El Tribunal Constitucional ha decidido anular cinco artículos de la última moción del Parlament de Catalunya que se mostró a favor de seguir buscando la independencia el pasado 5 de julio. El pleno ha decidido admitir a trámite el recurso del ejecutivo, el primer presentado en la etapa de Pedro Sánchez, y elimina cinco artículos de la moción que, entre otras cosas, apostaban por "culminar la independencia de Catalunya".
El Constitucional da veinte días al Parlament para hacer alegaciones y evita, como sí ha hecho en ocasiones anteriores, advertir a los implicados de las posibles consecuencias penales de seguir buscando la independencia de Catalunya a través de normas y mociones.
LOS PUNTOS ANULADOS
1. El Parlamento de Cataluña, ante las actuaciones del Estado, por medio del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña.
2. El Parlamento de Cataluña reitera los objetivos políticos de la Resolución 1 / XI, del 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, legitimados por los resultados del referéndum de el 1 de octubre y de las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
3. El Parlamento de Cataluña ha expresado en muchas ocasiones la defensa del derecho a decidir y de la autodeterminación y, en consecuencia, como depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña y con fidelidad a su voluntad, reitera el compromiso de alcanzar estos objetivos políticos por vías democráticas y no violentas.
4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a hacer efectivo el contenido de los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de las normas:
a) Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
b) Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
c) Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
d) Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Servicio Catalán de la Salud.
e) Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxico, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
f) Ley 10/2017, del 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de
Cataluña.
g) Ley 13/2017, del 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.
h) Ley 21/2017, del 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social.
e) Ley 15/2017, del 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
j) Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.
k) Ley 3/2017, del 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos,
y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
l) Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
m) Decreto ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
n) Ley 2/2018, del 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno.
5. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a elaborar y presentarle, en el plazo de noventa días, un informe con
el estado y el plan de ejecución de todas las medidas tendentes a hacer efectivo el contenido de los artículos suspendidos por el Tribunal
Constitucional de las normas del apartado 4.
El ejecutivo de Pedro Sánchez decidió llevar esta moción ante el tribunal de garantías, según anunció la ministra portavoz Isabel Celaá en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace dos semanas. Posteriormente, el Consejo de Estado emitió un informe favorable a la interposición del recurso, el primero que pone en marcha el nuevo ejecutivo socialista contra una ley catalana encaminada a la autodeterminación.