recursos disponibles para atender necesidades de mejora continua, así como para la adquisición de servicios, insumos y equipo necesarios para su operación normal, incluyendo las necesarias inversiones en el campo de las TI; aspecto sumamente preocupante, dada la innegable relación que existe en la actualidad, entre los procesos de fiscalización y las tecnologías de información.
Dicha situación se ve agravada por la tendencia de cambio que ha venido experimentando la clasificación presupuestaria por objeto del gasto para la adquisición de ciertos bienes y servicios, que hasta hace poco tiempo eran considerados como gasto de capital o inversión y que progresivamente se están reclasificando como gasto corriente, como lo es el caso de las licencias de software que han pasado de ser consideradas bienes intangibles a ser gastos por derechos de uso. Esto provoca aún más constricción del gasto corriente y plantea mayores desafíos en la priorización del gasto institucional y la posibilidad de aumentar la inversión.
En materia de Regla Fiscal, desde el año 2020 el país ha tenido que afrontar una restricción en cuanto al crecimiento del gasto corriente como uno de los componentes del presupuesto, y pese a que a nivel del Presupuesto agregado ha sido posible tener algún margen de crecimiento, durante este período, en el caso de la CGR, el crecimiento impuesto por el Ministerio de Hacienda ha sido prácticamente nulo o negativo.
Gráfico 6. Variación Gasto corriente
Se evidencia del gráfico que antecede que en lo que corresponde a la CGR, el Ministerio de Hacienda asignó un límite de gasto corriente sustancialmente menor al que en términos globales fijó como límite de crecimiento para el Presupuesto de la República. Situación que como ya se señaló, impacta fuertemente la conformación de nuestra estimación de gastos.
Y es que si bien el salario único que desde el año 2007 voluntariamente implementó la CGR, ha tenido como efecto indirecto pero esperado, la generación de ahorros paulatinos en la ejecución del presupuesto, permitiendo paliar la presión a la baja del presupuesto en términos reales, lo cierto es que el proceso de evolución de la planilla ya ha alcanzado un estado de madurez en la que dichos ahorros, por el no pago de pluses salariales actuales y futuros son cada vez menores, comportamiento que continuará así hasta llegar al punto de cesar, con lo cual cualquier nueva restricción del presupuesto impactará directamente en el gasto operativo.
Todo esto, mientras que los niveles de ejecución de los últimos doce años han superado el 91%, resaltando que en los últimos cuatro años se han alcanzado niveles superiores a un 95%. Específicamente, la ejecución del periodo 2023 fue de ¢19.736,65 millones, es decir, un nivel de 95,85%, porcentaje levemente superior al del año 2022.
Los niveles de ejecución por subpartida, institucional y por programa, con porcentajes de ejecución a diciembre 2023, pueden ser consultados en Seguimiento de la ejecución al 31-12-2023.
4.3. Plurianualidad Financiera
En 2023 se diseñó tanto el marco de planificación como los lineamientos de operativización de la planificación y presupuestación plurianual, los cuales constituyen una herramienta orientadora para definir y dirigir la visión de mediano y largo plazo, así como el quehacer diario institucional, en procura del uso eficiente de los recursos y la continuidad del servicio público, que le permita a la CGR la generación sostenida de valor. Estas regulaciones se empezarán a implementar a partir de la formulación del ejercicio presupuestario 2025. Ante este panorama, es fundamental ampliar la perspectiva hacia un horizonte temporal que trascienda la anualidad, con el fin de superar sus limitaciones dentro de un proceso de planificación y presupuestación sustentado en principios y buenas prácticas, que permitan generar un modelo que vincule el plan presupuesto con las prioridades institucionales en el mediano plazo.
4.4. Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Nicsp)
La institución implementó en su totalidad, al cierre de 2023, las Nicsp. Como parte de ello, se realizó en los estados financieros, el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los cambios implementados para solventar las brechas existentes. Con esta implementación, la CGR cumple en forma debida con los plazos y directrices emanados de la Dirección General de Contabilidad Nacional, lo cual representó todo un desafío técnico, evidenciado en la dedicación de una gran cantidad de recursos institucionales, con el propósito no solo de cumplir, sino de presentar la información financiero-contable de manera transparente, completa y útil para la toma de decisiones.
4.5. Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
La fiscalización de la Hacienda pública, a cargo de la CGR, se encuentra sustentada prácticamente en su totalidad, en la tecnología de la información, la cual se ha venido convirtiendo en un factor clave para la continuidad de los servicios que presta esta institución. Es por ello que las restricciones presupuestarias a las que nos hemos visto confrontados cobran mayor preocupación, ya que una limitación en las posibilidades de inversión en la tecnología genera un riesgo inminente para la prestación debida y oportuna de los servicios.
Preocupados por lo anterior, la inversión en esta materia fue lograda exitosamente, obteniendo los bienes y servicios requeridos, conforme con el plan de compras, alcanzando un nivel de ejecución de un 96% en el presupuesto destinado a la adquisición de tecnologías de la información.
La organización debe realizar los ajustes y previsiones que permitan contar con una mayor capacidad de reacción y respuesta frente a cualquier tipo de ataque o falla técnica que afecte la continuidad en los servicios tecnológicos. Lo anterior implica definir una estrategia presupuestaria que permita contar con los recursos económicos para soportar los eventuales servicios externos en ciberseguridad y soporte técnico, requeridos ante cualquier ataque cibernético externo.
4.6. Acciones en materia de Ciberseguridad
La Unidad de Tecnologías de información (UTI) implementó un nuevo servidor de gestión de usuarios internos (Active Directory), con lo cual se depuró la cantidad de usuarios activos y se reordenaron los permisos de acceso por usuario, aplicando una estrategia de cero confianza en la asignación de los privilegios. Con lo anterior, se robustece la gestión de los accesos de los usuarios internos a los servicios tecnológicos, protegiéndolos ante posibles ciberataques.
Entre las contrataciones se destaca la de servicios de un centro operativo de ciberseguridad (SOC por sus siglas en inglés, Security Operations Center), el cual entró en operación a finales de 2023, con lo cual se logra una mejora significativa en la ejecución de funciones de monitoreo de ciberseguridad, detección de eventos e incidentes, vigilancia de nuevas fuentes de amenazas y análisis de vulnerabilidades. Resulta sumamente importante avanzar en aspectos de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, en donde se establezcan las acciones a realizar en caso de que un incidente de ciberseguridad o la falla en algún equipo, llegue a afectar los servicios tecnológicos y por ende, la misma operación normal de los procesos institucionales. Ante la alta dependencia en la tecnología que tiene la organización para realizar su trabajo, se hace necesaria la revisión de aspectos como la capacidad instalada de la Unidad de T.I, cobertura técnica en horario no hábil para tareas críticas y presupuesto para obtener el apoyo requerido por parte de empresas con las cuales se tienen contratos de soporte técnico y servicios en ciberseguridad.
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