Modificación 98

Acuerdo de pleno de

7 de marzo de 2001



La primera maniobra del ayuntamiento de Cartagena para modificar el Plan general del 87 fue el intento de modificar el Catálogo de dicho plan en 1997, poco despues que el PP consiguiera gobernar en el Ayuntamiento.

Dicha maniobra respondia sin duda a la pretensión de ciertos constructores que exigian eliminar protección de edificios y facilitar derribos, lo que quisieron facilitar con la mencionada modificación.

Adepa, junto con Massiena y la Federación de vecinos hizo frente a esa pretensión presentando alegaciones e informando a la ciudadanía. Sin embargo los derribos fueron en paralelo a la Modificación y en dicha operación cayeron un número de edificios que todavia estamos evaluando.

La operación se liquidó con muchos derribos que no se tradujeron en construcciones porque el objetivo no fue nunca recuperar la ciudad sino convertirla en solares que son más especulativos.

Documentacion anexa:




Cartagena: “Disjunto histórico artístico”

Juan-Miguel Margalef

Lo grave e ilegal del “Catálogo de modificaciones al grado de protección del PGMO” , que acaba de aprobar el pleno del Ayuntamiento de Cartagena es que no demuestra de que forma puede ser un instrumento de la política de protección del patrimonio histórico al que está obligado un ayuntamiento que tiene un conjunto histórico que es BIC como el de Cartagena.

El documento aprobado es en su literalidad: una mera lista de edificios que cambian de grado o se desprotegen definitivamente. No hay ninguna explicación de porque se hace el nuevo catálogo, ni porque se hacen ciertos cambios en la calificación de algunos edificios. Los inmuebles son tratados de uno en uno sin atender al entorno en el que están ubicados. Las modificaciones que les afectan no están avaladas por informes técnicos arquitectónicos ni de Bellas Artes. No se menciona tampoco cuando o como van a ser repuestos los edificios que se descalifican total o parcialmente y que serán rapidamente demolidos a buen seguro. No se dice a que filosofía urbanística y protectora del patrimonio responden esas medidas. Nada de nada. Sólo una lista.

Este es en definitiva un catálogo que se podría aplicar igualmente en el Ensanche de Cartagena que en el casco histórico.

Para valorar sus efectos no hay nada mas que cerrar los ojos e imaginar Cartagena con 63 solares más, que es el número de edificios que se desprotegen en este documento. Quien carezca de imaginación para este ejercicio basta que consulte algunas fotografías de Sarajevo o Beirut, ciudad esta última que ya ayudamos a recrear cinematográficamente.

Pero este documento es además de grave ilegal, como ya he dicho, porque no es una alternativa a ese Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena a que obliga la Ley de Patrimonio y el Ayuntamiento se niega a ejecutar. La Ley de patrimonio permite que instrumentos alternativos de planificación urbanística sirvan como alternativa al Plan especial pero exige que cumplan las exigencias relativas a la protección del Patrimonio que se establecen en la Ley. Dichas exigencias son muy concretas y no aparecen por ninguna parte en este proyecto de nuevo catálogo.

Por ejemplo se debe evitar los “usos degradantes para el propio Conjunto” (21.2); se debe conseguir “el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, asi como las características generales de su ambiente “(21.3); se indica, en fin, que se pueden sustituir inmuebles solo en el caso de que se demuestre que su sustitución contribuye a la conservación del conjunto” (21.3). Estos objetivos no se consiguen con un mero cambio de protección, como puede verse en el caso del Convento de las Siervas que a pesar de ser grado 3 corre peligro de demolición.

Ninguno de esos aspectos quedan claros en el proyecto de nuevo catálogo, como tampoco se expresa en el mismo de que forma un ayuntamiento que no es capaz de acabar con los solares en el centro de Cartagena va a conseguir que esos 63 nuevos solares se construyan. ¿Con qué medidas? ¿Con qué ayudas?. ¿Cómo se va a conseguir que calles como la de Sagasta que tiene 13 inmuebles descatalogados no acusen el efecto ambiental de esa medida.

Nos encontramos pues ante un documento irresponsable en el mas pleno sentido de la palabra que puede tener efectos muy nocivos para nuestra ciudad y del que serán culpables los políticos que lo han promovido. Los técnicos ya han tenido buen cuidado de quedarse fuera.

Viendo este documento se comprende el secretismo con el que se ha llevado a cabo y porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a las propuestas de ayuda que por encima de diferencias ideológicas hemos hecho muchos ciudadanos en nuestro afán de aportar nuestro granito de arena.

No se ha hecho caso a nuestros intentos de crear organismos de consulta eficaces y responsables. No se han solicitado informes a entidades consultivas, que es un recurso habitual en este tipo de procesos. Por no tener ese documento ni siquiera tiene el apoyo de los técnicos de la administración que han trabajado en algún momento en el catálogo.

Como es público y notorio el concejal Balibrea y la Directora General de cultura han sido los únicos partícipes en la última fase de elaboración de este “catalogazo”. Ellos sabrán a que intereses han obedecido pero desde luego no a la intención de proteger el Conjunto histórico de Cartagena que con este catalogo corre peligro de perder incluso la calificación como tal.

¡Podemos ahorrarnos pues el viaje a Edimburgo!. De antemano le digo a nuestra alcaldesa, tan dispuesta a partir en viaje de estudios, que la legislación inglesa es mucho más estricta que la nuestra en esta materia.

Por parte de Adepa la mano sigue tendida para enmendar este entuerto pero también estará firme para defender el Conjunto histórico de Cartagena donde haga falta.

EL CATALOGAZO

No puedo dar crédito a mis ojos pero la verdad es que el documento titulado: “Catálogo de modificaciones al grado de protección del PGMO”, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena está “vendiendo” como una solución a los males del casco histórico de Cartagena se compone estrictamente de una mera lista en la que se indica, lisa y llanamente, lo que se descalifica o lo que se pasa a grado tres. Sin más.

No hay ninguna explicación de porque se hace el nuevo catálogo ni porque se hacen ciertos cambios en la calificación de algunos edificios. Los inmuebles son tratados de uno en uno sin atender al entorno en el que están ubicados. Las modificaciones que les afectan no están avaladas por informes técnicos arquitectónicos ni de Bellas Artes. No se menciona tampoco cuando o como van a ser repuestos los edificios que se descalifican total o parcialmente y que serán rapidamente demolidos. Nada de nada.

Si atendemos a los posibles efectos de este catálogo el más significativo es el impacto que tendrán 63 nuevas demoliciones en nuestro tan deteriorado casco antiguo. Contando los 23 edificios que se descatalogan mas los 40 edificios de los que se conservan elementos pero que en la práctica se pueden tambien demoler. Sólo en la calle Sagasta, una de las mas afectadas pueden caer 13 edificios en total. Otras calles y entornos tan significativos como la calle del Carmen o la del Aire se verán igualmente afectadas.

El impacto de estas demoliciones será estético pero tambien espacial porque a buen seguro –desgraciadamente- muchas de esas demoliciones se convertirán en nuevos solares que extenderán ese desierto urbano o “paisaje bombardeado” que nos asemejan más a Sarajevo que a Barcelona.

Todo ello nos lleva deducir que no hay detrás de este catálogo ninguna visión de conjunto del casco histórico de Cartagena y mucho menos alguna intención de conservarlo y de protegerlo. Las declaraciones grandielocuentes y los viajes de estudio a Edimburgo son solamente eso: demagogia barata desmentida por los hechos.

Un catálogo de bienes protegidos es una pieza más del puzzle del Plan especial de protección del Conjunto histórico –que , por cierto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena se niega a hacer a pesar de que le obliga la Ley de Patrimonio-, y necesita otras piezas complementarias para llegar a tener sentido. Sin una filosofía de fondo y sin planes de financiación que la respalden el catálogo es una mera lista de “edificios desahuciados” que irán cayendo poco a poco, destruyendo los últimos restos de nuestro conjunto histórico.

Ya era un mal indicio que se empezara a trabajar en el catálogo sin desarrollar el Plan especial del Conjunto histórico pero el resultado final es peor aún de lo que se esperaba. Al final vamos a tener catálogo sin Plan General y si Plan especial. No sabemos que ciudad queremos tener, sólo sabemos que ciudad queremos destruir.

Si este catálogo se aprueba tal como ha quedado ya podemos despedirnos del conjunto histórico de Cartagena y desde luego de cualquier calificación como tal. Los políticos que respalden este catálogo van a ser muy mencionados en los próximos años porque serán los culpables de la destrucción del casco histórico modernista de Cartagena.

Lo más espectacular de todo es la falta de avales e informes técnicos que respalden este documento. Por lo visto no hay técnicos en el Ayuntamiento ni en la Comunidad que avalen con su firma este disparate. Es lógico porque en decisiones como esta hay responsabilidades penales y por lo visto los técnicos no quieren arriesgarse. Tampoco he visto por ninguna parte el informe del Colegio de arquitectos ni de instituciones consultivas.

Todo ello convierte el catálogo en un documento político cuyos intereses conocerán quienes lo han elaborado en secreto y de tapadillo que está lejos de resolver los problemas de nuestro casco histórico y de responder a los intereses de muchos cartageneros.

Especialmente grave me parece la responsabilidad de la Dirección General de Cultura en todo este asunto porque tengo la impresión de que no ha sabido estar por encima de los intereses de partido y a tono con las competencias que le otorga la ley.

De todo ello seguiremos hablando y actuando en el futuro.

NUEVO CATÁLOGO: ¿PARCHE O SOLUCIÓN?

La historia nos dirá si el Catálogo de edificios protegidos que pretende aprobar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena resuelve los males que aquejan a nuestro casco histórico; si se trata de un nuevo parche; o si es el definitivo golpe de piqueta de su destrucción.

Todas las posibilidades están abiertas a la vista de este documento que como su nombre indica es un simple repertorio de elementos a proteger y a desproteger que no aclara otras cuestiones ligadas con ésta pero fundamentales para la eficaz protección del casco histórico.

De momento hay un dato cierto y es que el número de solares que ya es considerable en nuestra ciudad se incrementará y con ello la desolación de nuestro paisaje urbano y la especulación.

Y es que el catálogo de edificios protegidos fuera de un Plan especial para el Conjunto histórico es un elemento insuficiente y descontextualizado que puede crear mas problemas de los que “resuelve”.

Por ejemplo, no se aclara cuando y como se van a reemplazar los inmuebles cuya demolición se autoriza, ni como ni cuando se van a proteger los que se decida conservar. Al no existir un plan especial del Conjunto histórico, que es a lo obliga la ley de patrimonio a las ciudades como Cartagena, no sabemos de que forma se van a abordar las reposiciones en el casco antiguo ni como se van a financiar, ni que obligaciones o beneficios van a tener los propietarios de inmuebles protegidos.

Todos estos aspectos no pueden ser dejados al azar ni sometidos a un Plan General que además tardará aún varios años en ver la luz y que a buen seguro no resolverá estas cuestiones.

El hecho de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena haya antepuesto el nuevo catálogo a la elaboración del Plan especial al que está obligado por ley, insisto, y que este tema haya enfrentado varias veces al Ayuntamiento con la Dirección General de Cultura en la larga gestación del catálogo, por problemas de criterio técnico de lo que se puede y se debe proteger, son detalles muy significativos de lo que está en juego con este catálogo y de las repercusiones que puede tener.

El texto definitivo por lo que sabemos es el resultado de un acuerdo entre responsables políticos que no sabemos a que informes técnicos ha obedecido ni que asesoramientos han tenido y es por tanto un documento político del que serán plenamente responsables a todos los efectos los grupos políticos que lo suscriban.

Principal virtualidad que desaparece el grado P

En circustancias como esta se aprecia la necesidad de deslindar lo político de lo administrativo a fin de que quede claro a quien corresponde cada responsabilidad

La modificación 98 se inició pero no se concluyó

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