Ayudar a los municipios a que cumplan con la administración de los servicios públicos establecidos en el artículo 115 constitucional, ya sea si son proporcionados por el gobierno estatal o a través de un convenio por los particulares mediante concesión o directamente por la administración pública municipal. El marco legal determina las condiciones técnicas y económicas en las que deban prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia.