En un entorno complejo como el que que experimentamos en esta coyuntura tan diferente, surgen retos importantes en el ejercicio del control y la fiscalización, que permean, algunos de ellos, no solo a la CGR; su gestión interna y sus funciones de fiscalización superior, sino también a todo el Estado. Algunos de estos desafíos son:

Planificación estratégica

Un aspecto esencial del proceso de rendición de cuentas de la CGR es el seguimiento a su plan estratégico (PEI), el cual, si bien fue formulado para concluir en 2024, desde su construcción se planteó que fuera flexible y adaptativo, con posibilidad de ajustar sus proyecciones según el monitoreo de su avance y la lectura atenta del entorno. De esta manera, con base en los resultados descritos en este informe de labores, surge la necesidad de adecuarlo (tanto su contenido como su vigencia), con el propósito de cimentar las bases para la implementación de los cambios previstos  en la fiscalización de la Hacienda pública , orientada hacia la interconexión con el entorno, transversal y prospectiva, que permita incidir ante los principales desafíos que enfrenta el país.

Toma de decisiones sustentada en datos

La toma de decisiones sustentada en datos siempre constituye  un desafío importante, tanto para la CGR como para la administración pública en general. De ahí la necesidad de promover, en todos los niveles de la CGR, una cultura de gestión basada en datos, que conduzca a decisiones fundamentadas e informadas. Esto requiere una visión institucional que priorice el tema, pues además de la voluntad para construir esa nueva cultura, se requiere considerar al menos tres aspectos fundamentales: la identificación y recopilación de datos significativos, el uso de herramientas para su análisis e interpretación, y la disposición de los datos de manera precisa y clara.

En este contexto, la tecnología representa, sin duda, un factor clave de éxito, pues es el medio para lograr que los datos fluyan y se conecten en los diversos procesos de la institución, potenciando la mejora continua, la transparencia y coherencia, y la asertividad en la toma de decisiones.

Sostenibilidad financiera y continuidad del servicio de la CGR

De cara a un universo de fiscalización cada vez más amplio y complejo, la CGR se enfrenta al hecho de que en los últimos años el presupuesto institucional, en términos reales ha venido enfrentando un franco y constante decrecimiento. Así, para el período comprendido entre 2012 y 2023 el presupuesto de la CGR creció un 18,2% mientras que el del Gobierno Central lo hizo en un 49,5. A dicha situación se suma que de cara a la implementación de la Regla Fiscal, desde 2020, el Ministerio de Hacienda le ha impuesto a la CGR límites de crecimiento en gasto corriente y total sustancialmente menores a los que en términos globales han sido fijados para el Presupuesto de la República.  

A los efectos de paliar esta situación, la CGR ha recurrido a un uso intensivo de la tecnología; a una eficientización de los procesos de trabajo; a programas de ahorro, y otras medidas más, que junto con el ahorro que se ha generado con la implementación del salario único, nos ha permitido cumplir en forma debida, con las obligaciones legales y constitucionales que son nuestra razón de ser. Sin embargo, esta no es una situación sostenible en el tiempo.

Antes bien, de continuar por dicha senda de restricción presupuestaria, existe el riesgo latente a corto o mediano plazo, de un impacto mayor para la sostenibilidad financiera de la institución, toda vez que nos encontramos cerca de un punto de inflexión, pasado el cual, las limitaciones señaladas tendrán una directa afectación en la operatividad del órgano contralor; y con ello en el cumplimiento de las obligaciones que nos han sido asignadas por el constituyente y el legislador.

Aplicación de la Regla fiscal

Con el propósito de encaminarse en una senda hacia la sostenibilidad que permitiera generar el espacio fiscal requerido para la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, Costa Rica aprobó un mecanismo de ajuste automático del gasto del Sector Público no Financiero denominado regla fiscal, en conjunto con otras medidas por el lado del ingreso en el año 2018. En el diseño del instrumento, la Asamblea Legislativa dotó de un papel muy importante en la verificación de su observancia a la CGR, a efectos de garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto.

No obstante, en la fase de implementación se han materializado una serie de riesgos que este órgano contralor advirtió a la Asamblea Legislativa en el año 2019 que era vital evitar para no erosionar los efectos de la reforma y no debilitar la confianza en la herramienta. Al respecto, se aprobaron reformas reglamentarias sobre su método de cálculo en contraposición a lo establecido legalmente[1] que derivaron, en conjunto con otras iniciativas, en una huida masiva de su ámbito de aplicación, al punto de verse prácticamente mermado[2]. Asimismo la complejidad, ambigüedad e imprecisión introducida en los incisos de excepción, aumenta la inseguridad jurídica para los operadores del mecanismo, en las diferentes fases de definición, aplicación y control. Así las cosas, para los últimos ejercicios no se cuenta con criterios fiables y pertinentes que permitan llegar a conclusiones consistentes y razonables sobre el cumplimiento de la regla fiscal, por lo cual la CGR ha emitido una opinión denegada, lo que significa que debido a situaciones significativas y de efecto generalizada, la CGR no obtuvo evidencia suficiente y apropiada para concluir sobre la conformidad de la información auditada respecto de los criterios de auditoría.

Indudablemente, dadas las asimetrías generadas la regla fiscal requiere de un replanteamiento diseñado con visión holística, que permita dar un sentido efectivo a las acciones que cada uno de los actores del sistema realiza actualmente. Lo anterior, en el marco de una situación fiscal que experimenta un retroceso al presentarse un aumento en el gasto primario y de intereses sin crecimiento de ingresos.

Aplicación de la Ley General de Contratación Pública 

La aplicación de la nueva ley muestra señales positivas en cuanto a los resultados observados, especialmente en el incremento del uso de licitaciones generales como mecanismo de contratación, en un marco de transparencia y la promoción de la competencia. Destaca la tendencia en la reducción de las modificaciones contractuales, además, la duración de los procesos de licitación tienden a ser igual o menor que los aplicados con la normativa anterior; de manera que es necesario aún consolidar el modelo plasmado en la normativa, en aprovechamiento de su remozamiento, siempre en búsqueda de la transparencia, la eficiencia, eficacia y economía.

Desnaturalización de las figuras y procedimientos de la contratación pública

La adquisición de bienes, servicios y obras está sufriendo una fuerte presión desde la dinámica política, al enfrentar el reto de satisfacer las necesidades de las personas en plazos más cortos, sin dejar de lado el respeto a los procedimientos y principios del sistema de contratación pública. 

De esa forma, pese a que a la fecha restan políticas y estrategias por emitir para implementar el nuevo modelo de gestión de la Ley General de Contratación Pública; se abren discusiones sobre espejismos de eficiencia que sustentan la desnaturalización de excepciones y figuras contractuales para no atender los procedimientos ordinarios.

Es por ello apremiante el reto para todos los actores públicos y privados del país, de buscar acuerdos que permitan el equilibrio entre la oportuna prestación del servicios público y el respeto al ordenamiento jurídico, teniendo como norte la transparencia, la integridad y el valor por el dinero, como pilares de una gestión pública del Siglo XXI. 

Evolución del modelo de control de sujetos privados que se relacionan con la Hacienda pública

La colaboración entre el Estado y el sector privado en la gestión de recursos públicos ha experimentado un notable aumento, evidenciado por más de 428 entidades privadas que reciben transferencias gratuitas del sector público a la fecha, según los registros disponibles. Esta evolución destaca la importancia de replantear el enfoque de control por parte de la CGR, buscando promover la correcta utilización de los fondos públicos y garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. En ese sentido, se han realizado acciones para promover un nuevo modelo de control, basado en seis pilares fundamentales, el cual emerge como una respuesta a dicha creciente participación del sector privado en la gestión de recursos públicos. Este modelo considera que al integrar información, establecer marcos jurídicos integrados y promover una gestión presupuestaria efectiva, se fortalecerá la transparencia, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas en las relaciones entre sujetos públicos y privados, generando confianza y optimizando el uso de los recursos para el bienestar común.

Finalmente, la gestión de la CGR tuvo en 2023 importantes desafíos y riesgos, como los que han sido mencionados en este informe; algunos de los cuales persisten. Sin embargo, pudieron ser administrados en virtud de la experiencia y el conocimiento acumulados por la institución. Sin duda ello le ha permitido cumplir adecuadamente con el rol auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, tal y como se demuestra en los diferentes apartados de esta rendición de cuentas al Congreso de la República y a la sociedad costarricense.