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El miércoles 19 de Junio de 2013, un grupo de profesores universitarios, acompañado de numerosos estudiantes, culminó la llamada caminata "400 Kilómetros por la dignidad", un recorrido que hicieron todos a pié, como una protesta más ante el gobierno bolivariano, que se niega a las demandas de honrar las normas de homologación, acuerdo legalmente válido y vigente, que obliga a revisar cada dos años la escala de salarios de los profesores universitarios y adaptarlo a la inflación, para que dicho salario, en efecto, no disminuya. Junto a esta demanda, las universidades autónomas han denunciado repetidamente que sus presupuestos generales han sido consecutivamente "reconducidos", es decir, la cifra asignada ha sido cada año la del año anterior, desde hace varios años. De esta manera, las universidades autónomas están siendo intencionalmente asfixiadas por el gobierno bolivariano, con certeza desde hace por lo menos seis años.
El grupo de profesores, tras la caminata, fue recibidos por profesores de la UCV, quienes, aun conociendo la animadversión del gobierno hacia sus demandas y hacia el movimiento profesoral agremiado, confiaron sin embargo en el relativo amparo que podía ofrecerles la autonomía de la Universidad Central de Venezuela.
Fue una ingenuidad.
La Universidad Central de Venezuela ha sufrido durante los últimos cinco años por lo menos 60 ataques y actos vandálicos, muchos de ellos cometidos por grupos claramente identificados con el gobierno revolucionario bolivariano. Encapuchados armados en motocicletas sin placas han penetrado decenas de veces en el recinto universitario, amedrentando, intimidando y, algunas veces, disparando contra profesores y estudiantes. Esto actos han estado relacionados generalmente con situaciones políticas en las cuales, los gremios universitarios, los estudiantes, los profesores o sus autoridades, han expresado su línea de pensamiento, distinta a aquella impuesta y esperada por el gobierno. Pese a que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela han denunciado todos y cada uno de estos actos ante la Fiscalía General de la República, y ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, ninguno de ellos ha sido investigado ni esclarecido, y ninguna persona ha sido acusada ni procesada por tales hechos.
Lo mismo sucedió el miércoles 19 de Junio. Un nutrido grupo de motorizados, encapuchados, armados y sin placa que identificase sus vehículos, irrumpió en el campus de la Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, e incendió los dos autobuses que acompañaban a los profesores y estudiante que acababan de terminar su recorrido de protesta de 400 kilómetros.
Uno de los autobuses fue incendiado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela que da acceso a la Plaza Venezuela.
El otro fue colocado bajo la entrada del edificio rectoral, y al incendiarse explotó, causando daños severos a la estructura del edificio y a un mural del artista venezolano Oswaldo Vigas.
Los motorizados dispararon contra el edificio del rectorado, causando destrozos.
El ministro de interior y justicia, el recién ascendido Mayor General Miguel Rodríguez Torres, afirmó, de la manera más descarada, que los actos de vandalismo y los ataques hacia la UCV habían sido realizados por las mismas personas que marcharon en protesta desde la ciudad de Barquisimeto, y por los mimos estudiantes que, en apoyo a dicha marcha, bloquearon la autopista frente a la plaza Venezuela para protestar en favor de la causa que pide, desde hace meses, respeto y soporte económico hacia las Universidades más importantes de Venezuela.
El Mayor General Rodríguez Torres afirmó que todos estos sucesos estaban orquestados y responsabilizó a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Dra. Cecilia García Arocha, de ser la instigadora y organizadora de todos estos actos.
El Mayor General Rodríguez Torres demandó públicamente la inmediata destitución de la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, y su sustitución por otra persona, manifestando así, públicamente, su total desprecio a lo establecido en la Constitución de Venezuela, en cuanto a la autonomía universitaria se refiere.
Pocas dudas pueden quedar, a quienes aún pretendan tenerlas, sobre la evidente situación de que, en efecto, en Venezuela vivimos bajo una dictadura. La dictadura de la barbarie, la impunidad, y el descaro.
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