La CGR, con plena consciencia de su rol en la vigilancia de la Hacienda pública, de su responsabilidad en el aporte de valor y beneficio, ha cimentado su gestión en tres ámbitos esenciales: la gestión íntegra, la gestión transparente y la gestión responsable, que constituyen los pilares fundamentales del modelo de gobierno corporativo, que desde hace más de una década decidió adoptar.

El fortalecimiento de esos pilares implica fuertes compromisos institucionales, tanto desde la robustez técnica y de calidad de los productos generados como especialmente desde la gestión sostenida de la ética y los valores institucionales. 

Dado el interés institucional por preservar y reforzar los valores y la conducta ética del personal, se generaron iniciativas con visión de mediano y largo plazo, entre ellas el diseño del marco de nuestro Sistema de Gestión de la Ética, un Programa de formación en integridad (2023-2025) dirigido a todo el personal de la CGR, para fortalecer su comportamiento de manera que contribuya a la vivencia de las conductas esperadas establecidas en el Código de Conducta Ética de la institución. Este programa consta de dos componentes: (I) La autoevaluación de la integridad y (II) Actividades de formación distribuidas en cuatro módulos temáticos: integridad, confidencialidad de la información, relaciones entre el personal y dádivas. 

En cuanto al componente I se avanzó en el posicionamiento de la autoevaluación de la integridad, siendo que la participación institucional alcanzó un 98% de cobertura, lo cual es mayor comparada con el resultado del 2022, cuando se obtuvo un 94% de participación. Este es un instrumento único en la institución, y si bien tenemos un porcentaje sumamente alto de respuesta, no debemos olvidar que nuestra aspiración es lograr que el 100% del personal se auto evalúe de acuerdo con la meta planteada en nuestro Código de Conducta Ética.

Un elemento relevante, junto a las acciones indicadas, corresponde a la Gestión de la cultura organizacional, aspecto que cobra especial relevancia en un contexto de cambios, entre ellos el generacional y el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia del personal a la institución, por lo que destaca la realización de un nuevo diagnóstico de cultura organizacional que contó con la participación del 86% del personal y, en el cual, se identificó que la CGR cuenta con una cultura de "transformación" hacia una visión de servicio y trascendencia, donde el personal aspira a una cultura orientada a generar valor público que se apalanque en el bienestar y aprovechamiento integral del talento, cimentada en valores. Los resultados obtenidos representan un insumo relevante para la estrategia institucional y la toma de decisiones. 

La gestión corporativa se consolida con las acciones que se desarrollaron desde el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), el Sistema de Gestión de la Ética  y el Sistema de Gestión para la Continuidad del Servicio, con un enfoque preventivo y de gestión de riesgos en la prestación de nuestros servicios esenciales, priorizando el aporte de valor y beneficio que requiere la sociedad costarricense. El afianzamiento de dichos sistemas aportan al compromiso institucional con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas y en su conjunto contribuyen al fortalecimiento del sistema de control interno. 

En aplicación de la buena práctica derivada del Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, promovido por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el Despacho Contralor emitió la declaración sobre el estado del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023, como parte de la rendición de cuentas. La declaración señala que es pertinente y razonable concluir que el SCII en la CGR funcionó eficazmente a lo largo de 2023, como resultado de su solidez y de las medidas tomadas para fortalecer el sistema en sus distintos componentes funcionales; para el logro de los objetivos institucionales, el aporte de valor público generado en el período evaluado, y la gestión de los riesgos.

Un factor estrechamente vinculado con las buenas prácticas para la mejora continua de la gestión, la transparencia y rendición de cuentas, es la práctica constante de la CGR de someterse a evaluaciones tanto internas como externas para medir su nivel de desempeño respecto de determinados estándares,  nacionales e internacionales en procura de potenciar la eficiencia y eficacia, generar información fiable y oportuna para la toma de decisiones. A partir de las brechas identificadas, durante cada periodo, se planifican y ejecutan acciones y proyectos de mejora para atenderlas. 

Se han aplicado diversos índices de gestión, para autoevaluar: capacidad financiera, capacidad de gestión de recursos humanos, nivel de transformación digital, así como su capacidad de gestión. De igual modo la institución somete sus estados financieros a la auditoría financiera externa y también a su propia Auditoría Interna, cuyo informe particular, se incorpora en este informe institucional. 

Así mismo, el presente informe de labores es una prueba del compromiso con la rendición de cuentas sobre la gestión, pues si bien está dirigido a la Asamblea Legislativa, su contenido es puesto a disposición de la ciudadanía y terceros interesados en el sitio web. 

La CGR, en su rol de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda pública establecido en el artículo 183 de la Constitución Política, mantiene una comunicación constante con la Asamblea Legislativa (comisiones permanentes ordinarias, extraordinarias y especiales), para brindar insumos técnicos útiles para el ejercicio de sus competencias. Esto se materializa mediante la emisión de opiniones fundamentadas en temas de su competencia sobre los proyectos de ley que le son consultados, así como mediante la participación en audiencias a las cuales es convocada, producto de investigaciones, presentación de informes u otros documentos elaborados por el órgano contralor como insumo para la toma de decisiones y contribución al control político.

Con respecto a la participación del órgano contralor en audiencias que forman parte de diferentes comisiones legislativas, se mantuvo una presencia activa durante 2023 con la asistencia a 17 audiencias. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios requirió la presencia del ente contralor en 11 oportunidades para obtener criterio técnico sobre los proyectos de ley que ahí se analizan. En dicha Comisión se asiste  activamente a lo largo del año en temas relacionados con la materia presupuestaria, desde la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República, los presupuestos extraordinarios y la liquidación del presupuesto.

En la audiencia sobre liquidación (expediente n.° 23735) se expuso acerca de la incertidumbre sobre los montos pagados de más y de menos, producto del ciberataque experimentado en 2022. No obstante, sobre la opinión denegada del informe de cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2022 presentado, no se dio discusión al respecto en el seno de la Comisión. Como aspecto positivo, se enfatizó en la importancia de impulsar y dar seguimiento a las recomendaciones que surjan producto del dictamen de la liquidación como insumo para el aprendizaje y el cierre del ciclo de la rendición de cuentas pública. Además, a partir del señalamiento del incumplimiento del principio de anualidad por la utilización de normas para modificar presupuestos anteriores, se presentó, por iniciativa legislativa, un proyecto de ley de reforma a la ley n.° 8131 (expediente n.° 23887) para su fortalecimiento.

En las participaciones realizadas sobre los presupuestos extraordinarios, se señaló el impacto fiscal, el comportamiento de los pagos de intereses, los riesgos relativos al decrecimiento en la ejecución de las transferencias a la CCSS y a la no presupuestación de recursos correspondientes al 10% del III desembolso del Sistema de Administración Financiera (SAF) destinados a la CCSS, por un total de $27 millones. Sobre este último tema, la comisión aprobó una moción para la incorporación de los recursos a la CCSS.

En materia de préstamos internacionales, la CGR en agosto y diciembre de 2023 emitió criterio sobre el expediente n.° 23.635 relativo al contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). En esta ocasión se advirtió que las condiciones financieras del proyecto no eran tan favorables en comparación con las que podrían ofrecer otros organismos internacionales; así como la falta de delimitación, alcance y etapa del ciclo de vida en los proyectos de inversión, generando riesgos de vulnerar los sistemas de control y la necesidad de aclarar el funcionamiento del proceso de contratación aplicable a los recursos de este crédito. Por su parte, en junio de 2023, en relación con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la modalidad del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) expediente n.° 23.660 se refirió a los beneficios de la incorporación de fuentes de financiamiento favorables y la necesidad de gestión de riesgos asociados al tipo de cambio y tasa variable. Nuevamente, se recomendó el impulso a una ley marco de deuda pública,tal como se había realizado en el documento de Opiniones y Sugestiones Urgente retorno a la sostenibilidad: Desafíos del endeudamiento en contextos de vulnerabilidad fiscal[2].

En el ámbito de la regla fiscal, la CGR fue convocada a audiencia en el mes de febrero de 2023 para emitir su opinión sobre el expediente n.° 23.330, donde se expuso que la misma ha sido sujeta a múltiples exclusiones y modificaciones que generan incoherencias en su aplicación. Se recomendó en esta ocasión un ajuste en el enfoque del proyecto para definir una sujeción amplia de la regla a nivel institucional cuando estas se encuentren en situación de alto riesgo fiscal. Producto de esa recomendación, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción de ajuste para definir los parámetros a considerar en la valoración de riesgos financieros para evitar la materialización de un pasivo contingente para la Hacienda pública.

Por otra parte, producto de las discusiones realizadas con las distintas partes interesadas sobre el alcance y propósito del proyecto del Manejo Eficiente de la Liquidez, expediente n.° 22.661, se realizaron ajustes al texto sustitutivo sobre el cual la CGR fue invitada a opinar en audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el mes de marzo. También en agosto de 2023 se le brindó asesoría a dicha Comisión durante la discusión y votación de mociones vía artículo 137. No obstante, si bien las modificaciones aprobadas a la fecha con el concurso de los distintos actores aún permiten que la iniciativa legal contribuya a las buenas prácticas en el manejo de la liquidez pública, esta aún no ha sido votada de forma definitiva para concretar el esfuerzo realizado del diseño y discusión de la propuesta. 

También, se compareció sobre el expediente n.° 23.933, Comisión especial investigadora de las contrataciones relacionadas con publicidad en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). En la misma se informó sobre la existencia de denuncias ante la CGR, así como de la emisión de órdenes remitidas a dicha entidad y otras en el marco de contrataciones de servicios de agencia y planes de medios. Además, se le brindaron insumos relevantes para la investigación que realiza el Congreso de la República sobre el tema de las contrataciones en el Sinart.

Otro de los insumos que prepara y remite a la Asamblea Legislativa el Órgano Contralor para contribuir en el análisis y discusión de las iniciativas legales son los documentos de Opiniones y Sugestiones para el mejor uso de los fondos públicos, donde se aportan recomendaciones producto de rigurosos análisis en distintas temáticas. En 2023 se emitieron análisis sobre la “Emergencia Cibernética: obstáculo para la transformación digital y el bienestar social, retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas”; “Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda pública: una perspectiva de servicios públicos sostenibles” y; “Construyendo un mejor futuro: rendición de cuentas para impulsar la calidad en los servicios públicos”. Siendo entonces necesario que se puedan facilitar mayores espacios para que estos insumos técnicos sean discutidos y puedan agregar más valor.

Si bien el cumplimiento de la función de rol auxiliar de la Asamblea Legislativa mantuvo su dinamismo, en 2023 se presenta como desafío la atención oportuna de los requerimientos solicitados por la Asamblea Legislativa tomando en consideración que han requerido mayores plazos a los otorgados por las comisiones legislativas, ello considerando que los recursos profesionales que los atienden son limitados y tienen al mismo tiempo otras labores de fiscalización. Por otra parte, si bien la generación de líneas de pensamiento en temas transversales de Hacienda pública por medio de los documentos de Opiniones y Sugestiones que emite el órgano contralor, han contribuido a la atención de las solicitudes de criterios, dada la estacionalidad de los requerimientos, se podrían activar mecanismos durante los meses que históricamente se reciben más solicitudes, con el fin de reducir los tiempos de respuesta y poder apoyar a la Asamblea Legislativa de forma oportuna.

Otras formas de contribución al conocimiento se encuentran en el Boletín Pulso: Actualidad Jurídica CGR como herramienta de divulgación externa, el cual ofrece información actualizada sobre pronunciamientos del órgano contralor. Otra iniciativa relevante es la Revista de Derecho de la Hacienda pública, que emite dos ediciones por año, abordando temas como el control de empresas públicas, programas de cumplimiento, el estatus jurídico del ambiente en Costa Rica y el reconocimiento de especies fiscales en la contratación administrativa.

A su vez, como parte de las actividades de divulgación de la Ley General de Contratación Pública, la CGR participó en diversos foros para promover su conocimiento, donde se destacan los eventos del Grupo de Derecho Administrativo, el Foro Nacional OCDE - Salud, donde la CGR abordó el tema de "Compras públicas para la innovación"; el foro “Fortaleciendo el conocimiento en materia de contratación pública”, organizado por la Red de Proveedurías, con una asistencia de aproximadamente 200 personas; el I Congreso de Compras Públicas, organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica; el Seminario Internacional sobre Contratación Pública organizado por la CGR; y el Congreso Internacional de Descarbonización y Compra Pública Estratégica.

Adicionalmente, durante 2023 se estrenó la segunda temporada de los podcast Voces Transparentes, bajo el título Conociendo la Contraloría: una mirada ciudadana. Estos podcast son un espacio dedicado a transmitir información y conocimientos sobre diversos temas de interés público, de la mano de expertos en las materias. En esta segunda temporada poniendo énfasis en la labor de la CGR.

De las experiencias antes reseñadas se identifican retos, algunos de los cuales se relacionan con la necesidad de establecer un marco para impulsar el aprendizaje desde la misma la fiscalización y no solo con capacitaciones externas. A partir de ese marco, crear un plan de aplicación, con objetivos y metas que permitan integrar y potenciar los esfuerzos institucionales bajo un propósito determinado. Además, identificar técnicas y buenas prácticas de impulso al aprendizaje con recíproca transferencia de conocimientos y experiencias que puedan ser implementadas en el mayor número posible de procesos de fiscalización, tanto en beneficio de las partes interesadas como de las personas funcionarias de la CGR. Así también, identificar los mejores canales de difusión para un mayor alcance de la comunicación oral y escrita de incidencia en el aprendizaje de las partes interesadas. 

Otro desafío consiste en lograr mediciones más precisas de los efectos de las actividades de aprendizaje en un mayor número de partes interesadas, como complemento a las mediciones basadas en la percepción de su valor, que han sido predominantes a la fecha, con el fin de impulsar el cambio en las organizaciones del sector público, y suministrar una mayor entrega de valor a partir de la fiscalización.