En este apartado se comenta sobre el rol constitucional asignado a la CGR, a la vez que se identifican algunos hechos relevantes del entorno que ineludiblemente incidieron en 2023 en la labor de fiscalización superior a su cargo.

Este ejercicio de rendición de cuentas, estuvo permeado por eventos, tanto el entorno internacional como nacional, algunos de los cuales, con incidencia en la labor fiscalizadora llevada a cabo por la institución, conllevando ello, la necesidad de ajustar y adaptar nuestra estrategia de fiscalización y hasta nuestros procesos internos. 

Dentro de estos eventos, se tiene por ejemplo la entrada en vigencia en diciembre de 2022 de la la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, la cual  trajo consigo la necesidad no solo de ajustar los procesos internos de la organización -adaptación y ajuste a la nueva normativa-, sino también impactó los procesos de fiscalización, propiciando el fortalecimiento de una estrategia de fiscalización de compras públicas, lo que incluyó, entre otros, los cambios en las metodologías (dados los ajustes en los procedimientos), la ejecución de auditorías que contemplaran la preparación de las organizaciones ante la ante nueva ley, así como el desarrollo de una estrategia  para el desarrollo de capacidades por parte del personal en esta materia.

Adicionalmente, la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, n.° 10159 y su reglamento[2], en marzo de 2023, generó ajustes en la estrategia de fiscalización. Si bien es cierto dicha estrategia fue diseñada en el 2022, prevé las acciones a ejecutar de 2022 a 2025. En 2023, como parte del proceso de transición y armonía con la normativa, las acciones de fiscalización se enfocaron principalmente en verificar las acciones de la Administración orientadas a cambiar de sus modelos tradicionales de gestión, además implicó cambios en las herramientas de fiscalización, la generación de conocimiento sobre la nueva normativa y la valoración de diversos riesgos asociados a dichos procesos.

Además, el entorno económico y social caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad de diversos indicadores económicos como el nivel de endeudamiento del gobierno, la tendencia de apreciación del tipo de cambio u otros, incidieron  directamente en los procesos de fiscalización, derivado particularmente de la valoración constante de riesgos -insumos básicos para la planificación- así como de los ajustes ante dichos riesgos, por ejemplo, en procesos como el presupuestario o las auditorías asociadas.

En septiembre 2023 entró a regir la ley n.° 10386 que modifica el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635, para introducir una serie de excepciones adicionales a su ámbito de cobertura . Al respecto, como bien lo ha señalado la CGR, las múltiples exclusiones y modificaciones a que ha estado sometida la regla fiscal, ha  generado  incoherencias en su aplicación. Estos cambios han aumentado la complejidad en la aplicación de dicha regla como instrumento de control del gasto, al incluir excepciones al ámbito de aplicación que no son precisas y claras, y debilitan el alcance pretendido inicialmente con la ley n.° 9635. así como el análisis y opinión que sobre su aplicación debe realizar la CGR, conforme lo dispuesto en dicha normativa.

Las reformas en materia de anticorrupción aprobadas en 2023, tales como la ley n.° 10373[4] que reforma varias leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) así como la aprobación de la ley n.° 10437 “Protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales”, propician un marco de acción en que la institucionalidad pública no puede abordarlo de manera aislada, requiere de un esfuerzo articulado de los distintos sectores. La CGR ha aportado, de su rol , en esa articulación, así como también, ha diseñado su propia estrategia como parte de las prioridades de fiscalización.

Por su parte, en el campo social, la  inseguridad y la delincuencia se posicionan como el mayor problema del país, según la ciudadanía. Esta percepción es registrada por la encuesta del CIEP-UCR a noviembre de 2023[5]. La CGR, atenta a la lectura que nos dicta el entorno, ha incorporado en su Plan Estratégico Institucional un nuevo determinante de cambio social relativo al tema de seguridad ciudadana, a fin de direccionar los esfuerzos de fiscalización en este sentido.

Mientras la desinformación y mala información, con base en la Encuesta Global de Percepción de Riesgos del Foro Económico Mundial, aplicada durante setiembre-octubre 2023, emerge como el riesgo global más grave previsto durante los próximos dos años, aún por encima de los eventos climáticos extremos, aspecto que permea la sana gestión pública, afectando la imagen e integridad, tanto de las instituciones públicas como de quienes en ellas laboran, escenario en el cual, la CGR no está exenta. 

Como parte de ese entorno que impacta, es necesario mencionar que, durante el año 2023 y de manera inédita la Contraloría General ha debido enfrentar por parte del Poder Ejecutivo cuestionamientos a su labor de fiscalización y a ciertos productos específicos, con la particularidad que los desacuerdos no se han planteado ante las instancias judiciales. Por el contrario, mayoritariamente han sido abordados de manera verbal, en conferencias de prensa, manifestaciones particulares; produciendo contenido oficial subjetivo, que de manera fugaz se transmite por redes sociales, incitando con evidente animosidad,  para provocar reacciones adversas a la función fiscalizadora de la Contraloría.

Esta manera deliberada de gestionar los desacuerdos, es causa de enorme preocupación por cuanto la Contraloría General actúa firmemente conforme a nuestro  Estado de Derecho y por consecuencia en las vías legales establecidas, tanto para resguardar su actuar, como para atender cuestionamientos, en el marco de mutuo respeto y diálogo. 

Fiscalizar en este entorno es altamente complejo, pero el compromiso con el país y el respeto al sistema constitucional y legal vigente, nos brindan norte y sustento para seguir adelante con absoluta independencia y rigor técnico.