Adicionalmente, los cantones ubicados fuera de la GAM superan en la totalidad de su extensión territorial hasta 14 veces (44.565,23 km²) la del territorio que comprende el centro urbano de nuestro país; la densidad de población de estos cantones también es menor en 13 veces a la de los cantones que conforman la GAM. Lo anterior plantea retos desde la perspectiva de cobertura total del cantón a nivel de servicios, debido a que su población se encuentra más dispersa en vastos territorios respecto a los cantones ubicados en la GAM, generando que se requieran esfuerzos adicionales y la optimización de los recursos para atender de forma eficiente y eficaz a la población de su cantón. 

Uno de los servicios en los cuales se materializa en mayor medida dicha condición, es el servicio de urbanismo, ya que un número considerable de ayuntamientos carecen de planes reguladores completos para su territorio, que son de suma importancia como herramientas fundamentales para guiar el crecimiento y la expansión de las ciudades, así como para regular el uso del suelo y la ubicación de infraestructuras públicas y privadas. No obstante, la falta de planes reguladores completos o su ausencia total, puede dar lugar a un desarrollo urbano desordenado, la proliferación de asentamientos informales, la falta de infraestructura básica y la degradación ambiental. 

Además, el servicio de aseo de vías y sitios públicos, que va más allá de simplemente mantener limpia la infraestructura, contribuye a la salud pública, la seguridad ciudadana y la imagen cantonal, sin embargo; para prestar este servicio de manera efectiva, es necesario identificar aspectos como la medición de la cobertura y la necesidad de manera precisa y adecuada[2].

De manera complementaria, al comparar los niveles del IGSM con el IDS, se muestran resultados que merecen ser objeto de valoración por parte de las autoridades municipales, dado que presentan una correlación positiva al comparar los promedios de cada nivel de madurez; de esta manera en el nivel básico el promedio de IDS es 60,34, mientras que en el nivel intermedio es de 80,65; es decir, la gestión de los servicios incide en el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.

En línea con lo anterior, destacan también los servicios diversificados como el de agua potable, por su incidencia en el bienestar de las personas, al ser este un derecho humano fundamental. Al respecto, solamente 28 gobiernos municipales mantienen la operación y administración de sus acueductos y por ende, el abastecimiento de agua potable a la población, según lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, n.° 2726.

Los resultados del IGSM también evidencian una brecha importante que atender en cuanto a la cobertura del servicio de agua potable, debido a que algunos cantones mantienen limitaciones en relación con su acceso, entre los que se puede mencionar: Dota y Alvarado[3]. Por lo tanto, persiste la necesidad de establecer medidas efectivas para asegurar la cobertura de este servicio fundamental; evaluando la cantidad y la calidad de los recursos disponibles en su territorio, así como los efectos del cambio climático, la deforestación y otros factores externos que repercuten en la disponibilidad de agua.

Lo anterior, sumado a la implementación de medidas de conservación, protección y uso eficiente del agua, igualmente la promoción de prácticas agrícolas e industriales sostenibles que minimicen su impacto en los recursos hídricos. Los municipios mantienen la responsabilidad de monitorear de manera regular la calidad del agua en sus sistemas de abastecimiento e identificar y mitigar los riesgos de contaminación de fuentes naturales, como ríos, lagos y aguas subterráneas.

Además, es necesario considerar los aspectos socioeconómicos y culturales que influyen en el acceso al agua potable. Las desigualdades en el acceso al agua pueden deberse a factores como la pobreza, la marginalización y la falta de infraestructura adecuada en áreas rurales y urbanas. En ese sentido, las municipalidades requieren implementar medidas para garantizar un acceso equitativo al agua potable para todas las personas, incluyendo la expansión de redes de distribución, la implementación de programas de subsidios para familias de bajos ingresos y la promoción de la participación comunitaria en la gestión del agua.

Por lo mencionado, es crucial promover la coordinación y la colaboración entre diferentes actores involucrados en la gestión del agua potable, incluyendo gobiernos locales, otras instituciones que proveen el servicio, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidad en general. La gestión integrada de los recursos hídricos y la adopción de enfoques participativos, son fundamentales para abordar los desafíos complejos relacionados con el agua potable y garantizar su disponibilidad y calidad a largo plazo.

Sumado al servicio anterior, por su efecto en el desarrollo social, sobresale el servicio de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, el cual requiere del establecimiento de medidas internas pertinentes para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes del cantón y de la ciudadanía que lo habita[3], esto desde una perspectiva de desarrollo urbano. En ese sentido, según el IGSM, el 62% de las municipalidades; es decir, 51 de ellas cuentan con un Plan Municipal de Gestión Integral[5] de Residuos; mientras que el restante 38%, equivalente a 31 gobiernos locales, carecen de este, de los cuales el 68% se encuentran fuera de la GAM.

También, vale señalar el servicio de seguridad y vigilancia[6] que brindan las municipalidades, el cual se refiere a las medidas y acciones tomadas por las autoridades locales para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, la propiedad y el orden público dentro de su jurisdicción. No obstante, si bien este servicio representa uno de los pilares fundamentales en la garantía del bienestar y la protección de la comunidad en cualquier sociedad, presenta desafíos en cuanto a la planificación e identificación de la cobertura efectiva y la evaluación precisa de las zonas de mayor y menor riesgo de atención.

Ahora bien, a nivel económico, las cifras señalan que en el 20% de los municipios cuyo PIB Cantonal es mayor, los niveles de madurez del IGSM son levemente superiores a los mostrados en el restante 80% de las municipalidades. Sobre el particular, un 53% de las instituciones municipales con mayor producción presentan nivel intermedio, en contraposición al 11% del resto de gobiernos locales.

Destaca, en ese sentido, por su incidencia en la economía y la generación de encadenamientos productivos, lo relacionado con la red vial cantonal. Sobre la cual, según los resultados del IGSM el 62% de las municipalidades mantienen el estado de dicha red en niveles de Regular y Muy malo.  Así también, es consistente que las municipalidades que mantienen niveles básicos e iniciales en el servicio de red vial cantonal (44%), se concentran fuera de la GAM (97%) y poseen niveles de competitividad deficientes y limitados en sus cantones. 

Aunado a lo anterior, aún a la fecha 19 municipalidades carecen de un plan vial quinquenal de conservación y desarrollo vigente. Esta situación debilita la capacidad de planificación, programación, diseño, administración, financiamiento, ejecución y control de sus obras viales, entre otros aspectos clave. Así mismo, significa potencialmente una limitación para la recepción de los recursos de la Ley n.° 8114, según el artículo 1 de la Reforma Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, n.° 10418; misma que entrará en vigencia a partir del periodo 2025. 

Por otra parte, en Costa Rica, el servicio de Zona Marítimo Terrestre (ZMT)[7] es una función administrativa y de gestión que recae principalmente en las municipalidades costeras. Estos municipios tienen la responsabilidad de administrar y regular diversas actividades dentro de la ZMT, incluyendo la construcción y mantenimiento de infraestructuras costeras, la protección y conservación del medio ambiente marino y terrestre, la gestión del uso de la tierra y del agua, y la promoción del desarrollo económico sostenible en la zona. No obstante, la mayoría de municipios (14 de 17 en total) que brindan el servicio de ZMT, no disponen de planes de inversión ni programas de inspecciones que abarquen de manera periódica y sistemática todo este territorio, situación que plantea la necesidad de acciones en cuanto a la protección y conservación de nuestros recursos costeros.

Por todo lo anterior, queda claro que la gestión de los servicios municipales en Costa Rica enfrenta diversos desafíos que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo sostenible de las comunidades. Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es claro que la prestación eficiente y equitativa de servicios básicos como el agua potable y la gestión de residuos sólidos es fundamental para garantizar el bienestar y la protección del medio ambiente. Asimismo, la planificación y regulación urbana, la seguridad ciudadana y la inversión en infraestructura vial son aspectos críticos para promover un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible. Sin embargo, la disparidad en la prestación de servicios entre distintas municipalidades, especialmente aquellas ubicadas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), revela la necesidad urgente de fortalecer la capacidad institucional y mejorar la coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios para garantizar un acceso inclusivo y eficiente a los servicios municipales en todo el país.