La Gran Refrita
El ojo de la Serpiente
He leído el artículo publicado por el Prof. Alfredo Roffé (Premio Nacional de Cine 2000) publicada en el diario Ultimas Noticias el pasado Jueves 22 de septiembre, en donde con un criollo sarcasmo digno de comentarios de un partido de bolas despacha la Ley de Cinematografía Nacional, tildándola de entrada de “refrita”. Como los comentarios del Profesor Roffé me parecen un tosco ejercicio de deshonestidad intelectual, creo que éstos merecen algunas acotaciones.
La ley recién aprobada ni es de Chavez ni es del “régimen”, como no fue de “(CAP)” la de 1993. Entonces, como ahora, fue el resultado de un largo esfuerzo y del consenso entre los gremios cinematográficos – productores, industriales y exhibidores – y la clase política representada en aquel tiempo en el Congreso. El Profesor Roffé tiene suficiente edad como para recordar que entonces, la noche antes de la sanción de la ley, los intereses sobre todo de los grandes distribuidores americanos encontraron la manera de convencer a un suficiente número de diputados para que a la mañana siguiente aprobaran la creación de un CNAC desprovisto de todo mecanismo autónomo de financiamiento, sin ninguna atribución de influencia real sobre el mercado audiovisual, con limitadísimas atribuciones de control sobre la industria y la exhibición, pero, por lo menos, con la estructura de un instituto colegiado y en teoría autónomo, en cuyo comité ejecutivo se encontraban representados todos los sectores interesados, públicos y privados. Sin embargo, en la práctica era un instituto más, otra carga para el estado petrolero. Petrolero que entró en crisis, y con su caída el cine venezolano llegó a producir una o dos películas al año, mientras a Abdel Guerere y a Dina Díaz les tocaba soportar humillantes antesalas ante diputados que les echaban en cara su pedigüeñería que, según aquellos jerarcas del poder, solo serviría para seguir financiando ese “cine de ranchos, putas y maricos”.
Si bien el mismo Chávez repitió este tonto, pequeñoburgués, e ignorante lugar común en uno de sus “Aló Presidente”, si bien Jonathan Jakubowicz y su “Secuestro Express” tuvieron que soportar un “miserable” por parte del vicepresidente Rangel, debemos nosotros sin embargo agradecer a Carlos Azpúrua y a Jacobo Penzo el apoyo de la mayoría oficialista a la Ley. Pero algo ha cambiado en la mentalidad de todos, y cuando Unión Radio realizó una encuesta sobre la aceptación de un impuesto a la taquilla para financiar el cine venezolano, sorpresivamente la mayoría de quienes respondieron al sondeo estuvo de acuerdo. La Asamblea aprobó por unanimidad la ley en primera discusión. Freddy Lepage presidió la comisión que tras consultar a todos los sectores, supo llegar a un compromiso que defendió en la plenaria. Mientras muchos con razón critican la falta de autonomía de los poderes y el autoritarismo del gobierno, hay que admitir que la Ley de Cinematografía Nacional fue un raro y excelente ejercicio de democracia.
Los impuestos para financiar al cine no son ninguna novedad. Tan solo se los ha vuelto al lugar de donde fueron depuestos aquella vergonzosa noche de 1993. Al Prof. Roffé parece mortificarle el que no sean los empresarios quienes sacrifiquen sus beneficios para financiar el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, sino que hagan pagar esta contribución al público, directamente: los pagará directamente al consumir programas audiovisuales y cinematográficos. Es concepto generalizado y universalmente aceptado en el capitalismo el que sea el consumidor final quien pague los impuestos. Es el termómetro del mercado cinematográfico el que definirá el aporte al fomento del sector, sin amenazar en lo más mínimo el negocio de las empresas que, prestándonos un servicio, hacen posible que vayamos al cine. Es el público consumidor de cine el que aportará los recursos para la elaboración de los productos culturales que el mismo mercado consumirá. Así de simple. Quizás las nostalgias juveniles del Prof. Roffé todavía le inciten a pensar que es a los capitalistas malvados a quienes hay que expoliarlos de sus riquezas tan avaramente acumuladas, para repartirlas entre el bien común. Pero créame Profesor, Marx era un pésimo economista. Yo pasé seis años en uno de esos paraísos de la carestía, usted recién teme estar empezando a vivir en uno de ellos.
Pero la ley sí trae novedades: el Registro Nacional de Cinematografía, la cuota mínima de copiado en laboratorios venezolanos, la comercialización de la obra cinematográfica nacional ( ya no habrá que reclamar la violación de aquel “pacto de caballeros” de 1982 celebrado entre distribuidores y productores nacionales, cuando, como hubiera dicho Cantinflas, por no habernos comportado como caballeros, nos comportamos como lo que fuimos), o la verdadera función fiscalizadora del mercado cinematográfico nacional, así como de la calidad de la exhibición y la consecuente protección al consumidor de cine en Venezuela. Cuando hablo de deshonestidad, hablo de mentir, acerca de lo que se sabe. ¿O será que se ignora?
El cine nacional no va a nadar en la abundancia, como afirma el Profesor Roffé. Con esta ley, simplemente nos hemos trazado la meta de equipararnos a los países culturalmente avanzados a los cuales pretendemos emular en lo que respecta a la producción y consumo de productos culturales cinematográficos, en proporción a nuestra población y a nuestro producto interno bruto. De la manera más irresponsable, el Prof. Roffé informa a sus lectores que el dinero alcanzará para ochenta largometrajes de imposible producción. Nada más falso. Lo que pasa es que quien afirma esto no tiene idea de lo que la ley ordena: no que el CNAC se “gaste” 175 millardos de bolívares, sino que este dinero se invierta, luego de estudiados los proyectos por comisiones colegiadas, en la producción de largometrajes de ficción y documentales, cortometrajes y películas para televisión, y películas de animación. En la creación y financiamiento de distribuidoras cinematográficas, salas de cine y en el financiamiento a exhibidores – a los ya existentes y a los que ahora se integren al negocio. En el desarrollo de la industria – el equipamiento del parque industrial cinematográfico, los laboratorios, los estudios de sonido, de doblaje y subtitulado – y en la protección social del sector cinematográfico. Además, la ley ordena el financiamiento de las escuelas de cine y de estudios cinematográficos como es el caso de la mención cine de la Escuela de Artes de la UCV. Por último limita los gastos administrativos del CNAC, a un máximo del 10% de lo recaudado anualmente.
Pero si en su artículo afirma, y con razón, que con dificultad podríamos hoy realizar cuarenta largometrajes, debo recordarle al Prof. Roffé que bastante poco a colaborado, cuando ha tenido ocasión de hacerlo, en paliar esa situación, ya que toda vez que hemos tratado de adelantar en la enseñanza de la realización cinematográfica en la Escuela de Artes de la UCV, hemos recibido su indiferencia, si no su franca oposición. Es fácil ironizar sobre el esfuerzo ajeno, es muy fácil.
Coincido con el Prof. Roffé, por otra parte, en que la “contraloría social de la ANAC” y de otros gremios cinematográficos puede no ser “eficiente”, para no usar términos demasiado duros. En una comunidad tan pequeña como hasta ahora ha sido la de los realizadores cinematográficos, pocos grupos se han repartido en muchos casos los beneficios de las comisiones, con resultados casi siempre decepcionantes. Pero esto tiene una solución: formar cineastas jóvenes, que compitan con aquellos a quienes consideramos mediocres o simplemente reiterativos y gastados. Elevar el nivel del concurso con nuevo talento. Mientras mayor y mejor sea la oferta, más satisfecha quedará la demanda. Otra vez, acá como que funcionan las leyes del mercado, qué le vamos a hacer.
“La Gran Refrita” de Roffé tilda a la nueva Ley como “de botija petrolera”. Ley de botija petrolera resultó, sin proponérselo, la ley de 1993, y justo cuando la botija ya no alcanzaba para lo que a nadie importaba. La nueva Ley hace al cine venezolano independiente del presupuesto gubernamental, petrolero o no. Es una ley seria y provechosa para todo el cine venezolano, para su arte, para su industria, y para su público. El Profesor Roffé debería leerla.
Rafael Marziano Tinoco
La nueva Ley de Cinematografía Nacional lo es respecto a la anterior ley homónima de la IV República (CAP, 1993). Una sola novedad importante: la creación de impuestos a los exhibidores, televisión de señal abierta, televisión por cable, distribuidores, videogramistas e industriales del cine que serán recaudados por el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE) y gastados por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Impuestos que, por supuesto, los pagarán indirectamente los consumidores ya que los empresarios no los van a sacar de sus propios beneficios. Hay que celebrar que por fin el cine nacional va a nadar en la abundancia. Nuestra estimación, basada en la de la Asamblea Nacional, es que en el primer año el CNAC dispondrá de 172.000 millones de bolívares, unos 80 millones de dólares, con los cuales podría financiar cómodamente unos 70 largometrajes y le sobrarían todavía unos 22.000 millones de bolívares para gastos varios. Hay que lamentar que como en Venezuela es imposible producir más de 40 largos al año le van a quedar al CNAC, fideicomisados en FONPROCINE, 86.000 millones para otros gastos. ¿Cómo se utilizarán esos 86.000 millones de bolívares en un año? La Contraloría Social que ejercerá la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) tendrá la respuesta. La botija petrolera da para todo. Despierta el apetito y lo sacia.
Alfredo Roffé
Publicado en Ultimas Noticias el jueves 22 de septiembre de 2005