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Historia del País Vasco II
El movimiento obrero
La acomodación de la sociedad al Franquismo y las expectativas de orden y estabilidad se rompieron al cabo de aquella década del Desarrollo. El resurgimiento del Movimiento Obrero durante la década de 1960, protagonizado por la nueva Clase Trabajadora nacida de la inmigración y del Desarrollo franquista, fue consecuencia del nuevo sistema de relaciones laborales aprobado en los años 1959-1962. Las huelgas siguieron prohibidas, pero se introdujo el principio de negociación de convenios colectivos, lo que potenció los jurados de empresa y los enlaces sindicales. Además. determinó que, en adelante, los salarios y las condiciones de trabajo se regularan en convenios directos entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores; y no, como hasta entonces, por el Ministerio de Trabajo. La primera gran huelga en muchos años, que se produjo en la empresa CAF de Beasain en diciembre de 1961, fue motivada precisamente por la negociación del Convenio Colectivo. Al año siguiente se dio otro conflicto igualmente enconado y tenso por el mismo motivo en la Factoría Vasconia en Bilbao. En la primavera de ese mismo año, 1962, unos 50.000 trabajadores fueron a la huelga en Vizcaya y Guipúzcoa en solidaridad con los mineros de Asturias (en huelga también por motivo de la negociación de su propio convenio); el Gobierno Franquista declaró el Estado de Excepción, se suspendieron determinadas garantías jurídicas de la población al tiempo que se facilitaba la labor represiva de la policía.
Desde 1963 conflictos y paros fueron, pese a la represión, habituales en las empresas vizcaínas y guipuzcoanas, en general por motivos salariales, aunque también para forzar la readmisión de despedidos y aún por razones políticas como, por ejemplo, con motivo del 1 de Mayo, la fiesta de los trabajadores prohibida por el Franquismo. Conflictividad en buena medida liderada por Comisiones Obreras, un nuevo tipo de sindicalismo clandestino surgido en Vizcaya en 1962, en el que la influencia comunista era considerable, aunque no única. Las Comisiones Obreras organizaban a los trabajadores fuera del sindicato para luchar en la clandestinidad contra el Régimen y, al mismo tiempo, penetraban en el Sindicato Vertical con el objetivo de destruirlo desde dentro.
Guipúzcoa fue la provincia más conflictiva de España en el año 1964; registró el 16% del total de huelgas, estimado en 484. Entre 1967 y 1972 se registraron 525 conflictos laborales en Guipúzcoa, 502 en Vizcaya y 121 en Navarra. Animados por los éxitos que lograban con sus acciones, los trabajadores fueron incrementando su actividad de protesta, haciendo huelgas amplias entre las plantillas de las grandes fábricas. La Huelga de Bandas fue la huelga más larga de todo el Franquismo y una de las más reconocidas y emotivas. Era una factoría grande, de más de 500 trabajadores, que permaneció casi un año en huelga en 1966-1967. La mayoría de sus trabajadores provenían de caseríos, por lo que disponían de sustento suficiente como para realizar una huelga larga de estas características. Además, la Iglesia cedió sus locales para realizar las asambleas, a las que asistían también las mujeres de los trabajadores. Esta huelga suscitó, por primera vez en mucho tiempo, mucha solidaridad en el País Vasco y en resto de España: 107 sacerdotes publicaron una carta en solidaridad con los trabajadores, envíos de los hijos de los trabajadores a otras familias para que los atendieran y una resistencia muy tenaz. El Régimenrespondió declarando el Estado de Excepción y con el encarcelamiento y procesamiento de los líderes de aquella huelga y parte del liderazgo de la oposición obrera en la clandestinidad en Vizcaya.
El Tardofranquismo
Los XXV años de paz celebrados en 1964 parecían a principios de la década de los 70 un recuerdo del pasado lejano y acartonado frente a la efervescencia de las protestas que marcaban el inicio de esa década. Ni siquiera la conmutación de las penas de muerte en el Proceso de Burgos, que se produjo el 30 de diciembre de 1970, consiguió el efecto deseado. El gesto, lejos de parecer un acto magnánimo, se convirtió en una prueba más de la debilidad del Régimen. Los últimos acontecimientos pusieron de relieve el profundo cambio social y político que se había vivido en la sociedad vasca y española en pocos años.
El Proceso de Burgos significó el comienzo de la situación terminal del Franquismo, por toda la oleada de protestas y solidaridad que produjo tanto en el País Vasco como en el resto de España. Este hecho provocó enfrentamientos dentro del las distintas fuerzas del Régimen. Franco, ya de muy avanzada edad, se mostró incapaz de controlar las distintas familias que habían formado parte en sus Gobiernos de forma equilibrada.
La Conflictividad Laboral
Aunque las huelgas durante la Dictadura tuvieron unas evidentes connotaciones políticas, la mayor parte de las mismas surgieron por motivos estrictamente laborales, basados generalmente en el incrementos salariales como ocurrió en la década de los años 60 en la huelga de 1962 o en la Huelga de Bandas en 1966-1967. El aumento de la conflictividad laboral trajo consigo la represión contra los líderes y militantes del movimiento obrero como David Morín. La represión consistía en la actos de brutalidad policial y también en desterrar a los dirigentes obreros; por ejemplo, Tomás Tueros estuvo desterrado en Cuéllar. El destierro de dirigentes no hizo más que extender el movimiento obrero a sitios tradicionalmente ajenos a estos fenómenos, para desgracia del Régimen.
A lo largo de diciembre de 1970, las movilizaciones y paros obreros consecuencia del Proceso de Burgos se sucedieron por buena parte de la geografía vasca dando lugar al más amplio movimiento huelguístico conocido desde la Guerra Civil. Las organizaciones de clase lideradas por Comisiones Obreras, con el apoyo del PCE, encontraron un terreno abonado para las movilizaciones de solidaridad. Al margen de las diferencias que muchos de aquellos militantes y simpatizantes que participaron en las protestas podían mantener con los métodos, e incluso con los objetivos, de los procesados lo cierto es que vivieron el juicio sumarísimo como una muestra más de la fuerza e intolerancia del Régimen contra cualquier tipo de disidencia. La detención y encarcelamiento de quienes se solidarizaron con los procesados constituyó un nuevo motivo para las protestas. El panorama se complicó aún más con las reivindicaciones estrictamente laborales y con la convocatoria de las elecciones sindicales de 1971 tras la aprobación de una nueva ley sindical.
La batalla que se libró en torno al tema marcó en gran medida el futuro del movimiento obrero durante los siguientes años. Esta batalla se jugó a tres bandas: el Sindicato Vertical, las Comisiones Obreras y el resto de las organizaciones sindicales de clase. La organización más activa eran las Comisiones Obreras, que se organizaban más bien como un movimiento de carácter socio-político que como un sindicato. Estas promovían una infiltración activa dentro del Sindicato Vertical a través de la concurrencia a las elecciones sindicales donde se nombraban enlaces y jurados de empresa. Por otro lado, las organizaciones de clase históricas (ELA-STV, CNT y, sobre todo, UGT) boicoteaban la participación en las elecciones sindicales por entender que cualquier participación de este tipo podía ser considerada como una legitimación del Régimen Franquista.
Sin embargo, las circunstancias creadas tras la represión por Proceso de Burgos, fundamentalmente las detenciones, retrasaron y perjudicaron la reorganización del movimiento obrero, al menos hasta 1973. Para entonces comenzaron a sentirse algunos problemas que marcarían la conflictividad laboral durante los próximos años. En 1971 el Ministerio de Trabajo publicó un texto en el que declaraba que cualquier conflicto laboral un conflicto de orden público, y por lo tanto político. Por ello, cualquier manifestación o huelga que se produjera dentro de ese ámbito sería contestada como un conflicto de orden público. Sobre todo a raíz de la gran represión que se produjo con motivo de la solidaridad por los procesados en Burgos, el movimiento sindical se vería seriamente tocado; muchos líderes y sindicalistas de base acabaron en el Tribunal de Orden Público y fueron destituidos de sus cargos de representación sindical. Por otra parte, comenzaron a surgir disensiones internas dentro del movimiento obrero al incorporarse gente cada vez más joven, con otro tipo de actitudes y perspectivas en la lucha antifranquista. Hasta 1973 no se produciría una recuperación del movimiento obrero.
Las reclamaciones de los representantes obreros tuvieron un eco importante dentro de las plantillas, que se fueron radicalizando debido a la intransigencia de la Patronal y la propia politización de la época. En este contexto, cada vez resultaba más complicado diferenciar los conflictos de origen laboral de aquellos surgidos por motivos políticos, ya que las huelgas comenzaban a extenderse sin demasiadas distinciones. La sangrienta respuesta de las fuerzas del orden público contribuyó sin duda a extender y radicalizar aún más los conflictos. Sucesos como los ocurridos el 10 de marzo de 1974 en Ferrol, donde fallecieron dos trabajadores (Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García) por herida de bala y resultaron heridos decenas de manifestantes, fueron respondidos con un importante paro en la zona industrial de Vizcaya y Guipúzcoa. Unos hechos similares tuvieron lugar en abril de 1973 en San Adrián de Besós, donde resultó muerto Manuel Fernández Márquez.
En cualquier caso, la intensificación y radicalización de las protestas que se dio en el mundo laboral en el País Vasco a lo largo de los últimos tres años del Franquismo nunca alcanzó los perfiles revolucionarios que algunas organizaciones creían ver en su época. Ni siquiera la convocatoria de Huelga General del día 11 de diciembre de 1974 (promovida por los sectores a la izquierda del PCE y por otras organizaciones como PSOE, UGT y el sector de Comisiones Obreras no controlado por el PCE) respondía a cuestiones estrictamente políticas. Fue precisamente la carestía de la vida el motivo que llevó a los trabajadores a movilizarse. Las movilizaciones comenzaron los días 2 y 3 de diciembre y culminaron el día 11 con una Huelga General cuyo seguimiento sorprendió incluso a los convocantes. Esta jornada de protesta se vio marcada por todo un conjunto de protestas callejeras donde hubo cortes de carreteras, lanzamiento de cócteles molotov e incluso falsos avisos de bomba. Todo ello dio lugar a un verdadero caos que paralizó las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa con más de 1.000 empresas afectadas y 110.000 trabajadores en huelga. Los informes oficiales del Régimen reflejaban la situación de crispación social y política que se vivió durante aquellos últimos meses de la Dictadura. El Estado de Excepción decretado en abril de 1975 y el anuncio del Consejo de Guerra contra los militantes de ETA José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria elevaron aún más la temperatura, dando lugar a una nueva Huelga General a finales del mes de agosto que culminó con un gran número de sancionados y despedidos en varias empresas. Los fusilamientos de Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui junto a los militantes del FRAP provocaron una auténtica conmoción en la opinión pública vasca, dando lugar a una movilización sin precedentes. El paro en la zona industrial vizcaína fue muy importante, prácticamente total en Guipúzcoa, con numerosos incidentes y enfrentamientos con las fuerzas del orden público.
Uno de los factores fundamentales que facilitó el incremento de los conflictos laborales a lo largo de este periodo final de la Dictadura fue la extensión de las asambleas de trabajadores en las empresas. El objetivo de las asambleas era confrontar las decisiones que los dirigentes sindicales habían tomado. Durante el otoño caliente de 1974, estos organismos eligieron comités representativos con el fin de negociar sin intermediarios con la dirección, como ocurrió en algunas empresas de ambos márgenes de la Ría de Bilbao. A lo largo de los años siguientes se convirtieron en elemento indispensable de la configuración de la acción colectiva de los trabajadores. Huelgas como la de la CAF de Beasain en 1973, la de Firestone en Basauri en 1975 o la de Michelin en Lasarte nunca hubieran alcanzado las proporciones ni el eco social que obtuvieron sin la convocatoria permanente de las asambleas. Antes de la formación de la denominada "Coordinadora de Delegados de Fábrica de Vizcaya" se sucedieron diversas experiencias unitarias entre trabajadores de dos o más empresas, como ocurrió en el caso de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión. El caso más significativo se produjo durante los graves conflictos de octubre de 1974, donde se convocaron asambleas conjuntas por los trabajadores despedidos de la Babcock & Wilcox y General Eléctrica Española. Esta experiencia llegó a plasmarse en una "Coordinadora de Fábricas en Lucha", de carácter permanente, que consiguió agrupar a los trabajadores de estas dos empresas más los de Astilleros del Cadagua. Estos primeros movimientos se circunscribieron a zonas muy concretas de Trápaga, de la Margen Izquierda y Basauri. Pero el protagonismo posterior de las asambleas fue si cabe más patente en aquellas zonas de tardía industrialización, donde las organizaciones sindicales de clase eran más débiles; tal y como ocurrió en Vitoria donde en pocos meses se desembocó en un conflicto laboral de enormes proporciones que terminó con los terribles Sucesos del 3 de marzo de 1976.
En un principio prácticamente todas las organizaciones sindicales de la oposición estaban a favor de las asambleas, pero a medida que las asambleas fueron creciendo se hicieron ingobernables en muchos casos. Ante esta situación, a lo largo de los primeros años de la Transición las fuerzas sindicales más potentes fueron restando su apoyo a esta forma de organización, alarmadas por un proceso donde corrían el peligro de perder el control de las asambleas.
La Reconstrucción Sindical
La conflictividad laboral en el País Vasco estuvo estrechamente ligada a la reorganización del movimiento obrero. Las Comisiones Obreras fueron el movimiento socio-político más potente, activo y organizado durante la década de los años 60 y lo siguieron siendo durante los años 70. los viejos sindicatos de antes de la Guerra como UGT, CNT o ELA-STVllegaban agotados al final de la Dictadura.
La llegada de una nueva generación, el activismo de organizaciones católicas como la HOAC y el boom económico trajo consigo una efervescencia en la sociedad. Las organizaciones católicas luchaban por hacer una sociedad más justa para que se pudiera dar la fraternidad cristiana auténtica, es decir, una sociedad en la que no se diera la explotación del hombre por el hombre. Promovían el encuentro de diferentes sensibilidades, con unas actitudes cada vez más abiertamente encontradas al Franquismo. en los años 60 aparecería también la Unión Sindical Obrera, USO, que se nutriría de militantes católicos de inspiración izquierdista.
En este contexto se formarían las primeras comisiones de fábrica o de empresa en cada centro de trabajo. Eran organizaciones abiertas, absolutamente clandestinas y al margen de la ley, donde todo aquel que tuviera inquietudes era invitado a acudir. Los primeros en atender fueron, principalmente, los católicos desgajados de la HOAC, grupos del PCE y grupos de ELA-STV. Posteriormente, este movimiento se consolidaría en comisiones provinciales, en el caso de Vizcaya se constituiría en 1963. A partir de ahí es cuando se puede comenzar a hablar de Comisiones Obreras como una organización cada vez más importante en el ámbito sindical y político vasco. El elemento católico era muy importante en este movimiento. En la Huelga de Bandas del año 1966-1967 tanto ELA-STV como los católicos, curas, intelectuales, etcétera tomaron parte de forma activa. A partir de 1967, la represión fue tan grande que el desmantelamiento de los sindicatos estuvo a punto de acabar con las Comisiones Obreras. Habría que esperar hasta 1970 para que el movimiento se recuperara. En 1972 fueron detenidos los líderes de la Coordinadora General de las Comisiones Obreras en Madrid, donde cayeron entre otros Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius. La importancia del Proceso 1001 fue más notorio en el resto de España que en el propio País Vasco. Entre los detenidos figuraba Pedro Santiesteban como representante de las Comisiones Obreras de Euskadi en esa reunión.
Además, durante este periodo, también se produjo una recomposición de las organizaciones históricas de clase; es decir, de la UGT, la CNT y ELA-STV. Procedentes de la tradición republicana, también tuvieron que adaptarse a la nueva situación creada a comienzos de los años 70 en el País Vasco.
La renovación de la UGT fue promovida entre otros por los líderes vascos (y más en concreto vizcaínos) Nicolás Redondo y Eduardo López Albizu (Lalo), aunque no se puede atribuir la paternidad del cambio a un sector concreto. La UGT, al igual que el PSOE, se fue implantando a nivel de todo el Estado durante estos años, en gran medida impulsada por la organización del País Vasco donde estaba más consolidada. En el XI Congreso en el exilio de 1971 Nicolás redondo fue elegido secretario político de la organización y, de esa manera, se consiguió interiorizar la dirección de la organización, que hasta entonces había estado en el exilio en Toulouse. En este congreso se hizo un llamamiento a todas las fuerzas antifranquistas para crear un bloque común contra el sistema con el que se convocaron numerosas movilizaciones sindicales, principalmente junto a CCOO.
En el ámbito nacionalista ELA-STV, como organización histórica, pasó por problemas muy similares a los de la UGT. El exilio había terminado por alejar la dirección exterior de la realidad diaria que se vivía en el País vasco, hasta el punto de poder hablar en la práctica de dos organizaciones diferentes con sus respectivas estrategias y enfrentamientos a partir de 1964. Esta circunstancia condicionó también la evolución de la organización. A finales de 1970, coincidiendo con el final del Proceso de Burgos, los sindicatos fueron prácticamente desmantelados. El PCE acabaría controlando entonces las Comisiones Obreras y ELA-STV (que estaba dentro de las Comisiones Obreras) salió de estos organismos. A partir de entonces ELA-STV haría lucha por su cuenta, en medio de una lucha interna entre los llamados "Eladios" y los "Baroja-Bengoas". Los "Eladios" abogaban por hibernar ante un Franquismo que veían lejos de desaparecer. los "Baroja-Bengoas", por su parte, llevarían un activismo bastante importante en el sector de las escuelas sociales. En el año 1974 se dio el debate en ELA-STV sobre si había que hacer primero el partido y luego el sindicato o viceversa. Tras una ardua lucha interna, la idea de un sindicato fuerte frente al partido, defendida por los "Baroja-Bengoas", fue la apuesta mayoritaria.
Durante los últimos años de la Dictadura aparecieron nuevas formas sindicales, nacidas siempre al calor de la práctica asamblearia. Una de ellas representaba la sensibilidad sindical y política del abertzalismo radical: el sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). En sus primeros años LAB tomó como modelo a la hora de desarrollar su idea organizativa laboral de las Comisiones Obreras de los años 60, en el sentido de que eran un organismo socio-político abierto y unitario. El Comité Ejecutivo de ETA (pm) estuvo a favor de lo que se denominó un "desdoblamiento" de la acción política, siempre dirigido por Pertur. Pertur tenía el modelo de la extrema izquierda del PCE (se declaraba a sí mismo comunista abertzalea) y con esa idea intentó crear una nueva ETA; creó unas juventudes, un movimiento estudiantil y, más importante aún, las Comisiones Obreras Abertzales (COA) que derivarían a LAB, el brazo sindical de ETA (pm). En esos años en el País Vasco, las CCOO tenían gran fuerza en la convocatoria de huelgas, mientras que las convocadas por ETA (pm) no habían tenido tanto éxito. En ese contexto, LAB sería un organismo separado de ETA (aunque todos los militantes en un primer momento pertenecían a esta organización) amplio y en un principio no independentista, pues Pertur consideraba que este tema podía separar a los trabajadores. Así, LAB se constituiría como una organización para competir con las Comisiones Obreras, que era el gran modelo y lo que funcionaba en ese momento.
El panorama sindical vasco aún tardaría en clarificarse, pero las organizaciones sindicales más significativas comenzaban a tomar posiciones al final de la Dictadura.
La Recomposición de las Organizaciones Políticas
Como ocurrió con los sindicatos de clase, la mayor parte de las organizaciones políticas de la oposición al Franquismo había situado su dirección en el exterior. Los cambios que se estaban experimentando tanto en el País Vasco como en el resto de España requerían, sin embargo, de un replanteamiento que acercase la dirección al pálpito real de la sociedad. Ello obligaba a un traslado de las direcciones al interior que inevitablemente debiera ir acompañado de un proceso de renovación tanto en el aspecto generacional como en el puramente estratégico. El proceso no resultó nada fácil, sobre todo para las formaciones apegadas a una situación que comenzó siendo transitoria y que, con el paso de los años, se había convertido prácticamente en permanente y sin perspectivas de cambio.
El PNV había liderado el Gobierno Vasco en el exilio y, hasta aquel momento, representaba la fuerza hegemónica del mundo nacionalista. La cuestión se complicaba para este partido por la irrupción de ETA y el protagonismo que ésta había alcanzado tras el atentado contra Melitón Manzanas y, sobre todo, a raíz del Proceso de Burgos y del magnicidiodel Almirante Luis Carrero Blanco. Estos hechos otorgaban a la organización una popularidad que preocupaba al PNV. Para una parte importante de la sociedad vasca, principalmente para los más jóvenes, ETA poseía un atractivo especial y representaba la respuesta más contundente contra el Franquismo. Por ello, cuando el partido jeltzale recibió una nueva oferta para la formación de un frente nacional constituido por el propio PNV, ETA, ELA-STV, EGI-Batasuna y otra serie de grupos abertzales (una propuesta alentada en gran medida por el clima creado a partir del Proceso de Burgos) no sólo desconfió, sino que reafirmó su pacto con el resto de las fuerzas políticas que formaban el Gobierno Vasco en el exilio. En realidad, las posibilidades de un entente entre el PNV y ETA eran realmente mínimas teniendo en cuenta la incompatibilidad de sus respectivas estrategias y proyectos políticos. El PNV siempre defendió la unión de las fuerzas políticas vascas dentro del Gobierno Vasco, por lo que su relación con estos partidos siempre fue más estrecha que con organizaciones al margen. El activismo del PNV estos años fue mostró en continuas acciones de resistencia contra el Franquismo como las celebraciones del Aberri Eguna en la clandestinidad, despliegues de Ikurriñas o pintadas. Juan de Ajuriaguerra fue el máximo líder y referente del partido en el interior y se mostró a favor de un cambio generacional a principios de la década de los años 70. De esa forma, aunque la influencia de hombres como Jesús María Leizaola, Manuel de Irujo o el mismo Ajuriaguerra siguió siendo importante; otros jóvenes dirigentes como Luis María Retolaza, Xabier Arzalluz, Joseba Leizaola, Sabin Zubiri, Gerardo Bujanda, Mikel Isasi, Jokin Intxausti o Joseba Azkarraga se incorporaron a la dirección.
En aquellos momentos los líderes jeltzales centraban sus objetivos en la consecución de un estatuto de autonomía. Por ello, a pesar de las diferencias, resultaba mucho más fácil la relación con las dos coordinadoras antifranquistas que surgieron en el final de la Dictadura. En julio de 1974 la Junta Democrática, compuesta principalmente por el PCE y algunas personalidades republicanas y monárquicas, propuso al PNV su incorporación oficial a este organismo a cuyas reuniones acudió a título personal el veterano jelkide José María Lasarte. Un año más tarde, en junio de 1975, se formó la Plataforma de Convergencia Democrática, promovida por el PSOE, donde finalmente se incorporó de forma oficial el PNV. El PNV había atravesado por importantes problemas, pero llegaba al final de la Dictadura con un plan político bastante definido, con un objetivo a corto plazo (la recuperación de la Autonomía) y con el apoyo explícito del resto de fuerzas políticas del Gobierno Vasco en el exilio.
Los socialistas trataron de redefinir su proyecto político y su espacio dentro de la oposición antifranquista. Hasta los años 60 el papel de figuras históricas del socialismo vasco y español como Antonio Amat o Ramón Rubial resultó fundamental. Antonio Amat fue el hombre del interior que recibió el encargo en 1953 de reorganizar el Partido Socialista en el conjunto de España, labor que desempeñaría hasta su caída en 1958. Antonio Amat venía planteando la necesidad de un relevo generacional en el socialismo español, lo que suponía la incorporación de nuevos resistentes que ya no venían de la Guerra sino que venían de la conmoción social que se estaba viviendo. Sin embargo, esta renovación se pospuso hasta más adelante. En 1958 le tomó el relevo Ramón Rubial, que acababa de salir hacía dos años de una estancia en la cárcel de 16 años. Él sería el que llegaría a organizar la estructura del partido en el interior de España, cargo que llevaría a cabo hasta el inicio de la Transición. Estos dos hombres fueron las grandes figuras en el PSOE durante el Franquismo; no sólo del socialismo vasco, sino también del conjunto del socialismo español.
En mayo de 1970 los socialistas vascos revindicaron la tradición socialista revolucionaria del partido, en un intento por atraer a las vanguardias del mundo obrero e intelectual. Este proceso, sin duda complicado y traumático, se fue acelerando en los socialistas vascos; los Renovadores, encabezados por Nicolás Redondo, Enrique Múgica y Eduardo López Albizu, se fueron incorporando en noviembre de 1970 a la Comisión Permanente, es decir, la Comisión Ejecutiva en el interior. Nicolas Redondo fue una figura importantísima, que simbolizaba la unión de la tradición sindical con el mundo político. En 1974, en el Congreso de Suresnes, se produjo el cambio generacional y el control del partido pasó del exterior al interior de mano de Isidoro (alias del líder socialista Felipe González). Al igual que Amat y Rubial, estos socialistas tuvieron una importancia que trascendió el escenario vasco y tuvieron una dimensión general a nivel español. También se debe destacar la labor de los abogados laboralistas guipuzcoanos Txiki Benegas y Fernando Múgica (hermano de Enrique Múgica).
Por su lado, los comunistas vascos acometieron en el tramo final del Franquismo su propio proceso de reconstrucción que se vio favorecido por la reincorporación de Ramón Ormazábal, el histórico dirigente del PCE en el País Vasco, tras su salida de la cárcel. Durante ese periodo los comunistas mantuvieron contactos con ETA que se formalizaron en un documento conjunto de denuncia contra la represión firmado en noviembre de 1970. Hubo un intento por parte del PCE de profundizar en el mundo nacionalista, que le resultaba atractivo pero desconocido. Este esfuerzo se debe entender en la búsqueda de aunar fuerzas que perseguía el PCE con el objetivo de llegar a más gente. De ese debate interno nació el encuentro entre esas culturas políticas diferenciadas. Entre 1973 y principios de 1974 se produjo una entrada de militantes, la mayoría muy cualificados, provenientes de ETA en el Partido Comunista de Euskadi como el historiador José María Garmendia. La II Asamblea Nacional de Euskadi en 1970 y en II Congreso del PCE-EPK en 1974 serían reflejo de este proceso interno del partido. Este proceso explica en gran parte las tensiones que habría en el futuro en el PCE-EPK, debido a la difícil fusión de culturas políticas que venían de mundos muy diferentes.
En todo caso, ni PSOE ni el PCE monopolizaron la sensibilidad política de izquierdas en el País Vasco durante aquellos años. Otros partidos de extrema izquierda, nacidos de un modo u otro al calor de las brasas que dejó el Mayo del 68 francés, tuvieron un cierto protagonismo en el final de la Dictadura, sobre todo en el ámbito sindical y estudiantil. En este sentido hay que destacar la presencia del Partido del Trabajo de España o de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, ambos vinculados al Marxismo-Leninismo de orientación maoísta; pero sobre todo del Movimiento Comunista de Euskadi. Las primeras elecciones de la Democracia pondrían de relieve el escaso apoyo social de todos estos pequeños partidos, pero no se puede negar la evidencia de que en los últimos años del Franquismo su protagonismo, tanto en el movimiento obrero como en el vecinal o estudiantil, fuera muy notorio, sobre todo entre los sectores más jóvenes del antifranquismo.
Juan de Ajuriaguerra, líder y referente del PNV en el interior, en un mitin.
En los últimos años de la Dictadura aparecieron nuevos partidos de extrema izquierda como el PTE, la ORT (logo en la imagen) y el MCE-EMK, siempre influidos por las protestas de Mayo de 1968.
La CAF fue escenario de la primera gran huelga de la década de los 60
ETA en el Tardofranquismo
La cúpula de ETA (Mario Onaindia, Teo Uriarte, Jokin Gorostidi, Xabier Izko...) fue detenida en 1970, quedando la organización prácticamente desmantelada. La caída de la dirección provocó una crisis sin precedentes en la organización en la que las contradicciones internas de ETA salieron a la luz; el nacionalismo revolucionario que se había decidido en la V asamblea no había sido asimilado, es decir, la unión entre socialismo y nacionalismo había fracasado. A pesar de todo, e incluso del creciente apoyo social que alcanzó ETAcon motivo del Proceso de Burgos, el movimiento de protesta no contribuyó a la cohesión interna de la organización y se produjeron nuevas tensiones en su seno. Las tendencias de ETA que habían intentado profundizar en el Leninismo acabaron pasándose a la izquierda, dejando el nacionalismo; y las tendencias de ETA más nacionalistas abandonaron el socialismo, refugiándose en el nacionalismo. En 1970 ETA estaba dividida en cuatro sectores; la dirección (dirigida por Patxo Unzueta) era el sector más poderoso, las "Células Rojas" (dirigidas por José María Escubi) de ideología marxista, los sectores "Anti-Colonialistas" (dirigidos por Julen Madariaga) y los "Militaristas", una corriente nacionalista sin una ideología tan elaborada como la de las demás corrientes.
Mientras tanto, la VI asamblea de ETA fue rompiendo con el nacionalismo, deslizando su orientación política hacia el movimiento obrero y el Trotskismo que representaba la Liga Comunista Revolucionaria. Sin embargo, su línea más militarista se fue imponiendo por la vía de los hechos consumados como quedaría de relieve en pocos meses. Para entonces ETA ya había asesinado al policía municipal de Galdácano Eloy García Cambra en agosto de 1972 y, presumiblemente (porque nunca hubo reveindicación ni aparecieron los cuerpos), a tres jóvenes gallegos vecinos de Irún: José Humberto Fouz, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, a los que al parecer ETA confundió con policías en San Juan de Luz. Pero, sin duda alguna, el cénit de la actividad de ETA lo constituyó el asesinato del Presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 a manos del comando Txikia. El magnicidioprovocó una gran conmoción social y una importante crisis dentro del Régimen. Las escenas de enorme tensión vividas durante el funeral del Presidente del Gobierno constituyó una de las pruebas más claras de las tensiones que creó el atentado y de la delicada situación que se vivió en esos momentos; el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón símbolo del aperturismo dentro de la Iglesia, fue insultado y amenazado por elementos ultraderechistas y, además, ninguneado por varios Ministros. La situación que se creó tras el asesinato del Presidente del Gobierno fue de una gran incertidumbre dentro del propio Gobierno, sobre todo porque creó un escenario imprevisto. El apoyo explícito que el Presidente del Gobierno había dado al Príncipe Juan Carlos hizo que su posición dentro del Régimen se tambaleara, a la vez que se daban alas a los sectores más inmovilistas. En cualquier caso el atentado fue recibido de una forma muy diferente entre amplios sectores de la sociedad vasca para quienes la acción prestigió el terrorismo, ya que sus responsables pudieron mantener, y en cierto modo exhibir como un trofeo, el papel determinante que habían jugado en el final del Franquismo. Lo cierto es que el atentado contra Carrero Blanco, como ocurrió en el caso del comisario Melitón Manzanas en 1968, contó con el apoyo o la aquiescencia de un sector social y político importante como quedó de manifiesto ya a lo largo de la Transición en el ambiente de efervescencia política que se vivió en las fiestas de los pueblos y ciudades del País Vasco, donde el atentado fue jaleado por miles de personas. Sin duda las consecuencias de todo ello, incluido la importante legitimación que tuvo el terrorismo de ETA, persistieron durante décadas.
Sin embargo, no era lo mismo atentar contra Presidente del Gobierno, un Almirante que había hecho la guerra con Franco y que había destacado por su violencia contra la oposición antifranquista, que hacerlo de forma indiscriminada como ocurrió poco más tarde. No lo era para quienes habían observado con simpatía la irrupción de este movimiento, pero tampoco lo era para muchos militantes dentro de las filas de la propia organización. El 13 de septiembre de 1974 ETA colocó una bomba en la Cafetería Rolando de Madrid, frecuentada por miembros de las fuerzas de seguridad, y asesinó a 13 personas, la mayor parte de ellas civiles. El único miembro de las Fuerzas de Seguridad herido en el atentado, Félix Ayuso Pinel (inspector del Cuerpo General de la Policía), murió en enero de 1977 a consecuencia de las gravísimas heridas de las que no pudo recuperarse. En el terrible atentado resultaron heridas 80 personas. El sangriento atentado aceleró las tensiones internas ya existentes en la organización. El debate sobre la conveniencia o no de una reveindicación (que de hecho nunca se produjo) aceleró la crisis interna. La organización quedó dividida en dos ramas; en ETA Militar, ETA(m,) y en ETA Político-Militar, ETA(pm). No obstante, las diferencias entre ambos grupos no se limitaron únicamente a la cuestión sobre la autoría del atentado sino a un debate mucho más determinante sobre la función de la denominada "lucha armada" y su articulación con la lucha popular. ETA(pm), liderada por Eduardo Moreno Bergareche (Pertur) y Javier Garayalde (Erreka), mantenía la estrategia insurreccional a partir de una formación de corte leninista en la línea de otros grupos sudamericanos como los Tupamaros uruguayos o el MIR chileno. ETA(m), encabezada por José Miguel Beñarán (Argala), rechazaba como grupo armado la participación en acciones de masas.
Dentro de la estructura de ETA(m), generalmente compuesta por miembros de menor formación cultural que los de ETA(pm), Argala era el líder y cerebro de la organización y quien escribiría la propaganda. La lucha armada, la lucha política y la lucha obrera conjunta había desencadenado una represión en todos los frentes contra ETA, por lo que Argala decidió separarlas. ETA(m) simplemente lucharía mediante técnicas terroristas, separada de la política, convirtiéndose en un ejército profesional. Argala sería el artífice de la definición de ETA(m) como una vanguardia revolucionaria. Según esa vanguardia revolucionaria, quienes arriesgasen su vida, libertad o bienestar tendrían que ocupar una posición más prominente en la jerarquía del movimiento y dirigirían su devenir por encima del brazo político. La organización armada sería la garante de la ortodoxia, quien garantizaría la pureza del movimiento. Mediante esta división se conseguía que las formaciones políticas no quedasen contaminadas y tuviesen problemas con la policía, a la vez que se aseguraba que la propia ETA(m) no tuviera desviaciones estratégicas por negociaciones de los partidos políticos. El desdoblamiento en una vanguardia revolucionaria y un partido político tendría consecuencias más allá de la Transición. En 1977, después de las primeras elecciones democráticas la importancia que alcanzaron los partidos políticos obligó a una revisión de la estrategia de desdoblamiento. La creación de la coalición Herri Batasuna en 1978 significó el comienzo de una estrategia de Argala y ETA(m) para controlar el brazo político. El partido estaría supeditado a la jerarquía definida por Argala en la vanguardia revolucionaria.
Pertur sería la figura más destacada de ETA(pm). La estrategia diseñada por Pertur también incluía un desdoblamiento de la actividad política y la actividad militar; el brazo político, que sería Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), aprovecharía los resquicios que presentaba el sistema político democrático incipiente (participando institucionalmente) desde un planteamiento independentista y marxista, complementado con la estrategia militar que aplicaría ETA(pm). Precisamente esta combinación de las vías políticas y militares es lo que diferenciaba a ETA(pm) del desdoblamiento puro de ETA(m). Sin embargo, no por ello su actividad terroristas fue menos importante; en mayo de 1974 ETA(pm) asesinó al Guardia Civil Manuel Pérez Vázquez tras un atraco a la CAF de Beasain y en septiembre de 1974 mató a otro Guardia Civil (Martín Durán Grande). El 29 de octubre de 1974 la Guardia Civil dio el alto al miembro de ETA(pm) Ignacio Iparraguirre en la localidad guipuzcoana de Pasajes; en el tiroteo que se produjo a continuación resultó muerto el propio Iparraguirre y el Guardia Civil Jerónimo Vera García. Convencidos del éxito de su estrategia, los polimilis pusieron en marcha una campaña de atentados que costó la vida de los policías José Díaz Linares en San Sebastián y José Ramón Morán González en Algorta en los primeros meses de 1975. A lo largo del resto del año y hasta la muerte de Franco, ETA(pm) asesinó a Guardia Civiles, policías y civiles. Cuando Pertur intentó adaptar ETA(pm) a las nuevas circunstancias surgidas tras la muerte de Franco y variar su estrategia se encontró con una fuerte resistencia dentro de la organización, principalmente de los denominados comandos berezis. Los berezis eran los comandos especiales de élite de ETA(pm) y estaban dirigidos por Miguel Ángel Apalategi, Apala, y Francisco Mujika Garmendia, Pakito. Consideraban la propuesta de Pertur una desviación "obrerista" y "españolista", tal y como había ocurrido con ETA Berri en la V asamblea y ETA-VI en la VI asamblea. Por ello muchos achacaron la desaparición de Pertur en el verano de 1976 a los comandos berezis.
Tan sólo 4 días después de la muerte de Franco, ETA asesino al alcalde de Oyarzun, Antonio Echevarría Albisu. Al día siguiente difundió un comunicado donde amenazaba a todos los alcaldes si no dimitían en un plazo de dos meses. El asesinato del primer edil de Oyarzun y la posterior declaración significaron el inicio de una campaña de atentados contra cargos municipales y forales que se prolongó durante varios años, extendiéndose con el tiempo a militantes y dirigentes de formaciones como UCD, AP, PSOE, PP y UPN. El reguero de víctimas fue tan dramático como las consecuencias políticas que se derivaron de esta campaña. El incremento de las acciones de ETA y la creciente conflictividad laboral de la época hicieron que la Dictadura centrase una gran parte de su acción represiva en el País Vasco. De los 11 Estados de Excepción decretados por el Gobierno Franquista en sus 20 últimos años de existencia, 10 repercutieron de forma directa en las provincias vascas, fundamentalmente en Vizcaya y Guipúzcoa. La aplicación de los Estados de Excepción contribuyó aún más a extender la impunidad en el ejercicio de la represión.
Todo ello dio lugar a numerosos abusos y actuaciones indiscriminadas contra la población, lo que fue creando un fuerte clima de animadversión hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre amplios sectores de la sociedad vasca. Un gran número de estos abusos se produjo como resultado de confusiones en controles de carretera, altercados, manifestaciones y protestas de todo tipo o mientras los detenidos se encontraban bajo custodia policial. Pero además, durante los últimos años de la Dictadura, la represión adoptó formas muy diversas. Algunas se desarrollaron a partir de supuestos incontrolados y grupos ultraderechistas con claras conexiones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron especialmente contra miembros de la oposición al Franquismo, básicamente representada por militantes o simpatizantes de formaciones de izquierda, nacionalistas y curas disidentes. A pesar de la impunidad con la que actuaron durante aquellos años, su aparición constituyó la evidencia más palpable de la debilidad del Régimen y de los sectores más inmovilistas, sobrepasados por una situación donde el Estado era incapaz de controlar a una oposición cada vez más activa. Según constatan la mayor parte de las investigaciones, estas bandas ultraderechistas se fueron tejiendo dentro de una red mercenaria deliberadamente implantada por el Servicio Central de Documentación de la Presidencia, que había sido ideado y creado por Carrero Blancopoco antes de ser asesinado. A partir de los servicios de inteligencia del Franquismo, se fueron configurando diversos comandos integrados por mercenarios extranjeros de ideología ultraderechista, delincuentes comunes, confidentes policiales y miembros de grupos ultraderechistas españoles.
En el mes de julio de 1975, gracias al trabajo de un infiltrado en la organización ETA (Mikel Lejarza, El Lobo), la policía consiguió detener a un numeroso grupo de militantes de la rama político-militar; entre ellos se encontraban Wilson, Ezkerra, José Antonio Garmendia, Ángel Otaegui, Juan Paredes (Txiki) y más de 150 miembros. Toda esta ola represiva culminó en los juicios sumarísimos que tuvieron lugar en el verano de 1975. El tribunal del Consejo de Guerra condenó a los acusados a Pena de Muerte; el Régimen fue inflexible. En esta ocasión la presión ejercida por las manifestaciones y los gobiernos extranjeros no hicieron mella en la cúpula del Gobierno ni en el propio Franco como había ocurrido 5 años atrás con los condenados del Proceso de Burgos. La mañana del 27 de septiembre fueron fusilados los miembros de ETA(pm) Juan Paredes (Txiki) y Ángel Otaegui, y los militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. En memoria de las últimas ejecuciones del Franquismo Luis Eduardo Aute compuso la canción "Al Alba".
La Iglesia vasca
La Iglesia, que había constituido uno de los pilares más sólidos del Régimen Franquista durante los primeros tiempos, comenzó a manifestar algunos cambios de actitud. Durante los años 60 la implicación de los grupos católicos de las JOC y de la HOAC en las protestas laborales y la publicación de la famosa carta de los 339 curas vascos mostraron claramente la importancia de la disidencia interna.
La represión contra el fenómeno de ETA, indiscriminada y brutal en muchas ocasiones, encontró una respuesta solidaria entre un importante sector del heterogéneo clero vasco, sobre todo en aquel claramente identificado con el nacionalismo. La expresión más radical de este proceso fue la formación del grupo Gogor, nacido en 1968, muy próximo a las tesis de ETA. El caso del sacerdote Alberto Gabikagogeaskoa, encarcelado por las denuncias que había hecho en una homilía en 1964 contra las torturas y la falta de libertades, abrió un ciclo de protestas que se extendió entre el clero vasco hasta el final de la Dictadura. los informes del Gobierno Civil de Vizcaya sobre las actividades políticas de los sacerdotes y su implicación en las protestas laborales se multiplicaron durante aquellos años. En el año 1968 fueron juzgados varios sacerdotes por el Tribunal de Orden Público y se produjeron algunas importantes protestas como la ocupación de la Curia Diocesana por un grupo de sacerdotes y el encierro en el Seminario de Derio. Pero los acontecimientos más graves estaban aún por llegar.
La muerte del Obispo de Vizcaya, Pablo Gúrpide, aceleró la crisis de la Iglesia vasca. La Santa Sede quiso nombrar como sustituto a José María Cirarda, un euskaldun natural de Baquio, que sintonizaba con el espíritu reformador del Concilio Vaticano II y aceptaba el nacionalismo vasco. La división en el clero fue patente, sobre todo en la cuestión de los Derechos Humanos. El Concordato, firmado en 1953, requería que Franco presentara previamente una terna donde, evidentemente en este caso, no figuraba Cirarda (por entonces Obispo de Santander). Por ello, la Santa Sede acabó por nombrarle Administrador Apostólico de Bilbao en julio de 1968. En realidad se trataba de una fórmula canónica para nombrarle Obispo interino. Su nombramiento terminó con las protestas que habían protagonizado los últimos años de pontificado de Gúrpide. El nuevo estilo pastoral rezumaba un espíritu renovador que creó importantes suspicacias en el Gobierno de Franco, aunque nunca satisfizo las demandas del clero más radical. La actitud de Cirarda, que en 1970 se negó a celebrar la misa en la Basílica de Begoña para conmemorar la toma de Bilbao por las tropas franquistas en la Guerra Civil o que firmó junto al Obispo de San Sebastián una carta pastoral sobre el Proceso de Burgos, aceleró su traslado a Córdoba en 1971.
En Guipúzcoa la tensión no había llegado tan lejos, pero también hubo problemas importantes con la Jerarquía. El Obispo Lorenzo Bereciartua, nombrado en 1963, tuvo que enfrentarse a algunas graves protestas como el plante de los alumnos del seminario en 1964 y 1965. Los problemas se repitieron al año siguiente con motivo del Aberri Eguna, donde varios seminaristas fueron expulsados al solidarizarse con los manifestantes represaliados que participaban en aquella celebración. Su sucesor, Jacinto Argaya, no lo tuvo más fácil tratando de tener el equilibrio entre un Régimen que desconfiaba de él y un clero radical que lo rechazaba por su moderación. Los problemas se incrementaron a partir del nombramiento de José María Setién en septiembre de 1972 como Obispo auxiliar; un Obispo cada vez más alejado del poder por su clara posición a favor del Concilio Vaticano II y los Derechos Humanos.
Las tensiones y los enfrentamientos tomaron tal envergadura que el Régimen habilitó una cárcel especial concordataria en Zamora para los clérigos condenados a condenas de prisión. La medida contravenía los términos del Concordato y provocó la reacción de los Obispos, pero el Régimen de Franco desoyó las críticas. El divorcio del Régimen y la Iglesia se hacía patente. El primer sacerdote preso en la cárcel de Zamora fue Alberto Gabikagogeaskoa en 1967, con la aprobación del Obispo Gúrpide. A finales de 1973 seis sacerdotes se amotinaron y se declararon en Huelga de Hambre, y otros grupos se encerraron en Bilbao y San Sebastián. La mediación de los Obispos con el Régimen dio como resultado un preacuerdo por el que los sacerdotes en huelga serían trasladados a otros centros, pero el asesinato de Carrero Blanco varios días más tarde paralizó las gestiones y éstos cumplieron su condena en la Cárcel de Carabanchel.
Sin embargo, el incidente más grave entre la Jerarquía de la Iglesia y el Régimen Franquista aún estaba por llegar, y tuvo al País Vasco como epicentro del terremoto que se originó. En febrero de 1974 el Obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, envío a todas las parroquias vizcaínas un escrito para que fuera leído como homilía. En el texto se defendía "el derecho del Pueblo Vasco a conservar su propia identidad", ya que consideraba que tropezaba con serios obstáculos para disfrutar de ese derecho. La homilía desató la ira del Gobierno, que decretó el arresto domiciliario del prelado y pidió a la Santa Sede llamará al Obispo a Roma. Incluso se valoró la posibilidad de expulsar a Añoveros de Españajunto con el Vicario General de la Diócesis, José Ángel Ubieta. Pero la amenaza de excomunión del Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal evitó la medida contra el Obispo. Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero Blanco, llegó a pensar en romper relaciones con la Sanat Sede y denunciar el Concordato. Las amenazas no se cumplieron, pero el enfrentamiento puso de relieve hasta qué punto había llegado el desencuentro entre la Jerarquía de la Iglesia y el Régimen al final de la Dictadura. El Estado de Excepción de abril de 1975 y las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre de los miembros del ETA y el FRAP sólo sirvieron para elevar aún más una tensión que en aquellos meses parecía insostenible.
Una Nueva Sociedad Urbana: El Movimiento Vecinal
A finales de los años 60 y, sobre todo, en la década siguiente la anquilosada vida de la política local experimentó algunos cambios. Aunque no llegó a producirse un relevo generalizado ni en las actitudes ni en el color de los alcaldes y de los Presidentes de las Diputaciones en el País Vasco, el acceso a través de las candidaturas del denominado "Tercio Familiar" facilitó la incorporación de ciertos elementos y sensibilidades más abiertas a los nuevos tiempos. Por ejemplo, algunos Procuradores elegidos en 1967 intentaron dinamizar la vida anodina de las Cortes proponiendo la introducción de las lenguas vernáculas en la enseñanza. Esta iniciativa fue propuesta por el Procurador carlista navarro José Ángel Zubiaur y apoyada por los 7 representantes vasco-navarros, aunque fracasó en 1970 por la propia división interna y la oposición del Gobierno. Álava fue, probablemente, el territorio donde la renovación de las élites y la incorporación de nuevos elementos fue más patente, sobre todo a través de la participación por el "Tercio Familiar" en las Elecciones Municipales. De ella y de otros ámbitos culturales locales, como "Los Luises", salieron incluso algunos de los futuros dirigentes de los más importantes partidos democráticos de la Transición con una cultura política de procedencia socialcristiana. Algo parecido sucedió en Pamplona y en la Diputación de Navarra, pero este proceso fue bastante menos claro en Vizcaya donde hasta el final de la Dictadura el control político de la capital y de la Provincia siguió en manos vinculadas a los intereses económicos de la oligarquía tradicional. En cualquier caso, la precipitada dimisión de la última alcaldesa franquista de Bilbao, Pilar Careaga, forzada en gran medida por la presión ejercida desde el movimiento vecinal de la villa anunciaba el importante cambio que se estaba produciendo dentro de la sociedad vasca. Este proceso contó con unos protagonistas inesperados para el Régimen Franquista: los propios vecinos.
Bilbao fue uno de los lugares donde con más fuerza prendió el movimiento vecinal desde mediado de los años 60, debido en gran parte al éxodo rural masivo de las zonas rurales a las zonas industriales que ocurrió en esa década. Uno de los problemas principales a los que hicieron frente los trabajadores inmigrantes fue la falta de vivienda; problema que intentaron paliar mediante la construcción de chabolas en sus barrios autogestionados en las periferias de las ciudades, construyendo lo que llegaría a denominarse los "cinturones de hojalata". Con el paso del tiempo fueron teniendo acceso a las viviendas en alquiler, pero siempre en los anillos obreros y barrios periféricos industriales que sería donde más adelante nacería el movimiento vecinal. El movimiento vecinal fue germinando en barrios de Bilbao como Uríbarri y Recaldeberri principalmente, y comenzó en torno a una serie de reivindicaciones por la mejoría de la urbanización de estos barrios de trabajadores suburbiales de la periferia de Bilbao. Entre las demandas más comunes se encontraba la instalación de semáforos en puntos donde se habían producido accidentes, así como la demanda de sistemas de desagüe y de instalaciones culturales. En este ámbito se crearon las universidades populares, cuyo primer exponente de importancia se creó en el barrio de Recaldeberri. Este fenómeno de movimiento vecinal también se daría en los barrios periféricos de San Sebastián, Vitoria, Eibar, Baracaldo y otros pueblos. Las primeras reivindicaciones dieron paso, con el tiempo, a un movimiento que acabó demandando ayuntamientos democráticos.
Como ocurrió en otros ámbitos, la represión contra las primeras protestas provocó una importante conmoción social que condicionó su evolución. Uno de los acontecimientos más graves en este sentido se produjo a raíz de las movilizaciones desarrolladas en Erandio en 1969, en protesta por la fuerte contaminación provocada por las empresas cercanas. La represión contra una de las movilizaciones terminó con dos muertos y numerosos heridos. La negativa o la incapacidad de las autoridades municipales para atender las demandas de unos vecinos que solicitaban escuelas, ambulatorios y la urbanización de las calles contribuyó a la radicalización de las protestas, que poco a poco se fueron contagiando del ambiente general que se vivía en aquellos momentos. Las asociación de vecinos recurrieron a todos los cauces legales disponibles en su momento; cartas a los Alcaldes y a los Gobernadores Civiles, informes técnicos, entrevistas con autoridades nacionales... pero además simultanearon estas iniciativas con otras más llamativas y contundentes como los cortes de carretera, sentadas y manifestaciones. Así, en 1970, 14 asociaciones de vecinos criticaron abiertamente la forma de la elección de los concejales, al entender que suponía un retroceso en la democratización y una segregación de las familias económicamente débiles en la gestión municipal. Ese mismo año se constituyeron los comités de barrio o comisiones de barrio, organizaciones de carácter semiclandestino que agrupaban a los sectores más progresistas de cada asociación y participaron activamente en las diferentes movilizaciones que se produjeron a raíz del Proceso de Burgos.
El movimiento ciudadano del Gran Bilbao fue el más activo de las capitales vascas, debido sobre todo al deterioro que sufrieron los barrios y localidades de su zona industrial y a la enorme concentración de población que reunía en un intrincado espacio. En diciembre de 1970, el mismo mes en el que tuvo lugar el movimiento de protesta contra el Proceso de Burgos, se produjo la muerte de una niña tras ser atropellada por un camión en Recaldeberri. La indignación se extendió por el barrio por un suceso que había sido anunciado en numerosas ocasiones debido al enorme tráfico que soportaba el barrio, donde apenas había semáforos. Ante este suceso, los vecinos ocuparon las calles y se produjeron graves enfrentamientos con la policía. Entre 1971 y 1975 las acciones de protesta contra la contaminación medioambiental de la zona constituyeron la punta de lanza de las protestas vecinales contra la instalación de la empresa Dow Chemical en Lejona, el vertedero de basuras de Artigas, las emanaciones de los hornos de mineral en Ortuella, etc. Una de las movilizaciones más importantes fue la llevada a cabo por las diferentes asociaciones de vecinos de Bilbao que consiguieron reunir más de 50.000 firmas contra la política desarrollada por la Alcaldesa de la Villa, Pilar Careaga, que terminó dimitiendo en 1975. La asociación de Recaldeberri fue la más más importante y sirvió de ejemplo para otras asociaciones que se formarían esos años en el resto de España. Fruto de esta fortaleza, esta asociación llegó a publicar libros donde daba cuenta de sus iniciativas y fue una de las promotoras más importantes de la recogida de formas contra la Alcaldesa.
En el resto del País Vasco el movimiento ciudadano fue más tardío. En Navarra, aunque la primera asociación de vecinos había nacido en 1964 en Tudela, no tuvieron una cierta actividad hasta 1970 y 1973, años en los que aparecerían asociaciones en la Rochapea y Burlada. En Guipúzcoa las primeras asociaciones surgieron entre 1969 y 1970 como la de Loyola en San Sebastián y la de Galtzaraborda en Rentería. En Álava, debido a su más tardía industrialización y urbanización, el movimiento ciudadano comenzó a manifestarse en 1976 durante los últimos meses de la Dictadura y los primeros de la Transición en Zaramaga y Arambizcarra. La fuerza del Movimiento Vecinal estuvo desperdigada pese a que la problemática era común. Los intentos por crear instancias unitarias (en Bilbao por ejemplo) no llegó a dar un buen resultado. En este contexto surgieron también las primeras protestas contra los proyectos de centrales nucleares en Deva, Ea-Ispáster y Lemóniz con la formación de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear, que surgiría en mayo de 1976.
Uno de los aspectos importantes de las asociaciones de vecinos fue la participación de las mujeres. Si bien en otros movimientos sociales contemporáneos (el Movimiento Obrero, el Movimiento Estudiantil...) su participación quedaba desdibujada, el papel de las mujeres fue notorio en el Movimiento Ciudadano. Dentro de las asociaciones de vecinos germinarían las primeras asociaciones feministas a mediados de los años 70.
En realidad, muchos de esos vecinos que desde los barrios más deteriorados exigían alumbrado público, escuelas para sus hijos, o que protestaban por cada muerto que se producía en sus calles estaban reclamando ser ciudadanos de pleno derecho de esa misma ciudad que parecía excluirles.
La Transición a la Democracia
La Transición a la Democracia
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, dando lugar a un nuevo tiempo en el que se pondrían en marcha las instituciones que sucederían a la Dictadura. A un tiempo oscuro en el que las ansias de cambio estaban aplastadas por el Régimen Franquista, siguió una etapa caracterizada por una explosión de libertad, de alegría y un entusiasmo que, sin embargo, pronto se transformó en el País Vasco en desazón, en desasosiego y en confrontación.
Fue una etapa de especial trascendencia la que se vivió entre los años 1975 y 1980; apenas cinco años que supusieron no sólo la llegada de la Democracia sino el nacimiento de un nuevo tiempo durante el que se pusieron en juego diferentes estrategias para determinar el futuro político del País Vasco. Una etapa en la que los sucesos se agolparon, pasándose con rapidez de un sistema dictatorial autoritario y centralizado a un sistema democrático y un régimen autonómico en el que las libertades afloraban por todos los polos de la sociedad. Fue una época importante desde un punto de vista institucional, por los profundos cambios que se produjeron en un periodo de tiempo muy breve. Durante estos años aflorarían de forma definitiva los partidos políticos así como el conjunto de expectativas que habían surgido en el Tardofranquismo.
La muerte de Franco creó numerosas incertidumbres en el País Vasco, además de las que en general planteó la Transición. Prácticamente todas las organizaciones de uno y otro signo (incluidos los grupos más extremistas de corte marxista, maoísta o trotskista) reivindicaban la Democracia, pero ésta quedaba incluida y casi diluida dentro de un amplio paquete de reivindicaciones que abarcaban desde los derechos del Pueblo Vasco hasta la toma del poder por la Clase Obrera, sin que la reivindicación de un sistema democrático apareciera como un objetivo específico y prioritario. En realidad muchas de estas organizaciones, influidas por los procesos de Liberación Nacional que se habían producido en el ámbito internacional durante las décadas anteriores y también por una cultura política que provenía de antes de la época republicana concebían la Democracia desde un punto de vista puramente instrumental. Para muchas de ellas el sistema democrático no era más que un paso intermedio en un proceso a largo plazo. Las consecuencias de esta situación marcaría los comportamientos políticos durante los convulsos años de la Transición. El complicado proceso sobre el tipo de encaje del País Vasco dentro del sistema constitucional, que marcaría uno de los problemas fundamentales durante la Transición, ni siquiera se intuía aún.
Si bien en el resto de España se produjo en puertas de Transición una conjunción de las fuerzas políticas creándose instancias unitarias (como la Asamblea de Cataluña o la denominada "Platajunta"), en el caso del País Vasco esto no fue posible (aunque hubo una excepción en las Elecciones al Senado de 1977 con el denominado "Compromiso Autonómico"). La Transición siguió otros rumbos en el País Vasco, caracterizada por una feroz pugna entre diferentes proyectos políticos y condicionada por el terrorismo de ETA, que golpeaba y asesinaba con una brutalidad inimaginable e insoportable. El País Vasco se iba a revelar como una comunidad invertebrada donde resultaba imposible establecer canales de comunicación con un sector de la ciudadanía vasca, pues rechazaban el sistema democrático de raíz. Otra característica singular de la Transición en el País Vasco aparecería en diciembre de 1976 ante la Ley para la Reforma Política; los partidos de la Oposición al Franquismo abandonaron la vía rupturísta y abrazaron la reforma pactada. En el País Vasco, sin embargo, se mantuvo la pugna entre la vía rupturista y la reforma pactada, manteniendo una ilusión de la ruptura durante toda la Transición.
En la sociedad vasca de aquellos años se contrapusieron modelos radicalmente distintos de concebir el funcionamiento político de la sociedad, con un telón de fondo en el que la violencia y el terrorismo formaban parte del escenario cotidiano. A pesar de las profundas mutaciones que se dieron, no se consiguió solventar el legado del Franquismo; de manera que el llamado "Problema Vasco", lejos de solucionarse, se enquistó y se incrementó convirtiéndose de hecho en el principal problema al que tuvo que hacer frente la incipiente Democracia Española. Con la llegada de la Democracia la paz no fue posible en el País Vasco principalmente porque una sector minoritario (aunque numeroso) no aceptó las reglas del juego democrático y las instituciones con la que la mayoría de los ciudadanos vascos se dotaron, resultando imposible llegar a consensos sobre valores básicos en el marco institucional que se estaba formando. De esta forma, lo que se había imaginado que sería un tiempo de encuentro y de reconciliación resultó en el País Vasco un periodo en el que la libertad se fue estableciendo con dolor, con sufrimiento y con muchas víctimas; y otro tipo de silencio más espeso pero de hondo calado social se fue adueñando del país.
Las diferencias entre el País Vasco y el resto de España se acentuaron; en general, frente al consenso que caracterizó la Transición en el resto de España, en el País Vasco se vivió un periodo de crispación muy intensa. Mientras que en el resto del Estado hubo un acomodamiento por parte de las fuerzas de Oposición al Franquismo a una reforma pactada como vía para acceder y consolidar la Democracia, en el País Vasco se mantuvo la pulsión entre reforma y ruptura propiciando la hegemonía del nacionalismo por la trascendencia que alcanzó la denominada "Cuestión Nacional". A lo largo de estos años entraron en pugna en el País Vasco fundamentalmente dos líneas de fuerza con diferentes proyectos políticos y sociales: en la primera se alinearon partidos como el PSOE, el PNV, la UCD y el PCE-EPK; en la segunda estaban las formaciones de la extrema izquierda, pero sobre todo y muy principalmente ETA en sus distintas expresiones y con sus correspondientes ramificaciones civiles, cuya plasmación más emblemática fue el nacimiento en abril de 1978 de Herri Batasuna (HB). Hubo otras confrontaciones ideológicas como la que opuso a los nacionalistas con los que no se sentían como tales, disputa que marcó (y marca) la vida política del País Vasco desde entonces. No obstante, esta división ideológica respecto al nacionalismo quedó entonces oscurecida por el choque que opuso a los que buscaban el asentamiento de un quebradizo sistema democrático con los que no sólo le negaban su legitimidad sino que lo rechazaban con rotundidad.
Pero sin duda alguna, fue el clima de violencia política que inundó las calles del País Vasco en esos momentos el problema fundamental que lastró el tránsito hacia la Democracia. El final del Franquismo con su terrible represión convirtió a ETA en un referente simbólico para toda una serie de grupos vinculados de un modo u otro no sólo a partidos políticos sino a organizaciones de los movimientos sociales, sindicales, culturales y a favor de la euskaldunización de la órbita del nacionalismo vasco radical que giraban a su alrededor, consiguiendo que asumieran en gran medida determinados símbolos y planteamientos ideológicos y políticos. La denominada "Cuestión Nacional" o el Derecho de Autodeterminación se convirtieron de ese modo en un banderín de enganche para todas las organizaciones abertzales y para buena parte de las organizaciones de la Izquierda, desde el PSOE hasta los partidos más extremistas. El elemento crucial fue, sobre todo, la interiorización por parte de un sector importante de la sociedad vasca de la legitimidad del uso de la violencia, y más en concreto del terrorismo. La muerte de un numeroso grupo de militantes de ETA en diversos enfrentamientos con las fuerzas del orden público o como consecuencia de la explosión fortuita de los artefactos explosivos que portaban (16 entre 1972 y el 20 de noviembre de 1975) contribuyó a reforzar la imagen heroica y comprometida de la militancia de ETA dentro de ese mismo sector social. Su figura fue elevada a la categoría de mártires, como ya ocurrió en 1968 con Txabi Etxebarrieta. Todo ello fue conformando una auténtica Comunidad de Violencia, imprescindible para comprender la intensificación y la persistencia de la actividad terrorista durante la Transición en el País Vasco y algunos de los comportamientos sociales que se profujeron durante aquella época. La deslegitimación social que había alcanzado el Gobierno por su proveniencia de la Dictadura produjo en el País Vasco un vacío de poder de facto con múltiples protestas políticas y laborales. Esta situación fue aprovechada por ETA, que alcanzaría su cenit al terminar esta étapa (pasando de 18 asesinatos en 1976 a 93 asesinatos en 1980). En este contexto se produjo la negociación entre el Ministerio de la Gobernación Rodolfo Martín Villa y ETA, que fracasó por la insistencia del Ministro de hacer la negociación públicamente. Junto a la violencia de ETA, las Fuerzas de Seguridad siguieron con una estructura provenientes del Franquismo y se excedieron en su labor al reprimir acciones de protesta política y laboral. Además existieron grupos de extrema derecha muy importantes que cometieron actos violentos, en ocasiones con la complicidad (cuando no colaboración) de determinados cargos de las Fuerzas de Seguridad. El contexto era, por tanto, extremadamente proclive a la desestabilización cuando el nuevo marco se estaba elaborando.
Pero otras cuestiones aparentemente menos políticas comenzaban a afectar a la sociedad vasca y condicionarían el tránsito de la Dictadura a la Democracia tanto o más que los problemas políticos. La Crisis Económica comenzaba a dejarse sentir, el incremento del coste de la vida había sido uno de los primeros síntomas. En pocos meses el País Vascosentiría el azote de una crisis sin precedentes que terminaría por desmantelar el tejido industrial levantado durante un siglo y disparar las tasas de paro hasta niveles desconocidos.
Fue un tiempo acogido en un primer momento con mucha esperanza por la posibilidad de asentar la Democracia y, sin embargo, cinco años después la percepción se volvería mucho más pesimista debido a la dureza con la que se había dado el proceso. Se produjo la paradójica situación de que la consecución de las reivindicaciones largamente anheladas por la Oposición al Franquismo (como eran la libertad, la amnistía o la autonomía) corrían parejas con el recrudecimiento de la violencia y del terrorismo.
El Nacimiento de Euskadi
En el proceso de formación del nuevo Estado Autonómico planteado por la Constitución de 1978 las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya serían incluidas en la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi, recibiendo el testigo del Gobierno Vasco en el exilio procedente de la legalidad repúblicana. El proceso de formación de Euskadi fue singular por las características forales de las provincias reconocidas en la Constitución y las extensas atribuciones que se reconocerían en su Estatuto de Autonomía.
A la hora de analizar este periodo de 5 años, se puede dividir desde el punto de vista político-institucional en cuatro etapas: la primera abarca desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Ley para la Reforma Política, con la que se iniciaría el proceso para desmantelar la Dictadura; la segunda abarca hasta las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, en las que se clarificaría el panorama político; la tercera llega hasta el referéndum de la constitucional de diciembre de 1978, poniéndose en pie durante su transcurso la preautonomía con el Consejo General Vasco como institución más relevante. Una etapa significada políticamente por un relativo predominio del PSOE, o del centro-izquierda si se incluye a la UCD; la cuarta comprende hasta las Elecciones al Parlamento Vasco en marzo de 1980 y la formación del primer Gobierno Vasco, con el inicio de la hegemonía del PNV y la consecución del Estatuto de Autonomía como hitos más relevantes.
El Desmantelamiento de la Dictadura
La confirmación de Arias Navarro como Presidente del Gobierno ofrecía un panorama claramente continuista con el periodo anterior. Sin embargo, por iniciativa real y del Presidente del Consejo del Reino, entraron a formar parte del nuevo Gobierno ministros de carácter más reformista como Manuel Fraga (Gobernación), José María de Areilza(Asuntos Exteriores) y Antonio Garrigues (Justicia). A iniciativa real, el Gobierno intentó realizar una reforma del Régimen para adaptarlo a los estándares democráticos de los países europeos. La tímida reforma política promovida por este gabinete se limitó a las leyes "de Reunión y Manifestación" y "de Asociaciones Políticas"; la "Ley de Reunión y Manifestación" ampliaba la libertad para reunirse sin que fuese necesaria una autorización, mientras que la "Ley de Asociaciones Políticas" permitía la creación de grupos políticos, aunque sin el carácter legal de partidos políticos, los cuales debían, además, aceptar los principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales. Todas estas reformas contaron con importantes oposiciones dentro del Régimen, algunos tan importantes como el Consejo Nacional del Movimiento. Pero mientras tanto, otros graves acontecimientos conmovían Euskadi, reflejando tanto el nuevo clima político como la incapacidad del Gobierno de Arias Navarro para acometer una alternativa democrática.
Uno de ellos tuvo lugar en Vitoria en marzo de 1976 cuando una intervención desproporcionada y brutal de la policía armada reprimiendo una concentración de trabajadores (con uso de armas de fuego incluido) ocasionó la muerte de 5 de los congregados y numerosos heridos en los conocidos Sucesos de Vitoria. Todo comenzó en diciembre de 1975 con una protesta de los trabajadores ante el decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Se convocaron asambleas de fábrica y, posteriormente, asambleas conjuntas con las que unificar el movimiento ya en a finales de enero y principios de febrero. La fuerza que alcanzó el movimiento llevó a convocar varias huelgas generales; la tercera huelga general se llevó a cabo el 3 de marzo. Se convocaron varias manifestaciones multitudinarias que comenzaban en los barrios exteriores de la ciudad y que confluían en el centro. Las intervenciones de la policía empezaron por la mañana, incluso se produjo los primeros usos de armas de fuego. Por la tarde estaba convocada la asamblea general a las 16:00 horas en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria; media hora antes la policía había empezado a impedir tanto la entrada al edificio como la salida a los trabajadores que ya se encontraban en el interior. La policía comenzó a gasear la iglesia para hacer salir a los trabajadores concentrados en la iglesia, de tal manera que la gente que estaba fuera comenzó a tirar objetos a la policía para ayudar a los demás. Por tanto, la policía se vio superada tanto en número como en medios, con lo que empezó a dar uso a las armas de fuego, disparando no sólo al aire sino también a los propios manifestantes. El resultado fue 5 muertos, en torno a 60 heridos de bala y cientos heridos por contusiones. Al día siguiente Lluís Llach escribió la canción "Campanades a morts" en homenaje a las víctimas.
Igualmente graves fueron los Sucesos de Montejurra acontecidos en mayo de 1976 con motivo de la reunión-romería-acto político que anualmente celebraban allí los carlistas. Se produjeron violentos enfrentamientos, a resulta de los cuales hubo dos muertos y varios heridos por disparos de un grupo de ultraderechistas (que muy probablemente actuaron en connivencia con órganos de la seguridad del Estado). En los últimos años del Franquismo, Montejurra se había convertido en una de las pocas manifestaciones antifranquistas autorizadas que sucedía en España. La Confederación Nacional de Excombatientes, liderada por José Antonio Girón, y los tradicionalistas, liderados por Sixto de Borbón, se reunieron a mediados de abril en Madrid y pactaron convocar una manifestación el día de Montejurra in situ dentro de una campaña denominada "Operación Reconquista"; todo esto en un ambiente caldeado por la campaña lanzada semanas antes por periódicos como El Alcázar o El Pensamiento Navarro. El día anterior de Montejurra, aparecieron en Pamplona pintadas como "Montejurra, Rojos NO" o "EKA No" y esa misma noche Sixto de Borbón alquiló 20 habitaciones en Hostal Iratxe. Al día siguiente, los carlistas se reunieron, como anualmente hacían, en la explanada de Iratxe para dar comienzo al Viacrucis hacia el monte. Entonces alrededor de 200 personas en dos filas con trompetas y tambores irrumpieron en la explanada y comenzaron a repartir estopa a los presentes. Un señor de los que iba con la formación (que se le conocería como el "Hombre de la Gabardina") sacó una pistola e hirió a un militante del Partido Carlista que fallecería varios días más tarde. Una vez incorporado Carlos Hugo de Borbón, el líder en ese momento del PC, comenzado el Viacrucis hacia la cima. Casi al llegar a la cumbre, sonaron varios disparos de metralleta y comenzaron a bajar del monte militantes carlistas heridos junto con un cuerpo sin vida. Tanto Sixto como sus seguidores se marcharon rápidamente y únicamente quedaron en la cumbre algunos hombres vestidos de legionarios. Al estar la cumbre tomada, los carlistas bajaron del monte y cancelaron la romería. Los hombres que se habían alojado en el hostal, viendo que la "Operación Reconquista" había fracasado por tintes dramáticos que había tomado, se retiraron. Hubo tres procesados (el "Hombre de la Gabardina" y otros dos) y estuvieron siete meses en la cárcel, pero fueron puestos en libertad por el Tribunal de Orden Público en virtud de su "actitud intachable". El Gobierno, además, impidió la investigación de los hechos al expulsar a Sixto de Borbón y otros compañeros de España antes de que declararan ante el Juez. Por último, al año siguiente el Gobierno impulsaría una amnistía general por lo que los hechos quedaron prescritos. En sentencia de la Audiencia Nacional del 5 de noviembre del años 2003 se reconoció a los dos asesinados, Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, como víctimas del terrorismo.
El bloqueo de la apertura política provocó la caída de Arias Navarro y el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno en julio de 1976, iniciándose así un nuevo tiempo político para España y para el País Vasco. Suárez era perfectamente consciente de la importancia que para el conjunto de la Democracia española tenía encauzar la "Cuestión Vasca", enfrentarse a sus problemas y poder encararse con el terrorismo etarra (que se estaba convirtiendo en el principal lastre de la Transición Española); pero antes debía desmontar el aparato del Estado Franquista. Suárez inició contactos discretos con la oposición al Franquismo, al tiempo que propugnaba y lograba que se aprobasen en las Cortes una Ley para la Reforma Política que fue la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del Franquismo desde el propio Régimen.
La Oposición fue saliendo de la clandestinidad; el PSOE celebró en Madrid su XXVII congreso, al que asistieron importantes líderes socialdemócratas internacionales como Olof Palme o Willy Brandt. El PSOE dejó claro en el congreso la voluntad de negociación del tránsito de la Dictadura a la Democracia, sin renunciar al objetivo democrático implícito. Santiago Carrillo, el líder comunista, dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976, fue puesto en libertad 8 días después. Mientras tanto, en el PNV se comenzaba a preparar su primera Asamblea Nacional que se celebraría en Pamplona en marzo de 1977 y en la que se relevaría al histórico dirigente Juan de Ajuriaguerra por el abogado Carlos Garaikoetxea.
La situación que Suárez se encontraría en el País Vasco consistiría en diferentes retos de una gran complejidad, en un contexto de movilización social más elevada que en el resto de España. A los contactos con la Oposición, se unió como representante central del nacionalismo el PNV; si bien habían aparecido formaciones a su izquierda de peso político desconocido, además de la muy presente actividad de ETA. Además, la Crisis era patente en la industria pesada y empeoraba día a día las condiciones de vida de los ciudadanos. Por último, las peticiones de amnistía y autonomía salieron a las calles de forma masiva y generalizada.
El 15 de diciembre de 1976 se celebró el Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada con el 94,45% de los votos expresados en el conjunto de España con una abstención del 22,28%. En el País Vasco tuvo una distinta aceptación; la abstención fue muy fuerte en Guipúzcoa y Vizcaya, mientras que se acercaba a la media estatal en Álava y Navarra. El resultado del referéndum era un termómetro elocuente de cómo respiraban políticamente las cuatro provincias y de las dificultades añadidas que la transición iba a tener en estos territorios; daba pie, además, a que la ilusión rupturista se mantuviera.
Carpeta con pegatinas políticas de la época de la Transición. Aparecen destacadas las fotos de los dos etarras fusilados en los últimos fusilamientos del Franquismo, Otaegi a la izquierda y Txiki a la derecha.
El Movimiento Vecinal prendió con fuerza en los barrios bilbaínos de Uríbarri (en la imagen la Calle Sendeja de dicho barrio) y Recaldeberri.
En los años 70 aumentaron las protestas medioambientales contra la industria. En la imagen, instalaciones de la Dow Chemical en Lejona, contra la que se movilizaron los vecinos.
ETA cometió su asesinato más importante el 20 de diciembre de 1973, en el que resultó muerto el Presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. El atentado, al igual que el que había acabado con la vida de Melitón Manzanas, fue visto en general con simpatía por la población. En la imagen, la placa en recuerdo a Carrero Blanco en el lugar donde sufrió el atentado.
El cambio de actitud en la Iglesia por el Concilio Vaticano IIfavoreció el ascenso a la Jerarquía Católica de clérigos críticos con el Régimen. Un ejemplo de ello fue el nombramiento de José María Setién (en la imagen) como Obispo auxiliar de San Sebastián.
Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política
¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?
Datos
Opción
Votos
845 378
29 722
45 035
920 135
%
91,47%
3,35%
5,19%
100 %
Censo: 1 596 682
Votantes: 922 990 (57,81%)
Votos Nulos: 2855 (0,31%)
Abstención: 673 692 (42,19%)
Sí
No
Votos en Blanco
Total Votos Válidos
Resultados por Provincias
Opción
Álava
103 816 (92,19%)
3066 (2,72%)
34 638 (23,47%)
147 590
Guipúzcoa
170 363 (91,92%)
4992 (2,69%)
225 228 (54,75%)
411 489
Navarra
217 879 (93,08%)
6766 (2,89%)
84 067 (26,37%)
318 797
Vizcaya
353 320 (91,04%)
14 898 (3,84%)
329 699 (45,87%)
718 806
Sí
No
Abstención
Total Censo
La Ley para la Reforma Política y su debate propició que la Oposición manifestara claramente su deseo de ruptura clara con el Franquismo, frente a Adolfo Suárez que defendía una reforma del Régimen desde dentro. Tras la aprobación de la ley en referéndum, la Oposición aceptó los planteamientos de Suárez para ponerse a trabajar y conseguir los objetivos que en ese momento se plantaban, como eran la libertad o la autonomía.
La Búsqueda de la Normalización Política
Adolfo Suárez no tardó en tomar medidas para buscar la normalización política del País Vasco y, desde su toma de posesión, se asistió a un goteo de disposiciones con tal fin. Se estrenó en el mismo mes de julio con una Ley de Amnistía parcial que no incluía los delitos de sangre y continuó con la legalización de la Ikurriña en enero de 1977, la legalización de los partidos políticos en febrero y el restablecimiento en marzo de las Juntas Generales. En este mismo mes se promovió una nueva ampliación de la amnistía y, ante las notables insuficiencias que ésta presentaba (pues seguía sin contemplar los delitos de sangre), se promulgó la Ley de Amnistía en octubre de 1977, que esta vez sí incluía los delitos de sangre (principalmente los cometidos por ETA). Esta cuestión fue criticada por algunos sectores tanto en el Gobierno como en la Oposición y se mostró trágica más adelante, pues muchos de los amnistiados por delitos de sangre volverían a ingresar en prisión más adelante tras cometer nuevos atentados. Además, Suárez llevó a cabo una política con disposición constante al diálogo con los demás interlocutores políticos, que se mostraría claramente en su decisiva intervención a la hora de cerrar el acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía (el primero que se aprobó en España).
No obstante, Suárez no lo tuvo fácil, y aún menos en el País vasco donde los restos del Franquismo y sectores del Ejército examinaban con especial escrupulosidad las medidas aperturistas emprendidas, limitando su campo de juego. Así, por ejemplo, la legalización de la Ikurriña originó la dimisión de los Gobernador Civiles de Vizcaya, José Antonio Zarzalejos, y de Guipúzcoa, José Manuel Menéndez, así como una durísima nota de la Diputación de Vizcaya contra la instrucción que autorizaba su uso, a la vez que se negaba a izarla en los edificios públicos. A estas dimisiones siguieron otras, de forma que en febrero de 1977 más de 100 autoridades locales y provinciales del País Vasco habían dimitido. Tampoco la oposición, instalada en una dinámica de desconfianza hacia el nuevo proyecto reformista, se lo puso fácil a Adolfo Suárez. Puede servir como ejemplo la frialdad o el abierto rechazo con el que se acogió a los nuevos gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa, a pesar del talante abierto y dialogante que éstos mostraron.
En cuanto al escenario político, la tradicional triangulación política en torno a la cual había girado el País Vasco durante los primeros 40 años del siglo (que se basaba en el nacionalismo, el PNV; la izquierda, el PSOE y el PCE-EPK; y la derecha) ahora sumaba a la izquierda abertzale como cuarto componente. La salida del franquismo puso de manifiesto la acentuación de la pluralidad política que había definido la política vasca desde principios del siglo XX, con la aparición de nuevos partidos y movimientos sociales. Así, en estos años surgieron paulatinamente los partidos tradicionales junto con partidos de la extrema izquierda: formaciones como el MCE-EMK, la LKI o la ORT en la extrema izquierda estatal; partidos como HASI o LAIA en el caso de la izquierda abertzale, aparte de lo que significaba ETA que en aquel momento estaba actuando a través de dos organizaciones distintas como ETA(m) y ETA(pm); y, por último, aparecieron también organizaciones nacionalistas de carácter socialdemócrata como ESB-PSV o ESEI. Todo ello, unido a la importante movilización de grupos de la sociedad vasca, alimentaba el imaginario sustentado de la izquierda más radical de una Euskadi revolucionaria, de un reducto en la Europa de aquel tiempo; una Euskadi capaz de poner en pie una democracia no burguesa, participativa, socialista y popular. Así mismo, permitía elucubrar con la idea de que la sociedad premiaría a las formaciones que más se habían destacado en la lucha contra el franquismo, minimizando el apoyo de partidos históricos como el PNV o el PSOE. Todavía en enero de 1977, el secretario general del PCE-EPK, Ramón Ormazabal, manifestaba que esperaba obtener entre un 10% y un 20% de votos del electorado vasco; y unos días antes de la celebración de las primeras elecciones, el PCE-EPK estimaba que quedaría por delante del PSOE.
Otro de los datos reveladores del ambiente político en el País Vasco fue la inexistencia en los últimos años del franquismo y primeros de la Transición de una plataforma política unitaria de la oposición, al estilo de la Asamblea de Cataluña. Había algunas reivindicaciones compartidas entre las formaciones vascas y, de hecho, hubo tentativas para reconstituir un organismo unitario, pero el acusado contraste que existía entre ellas y los modelos opuestos que se sostenían hacían imposible tal endendimiento. Era especialmente notoria la divisoria entre el nacionalismo y el no nacionalismo, una fractura que se había vivido solapadamente en los ambientes políticos desde los años 60 y que ahora se manifestaba abiertamente con un rechazo contundente de las bases nacionalistas más radicales hacia las formaciones estatales.
En aquellos años no era infrecuente el boicot protagonizado por grupos de la izquierda abertzale a actos organizados por los partidos de la izquierda estatal o la desaprobación a sus actividades públicas. Así, los primeros mítines autorizados que dio el PSOE por parte de Felipe González en Bilbao, Éibar o San Sebastián en febrero de 1976 tuvieron intentos reiterados de boicot. Había en las bases del nacionalismo vasco radical una concepción cerrada en torno al hecho nacional vasco; una entrega sin fisuras a una idea exaltada de la construcción del País Vasco que les llevaba a repudiar a todo aquel que no se sumara a su comprensión de la nación vasca. Se consideraba que estas formaciones estatales estaban reproduciendo la opresión nacional oligárquica y, por tanto, debían ser tratadas con hostilidad.
En cualquier caso, el nacionalismo tampoco presentaba una imagen común y no se constituyó un frente en tal sentido, aunque llegó a manejarse tal posibilidad en la conocida como "Cumbre Vasca" o de Chiberta celebrada en la localidad vascofrancesa de Anglet en abril-mayo de 1977. A ella asistieron la práctica totalidad de las fuerzas nacionalistas a instancias de Telesforo Monzón, que prentendía formalizar un acuerdo para tratar conjuntamente con el Estado el futuro de Euskadi. El objetivo inmediato era tomar una postura frente a las inmediatas elecciones del 15 de junio de 1977, pero detrás de este objetivo se encontraba en realidad una pugna por la hegemonía del nacionalismo vasco; por una parte el PNV representaba al nacionalismo tradicional, mientras que ETA representaba el nuevo nacionalismo surgido en la dictadura. Según el pensamiento político de Monzón, en el País Vasco sólo existían dos fuerzas: ETA (el "etismo") y el PNV (el "jelkidismo"). Por lo tanto, según Monzón, el "etismo" y el "jelkidismo" debían llegar a un acuerdo conjunto de puntos mínimos para, una vez planteado a las demás fuerzas nacionalistas, hablar con el Gobierno de igual a igual. Se trataba, en primer lugar, de construir país y, más adelante, plantearse qué tipo de sociedad se quería formar, cuestión que Monzón consideraba secundaria en esos momentos. Las fuerzas estatales no eran del interés de Monzón, pues eran españoles, no eran de los suyos; en el fondo de esta cuestión se encontraba la idea que había aparecido ya en ETA-V Asamblea y que identificaba al vasco con el nacionalista vasco, es decir, para Monzón y el "etismo" lo que hacía ser vasco era el ser nacionalista. Sin embargo, en contra de la idea de Monzón, el PNV se negó tanto a hacer el boicot a las elecciones que plantaba Monzón como a formar un frente abertzale; es más, en el Senado en el Frente Autonómico con el PSOE.
Ni siquiera fue posible un frente político en el ámbito de la izquierda abertzale. Inicialmente, tanto ETA(pm) como ETA(m) crearon una plataforma electoral con el nombre de Euskal Erakunde Herritarra (EEH) a la espera de qué ocurría con la amnistía de los presos políticos. Cuando se produjo la liberación de los presos en marzo, ETA(pm) optó por presentarse a las elecciones y se desligó de EEH. De esta forma nació la coalición Euskadiko Ezkerra (EE), nombre bajo el cual confluyeron tanto EIA (el brazo político de ETA(pm)) como MCE-EMK. Al no incluir los delitos de sangre (para ello habría que esperar a octubre), ETA(m) y el conjunto restante de EEH decidieron boicotear las elecciones.
Sin embargo, sí existió una colaboración entre el PNV y el PSOE sobre la base de las demandas mínimas: libertad, amnistía y autonomía. Más específicamente, las dos formaciones coincidían en la reclamación del autogobierno; demanda que, de hecho, era asumida por la totalidad de las fuerzas de la oposición. El exacerbado nacionalismo español del régimen de Franco, acompañado por un riguroso centralismo, provocó que la reclamación de un nuevo sistema de organización del Estado de carácter autonómico fuese parte sustantiva del programa de los partidos de la oposición. Sucedió así que el rechazo al franquismo produjo una convergencia entre la idea de la democracia con la del reconocimiento de las nacionalidades, de manera que la reivindicación de la libertad iba asociada al restablecimiento de los Estatutos de Autonomía. No fue pues extraño el acuerdo al que llegaron la mayor parte de los partidos democráticos vascos (PNV, PSOE, ESEI, PCE-EPK, DCV y ANV) con el llamado "Compromiso Autonómico" en mayo de 1977. Sobre la base de un programa de mínimos, su objetivo central era exigir el "reconocimiento inmediato de la personalidad política y administrativa de Euskadi". Como una derivación de este acuerdo, se constituyó para las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 el Frente Autonómico con candidaturas conjuntas al Senado en las tres provincias vascas y en Navarra por parte del PNV, del PSOE, de ESEI e independientes.
Las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 significaron una importante clarificación del panorama político vasco. Los resultados electorales supusieron un baño de realismo, conociéndose por primera vez la opinión de los ciudadanos. Se midió la fuerza de cada grupo e ideología y las ensoñaciones acerca de una Euskadi socialmente revolucionaria se evaporaron. De las elecciones surgieron en Euskadi dos partidos triunfantes con el mayor porcentaje de votos: el PNV y el PSOE. El hecho de que no estuvieran en primera línea en la lucha contra el franquismo no les pasó factura, sino que una suerte de memoria histórica permitió que emergieran de nuevo como fuerzas dominantes tal y como lo habían sido ya en la Segunda República.
El centro (representado por la Unión de Centro Democrático (UCD)) y la derecha (representada por la Alianza Popular (AP)) obtuvo unos resultados dignos, muy por debajo de la media nacional en el caso de la UCD; pero teniendo que hacer frente a condiciones muy duras a causa de la presión terrorista que sufrían. Muy significativo resultó que la única provincia en la que la UCD no presentó candidatos fue Guipúzcoa, y AP se presentó bajo las siglas Guipúzcoa Unida (GU). La coacción que ejercían los violentos en esta provincia era cada vez mayor, coaccionando la libertad de estas formaciones y sus posibilidades de expansión y arraigo; y aún con ello, las elecciones mostraron que el centroderecha de ámbito estatal continuaba contando con un espacio social en el País Vasco.
Los resultados electorales supusieron también el desplome de los grupos a la izquierda del PSOE, con unos magros resultados del PCE-EPK y la marginación de los grupos izquierdistas. En cuanto a la izquierda abertzale, se evidenció que tenía una fuerza limitada, lejos de la que esperaban: EE (la coalición apoyada por ETA(pm)) se quedó con un escaño y un escaso 6%, mientras que la abstención (opción apoyada por ETA(m) y el conjunto de fuerzas de EEH) se mantuvo en unos porcentajes similares a la media española, por lo que se deduce que tuvo una incidencia reducida. De todas formas, el boicot planteado por estas fuerzas impedía obtener una imagen política exacta de la sociedad del momento.
El Proceso Constitucional y el Consejo General Vasco
La celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977 supuso la entrada en una nueva etapa política en la que el debate público giraría, básicamente, en torno a la autonomía y a la amnistía. En su transcurso, colisionaron abiertamente los dos modelos de construcción del país: el democrático y el que protagonizaban los violentos. Fue también un tiempo en el que comenzaron a abrirse las brechas entre el PNV y el PSE-PSOE una vez obtenidas y encauzadas las reclamaciones unitarias, abriéndose el paso hacia la disputa por la hegemonía política del País Vasco.
La hoja de ruta del "Compromiso Autonómico" establecía que, una vez celebradas las elecciones, se constituyese una Asamblea de Parlamentarios Vascos para poner en marcha el proceso autonómico y elaborar un proyecto de estatuto. Tal asamblea se celebró el 19 de junio en Guernica y en ella se integraron la totalidad de los parlamentarios elegidos a excepción de los diputados y senadores navarros de la UCD, que rechazaban la posibilidad de integración de Navarra en la futura comunidad vasca. Esta ausencia anunciaba uno de los principales escollos a la hora de agilizar la formación de un régimen preautonómico vasco pues el PSE y, especialmente, el PNV eran favorables a la integración de Navarra en el organismo que se constituyera al efecto. Estas divergencias retrasaron la constitución del organismo preautonómico en Euskadi hasta que finalmente, en diciembre de 1977, se desatascaba el punto muerto llegándose a un acuerdo por el cual la UCD admitía la incorporación de Navarra siempre y cuando así lo solicitara el organismo foral navarro competente y una posterior ratificación por referéndum por los ciudadanos navarros. Superado el obstáculo se aprobó la creación de un organismo preautonómico, el Consejo General Vasco, que en febrero de 1978 quedó constituido. Entre las fuerzas parlamentarias había acuerdo acerca del carácter transversal que debía tener este nuevo organismo, que había de recoger la pluralidad surgida de las elecciones.
El Consejo se formó a partir de los componentes de los partidos que habían obtenido representación en las elecciones: 5 consejeros del PSE, 5 consejeros del PNV, 3 consejeros de la UCD, 1 consejero de EE y 1 consejero independiente. A la hora de decidir quién debía presidir el consejo se presentaron como candidatos Ramón Rubial por el PSE y Juan de Ajuriaguerra por el PNV. Tras varias votaciones empatadas, el socialista Ramón Rubial fue elegido en octava vuelta Presidente del Consejo General Vasco. La opción del PSE de mantener a su candidato resultó muy controvertida y ha continuado siendo debatida con posterioridad; si bien el argumento que entonces se manejaba de ceder la presidencia al PNV para conseguir un mayor compromiso de este partido con el proceso democrático español evaluada con el paso del tiempo no resulta convincente. El caso es que la elección de Rubial marcó una nueva etapa en las relaciones PSE-PNV, desde entonces más tensas y enconadas, y reflejó también la decisión de los socialistas de protagonizar el proceso autonómico en Euskadi. Por su parte, la reacción del PNV fue la de distanciarse del Consejo General Vasco y, aunque participaron con cinco consejerías, hicieron patente su frialdad hacia la nueva institución a la vez que se afirmaban en la decisión de mantener el Gobierno Vasco en el exilio presidido por Leizaola. Venían a conceder, de este modo, la legitimidad histórica a este último en tanto que al Consejo General Vasco le otorgaban la calidad de mero órgano administrativo mientras no llegasen la autonomía y el Estatuto. Por esta razón, el PNV se negó a conceder a Ramón Rubial el título de Lendakari como Presidente del Consejo General Vasco, si bien el término Lendakari se aceptó en los documentos en euskera.
El Consejo General Vasco tuvo que hacer frente a una situación muy complicada. En el inicio de su mandato se marcó como tareas prioritarias la restitución de los Conciertos, el reforzamiento democrático y una autonomía no inferior a la conseguida en el pasado; una labor ambiciosa abordada desde un organismo que nacía carente de atribuciones, a la espera de que una ley-estatuto estableciese las competencias del País Vasco. El camino estatutario comenzó cuando el Consejo General Vasco, sin esperar al referéndum de la Constitución, decidió en noviembre de 1978 encargar a la Asamblea de Parlamentarios Vascos la elaboración del proyecto estatutario. La redacción del proyecto duró apenas un mes, pues se pretendía que el proyecto estatutario vasco fuera el primero en ser presentado el Congreso, ya que ello aparejaba la inexistencia de una casuística similar que pudiera significar la existencia previa de techos competenciales. Otro elemento político que explica la brevedad de la redaciión del proyecto estatutario fue la consideración de que el logro del autogobierno político sería un factor que apaciguaría la situación de crispación y violencia política. El proyecto fue aprobado por la Asamblea de Parlamentarios Vascos la noche del 23 de diciembre de 1978 y llegó al Congreso de los Diputados poco antes de que fuera disuelto, tras el referéndum constitucional. La disolución de las Cortes el 29 de diciembre de 1978 originó una paralización momentánea del procedimiento.
Mientras todo esto sucedía, la sociedad vasca hizo frente a otro debate suscitado en torno a la pieza legal clave del nuevo sistema democrático español: la Constitución. Este debate puso en primer plano el creciente divorcio entre nacionalistas y no nacionalistas. La Constitución consagró la idea de un "Estado social y democrático de Derecho", concepto que fusionaba tres ideas de distinto origen histórico, que el texto constitucional consideraba unidas e interdependientes: el Estado de Derecho, el Estado Social y el Estado Democrático. Los otros dos principios básicos en los que se fundamentó la Constitución fueron la Monarquía Parlamentaria (por lo que el Rey se convertía en Jefe del estado, pero sin control del Ejecutivo y sometido al control del parlamento) y el Estado de las Autonomías, con la que reconocía y garantizaba el acceso al autogobierno de las distintas nacionalidas y regiones de España. Además, la Constitución garantizaba la separación de poderes mediante un órgano autónomo de Gobierno para el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y el establecimiento del Parlamentarismo. Por último, la Constitución establecía los derechos y libertades tanto individuales como colectivas (como el derecho de asociación, el derecho al honor, a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad del domicilio, y a la libertad de expresión e información) junto con derechos sociales básicos (como el derecho a una vivienda, a la educación o a la sanidad entre otros).
Hasta su definitiva aprobación en el Congreso, el proyecto constitucional atravesó un denso debate en el que el PNV participó activamente, aunque estuvo ausente en la ponencia encargada de la elaboración del anteproyecto debido a cuestiones de reglamento (en aquel momento no reunía el número suficiente de diputados para formar un grupo parlamentario propio, lo que daba acceso a formar parte en la ponencia). Los constituyentes intentaron de manera continuada que el PNV se comprometiera con la Constitución por su importancia para traer la paz al País Vasco, pero el PNV esquivó reiteradamente estos intentos. Dos han sido las razones que tradicionalmente se han asociado a esta actitud; la primera es la posibilidad de ser considerado traidor por parte de la militancia de la izquierda abertzale y la segunda se asocia a la capacidad de presionar posteriormente en la redacción del Estatuto de Autonomía. El PNV intentó incorporar la foralidad a la Constitución y lo planteó a través de una enmienda al proyecto. Esta enmienda dio lugar a un largo debate a lo largo del trámite parlamentario, quedando tras su modificación recogida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución con la siguiente redacción:
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
No era el texto que el PNV presentó, pero contenía el concepto clave de los Derechos Históricos y, de hecho, el diputado jelkide Xabier Arzalluz la votó favorablemente en la comisión del Congreso.
La Constitución, tal y como quedó redactada finalmente, suponía un evidente paso adelante para el autogobierno del país e implicaba un explícito reconocimiento de la singularidad del País Vasco, generándose en el PNV opiniones contradictorias sobre si apoyarla o no. Finalmente, el PNV no apoyó la Constitución al no compartir el texto de la Disposición Adicional Primera, amparándose en que la inclusión del concepto de foralidad en una disposición adicional podría dar lugar a futuros incumplimientos. Sin embargo, dicha disposición iba a tener posteriormente un efecto jurídico destacado al ponerse en marcha el Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, la opción del PNV leída en términos aplicables al País Vasco supuso un nuevo choque con el PSE. El distanciamiento entre ambos partidos fue ostensible y, a su vez, la grieta entre los nacionalistas y los que no lo eran se ensanchó.
El referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 reflejó una vez más la singularidad política del País Vasco, con unos resultados que diferían de los del resto de España. En la campaña, los partidos de ámbito estatal (UCD, PSOE, PCE y AP) fueron partidarios de la aprobación de la Constitución, PNV y ESEI favorables a la abstención, mientras que la izquierda abertzale (con sus dos principales referentes: EE y la recién fundada HB) pidieron el voto negativo. Los resultados en el País Vasco significaron el triunfo con un 72% a los partidarios de la Constitución con un porcentaje amplio sobre el voto negativo, que sin embargo obtuvo un respaldo del 22%. Lo más resaltable de estos resultados fue la fuerte abstención que superó el 51%, muy por encima del cómputo global que se situó en el 33%, sobresaliendo especialmente Vizcaya y Guipúzcoa con alrededor del 57% de abstenciones.
Referéndum Constitucional 1978
¿Aprueba el proyecto de Constitución?
Datos
Opción
Votos
661 412
203 995
55 231
920 638
%
71,84%
22,16%
6,00%
100 %
Censo: 1 913 980
Votantes: 934 005 (48,80%)
Sí
No
Votos en Blanco
Total Votos Válidos
Votos Nulos: 13 367 (1,43%)
Abstención: 979 975 (51,20%)
Resultados por Provincias
Opción
Álava
73 409 (72,45%)
19 726 (19,47%)
70 590 (40,71%)
173 412
Guipúzcoa
139 777 (64,56%)
65 429 (30,22%)
285 357 (56,57%)
504 389
Navarra
182 207 (76,42%)
40 804 (17,11%)
120 548 (33,37%)
361 243
Vizcaya
266 019 (73,01%)
78 036 (21,42%)
503 480 (57,54%)
874 936
Sí
No
Abstención
Total Censo
La Consecución de la Autonomía
Aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones generales, que se celebraron el 1 de marzo de 1979. En ellas se iba a presentar por primera vez la marca civil de ETA(m), Herri Batasuna (HB), lo que era también un buen barómetro para medir el apoyo con el que contaba la banda en la sociedad.
Los resultados supusieron un triunfo del PNV, no tanto considerados aisladamente pues bajó tanto en número de votos como de diputados (de 8 a 7) respecto a las elecciones generales de 1977, sino por el descalabro del PSE-PSOE, con un descenso acusadísimo que le supuso perder entre esas dos elecciones del orden de unos 77.000 votos y unos 6 puntos porcentuales. En cambio, la UCD obtuvo un buen resultado, quedando en la práctica como la única representación del centro-derecha estatal en el País Vasco. Sin embargo, no llegó a absorber todo el voto de AP, que presentándose como Unión Foral del País Vasco sufrió un duro correctivo. Posiblemente, el dato más llamativo de las elecciones fue la fuerte irrupción electoral de la izquierda abertzale con una HB que se presentaba por primera vez obteniendo un 14% de los votos (unos 170.000), lo que sumado a los obtenidos por EE (en pleno proceso de evolución hacia el rechazo del terrorismo) servía para constatar el arraigo que la comunidad de la violencia había alcanzado en el País Vasco.
Censo: 1 911 185
1
Votantes: 1 277 555 (66,85%)
1
Votos Nulos: 25 908 (2,03%)
3
Abstención: 633 630 (33,15%)
3
=
=
1
1
=
-
=
Resultados por Provincias
Álava
Guipúzcoa
Navarra
Vizcaya
Votos
29 625 (25,41%)
26 722 (22,92%)
24 891 (21,35%)
11 594 (9,94%)
7205 (6,18%)
5442 (4,67%)
54 253 (31,15%)
174 145
Escaños
2
1
1
0
0
0
-
4
Dif.
=
=
=
=
=
=
Votos
87 090 (26,50%)
59 863 (18,21%)
57 811 (17,59%)
50 551 (15,38%)
42 293 (12,87%)
10 034 (3,05%)
172 369 (33,99%)
507 142
Escaños
2
2
1
1
1
0
-
7
Dif.
Votos
83 302 (32,93%)
55 399 (21,90%)
28 248 (11,17%)
22 425 (8,86%)
21 305 (8,42%)
19 522 (7,72%)
106 708 (29,34%)
363 713
Escaños
3
1
1
0
0
0
-
5
Dif.
=
1
1
1
1
=
1
1
=
=
=
1
=
=
2
=
=
=
=
=
=
Las elecciones municipales y forales celebradas un mes despuésn, el 3 de abril de 1979, no hicieron sino acentuar la tendencia marcada por las elecciones generales. El PNVaparecía cada vez más consolidado como fuerza mayoritaria en tanto que los partidos estatales seguían con su acusada sangría de votos mientras que la izquierda abertzale, y más específicamente HB, era refrendada como una potente fuerza electoral. Las ciudades más pobladas de Euskadi dieron una holgada mayoría al PNV, que de esta forma pasaba a hacerse con las capitales de las tres provincias vascas, al mismo tiempo que el desplome que sufría el PSE supuso que HB le superase en San Sebastián, Bilbao y Pamplona. Otro tano sucedió en las elecciones a Juntas Generales, donde el predominio del PNV se hizo aplastante, emergiendo HB como la segunda fuerza política de Euskadi mientras que los partidos políticos estatales sufrían una considerable pérdida de votos. Por su parte, la UCD fue la fuerza más votada en Pamplona, a escaso margen de HB. Los pactos postelectorales dieron la alcaldía de la capital navarra al PSE. Las elecciones al Parlamento de Navarra de 1979 dieron como ganador a la UCD.
El importante respaldo logrado por HB mostraba que ETA no sólo era un problema que había que encarar desde el ángulo policial sino que tenía una importante vertiente social derivada del apoyo con que contaba entre un importante segmento de la población. El pluralismo político del País Vasco se mantenía, pero se reforzaba por uno de sus extremos lo que algunos autores han denominado como pluralismo poralizado. Así, después de las elecciones tomo cuerpo una hegemonía política nacionalista que se mantendrá en los años siguientes.
La nueva composición de las instituciones parlamentarias se trasladó al Consejo General Vasco, procediéndose a su remodelación con el fin de ajustarlo a los resultados electorales. No estaba presente HB pues, conforme a su criterio antisistema y de deslegitimación de las instituciones democráticas, optó por no acudir a los organismos parlamentarios (siendo la excepción su presencia en los municipios). De este modo, el nuevo Consejo General Vasco quedó integrado por 9 consejeros del PNV, 4 consejeros del PSE, 4 consejeros de la UCD y 1 consejero de EE; siendo designado presidente el jeltzale Carlos Garaikoetxea. El nuevo Consejo General Vasco se marcó como objetivo principal la negociación y aprobación del proyecto de Estatuto, gestiones que ya habían comenzado en la etapa anterior bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial.
Tras el triunfo del PNV en las elecciones generales, este partido asumió en exclusiva el protagonismo de la representación vasca dejando de lado al resto de las fuerzas políticas, sin que la protesta de alguna de éstas tuviera algún efecto. La importancia alcanzada por el PNV en el Consejo General Vasco hizo también que Suárez focalizara su esfuerzo negociador con este partido a la hora de detallar el futuro Estatuto de Autonomía. Tal fue así que las piezas clave de este estatuto fueron acordadas de forma bilateral entre el Gobierno de la UCD y el PNV, reservando a la comisión constitucional la labor de convalidar dichos acuerdos. Dentro de la negociación parlamentaria es de remarcar la importante fricción que existió entre el PSE y el PSOE a razón del Concierto Económico Vasco, ya que la dirección federal consideraba este instrumento una situación privilegiada respecto a otras Comunidades Autónomas, aunque los argumentos a su favor del PSE sobre su necesidad para asentar la Democracia en el País Vasco hicieron que finalmente lo apoyase. El Estatuto de Autonomía fue aprobado definitivamente por la comisión constitucional el 17 de julio de 1979.
El Estatuto venía a recoger buena parte de las aspiraciones nacionalistas. No en vano, desde un principio el guion sobre el que se articularon las negociaciones fue el del PNV, con cesiones importantes de los no nacionalistas en temas sensibles como la organización interna de Euskadi, la bandera, los símbolos, el himno, el nombre, etc. que habían sido al fin y al cabo los propios de la comunidad nacionalista. En la negociación con el Gobierno el PNV tuvo que aceptar ciertas restricciones como la definición de la definición de las competencias de Euskadi en el marco estatal, pero a cambio consiguió que se incorporase la regulación confederal de los Territorios Históricos, o vio plasmada la operatividad jurídica de conceptos como los Fueros y los Derechos Históricos, que fueron la base sobre la que se alcanzó un Estatuto con un elevado tope competencial. Se dio la paradoja de que la Constitución, a través de su Disposición Adicional Primera, jugó a favor de los nacionalistas. El Estatuto de Autonomía supuso, pues, que Euskadi se dotara de un amplio autogobierno, cayendo bajo su tutela materias tan sensibles como educación, sanidad y otros servicios públicos (medios de comunicación, transportes), permitiéndole poner en pie una policía autónoma, o dotándose de un sistema financiero y fiscal propio gracias al restablecimiento de los Conciertos Económicos.
La campaña del referéndum volvió a dividir Euskadi en dos polos, desplazándose la pugna nacionalismo vs. no nacionalismo hacia la confrontación entre un bloque pro-estatuto y otro que lo rechazaba. Este segundo estaba integrado por HB y partidos izquierdistas, que propugnaron la abstención, mientras que el favorable al Estatuto era un abigarrado grupo en el que se integraban formaciones estatales como el PSE, UCD, PCE-EPK y nacionalistas como el PNV y EE, en este último caso como un paso más de sus dirigentes para asentar la organización y el mundo de ETA(pm)en las vías políticas y democráticas. Por último la derecha, AP, y la extrema derecha, FN, pidieron el no.
Los resultados del referéndum supusieron un claro triunfo de los partidarios del Estatuto, con un porcentaje de la abstención no desdeñable (41%). Fue una abstención significativamente inferior a la habida en el referéndum de la Constitución, o muy similar a la que registró, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, todo lo que apuntaría a que la propuesta abstencionista tuvo un reducido alcance. En cualquier caso, uno de los grandes objetivos anhelados con el Estatuto, el que sirviera de lugar de encuentro de los vascos, resultó parcialmente fallido. El mundo del no nacionalismo superó resistencias históricas y lo hizo suyo, pero no ocurrió lo mismo con el universo de la izquierda radical abertzale, que encontró otro frente al que oponerse.
Referéndum Estatuto Autonomía 1979
¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco?
Datos
Opción
Votos
831 839
47 529
31 419
910 787
%
91,33%
5,22%
3,45%
100 %
Censo: 1 565 541
Votantes: 921 436 (58,86%)
Sí
No
Votos en Blanco
Total Votos Válidos
Votos Nulos: 10 649 (1,16%)
Abstención: 644 105 (41,14%)
Resultados por Provincias
Opción
Álava
92 535 (84,95%)
10 023 (9,20%)
64 321 (36,77%)
174 930
Guipúzcoa
278 399 (92,89%)
12 290 (4,10%)
204 155 (40,27%)
507 002
Vizcaya
460 905 (91,78%)
10 023 (5,02%)
37 562 (42,51%)
883 609
Sí
No
Abstención
Total Censo
Se iniciaba así una etapa caracterizada por la hegemonía del nacionalismo representado por el PNV, que copó las instituciones políticas y sociales vascas y se hizo fuerte en toda aquella organización que tuviera arraigo social en Euskadi. Los nuevos comicios celebrados en marzo de 1980 para elegir el primer Parlamento Vasco constituyeron un espaldarazo para la vía autonomista y para el autogobierno de Euskadi, expresando que la mayoría de la población optaba por esa alternativa. Implicaron asimismo que las tendencias políticas apuntadas en las elecciones anteriores se confirmaban, con un predominio del nacionalismo que llegó a sumar el 65% del electorado, con la clara hegemonía del PNV que se consolidó como el partido ganador con una amplia ventaja sobre las demás formaciones. HB, por su parte, volvió a erigirse como segunda fuerza del país por encima de un alicaído PSE, que sin embargo dos años después, en las elecciones generales de 1982 y con una baja abstención volvería a mostrarse como un partido con un potente arraigo social.
Frente a la hegemonía del nacionalismo en general y del PNV en particular, la fragilidad organizativa de partidos como el PSE o la UCD era llamativa, sobre todo en este último caso, sin apenas militancia. Se produjo así la paradoja durante los años 1977-1979 de que mientras el PSE dirigía a través del Consejo General Vasco el proceso autonómico, era un partido carente de cuadros, de presencia en la sociedad, produciéndose un claro desajuste entre su fuerza electoral y su debilidad como organización. El contraste con el PNV en este terreno era acusadísimo, pues si por algo se caracterizaba este partido era por su visibilidad en la sociedad, haciendo perceptible su discurso de que era el partido de aquí, el que disponía de los medios para solucionar los graves problemas que atravesaba Euskadi.
ETA desplegó durante esta etapa una intensa actividad asesina que afectó con especial saña a todo lo que físicamente o simbólicamente pudiera relacionarse con España. Practicaron una especia de limpieza cultural, que coaccionaba cualquier expresión contraria al nacionalismo vasco y que, sin duda, limitó la libertad de los partidos estatales, su capacidad de arraigar socialmente y de ejercer la acción pública. Los partidos estatales, así como la opinión pública que sintonizaba con ellos, vivieron en unas condiciones de desventaja y de precariedad democrática, que lógicamente lastraron sus posibilidades de arraigo social.
Reacción política ante la violencia de ETA
El inicio de la Transición supuso una escalada en la acción de ETA, de manera que la cifra de asesinados fue aumentando a medida que se asentaba el régimen democrático. De los 16 asesinatos de 1975 se pasó a los 98 de 1980, la cifra más alta de toda la democracia, un asesinato cada tres-cuatro días. 246 víctimas inocentes entre los años 1978-1980, casi el 30% de los asesinatos que ETA ha cometido a lo largo de su historia, al margen de heridos y damnificados. Con razón ese trienio en Euskadi es conocido como el de los años de plomo.
Son cifras de asesinatos que ponen en evidencia el reto que lanzó ETA a la democracia y que, asimismo, reflejan el grave error en el diagnóstico de buena parte de los partidos democráticos, con el PSE y el PNV a la cabeza. Error porque ambos consideraron que ETA era un fenómeno derivado del franquismo, que se solucionaría con la democracia y tras alcanzar un alto grado de autogobierno. Se confiaba en las posibilidades de integración en la vida democrática tanto de ETA como de la izquierda radical abertzale a través de la aplicación de medidas políticas como el establecimiento y profundización de la libertad, la amnistía, la autonomía, la creación de una policía propia, etc; se pensaba, en suma, que ese mundo sería sensible a la democracia y se encontraría cómodo en ella.
Ello supuso, en el caso del PSE, que mantuviera durante la etapa al frente del Consejo General Vasco una actitud de disposición al diálogo con ETA, manifestándose a través del entonces consejero de Interior Txiki Benegas, una voluntad de negociación con la banda, que no llegó a fructificar pese a las gestiones acometidas. Se estaba todavía bajo el síndrome del franquismo, bajo la cultura de la oposición compartida al régimen, de sentir a ETA como una organización con la que se había convivido en la lucha común contra Franco. Así se explican, por ejemplo, pronunciamientos como los de Alfonso Guerra que, en marzo de 1977, mostraba su solidaridad con dos militantes de ETA abatidos, mientras que Benegas, en ese mismo acto, expresaba su condena por la muerte de dos activistas de ETA. Bien es verdad que eran todavía los primeros momentos de la Transición, pero ya en febrero de 1978, en documentos del partido se equiparaba la violencia institucional del Gobierno con la etarra. Paulatinamente, el PSE modificó su posición en la dirección de enclavar a ETA como un movimiento terrorista con el que no había posibilidades de negociación, siendo determinante en la fijación de este criterio el asesinato de un militante socialista, Germán González López, en octubre de 1979 por uno de los grupos emanados de ETA.
El PNV, por su parte, sostuvo una posición ambivalente; de condena a ETA por los métodos que empleaba, pero evocando a la par su componente legítimo como organización que luchaba por unas reivindicaciones nacionales justas. Al comienzo de la Transición se mantenía entre las bases del partido un hilo de comprensión hacia la banda forjado en el común sentimiento nacionalista, una simpatía paternal hacia los militantes de ETA con los que se discrepaba en los medios (la violencia), pero se coincidía en el fin (la lucha contra España). El PNV fue renuente a condenar a ETA, hecho que no se produjo hasta abril de 1976 cuando ETA asesinó a un empresario nacionalista, Ángel Berazadi Uribe. A partir de ese momento el PNV fue adoptando una posición más clara de rechazo, no sin que se produjeran muestras de disconformidad entre su militancia. No abandonó durante este tiempo su núcleo argumental de entender la violencia etarra como una consecuencia del rechazo del Estado a aceptar el derecho de autodeterminación. Ello le llevaba a esa ambigüedad en la que por una parte se condenaban los asesinatos de ETA, y a la par acciones policiales contra ella; o tendían a poner en el mismo plano al gobierno de la Unión de Centro Democrático y ETA, pues existía la convicción que exponía el jelkide Irujo de que ETA "es algo más y esencialmente distinto que el simple terrorismo como el alemán o el italiano".
Bien es verdad que ETA encontró unos insospechados aliados en su labor de deslegitimar la democracia en la extrema derecha violenta y en los grupos "incotrolados", que durante muchas fases de esta etapa camparon a sus anchas por las calles de Euskadi, provocando incidentes, sin que las autoridades puedieran controlarlos porque eran sus propios agentes los que los protagonizaban. A los asesinatos cometidos por ETA, les seguían en ocasiones pequeñas razias nocturnas de policías de paisano por ciudades de Euskadi amendrentando a la población, más frecuentes cuando las víctimas eran integrantes de las instituciones armadas. Tal comportamiento llegó a su paroxismo en julio de 1978, cuando dos compañías de la policía armada, uniformadas y en plena luz del día, tomaron al asalto la ciudad de Rentería (significada por su apoyo al mundo radical), cometiendo diversos destrozos en establecimientos comerciales, de los que sustrajeron bienes. Las fuerzas del orden público se empeñaron en aparecer ante la población vasca como residuos franquistas, interviniendo en muchos casos de manera desproporcionada y brutal, como una autoridad distante del ciudadano vasco, del que por sistema se desconfiaba. Se perpetuó de esta forma un clima de recelo en el País Vasco hacia los cuerpos de seguridad del Estado, por mucho empeño que pusieron los gobernadores civiles de estas provincias por proporcionarles otra imagen más acorde con los tiempos democráticos.
Más daño a la convivencia en Euskadi que los grupos de "incontrolados" hizo la aparición de un terrorismo de extrema derecha. Aunque los datos varían de unas fuentes a otras, se refleja un terrorismo de extrema derecha de baja intensidad en comparación con ETA, perocuya sola existencia era un factor más de degradación de la vida democrática y reforzaba en el mundo radical abertzale el imaginario de que se continuaba bajo la dictadura. Daba pie a que el mundo nacionalista colindante con ETA pudiera justificar su existencia, neutralizando la posible crítica a la organización etarra ante la existencia de otra violencia, esta sí denunciable, pues iba contra las aspiraciones del pueblo.
Una de las grandes dificultades que tuvo que hacer frente la Transición en Euskadi era la deslegitimización del Estado que había legado el franquismo y que había sido un soporte para que las respuestas violentas al Régimen fueran aplaudidas por una parte de la población. Lo expuesto sobre la actuación de las fuerzas del orden público o la sospecha de que el terrorismo de extrema derecha encontraba la connivencia en sectores de las fuerzas de seguridad, hicieron más ardua la tarea de asentar la democracia en Euskadi y de restar sustento social al radicalismo abertzale, reforzado cada vez que los aparatos del Estado se extralimitaban en sus funciones.
No obstante, estas actuaciones de la extrema derecha no pueden camuflar que el drama que vivió la sociedad vasca vino determinado por la acción terrorista de ETA y el indudable apoyo social con el que contó. A este respecto cabe preguntarse cómo reaccionó la sociedad ante aquella riada de atentados y asesinatos de ETA. La lectura de la prensa de la época resulta desalentadora pues el contraste entre el apoyo que encontraba ETA, y el que recibieron sus víctimas es brutal. Los funerales de estos últimos congregaban a un escaso número de personas, menos aún si eran miembros de las fuerzas armadas o de las fuerzas del orden público. Los documentos fotográficos resultan escalofriantes y nos hablan de la soledad del asesinado, que era despedido en ceremonias casi clandestinas, rodeado por sus compañeros de armas o de cuerpo, con ausencia de los partidos políticos, que todavía seguían secuestrados por el síndrome franquista de considerarlos como colectivos vinculados a la dictadura. Por el contrario, los etarras muertos en enfrentamientos con los servicios de seguridad, eran acogidos con pesar y expresiones de solidaridad, cuestionándose casi por principio la versión oficial de los hechos, produciéndose huelgas y manifestaciones de apoyo, y con una posición de buena parte de los partidos políticos democráticos generalmente ambigua. Como contraste con los dicho antes, los funerales de los etarras muertos eran multitudinarios, con intervenciones de los oficiantes religiosos en los que tendían a presentar a los miembros de ETA como luchadores de la libertad, o bien se diluía la culpabilidad de ETA en un "todos somos responsables en alguna forma del drama que está sucediendo aquí, todos somos solidarios de un drama colectivo", como dijo el monseñor Añoveros en 1977.
Tal y como se ha observado, los partidos políticos reaccionaron tarde y de forma timorata ante la penetración de la violencia en el tejido social y no promovieron el rearme moral de la sociedad ante el terrorismo. Fueron los pequeños partidos como DCV o el PCE-EPK, los primeros que no sólo denunciaron con contundencia a ETA, sino que además pidieron una reacción social ante esa lacra, un trabajo de pedagogía en la sociedad que hiciera frente a los violentos y socavara su fuerza. Hubo que esperar a junio de 1978 para que se convocara la primera concentración contra el ETA, todavía minoritaria, que se produjo a raíz del asesinato del periodista José María Portell, promovida por el PCE. Mucha mayor amplitud y difusión tuvo la primera gran manifestación que a instancia del PNV se celebró en octubre de ese año contra la "violencia" terrorista. La convocatoria inicial del PNV era contra el terrorismo y, aunque en ella no se hacía referencia explícita a ETA y además se volvía a mencionar la responsabilidad las responsabilidad del Gobierno, generó un profundo malestar entre su militancia. Para paliar tal efecto, el PNV fue durante los días siguientes bajando el tono de la convocatoria, haciéndola más imprecisa, de manera que en posteriores comunicaciones ampliaba la condena a las "otras" violencias, para acabar por despachar a la UCD de la manifestación acusándole de que tenía "corresponsabilidad" en la violencia en Euskadi debido a su negativa a asumir "soluciones políticas". Todo ello no impidió a los grupos abertzales organizaran, como tantas veces, una contramanifestación con el lema "Ayer y hoy con nuestros gudaris".
Estos datos nos pueden ayudar a encajar el comportamiento de la ciudadanía vasca ante esa violencia terrorista que se fue extendiendo en Euskadi, sin que se registrara una reacción social significativa en su contra. En la sociedad vasca hubo una mezcla de pasividad, indiferencia, miedo, cuando no complacencia entre algunos sectores, ante la dimensión que tomó el terrorismo. Se aprendió a convivir con el asesinato, las bombas, los secuestros, como si fueran parte del acontecer diario y se llegó a integrar el terror como una pauta más con la que coexistir. Los ciudadanos evitaban ciertas calles, algunos comentarios, o sobresalir a la hora de exponer opiniones de rechazo a los violentos por sea caso. La indiferencia, el "a mí que no me toque", se fue haciendo la norma en la sociedad, que hizo del silencio su conducta. Hubo una transferencia de silencio de la crítica pública del franquismo, a la censura a ETA en la Transición. El resultado fue que no se produjo durante esta etapa una movilización de la sociedad civil contra ETA.
Uno de los asesinatos cometidos por ETA refleja el deterioro que el terrorismo generó en la sociedad. El entonces consejero de Interior Txiki Benegas del Consejo General Vasco lo relataba así:
"ETA asesinó de madrugada en Villafranca de Ordicia a un joven guardia civil y a su novia a la salida de una discoteca cuando ya en su vehículo se aprestaban a abandonar el lugar. El joven cayó por efecto de las balas reclinado sobre el volante y su peso accionó el claxon del vehículo, que comenzó a sonar. Así estuvieron durante veinte minutos con el claxon sonando sin que nadie se atreviera a auxiliarlos. No sabemos si el atentado fue mortal, pero en el supuesto de que no lo hubiera sido lo cierto es que, a los veinte minutos de haberse producido, cuando llegó la ambulancia habían muerto. Algunos testigos confesaron después que de vez en cuando se encendía una luz en un piso, se abría una contraventana, que a los pocos segundos se entornaba, la luz se apagaba, y el claxon seguía sonando como una póstuma sinfonía monocorde que tocaba a muerte."
Esto ocurría en enero de 1979.
Navarra: Comunidad Foral
A finales de los años setenta del siglo XX Navarra conservaba sus fueros (reconocidos por la Ley de Modificación de los Fueros de 1841) como reconocimiento a la contribución de sus voluntarios, en particular los requetés, al éxito de la rebelión militar que desencadenó la Guerra Civil en 1936. Su autonomía foral destacaba más, porque, tras la caída de Bilbao en junio de 1937, el gobierno de los sublevados había liquidado por decreto el concierto económico en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya por su "traición" a la causa nacional.
Por eso, Navarra, y en mucha menor medida Álava, escapó de la implacable política de uniformidad cultural y de centralismo administrativo y legislativo que impuso el régimen franquista, ya que la administración foral había sido pionera en la aplicación de muchas de las medidas, en particular la depuración del magisterio y la cesión a la Iglesia del control de la enseñanza, a través de la Junta Superior de Educación, de la moralidad y de las costumbres. No en vano, la guerra se había convertido en una Cruzada defensora de la fe y contra el comunismo.
Franco concedió a Navarra la Cruz Laureada de San Fernando por su heroísmo y contribución desde los primeros días al éxito de la rebelión militar, medalla que entregó en un solemne acto oficial en la Ciudadela de Pamplona, con desfile de los voluntarios navarros tras las banderas de sus tercios y brigadas:
Como recuerdo a las gestas heroicas de Navarra en el Movimiento Nacional y homenaje a quien tan reciamente atesora las virtudas de la Raza, concedo a la provincia de Navarra la Cruz Laureada de San Fernando, que desde hoy deberá grabar en su escudo.
Francisco Franco, 1937.
Ahora bien, ganada la guerra e instaurado el nuevo Estado, tuvieron que ponerse al día sus relaciones con el régimen foral navarro, cuyas raíces se anclaban en la llamada "Ley Paccionada" (1841) por la que Navarra, después de la Primera Guerra Carlista, dejó de ser un Reino de la Monarquía Hispánica y se convirtió en provincia foral.
El cambio en la sociedad navarra en los años setenta
En los años 60 y 70 la Diputación realizó grandes inversiones. El presupuesto foral pasó de 900 millones de pesetas en 1965 a 2.500 millones en 1970, 5.000 millones en 1975 y 12.500 millones en 1979. Pero a estas cifras había que sumar las de los presupuestos extraordinarios que permitieron la inversión pública foral: 17.000 millones en el Plan 1972-1975 y 30.000 del Plan 1976-1979, que se costearon mediante endeudamiento.
Ni la Diputación ni su estructura organizativa (necesitada de una reforma interna tanto entre sus funcionarios como en los modelos organizativos) estaban preparados para responder a las nuevas exigencias impositivas, económicas y sociales, ni a las demandas democráticas que ya comenzaban a latir en la sociedad navarra. Como corporación que era, cada diputado foral tenía el mismo poder de voto en el Pleno de la Diputación, en el que debían aprobarse todos los asuntos; pero, como responsables de todas y cada una de las actuaciones realizadas en su distrito, los diputados atendían más a los deseos de sus posibles valedores, los ayuntamientos de cada Merindad, que a las necesidades generales. Estaban habituados a recibir a los alcaldes y concejales (de cuyo apoyo dependía el que fueran elegidos o reelegidos), y, en bastantes ocasiones, a los vecinos de cualquier pequeño cuando recurrían a ellos en demanda de ayuda.
No obstante, la Diputación fue modernizándose a la par que lo hizo la sociedad navarra. Al iniciarse la década de 1970 tenía ya poco que ver con la de los años previos a la Guerra Civil (cuando los tradicionalistas y los partidos de la derecha eran hegemónicos) y se encontraba en medio de un cambio económico y social espectacular, que convertiría a Navarraen una de las regiones más industrializadas y con mayor renta per cápita de España, aunque también una de las más conflictivas. Cabe preguntarse, por tanto, acerca del alcance de la hegemonía, por otra parte indudable, de tradicionalistas y partidos conservadores, puesto que el poso dejado por los liberales, republicanos y socialistas en el primer tercio del siglo XX, fue considerable, sobre todo en algunas zonas: la Ribera, con mayoría en numerosos municipios, y algunos valles (Burunda, Aézcoa, Roncal) y Pamplona capital. Además, habría de añadir el peso del nacionalismo vasco también en la capital y en la zona norte de su Merindad.
De cualquier modo, los cambios demográficos, sociales, económicos y de mentalidades producidos en estos años evidenciaron que las costuras de Navarra estallaban por todas partes. Un buen reflejo de ello son las profundas transformaciones demográficas. Entre 1900 y 1960 el crecimiento poblacional de Navarra había sido muy lento, mientras que se aceleró en las dos décadas siguientes, en cuanto despegó el proceso de industrialización. El saldo migratorio, que venía siendo negativo desde mediados del siglo XIX (110.000 personas entre 1900 y 1960), cambió de signo para ser positivo en los últimos cuarenta años del siglo XX. Desde 1960 la provincia se convirtió en receptora de inmigrantes, si bien el fenómeno no alcanzó grandes proporciones.
Durante el último tercio del Siglo XX el aspecto más relevante es la inmigración interior, procedente de zonas agrarias de economía tradicional, una parte importante de cuyos habitantes se trasladó, junto con los originarios de fuera de Navarra, a los focos industriales y urbanos atraídos por sus mayores oportunidades de empleo y mejores salarios por efecto de los más elevados rendimientos de la industria y de los servicios en relación con los de la agricultura. Como consecuencia, la población urbana pasó del 33% en 1960 al 58,5% en 2001. En este sentido conviene destacar que sólo hubo dos zonas de expansión demográfica: el área metropolitana de Pamplona, que concentra más de la mitad de la población provincial, y la zona meridional limítrofe al Ebro, la Ribera, sobre todo la tudelana. En el resto, excepto algunos núcleos concretos, el estancamiento o el declive (particularmente en la Montaña) fue la nota dominante.
Transformación Económica
Cambios Sociales
El Cambio Político
El Contencioso Navarra-Euskadi
La democratización de las instituciones forales
La democracia
La democracia
El atentado indiscriminado de ETA en la calle Correo produce, durante la celebración de la VI Asamblea en 1973, discrepancias entre los sectores que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. ETA sufre su escisión más importante y se divide en ETA(pm) y ETA(m). ETA(pm) abandonaría el terrorismo en 1981, seis días después del golpe de Estado del 23F, ante el riesgo de involución política que ponía en peligro lo conseguido desde 1975 hasta entonces. El partido próximo a sus postulados políticos, Euskadiko Ezkerra, evolucionó desde posiciones marxistas a posiciones más próximas al eurocomunismo para acabar convirtiéndose en un partido socialdemócrata con acento vasquista. Tras sucesivas crisis internas pasaría a formar parte del Partido Socialista de Euskadi, filial vasca del Partido Socialista Obrero Español, mientras que su corriente crítica más importante acabó integrada en Eusko Alkartasuna. La otra rama, ETA (m), se conformaría como vanguardia del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco que agrupa a la estructura socio política de la denominada izquierda abertzale. Ésta consideró que los adelantos democráticos habían sido inadecuados o insuficientes por lo que continuó la lucha armada, cometiendo multitud de actos terroristas que han costado la vida a más de 800 ciudadanos. Su partido hermano, la coalición Herri Batasuna, tomó como proyecto político la Alternativa KAS sin aceptar posibilidades reformistas o intermedias y logró algunos éxitos electorales notables. Mantuvo una postura antisistema, ausentándose de las diversas instituciones a las que se presentaba, y posturas hostiles con otros movimientos políticos hasta su reconversión en Batasuna en 2001 y su ilegalización en 2003.
El PNV presidió el Gobierno vasco desde 1980 hasta 2009 (cuando, a pesar de ser la primera fuerza política en número de votos, perdió la presidencia ante el pacto de investidura entre el PSE-E y el PP), habiendo afrontado una dramática recorversión industrial. La escisión interna de este partido, de donde nació EA, llevó a gobiernos de coalición con los socialistas bajo la presidencia de José Antonio Ardanza por un período de 12 años.
La ruptura de la colición PNV-PSE, en el marco de una oposición creciente al nacionalismo impulsada por el gobierno central dominado por el PP, conformó un contexto de enfrentamiento político entre nacionalistas vascos y nacionalistas españoles, en el que los dirigentes del Partido Popular buscaban ganar la presidencia del Gobierno vasco, cosa que no consiguieron.
Los gobiernos surgidos de la nueva situación política fueron de una debilidad extrema a no tener el apoyo suficiente en el Parlamento Vasco. estos gobiernos, bajo la presidencia de Juan José Ibarretxe, se conformaron como tripartitos con la participación de PNV, EA y Ezker Batua, filial vasca de Izquierda Unida. Aun así han precisado, para sacar alguas leyes adelante, el apoyo puntual de otras organizaciones, incluida la que representa a la izquierda abertzale.
Actualidad
Actualidad
El Gobierno vasco impulsó, tras la estrecha victoria del PNV en las elecciones autonómicas de 2001, la modificación del Estatuto de Guernica mediante un proyecto de reforma llamado «Plan Ibarretxe», que propugnaba para el País Vasco un estatus de libre asociación. En 2004, el Plan Ibarretxe fue aprobado en el Parlamento autonómico vasco con mayoría absoluta con el apoyo de los partidos nacionalistas vascos (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Aralar) y de Ezker Batua (partido que también formaba parte del gobierno en coalición con EA y el PNV). Tres de los siete escaños del grupo Ezker Abertzalea (elegidos por Euskal Herritarrok) también dieron su apoyo al proyecto. Los partidos del PSE-PSOE y el Partido Popular del País Vasco se opusieron al texto del Plan, que fue llevado al Parlamento nacional en 2005 donde se discutió en un único pleno, no planteándose negociaciación alguna sobre el mismo. El lendakari Ibarretxe expuso ante los diputados presentes en el Parlamento su Plan, que fue rechazado por el 90 por ciento de los 350 diputados presentes. Los partidos políticos nacionalistas vascos e Izquierda Unida apuestan por defender el derecho de autodeterminación de los ciudadanos vascos frente a PP y PSE-PSOE que están en contra del mismo, amparados en la Constitución española de 1978.
Por diversas causas como pudieran ser entre otras la ilegalización de los partidos políticos de la izquierda independentista radical, también denominada «Izquierda Abertzale» (Herri Batasuna, Batasuna, ...), por su negativa a condenar la violencia de ETA, su exclusión de las convocatorias electorales contando únicamente con representación mediante marcas electorales interpuestas como el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento Vasco, la declaración como terroristas de diversas organizaciones de su entorno (Jarrai, Haika, Segi), la ejecución de órdenes judiciales que afectan a su entramado económico y político, la presión ejercida por los sectores afines a los partidos que desarrollan su actividad en conformidad con la legalidad surgida de la constitución española de 1978, junto con el rechazo explícito creciente a la violencia y a los asesinatos por parte de la ciudadanía, llevaron a la izquierda abertzale a una estrategia de intento de diálogo con las fuerzas no nacionalistas y normalización política plasmada en la "Propuesta de Anoeta".
Tras una serie de conversaciones en secreto entre representantes del PSE-PSOE y la izquierda abertzale, ETA declaró en 2006 un «alto el fuego permanente» y entabló conversaciones con el Gobierno español, autorizado con anterioridad por el Congreso de los Diputados para tal fin. Las conversaciones no dieron fruto y, a finales de ese año, ETA asesinó a dos personas mediante una bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas, lo que redujo las expectativas de acuerdo. Aunque las reuniones siguieron los meses siguientes, ETA rompió definitivamente la tregua en junio de 2007 mediante un comunicado. Las relaciones entre la izquierda abertzale y el Gobierno central se deterioraron tras la ruptura oficial por parte de ETA del alto el fuego y los atentados que siguieron. Se decreta la vuelta a prisión de De Juana Chaos, miembro de ETA anteriormente excarcelado por cumplimiento de la pena impuesta, con una nueva condena por unos artículos en la prensa en que se consideró que realizó amenazas. El sistema judicial siguió aplicando la Ley de Partidos Políticos e instruyendo antiguas causas, por las que se detiene y encarcela a Arnaldo Otegi, máximo representante en esa fecha de la Izquierda Abertzale, aumentando la presión al entorno del MLNV. A día de hoy Otegi continua en prisión.
Tras un proceso de debate interno entre finales de 2009 y 2010 en el que se adoptó la resolución Zutik Euskal Herria, en la cual se rechazaban el uso de la violencia y se apostaba por la alianza entre fuerzas soberanistas, ETA declaró un alto el fuego unilaterla, permenente, verificable y de carácter general. La alianza entre fuerzas soberanistas vascas se materializó como Bildu, coalición que agrupó a la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, a la que posteriormente se añadiría Aralar para las coaliciones Amaiur y Euskal Herria Bildu. En 2011, ETA abandonó las armadas decretando el "cese definitivo de la actividad armada" y en 2012 se produjo la legalización de la izquierda abertzale con el partido Sortu. El partido había intentado registrar un año atrás siendo prohibida su inscripción y obtuvo su legalización tras ganar el recurso de amparo en los tribunales. Este escenario ha dibujado cuatro principales fuerzas en el País Vasco: el PNV (centroderecha nacionalista vasca), Bildu (coalición de izquierda soberanista vasca), PSE-EE (centroizquierda españolista) y PP (derecha españolista).
En Navarra los Gobiernos del PSN, federación navarra del PSOE, inmersos en diversos episodios de corrupción, por los que los dos últimos presidentes socialistas de Navarra ingresaron en la cárcel, fueron sustituidos por los de UPN, representantes navarros del PP, que han venido realizando una política de afirmación de la identidad navarro-españolistafrente a la identidad navarro-vasquista vinculada al nacionalismo vasco que recientemente se han ido organizando en frentes comunes que han dado como resultado las coaliciones Nafarroa Bai, Bildu, Geroa Bai y Amaiur. Las posturas representadas por CDN, escisión extinta de UPN, fueron poco a poco reincorporándose al partido matriz y a su concepción política.
En la actualidad tanto el País Vasco como Navarra, se encuentran estadísticamente entre las comunidades con los índices más elevados de progreso de España, a niveles incluso superiores a la media europea.
El estatus político de los territorios franceses se ha mantenido invariable desde el siglo XIX. Hay movimientos que ante la reforma territorial de descentralización francesa promueven instituciones propias para el País Vasco, sin que hayan podido tener suficiente eco en el Gobierno de París.
Vascos ilustres
Vascos ilustres
Son muchas las personalidades de origen vasco. Siempre destacaron por ser afamados marinos, exploradores y activos participantes en empresas militares (como en la conquista de América), económicas o religiosas, desde ambos lados de los Pirineos.
Marinos y militares
Marinos y militares
Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo, y los pilotos vizcaínos participaban en la Carrera de Indias.
Alonso de Salazar, sucesor de Elcano en la capitanía de la expedición de García Jofre de Loaísa, descubrió las islas Marshall y el atolón Bokak.
Juan de Urbieta soldado. Participó en la batalla de Pavía, apresando al monarca francés Francisco I.
Miguel López de Legazpi conquista para la Corona española las islas Filipinas.
Andrés de Urdaneta establece la ruta de Filipinas a Acapulco.
Blas de Lezo, militar, defendió la ciudad de Cartagena de Indias del intento de invasión inglesa en el curso de la Guerra del Asiento.
Pedro Navarro y Machín de Rentería combaten en las campañas del Mediterráneo.
Las escuadras de Vizcaya y Guipúzcoa participan activamente en las acciones navales españolas. Es de destacar la actuación de la escuadra de Guipúzcoa, bajo en mando de Miguel de Oquendo en la batalla de la isla Terceira, o el nombraniento de Oquendo y Recalde, almirantes de las escuadras de Guipúzcoa y Vizcaya como tenientes del duque de Medina Sidonia en la jornada de Inglaterra de la Grande y Felicísima Armada. El hijo de Miguel de Oquendo, Antonio, también fue un renombrado marino de la Armada Española.
En la batalla de Trafalgar muere heroicamente, al mando del San Juan Nepomuceno, el marino guipuzcoano Cosme Damián Churruca.
Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, fundador de la ciudad colombiana de Medellín el 2 de noviembre de 1675.
Escritores
Escritores
Algunos de los más destacados (en orden cronológico):
Bernard Detchepare (Sarrasquette, Baja Navarra, c. 1480 - 1545), Sacerdote, Párroco de la iglesia de Saint-Michel-le-Vieux (en la localidad de Eyheralarre, cercana a San Juan Pie de Puerto), autor del primer libro escrito en euskera. Su única obra, titulada Linguae Vasconum Primitiae (Primicias de la lengua de los vascones), fue impresa por primera vez en Burdeos en 1545.
Jean de Liçarrague (Briscous, Labort, 1506 - La Bastide-Clairence, Baja Navarra, 1601), Pastor de la iglesia reformada, tradujo la primera versión del Nuevo Testamento al euskera que junto con su Calendario de festividades religiosas, y sus Lecciones rudimentarias para aprender a leer y la doctrina, fueron publicadas por primera vez en La Rochelle en 1571.
Pierre Topet (Barcus, Sola, 1786 - 1862), versolari y bardo.
Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936), filósofo, es el escritor vasco más reconocido internacionalmente (en especial por su obra Niebla).
Pío Baroja (San Sebastián, 1872 – Madrid, 1956).
Ramiro de Maeztu, (Vitoria, 1875 – Aravaca, 1936).
Ignacio Aldecoa, (Vitoria, 1925 - Madrid, 1969).
Pintores
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Escultores
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Jorge Oteiza (Orio, 1908-2003)
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