Desde el año 2001, con la caída de las torres gemelas el 11 de septiembre, los gobiernos locales y estatales en Estados Unidos han optado por implementar diversas medidas (con consecuencias predominantemente negativas) para gestionar la migración indocumentada. Esta respuesta es producto de las presiones ejercidas por grupos dentro de la sociedad que se consideran amenazados por el creciente flujo de inmigrantes en áreas suburbanas donde la presencia de migrantes era considerablemente reducida. Ante este panorama, organizaciones y grupos civiles dedicados a respaldar y proteger a los inmigrantes indocumentados han emprendido acciones enérgicas para oponerse a estas medidas. En varios casos, han logrado resultados inesperados que establecen precedentes significativos en el debate y la legislación sobre este asunto. Esta situación ejemplifica las divisiones históricas dentro de la sociedad y el gobierno estadounidense sobre los aspectos positivos y negativos de la migración, así como sobre la gestión adecuada de estos flujos.

El debate sobre la reforma migratoria integral ha estado estancado a pesar de las diversas propuestas presentadas por el poder Ejecutivo y legisladores. Esto ha llevado a la aprobación de medidas consideradas insuficientes. Ante la frustración por el fracaso de las iniciativas en el Congreso y la ineficacia de las políticas existentes, muchos gobiernos locales han optado por aprobar leyes para controlar la migración, especialmente la indocumentada. En 2006, se aprobaron cerca de 80 leyes migratorias en al menos 32 estados, y en el primer semestre de 2007 se presentaron aproximadamente 1,170 iniciativas locales en todos los estados. Estas medidas mayormente restrictivas responden a grupos anti inmigrantes molestos por el crecimiento de la población hispana en comunidades suburbanas, pues los consideran una amenaza cultural. Por ejemplo, el alcalde de Hazleton, PA, Lou Barletta, argumenta que la migración indocumentada afecta negativamente la calidad de vida en su ciudad, aumenta el crimen y pone presión en escuelas y hospitales.

Varios estados han planteado restringir el acceso a servicios públicos para personas que no sean ciudadanos o residentes legales, como ha sucedido en Colorado y Arizona. Además, se están tomando medidas para evitar que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias comerciales en ciudades como Herndon, VA y Hilton Head, SC. También se han implementado acciones para limitar la presencia de trabajadores jornaleros en las calles y evitar la creación de centros de contratación en algunas áreas. Se discutió también la posibilidad de declarar el inglés como idioma oficial en documentos gubernamentales en varios estados y ciudades.

Aunque muchas de estas medidas no se han aplicado o han sido revocadas, han provocado la salida de inmigrantes hispanos por motivos de discriminación, generando pérdidas económicas para los negocios locales. El debate sobre la financiación de los centros de contratación se centra en si deberían recibir fondos públicos. Algunos argumentan que es necesario para satisfacer la demanda laboral y proporcionar soluciones temporales, mientras que otros consideran que financiar estos centros respalda la migración indocumentada con fondos de los contribuyentes, violando la ley federal.

Las autoridades se encuentran en una situación difícil, intentando equilibrar la necesidad de mano de obra para las empresas locales con las preocupaciones de los ciudadanos sobre los efectos negativos de la presencia de nuevos grupos de extranjeros en sus comunidades. Sin embargo, el debate sobre los jornaleros y la migración indocumentada en Estados Unidos va más allá de las líneas partidistas, involucrando a múltiples actores y niveles de gobierno. A nivel local, se han identificado falencias en las leyes migratorias, generando una movilización de grupos interesados en participar en la discusión. Aunque los grupos anti inmigrantes tienen una voz predominante, las coaliciones pro-inmigrantes han ganado influencia, especialmente a nivel local.

El gobierno federal enfrenta una presión creciente para abordar la cuestión migratoria, pero existe el riesgo de que las respuestas del Congreso sean limitadas y se centren en medidas restrictivas a corto plazo. Paralelamente, las acciones locales, aunque dispersas, continúan impactando los derechos civiles de los inmigrantes y pueden afectar negativamente a pequeños negocios y empleadores. Para países como México, que buscan influir en el debate migratorio en Estados Unidos, es crucial considerar las dinámicas locales y colaborar con actores de la sociedad civil y autoridades locales para promover una imagen positiva de los inmigrantes y proteger sus derechos. Finalmente, se requiere un enfoque integral que aborde las deficiencias en las leyes migratorias y ofrezca soluciones para los millones de inmigrantes indocumentados ya presentes en el país.