Introducción.

La modificación de trama en el entorno del Antiguo cuartel de penados del Arsenal, ultimamente Cuartel de instrucción de Cartagena (CIM), es el segundo atentado importante que se realiza en el Arsenal de Cartagena entre los años 2000 y 2007 y el que supone una merma de este importantísimo bien cultural, el Arsenal, porque segrega el Cuartel de penados, que era una pieza importantísima de la factoría naval que era el Arsenal. En este Cuartel se alojaban los esclavos que trabajaban en los Diques de Feringán, posteriormente fue Prisión y últimamente Cuartel de Instrucción. El otro atentado al que nos referimos es la destrucción y expolio de los Diques de Feringán, tambien reseñado en esta web.

Ambos atentados fueron promovidos por organismos oficiales (Defensa y Ayuntamiento de Cartagena) que se supone que deberían ser respetuosos con el patrimonio histórico que administran y no fueron obstaculizados ni regulados por los organismos encargados de la preservación de los bienes históricos (Ministerio de Cultura y Dirección General de Cultura de Murcia). Es por ello que consideramos interesante estudiar este caso por si fuera posible evitar futuros atentados.

En el caso del Cuartel de penados la pretensión inicial del Ayuntamiento de Cartagena era conseguir la cesión por Defensa del uso del entorno (Y solo del entorno) del Cuartel de penados para urbanizar una nueva plaza, con el pretexto de abrir Cartagena al mar. El problema urbanistico es que ello suponía demoler una muralla interior, invadir el Arsenal y traspasar el límite del Conjunto histórico de Cartagena establecido por el Real Decreto 3046/80 y reconocido en el Plan General vigente de Cartagena (1987). El unico instrumento legal era un protocolo con Defensa (Ministro Trillo Figueroa) que acordaba esa cesión de suelo sin autorización de la Dirección General de Bellas Artes, que es el organismo encargado por la Ley 16/85 de vigilar los Bienes culturales en manos de organismos de la administración central del Estado no transferidos a las Comunidades autónomas. El ninguneo de Bellas Artes es una práctica habitual en Defensa, según hemos detectado en otros casos similares.

En el momento de iniciar la actuación Defensa no tenía ningun uso previsto para el antiguo Cuartel de instrucción. Se hablaba de instalar alli el Museo Naval pero no existía proyecto ni asignación económica. Es decir, se pretendía dejar el cuartel tapiado en medio de la nueva plaza.

Como hemos dicho anteriormente el muro del Arsenal que circundaba el CIM no solo delimitaba el Arsenal sino tambien el Conjunto histórico de Cartagena según la delimitación establecida por el RD 3046/80. Por lo tanto las actuaciones afectaban a varios BIC: el Conjunto histórico de Cartagena, el Muro del Arsenal que tiene la consideración de Muralla interior y el propio Arsenal que es Zona de respeto del Conjunto histórico de Cartagena y un BIC por si mismo por que es un Castillo Arsenal que es el epicentro del sistema defensivo de Cartagena.

Ante estos hechos la Asociación de Defensa del Patrimonio de Cartagena (ADEPA) se puso en contacto desde 1999 con los distintos organismos promotores de la actuación (Defensa y Ayuntamiento) y protectores del patrimonio, pero fue inutil.

El Ayuntamiento de Cartagena siguió adelante con el proyecto sin iniciar ninguna Modificación de Plan General ni iniciar ningún expediente de ruina que justificara las actuaciones que pretendía realizar y convocó un concurso de ideas que contó incluso con la aprobación inicial de la Dirección General de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Esa orden fue anulada posteriormente por la propia DGBA por estimar que la competencia era de la Región de Murcia por haberse producido una cesión de uso del entorno del cuartel. El ayuntamiento se querelló con la DGBA en el TSJ de Madrid (Causa 110/2004) quien le dió la razón. Posteriormente el Ministerio de Cultura volvió a anular dicha orden.

La Dirección General de cultura de Murcia emitió un primer informe negativo para el proyecto en 2002 pero fue descalificada por el Ayuntamiento de Cartagena. Posteriormente, en 2005, la Dirección General de Cultura emitió una segunda orden autorizando el derribo del muro pero condicionando la demolición a la declaración de ruina que nunca se produjo. La Dirección General de Cultura no supervisó las posteriores actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena ni inició ninguna actuación sancionadora por incumplimiento de su orden.

Por su parte Adepa denunció los hechos al juzgado de Cartagena que inició el procedimiento 467/2004 (Consultable en esta web) y a la fiscalía, que no inició ninguna actuación.

El juzgado nº 1 de Cartagena acordó en diciembre de 2004 unas medidas cautelares que paralizaron la demolición y que estuvieron vigentes hasta octubre de 2005.

El Ministerio de Defensa anuló tambien de oficio en 2005 el convenio de 2002 y suscribió un nuevo convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena que instaló en el CIM la Facultad de Ciencias de la empresa y el Museo naval, como pretendía Defensa. Sin embargo la instalación del Museo naval exigió la construcción de un nuevo anexo en la fachada de la Calle Real, anexo que acabó de descontextualizar el entorno del antiguo cuartel de penados.

La presión de ADEPA, de otras organizaciones y particulares consiguió en el último momento paralizar el derribo de la Puerta mayor del celeberrimo Penal de Cartagena, que tenía indudable valor histórico pero mucho menor del que suponía mantener la integridad de un Arsenal que era un Bien de interés cultural nacional de primer orden pero que, con todas estas operaciones ha quedado muy menoscabado. Puede consultarse la página monográfica dedicada a este episodio en esta misma WEB: Puerta del CIM

Esta desastrosa experiencia demuestra la razón de ser de la prohibición de modificar las tramas históricas expresadas en la ley de Patrimonio histórico.

• Concretamente el precepto legal transgredido fue el 21.3 de la LPHE que establece:
  • «3. La conservación de los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuya a la conservación general de carácter del conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes»⁵.
  • Los preceptos citados prohíben, de forma expresa y categórica, cualquier modificación de las alineaciones de la trama urbana de los conjuntos históricos, antes y después de la aprobación del planea-miento urbanístico de protección, con una finalidad clara, proteger el conocido como «parcelario histórico», es decir, la conformación espacial de la ciudad a lo largo del tiempo, su «estructura urbana» que la declaración como conjunto tutela

El Tribunal Supremo ratificó recientemente el articulo 21.3 de la ley de Patrimonio Histórico con motivo de la sentencia por Caridad 22, consultable en esta web. Las modificaciones de trama han sido muy habituales en Cartagena en los últimos años y uno de los factores que han contribuido a su asolamiento.

A continuación aportaremos algunos documentos que ayuden a comprender los hechos

Modificación de la trama histórica en la zona del Cuartel de penados (Sureste del arsenal)

El aspecto originario del Cuartel de penados era el que se refleja en las imágenes siguientes:

El resultado final de la modificación de trama fue este otro:

Ver también Estado final del CIM

Cronología del atentado patrimonial perpetrado en el entorno del antiguo Cuartel de penados 2000-2007

(Este archivo es extenso. Abrir en pestaña nueva pulsando ángulo superior izquierdo del documento que a continuación incluimos)

Entorno urbano que se modificó en el CIM

Informe del Instituto de estudios cartagineses sobre el antiguo Cuartel de penados del arsenal

Adepa solicitó al Instituto de Estudios Cartagineses un informe sobre el CIM y su entorno. Informe que dicho organismo emitió en diciembre de 2004. Ojalá que todos los organismos consultivos de Cultura hubieran actuado con tanto rigor, seriedad e independencia como lo hizo este organismo consultivo.

Valoración del episodio del Cuartel de penados

Lo acontecido en el Cuartel de penados del Arsenal de Cartagena entre los años 2000 y 2009 merece diferentes calificaciones para cada uno de los intervinientes en el proceso según su grado de responsabilidad o irresponsabilidad, según se mire.

En primer lugar las actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena a todo lo largo del proceso y del Ministerio de Defensa, al menos en la primera etapa, la del Ministro Trillo, pueden calificarse de temerarias e irresponsables, además de contumaces. Porque aún siendo advertidos de las graves consecuencias que sus actos podian tener para el patrimonio histórico afectado por su proyecto fueron incapaces de corregirlo o encauzarlo adecuadamente, a pesar de tener todos los recursos en su mano para hacerlo.

Por ejemplo el Ayuntamiento de Cartagena podía haber iniciado un estudio de detalle para reformar la zona y modificar el Plan General de Cartagena si hubiera sido necesario y factible, o iniciado un expediente de ruina del muro del Arsenal en torno al CIM, pero ni siquiera lo intentó, quizás porque sabía que no habría podido llevarlo adelante por vias legales. El Ayuntamiento de Cartagena se aprovechó de la escasa calificación urbanística del Arsenal con grado 3 para obrar a su antojo. Esta responsabilidad sin embargo es compartida con las autoridades de defensa del patrimonio (DGC de Murcia y DGBA del Ministerio de Cultura) que no han hecho nada en 30 años para mejorar la calificación urbanística de un Conjunto histórico de primer orden que esta siendo demolido piedra a piedra, literalmente.

Por su parte el Ministerio de Defensa se arrogó, como viene siendo habitual en Cartagena al menos, competencias que no le correspondían con bienes que tenía en usufructo para fines militares y que no le compete modificar sin las autorizaciones pertinentes. El protocolo de 2001 propició una situación de hecho que, en la etapa siguiente, que condicionó las actividades de los siguientes responsables ministeriales. El ministro Bono firmó en 2005 un nuevo convenio con la Politecnica para el uso del edificio pero no anuló el protocolo inicial (2001) y con ello consintió que se culminara la demolición del muro que circundaba el Cuartel de penados.

2.- En lo que se refiere a las Direcciones generales de Bellas artes del Ministerio de Cultura y del Gobierno autónomo Murciano hay tambien que diferenciar, además de la responsabilidad general que hemos señalado anteriormente de no mejorar la calificación patrimonial y urbanística del Arsenal, dos etapas y dos responsabilidades distintas, en este episodio en concreto.

En lo que se refiere a Bellas Artes de Madrid hubo en principio una cierta "contemporización" con el proyecto del Ayuntamiento de Cartagena que en forma alguna podía tener detrás un estudio técnico debidamente fundado a pesar del informe Humanes (que era un técnico del Instituto de Patrimonio histórico). La DGBA tuvo que anular su propia orden al comprender que estaba autorizando obras en un bien que habia dejado de estar en su ámbito de competencia y que había pasado al ámbito autonómico. Es mas que plausible pensar en una cierta presión política para explicar esa actitud inicial de la DGBA.

Después del cambio de Gobierno la DGBA mantuvo su perfil bajo frente a Defensa, lo que es una postura habitual.

En cuanto a la Direccion General de Cultura de la Comunidad de Murcia hubo un primer alarde de independencia en el informe Armario (Por el Director general, tambien del gobierno PP, que lo firmó) de 2002, que fue airadamente descalificado por la Alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro (como puede comprobarse en la hemeroteca) y una vuelta a la obediencia política en el segundo informe de octubre de 2005 que sólo se refirió al derribo del muro del Cim. La Dirección General de Cultura (Murcia) no persiguió con el mismo celo la ejecución de la resolución que condicionó a la declaración de ruina que nunca exigió que se cumpliera efectivamente. Según la propia DGC fue una orden válida pero ineficaz.

Las tensiones entre Ayuntamiento y Cultura estan en la base de buena parte de las operaciones urbanisticas ilegales acometidas en Cartagena entre los años 1996 y 2015: barrio universitario, Montesacro, CIM etc. A pesar de lo legislado y de que la DGC es el máximo órgano responsable del Patrimonio Cultural en la Región de Murcia, ciertos ayuntamientos, en especial el de Cartagena, sostienen que las competencias son suyas y rechazan lo que ellos denominan "injerencias" de la DGC en sus decisiones sin ninguna base legal que los apoye pero con la complicidad del Gobierno Regional que no hace respetar sus competencias exclusivas.

En lo referente a la justicia el Juzgado Nº 1 de Cartagena acordó inicialmente la paralización cautelar del derribo pero acabó por levantar la autorización unos meses más tarde, después de aceptar una suspensión motivada por otro contencioso iniciado en Madrid por el Ayuntamiento que pleiteó hasta el último momento con la Dirección General de Bellas Artes para hacerle mantener el permiso que le habían presumiblemente arrancado en 2003. Todo ello a pesar de que la autoridad competente era la Dirección General de Cultura de Murcia.

La fiscalía ni siquiera se molestó en abrir un procedimiento a pesar de ser conocedora del tema.

En definitiva el Cuartel de penados fue desgajado del Arsenal de Cartagena sin que ni las administraciones ni la judicatura española pusieran los medios para impedirlo.

Páginas relacionadas:

• Informes de entidades consultivas
• Contencioso 467/2004. Cartagena
• Contencioso 1100/2004. Madrid
• Puerta del CIM
• Estado final del CIM
• Anulación definitiva de la orden de Bellas Artes
• El Ministerio de Defensa y el CIM

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