Preámbulo

El pueblo del Ecuador, fiel a la tradición democrática y republicana que inspiró su nacimiento como Estado, consigna en esta Constitución las normas fundamentales que amparan a sus habitantes y garantizan su libre convivencia, bajo un régimen de fraternidad y justicia social.

Para ello invoca la protección de Dios, proclama su inquebrantable adhesión a la causa de la paz y la cultura universales, declara inalienables los fueros de la persona humana y condena toda forma de despotismo individual o colectivo.

Título I.
Conceptos fundamentales

Artículo 1.- Formas de Estado y Gobierno.

La Nación Ecuatoriana para cumplir su destino histórico, constituye un Estado soberano, democrático y unitario. Su gobierno es republicano presidencial, y por tanto electivo, representativo, responsable y alternativo.

Artículo 2.- Sede de la Soberanía.

La soberanía reside en el pueblo, y se ejerce, por los órganos del Poder Público.

Artículo 3.- Responsabilidad de los órganos.

Todo órgano del poder público es responsable, y no puede ejercer otras atribuciones que las consignadas en las normas legales.

Artículo 4.- Igualdad ante la ley.

Los ecuatorianos son iguales ante la ley.

Artículo 5.- Territorialidad de la ley.

Todos los habitantes están sujetos al orden jurídico del Estado, y deben acatamiento a sus autoridades.

Artículo 6.- Territorio.

El territorio del Estado es inalienable e irreductible. Comprende el de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas por los tratados válidamente celebrados, las islas adyacentes, el Archipiélago de Colón o Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente.

Artículo 7.- Idioma y signos.

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; la bandera, el escudo y el himno son los establecidos por la ley.

Artículo 8.- Capital.

La capital del Ecuador es la ciudad de Quito.

Artículo 9.- Principios de Derecho Internacional.

El Estado Ecuatoriano proclama la paz y la cooperación como sistema de convivencia internacional y la igualdad jurídica de los Estados; condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los conflictos, y repudia el despojo bélico como fuente de derecho. Propugna la solución de las controversias internacionales por métodos jurídicos y pacíficos, y declara que el Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas.

Propugna también la comunidad internacional, así como la estabilidad y fortalecimiento de sus organismos, y dentro de ella, la integración iberoamericana, como sistema eficaz para alcanzar el desarrollo de la comunidad de pueblos unidos por vínculos de solidaridad, nacidos de la identidad de origen y cultura.

El Ecuador podrá formar, con uno o más Estados, asociaciones para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunitarios.

Artículo 10.- Bien común.

Es función primordial del Estado establecer las condiciones sociales en que los integrantes de la comunidad puedan disfrutar de los medios necesarios a la realización de sus fines.

Título II.
De la nacionalidad

Artículo 11.- Clases.

Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Artículo 12.- Nacidos en el territorio.

Son ecuatorianos por nacimiento los nacidos en el territorio del Ecuador.

Artículo 13.- Nacidos en el exterior.

Se considera también ecuatorianos por nacimiento los nacidos en territorio extranjero:

1. Hijos de padres ecuatorianos o de padre o madre de nacionalidad ecuatoriana, cuando ambos o alguno de ellos estuvieren al servicio del Ecuador;

2. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, transitoriamente ausentes del país, o al servicio de algún organismo internacional del cual sea miembro el Ecuador;

3. Hijos de padres ecuatorianos por nacimiento, o de padre o madre ecuatorianos por nacimiento domiciliados en territorio extranjero, a no ser que después de cumplir su mayor edad renuncien expresamente a la nacionalidad ecuatoriana;

4. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por naturalización, si habiendo nacido en territorio extranjero, manifestaren, al hallarse entre los dieciocho y veintiún años de edad, su voluntad de ser ecuatorianos.

Los derechos del ecuatoriano a que se refiere el presente Artículo son iguales a los del nacido en territorio nacional.

Artículo 14.- Nacionalidad adquirida.

Son ecuatorianos por naturalización:

1. Los que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad ecuatoriana, por servicios relevantes al país;

2. Los que hubieren obtenido u obtuvieren carta de naturalización;

3. Los menores de edad nacidos en el exterior de padres extranjeros que después se naturalizaren en el Ecuador. Al llegar a los dieciocho años conservarán la nacionalidad ecuatoriana, si no hacen expresa renuncia de ella;

4. Los extranjeros adoptados como hijos por ecuatorianos, mientras sean menores de edad. Conservarán la nacionalidad ecuatoriana si al hallarse entre los dieciocho y veintiún años manifestaren su voluntad de mantenerla.

Artículo 15.- Matrimonio y nacionalidad.

La nacionalidad no se altera por el matrimonio ni por su disolución. La ley facilitará la naturalización del cónyuge extranjero casado con quien tenga nacionalidad ecuatoriana.

Artículo 16.- Irretroactividad.

Quienes tenían la nacionalidad ecuatoriana antes de expedirse la presente Constitución, continuarán en goce de ella. Asimismo, quienes de acuerdo con normas constitucionales anteriores, no adquirieron la nacionalidad ecuatoriana pero hubieren podido adquirirla de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la presente Constitución, se considerarán ecuatorianos por nacimiento.

Artículo 17.- Doble Nacionalidad.

Sin perder su nacionalidad de origen y dentro de un régimen de reciprocidad, serán considerados ecuatorianos por naturalización los iberoamericanos y españoles de nacimiento que se domicilien en el Ecuador y manifiesten voluntad de que se los considere como tales. Recíprocamente, los ecuatorianos no perderán su nacionalidad cuando adquieran otra por el principio de doble nacionalidad.

Artículo 18.- Personas jurídicas, se consideran ecuatorianas las personas jurídicas autorizadas por la ley para los efectos que ella determina.

Artículo 19.- Pérdida de la nacionalidad.

La nacionalidad ecuatoriana se pierde:

1. Por traición a la Patria, declarada judicialmente;

2. Por la renuncia de que se habla en el numeral 3.º del Artículo 13;

3. Por naturalización en otro Estado, salvo lo previsto en el Artículo 17;

4. Por cancelación de la carta de naturalización en los casos previstos por la ley.

Artículo 20.- Recuperación.

La nacionalidad podrá recobrarse con arreglo a las disposiciones legales.

Título III. De la ciudadanía

Artículo 21.- Requisitos.

Son Ciudadanos ecuatorianos los mayores de dieciocho años que saben leer y escribir y están, por tanto, en aptitud de ejercer los derechos políticos que establece la presente Constitución.

Artículo 22.- Suspensión.

Los derechos inherentes a la ciudadanía se suspenden:

1. Por condena en caso de atentado contra la libertad de sufragio;

2. Por condena en caso de violación de un precepto constitucional, cometida por magistrado, funcionario o empleado público;

3. Por condena en caso de fraude en el manejo de fondos públicos, mientras dure la pena impuesta;

4. Por no haber pagado alcances declarados en cuentas de fondos públicos, mientras dure la mora;

5. Por interdicción judicial;

6. Por sentencia penal condenatoria, en tanto dure la condena, salvo el caso de contravención;

7. Por insolvencia declarada fraudulenta;

8. En los demás casos determinados en la Constitución y las leyes.

Título IV.
De los derechos, deberes y garantías

Capítulo I.
Disposiciones generales

Artículo 23.- Derechos humanos.

El Estado reconoce, garantiza y promueve los derechos del hombre, como individuo y como miembro de la familia y demás sociedades que favorezcan el desarrollo de su personalidad. La ley protegerá la libertad y más derechos de la persona contra los abusos del Poder Público y de los particulares.

Artículo 24.- Cultura y bienestar.

El Estado garantiza a los habitantes el libre acceso a la cultura y al mejoramiento social y económico, y a los ciudadanos ecuatorianos, la efectiva participación en la actividad política. La ley eliminará los obstáculos que impidan o limiten a determinados sectores de la población nacional el ejercicio de estos derechos.

Artículo 25.- Igualdad.

No se hará discriminación alguna basada en motivos tales como raza, sexo, filiación, idioma, religión, opinión política, posición económica o social. No se concederá prerrogativa alguna ni se impondrá obligaciones que hagan a unas personas de mejor o peor condición que otras. No hay dignidades ni empleos hereditarios, privilegios ni fueros personales. La honradez, la capacidad y otros méritos serán los únicos fundamentos de valoración personal.

Artículo 26.- Primacía constitucional.

Serán nulas las disposiciones legales, administrativas o de cualquier orden que menoscaben el ejercicio de los derechos garantizados por esta Constitución.

Artículo 27.- Responsabilidad.

El Estado y más entidades de derecho público y las entidades semipúblicas, están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios irrogados en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de su cargo.

No obstante, lo establecido en el Inciso anterior, el Estado y más entidades antes mencionadas, harán efectiva la responsabilidad de sus funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, hubieren perjudicado al Estado o a los particulares. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los jueces competentes.

Capítulo II.
De los derechos de la persona

Artículo 28.- Derechos garantizados.

Sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

1. El derecho a la vida y a los medios necesarios para una existencia digna;

2. La inviolabilidad de la vida: no hay pena de muerte;

3. La integridad personal: no hay torturas, ni pueden emplearse sino para fines terapéuticos drogas ni otros medios que enerven las facultades de la persona;

4. El derecho a la honra y a la intimidad personal y familiar;

5. La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por cualquiera de los medios de comunicación colectiva, siempre que se respeten la ley, la moral y la honra de las personas.

Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social acreedor al respeto del Estado.

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, redactores y demás trabajadores y auxiliares, salvo resolución judicial.

En cuanto a las publicaciones anónimas, se estará a las disposiciones.

Toda persona natural o jurídica tiene derecho, con arreglo a la ley, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas por los medios de comunicación colectiva;

6. La libre participación en la vida cultural de la comunidad y en la investigación científica;

7. El derecho a la información y el libre acceso a sus fuentes, sin más limitaciones que la seguridad nacional del Estado y la vida privada de las personas;

8. La libertad de creencia religiosa y de culto, individual o colectivo, en público o en privado;

9. La inviolabilidad del domicilio: nadie puede entrar en habitación de otro sin su consentimiento o sin orden firmada por autoridad competente; sin tal orden, solo en los casos expresamente determinados por la ley;

10. La inviolabilidad de la correspondencia y el secreto de las comunicaciones teleféricas y telefónicas. Prohíbese abrir o registrar papeles, libros de comercio, cartas y más documentos privados, fuera de los casos y en la forma que la ley determine. Se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del registro o examen.

Los documentos obtenidos con violación de esta garantía no harán fe en juicio;

11. La libre circulación y residencia en el territorio nacional, así como la salida y el retorno, para el cual no se exigirá pasaporte a los ecuatorianos;

12. El derecho de petición: el magistrado, funcionario o autoridad que reciba una solicitud está obligado a responderla dentro de treinta días, si la ley no determina plazo especial. Este derecho puede ejercerse individual o colectivamente, pero nunca en nombre del pueblo; quedan prohibidos y se declaran punibles los llamados paros, así como las huelgas de empleados públicos en contravención a la ley. Igualmente, los que realicen las ciudades o regiones como medios de petición a las autoridades;

13. El derecho de los autores nacionales y extranjeros sobre sus creaciones literarias artísticas y científicas; la ley regulará el ejercicio de tal derecho, conciliándolo con la función social inherente a la creación cultural;

14. El desempeño de oficios y profesiones, de la agricultura, el comercio y la industria, con arreglo a la ley;

15. El derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier violación de las garantías constitucionales, sin perjuicio del deber que incumbe al Poder Público de velar por la observancia de la Constitución y las leyes;

16. La reserva del ciudadano sobre sus convicciones políticas y religiosas; la autoridad no puede obligarlo a declarar sobre ellas ni causarle molestia, salvo los casos previstos en la Constitución y las leyes;

17. La libertad de reunión y asociación, sin armas, para fines no prohibidos por la ley;

18. La libertad y seguridad personales. En consecuencia:

a) Es nula la estipulación que someta una persona a otra de manera absoluta e indefinida;

b) Excepto el caso de alimentos forzosos, no habrá prisión por deudas, costas, honorarios, impuestos, multas ni otras obligaciones de carácter civil;

c) Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley, ni sufrir pena que no esté en ella establecida. Tanto infracción como pena han de ser declaradas con anterioridad al acto. En caso de conflicto de dos leyes penales, se aplicará la menos rigurosa aun cuando fuere posterior a la infracción;

d) Nadie puede ser penado sin juicio previo, ni privado del derecho de defensa en cualquier estado del juicio, ni de la facultad de ser oído el último;

e) Nadie será distraído de sus jueces naturales ni juzgado por comisiones especiales;

f) Nadie será compelido a declarar contra sí mismo con juramento o coacción, en materia que pudiere acarrearle responsabilidad penal, ni obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

g) Nadie será privado de su libertad sino en la forma y por el tiempo que la ley prescribe, ni incomunicado por más de veinticuatro horas. Salvo el caso de delito flagrante, toda privación de la libertad se hará con orden firmada por autoridad competente que exprese la causa legal. Si se trata de delito flagrante, el juez o la autoridad que hubiera dispuesto la detención, expedirá dentro de veinticuatro horas una orden firmada que justifique las causas legales de la detención;

h) Quien considere inconstitucional o legal su prisión o detención, puede acogerse al «Habeas Corpus». Este derecho lo ejercerá por sí o por otro sin necesidad de mandato escrito ante el Alcalde o Presidente del Concejo bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien haga sus veces. Esta autoridad ordenará que el recurrente sea llevado de inmediato a su presencia y que se exhiba la orden de privación de libertad, y el encargado de la cárcel o lugar de detención acatará este mandato.

Si no se presentare al detenido, o si no se exhibiere la orden, o si esta no reuniere los requisitos anteriormente prescritos, o si se hubiera faltado al procedimiento, o si se hubiera justificado a criterio del Alcalde o Presidente del Concejo el fundamento del recurso interpuesto, este funcionario dispondrá la inmediata libertad del reclamante. Quien desobedeciere tal orden será, sin más trámite, destituido inmediatamente de su cargo o empleo por el mismo Alcalde o Presidente del Concejo, quien comunicará la destitución a la Contraloría General del Estado y a la autoridad que deba proveer su reemplazo.

El empleado destituido podrá reclamar por la destitución ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia del correspondiente distrito, dentro de veinticuatro horas de notificada, pero después de haber puesto en libertad al detenido.

De no justificarse la petición, ésta será desechada;

i) Las penas no lesionarán la dignidad humana, antes deben propender a la reeducación del condenado. No se emplearán tratos humillantes para investigar una infracción;

j) La inocencia se presume mientras no haya declaración judicial de culpabilidad con arreglo a la ley.

El Estado pondrá empeño en devolver la honra a quien por error judicial u otra causa hubiere sido acusado, juzgado o sentenciado

Capítulo III.
De la familia

Artículo 29.- Protección del matrimonio y la familia.

El Estado reconoce la familia como célula fundamental de la sociedad, y la protege igual que al matrimonio y a la maternidad.

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad especial de los cónyuges.

El Estado apoyará a los progenitores en el ejercicio de la autoridad paterna, y vigilará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre padres e hijos.

Los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos en cuanto a apellidos, crianza, educación y herencia.

La ley reglamentará lo referente a la investigación y facilitará la investigación de la paternidad.

Al inscribirse el nacimiento, no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación.

Artículo 30.- Protección de la generación. El Estado protegerá al hijo desde su concepción, y protegerá también, a la madre sin considerar antecedentes; amparará al menor que se hallare en condiciones desventajosas, a fin de que pueda desarrollarse normalmente y con seguridades para su integridad moral.

Concederá especial atención a las familias numerosas, y establecerá disminución y exención de las obligaciones tributarias en atención al número de hijos.

Artículo 31.- Promoción económica de la familia.

El Estado procurará asegurar a la familia condiciones morales, culturales y económicas que favorezcan la consecución de sus fines y le permitan disfrutar de una vivienda digna.

Establécese el patrimonio familiar inalienable e inembargable, cuya cuantía y condiciones serán reguladas por la ley.

Artículo 32.- Protección de los menores.

El Estado velará por la salud física, mental y moral de los menores y por su derecho a la educación y a la vida del hogar.

Los menores estarán sometidos a una legislación especial, protectora y no punitiva.

Capítulo IV.
De la educación

Artículo 33.- Derecho a la educación.

El Estado garantiza el derecho a una educación que capacite a la persona para vivir dignamente, bastarse a sí misma y ser útil a la comunidad.

El derecho a la educación incluye el de disponer de iguales oportunidades para desarrollar las dotes naturales en una profesión, arte u oficio, y en el grado o nivel en que encuentre la mejor garantía de bienestar para sí misma, para los que de ella dependen y para el servicio de los demás.

Artículo 34.- Parte del Estado, los padres y otras entidades.

El Estado suministrará y regulará la educación. Es deber y derecho de los padres educar a los hijos, y podrán escoger, en consecuencia, la índole de educación que habrá de dárseles.

Compete al Estado dictar las leyes, reglamentos y programas a los cuales se ajustarán la educación fiscal, municipal y particular, propendiendo a la coherente unidad del proceso educativo.

Artículo 35.- Libertad de educación.

El Estado garantiza la libertad de educación dentro de la moral y de las instituciones democráticas y republicanas.

La educación oficial es laica, o sea que el Estado, como tal, no enseña ni impugna religión alguna.

Artículo 36.- Finalidades.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad e inculcará respeto a los derechos y libertades fundamentales; favorecerá la comprensión y tolerancia entre los grupos sociales y religiosos, y el mantenimiento de la paz.

En todos los niveles de la educación se atenderá primordialmente a la formación moral y cívica de los alumnos.

Artículo 37.- Obligatoriedad.

La educación elemental y la básica son obligatorias; cuando se impartan en establecimientos oficiales, serán además gratuitas.

Artículo 38.- De campesinos e indígenas.

En la educación se prestará especial atención al campesino. Se propenderá a que los maestros y funcionarios que traten con él, conozcan el idioma quichua y otras lenguas vernáculas.

En las escuelas establecidas en las zonas de predominante población indígena se usará de ser necesario además del español, el quichua o la lengua aborigen respectiva, para que el educando conciba en su propio idioma la cultura nacional y practique luego el castellano.

Artículo 39.- Especial y técnica.

El Estado fomentará, fundará y mantendrá escuelas técnicas y establecimientos especiales de enseñanza de artes, oficios, comercio, agricultura y demás medios de trabajo remunerador, según las necesidades de las regiones y del desarrollo económico y progreso social del Ecuador.

El Estado, en colaboración con entidades particulares y a expensas comunes, podrá fundar escuelas técnicas y otros establecimientos especiales y encomendarles su gobierno.

Artículo 40.- Alfabetización.

El Estado atenderá a la urgente erradicación del analfabetismo; el Presupuesto Fiscal incluirá necesariamente partidas destinadas a este fin.

Artículo 41.- Útiles y servicios.

En los establecimientos gratuitos, oficiales o particulares, sin distinción, se suministrarán útiles y servicios sociales a los alumnos que los necesitaren.

Artículo 42.- Ayuda a la educación particular.

Sin perjuicio de las participaciones establecidas en leyes especiales en beneficio de la educación particular, el legislador, y con anuencia de éste, las Municipalidades, cuando lo estimen conveniente, suministrarán ayuda a la educación particular elemental y básica gratuitas.

Artículo 43.- Autonomía universitaria.

Las universidades y las escuelas politécnicas son autónomas y se rigen por ley y estatutos propios; para la efectividad de esta autonomía, la ley propenderá a la creación del patrimonio universitario.

Sus recintos son inviolables, y no pueden ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo la morada de una persona.

Su vigilancia y el mantenimiento del orden interno son de competencia y de responsabilidad de sus autores.

Son funciones fundamentales de las universidades y de las escuelas politécnicas la formación cultural, la preparación profesional, la investigación científica, el planteamiento y estudio de los problemas sociales, educativos, y económicos del país, y la contribución al desarrollo nacional.

Artículo 44.- Becas.

Los estudiantes capaces y meritorios tienen derecho a alcanzar los niveles más elevados de estudios. El Estado hará posible el ejercicio de este derecho, mediante becas y otros beneficios que deberán ser otorgados por concurso.

Artículo 45.- Representación.

En los organismos directivos nacionales de la educación estarán representadas todas las fuerzas docentes del país, tanto oficiales como particulares, con arreglo a la ley.

Artículo 46.- Garantías para los educadores.

Se garantizan la estabilidad y la justa remuneración de los educadores en todos los estadios; la ley regulará su designación, ascenso, traslado y separación, atendiendo a las características de la educación pública y de la privada.

Capítulo V.
De la propiedad

Artículo 47.- Derecho de propiedad.

El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privadas mientras ésta cumpla la función social que le es inherente. La ley regulará su adquisición, uso, goce y disposición, y facilitará el acceso de todos a la propiedad.

Artículo 48.- Confiscación de bienes.

Prohíbese la confiscación de bienes: si de hecho llegare ésta a producirse, no causará prescripción ni alteración alguna en el derecho de la parte perjudicada, y originará contra la autoridad que la hubiere ordenado y contra el Estado, acción sumaria de daños y perjuicios.

Las multas, comisos y penas que afecten al dominio de bienes muebles serán determinados por la ley.

Artículo 49.- Expropiaciones.

Nadie puede ser privado de la propiedad ni de la posesión de sus bienes sino en virtud de mandato judicial o de expropiación legalmente efectuada por causa de utilidad pública o de razón social.

Sólo el Estado y demás entidades de derecho público podrán decretar expropiaciones por causa de utilidad pública o de interés social, reconociendo la justa indemnización, salvo los casos en que la ley no la establezca.

Artículo 50.- Libre contratación.

Únicamente las autoridades facultades por la ley podrán dictar providencias que impidan u obsten la libre contratación, transferencia y transmisión de la propiedad: en esta materia no surtirá efecto ni será obedecida orden alguna que dimane de otra autoridad.

Artículo 51.- Reforma agraria.

El Estado tiene el deber de corregir los defectos de la estructura agraria, a fin de lograr la justa distribución de la tierra, la más eficaz utilización del suelo, la expansión de la economía nacional y el mejoramiento de nivel de vida del campesino. Con tal objeto promoverá y ejecutará planes de reforma agraria; estos conciliarán los intereses de la justicia social y el desarrollo económico del país, y eliminarán las formas precarias de tenencia de la tierra.

El propietario de predios agrarios está obligado a explotarlos racionalmente y a asumir la responsabilidad y dirección personal de la explotación.

La extensión máxima y la mínima de la propiedad agraria serán determinadas por la ley.

Artículo 52.- Inalienabilidad e Indivisión.

No habrá bienes inmuebles que a perpetuidad sean inalienables o indivisibles.

Artículo 53.- Derechos sucesorios.

Se garantizan los derechos de testar y de heredar, con las limitaciones de ley.

Artículo 54.- Plusvalía.

Ningún particular podrá enriquecerse con el aporte de las inversiones públicas.

Los propietarios de inmuebles rústicos o urbanos, con arreglo a la ley, retribuirán el valor de los beneficios económicos obtenidos en virtud de tales inversiones.

Artículo 55.- Tierras baldías y abandonadas.

Serán bienes del Estado las tierras que carezcan de dueño; igualmente las agrarias que, teniendo dueño, permanezcan abandonadas más de ocho años consecutivos sin causa legal. Este dominio será imprescriptible, pero las tierras deberán adjudicarse a los particulares, con fines de reforma agraria y colonización.

Pertenecen asimismo al Estado: el zócalo y la plataforma submarinos, los minerales y más substancias que constituyen depósitos o concreciones de composición diversa de la del suelo. Este dominio es también inalienable e imprescriptible, pero pueden otorgarse concesiones para la racional exploración y explotación de tales minerales o sustancias, con arreglo a la ley.

Artículo 56.- Recursos naturales.

El aprovechamiento de los recursos naturales, cualesquiera sean sus dueños, se regulará de acuerdo con las necesidades de la economía nacional.

Artículo 57.- Propiedad de patentes.

Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la ley.

En todo producto nacional se hará constar la procedencia ecuatoriana.

Artículo 58.- Patrimonio cultural.

La riqueza artística y la arqueológica, igual que los documentos fundamentales para la historia del país, sean quienes fueran sus dueños, constituyen patrimonio cultural de la nación y están bajo el control del Estado, el cual podrá prohibir o reglamentar su enajenación o exportación y decretar las expropiaciones que estimare oportunas para su defensa, con arreglo a la ley.

Artículo 59.- Funciones económicas del Estado.

El Estado se reserva el derecho a explotar determinadas actividades económicas para suplir, fomentar y complementar la iniciativa privadas, sin menoscabo de los intereses legítimos de esta.

Las empresas que exploten servicios públicos que tiendan al monopolio, podrán ser nacionalizadas con arreglo a la ley.

Artículo 60.- Propiedad y posesión de los extranjeros.

El Estado determinará las zonas territoriales sobre las cuales los extranjeros no pueden ejercer dominio ni ejecutar actos de posesión.

Capítulo VI.
Del trabajo y de la seguridad social

Artículo 61.- Derecho al trabajo.

El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador el derecho al trabajo y a una remuneración que les permita vivir dignamente. Prevendrá la desocupación, a fin de asegurar tal derecho.

A nadie se le exigirá trabajos gratuitos ni remunerados que no sean dispuestos por la ley. En general, todo trabajo debe ser remunerado.

Artículo 62.- Obligatoriedad del trabajo.

El trabajo, que tiene función social, dentro de la libertad de escogerlo, es obligatorio para todos los miembros de la comunidad, consultadas las condiciones de edad, sexo y salud.

Artículo 63.- Libertad de empresa y su garantía.

El Estado garantiza la empresa en cuanto comunidad de trabajo, en la que los elementos de orden instrumental estén subordinados a los de categoría humana, y todos ellos al bien común.

Se fomentará la organización social de la empresa, sin menoscabo de la autoridad ni de la unidad de dirección.

Artículo 64.- Garantías del trabajo.

El Estado velará porque se observe la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, se respete la dignidad, de estos y se promueva su responsabilidad.

La ley regulará lo relativo a trabajo, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Nadie puede ser obligado a trabajar sino en virtud de contrato, salvo los casos expresamente determinados en la ley;

2. Los derechos del trabajador son irrenunciables: será nula toda estipulación en contrario, y las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación del trabajo;

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, los jueces las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores;

4. A trabajo igual corresponderá remuneración igual, sin distingo de raza, sexo, edad, nacionalidad o religión; para los efectos del pago, se tendrán en cuenta la especialización y práctica en el trabajo;

5. El salario será vital y familiar: comprenderá una remuneración suficiente para las necesidades fundamentales de alimentación, vestido, vivienda y cultura, tanto del trabajador como de las personas a su cargo. La retribución corresponderá a la capacidad, y esfuerzo y necesidades del trabajador. En el grado y modo compatibles con el bien común, la ley fijará los salarios mínimo y familiar;

6. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo el caso de pensiones alimenticias, y se satisfará con moneda de curso legal, y no con vales, fichas y otros medios semejantes. Los pagos no se harán por períodos que excedan de un mes ni podrán ser disminuidos ni descontados sino con arreglo a la ley;

7. Lo que el patrono debe al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios, en la cuantía y condiciones que establezca la ley;

8. Todos los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las respectivas empresas en el porcentaje legal, que no podrá ser menor del diez por ciento; la ley regulará el reparto;

9. La ley fijará la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal y en días de fiesta y las vacaciones anuales; descanso y vacaciones serán pagados, y el trabajador podrá disfrutarlos libremente;

10. Se garantizan el derecho y la libertad sindicales de trabajadores y empleadores, conforme a las normas legales y sin necesidad de autorización previa;

11. Se protegerá especialmente la contratación colectiva;

12. Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, reglamentados en su ejercicio;

13. Para la solución de los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias, se constituirán Tribunales de Conciliación y Arbitraje integrados por representantes de empleadores y trabajadores, bajo la presidencia de un funcionario público;

14. Los conflictos individuales del trabajo se tratarán en juicio oral, en la forma que determine la ley;

15. Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de labor que no presenten peligro para su vida o salud, y a indemnizarles por los riesgos del trabajo que sobrevengan con ocasión o por consecuencia de su actividad.

La ley regulará las condiciones en que el trabajador rehabilitado después de un accidente o enfermedad profesional, deberá ser admitido nuevamente a su trabajo;

16. La madre trabajadora será objeto de particular solicitud. La mujer en gravidez no será obligada a trabajar en el lapso anterior y posterior al parto, que fije la ley, durante el cual tendrá derecho a remuneración completa. La madre gozará, además, en la jornada de trabajo, del tiempo necesario para lactar a su hijo;

17. Se prohíbe el trabajo de los menores hasta de catorce años, salvo las excepciones que la ley establezca, y se reglamentará el de los menores de hasta dieciocho años;

18. La ley protegerá especialmente el trabajo agrícola y la seguridad del campesino, y regulará lo relativo a la defensa y promoción del artesanado, como también las demás modalidades especiales del trabajo;

19. No podrá expedirse ley alguna que disminuya los derechos y garantías reconocidos a los trabajadores en la legislación actual.

Artículo 65.- Seguridad Social.

Todos los habitantes tienen derecho a la protección del Estado contra los riesgos de desocupación, invalidez, enfermedad, vejez y muerte, igual que en caso de maternidad y otras eventualidades que los priven de los medios de subsistencia.

El Estado progresivamente inventará, o extenderá, un sistema de seguridad social que ampare a los habitantes contra tales riesgos; asimismo, garantizará y protegerá a las empresas privadas que cumplan directamente esta finalidad.

Artículo 66.- Seguro Social.

La aplicación del Seguro Social se hará mediante instituciones autónomas con personería jurídica propia; en sus organismos dirigentes tendrán representación el Estado, los empleadores y los asegurados.

Los fondos o reservas del Seguro Social, que son propios, distintos de los del Fisco, no se destinarán, a objeto diferente del de su creación; se invertirán en condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

Las prestaciones del Seguro Social no son susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de Caja Nacional del Seguro Social. Dichas Prestaciones están exentas de impuestos fiscales y municipales. No tendrá valor alguno cualquier disposición que prive al asegurado de estas prestaciones.

Artículo 67.- Promoción Popular.

El Estado contribuirá a la promoción de los diversos sectores populares, sobre todo, del campesino, en lo moral, intelectual, económico y social; estimulará los programas de vivienda; procurará la extirpación del alcoholismo y la toxicomanía, e impulsará el mejoramiento de la salud.

Artículo 68.- Asistencia Social.

El Estado proveerá de medios de subsistencia a quienes, careciendo de ellos, no estén en condiciones de adquirirlos por su trabajo ni cuenten con persona o entidad obligadas por ley a suministrárselos. La asistencia social procurará al asistido una vida compatible con la dignidad humana y tendente a capacitarlo para valerse a sí mismo.

Capítulo VII.
De los derechos políticos

Artículo 69.- Derechos políticos.

El Estado garantiza a los ciudadanos ecuatorianos el derecho a participar activamente en la vida política; elección de gobernantes, elaboración de leyes, fiscalización del Poder público y desempeño de funciones o empleos públicos.

Artículo 70.- Voto.

Se establece el sistema de elecciones periódicas, directas e indirectas.

El voto es deber y derecho de los ciudadanos: por lo tanto, es obligatorio para el hombre y la mujer.

Artículo 71.- Características del voto.

Se garantizan la libertad y el secreto del voto. Igualmente, la representación proporcional de las minorías en las elecciones pluripersonales.

Artículo 72.- Plebiscito.

Establécese el plebiscito para la consulta directa de la opinión ciudadana, en los casos previstos por la Constitución; la decisión plebiscitaria será inobjetable.

Artículo 73.- Condiciones para votar.

Para intervenir en los comicios públicos se requiere ser ciudadano ecuatoriano y estar en ejercicio de los derechos políticos.

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no harán uso de este derecho, por ser garantes de la pureza del sufragio.

Artículo 74.- Partidos Políticos.

El Estado garantiza a los ciudadanos ecuatorianos el derecho de actuar en partidos políticos, con excepción de los miembros de la Fuerza Pública y de los religiosos, clérigos y ministros de cualquier culto.

La ley ofrecerá especiales garantías para el funcionamiento de los partidos políticos, y propenderá a su fortalecimiento, a fin de que mediante ellos se ejerza la acción cívica.

Solamente los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral podrán presentar listas para las elecciones pluripersonales.

La ley determinará asimismo los requisitos que deberán reunir los partidos para su reconocimiento por el Tribunal Supremo Electoral, el cual no hará discrimen por consideraciones ideológicas.

Los jefes nacionales y provinciales de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, gozarán de fuero de Corte Superior.

Artículo 75.- Libertad e igualdad para los Partidos.

La ley garantiza a los partidos políticos los medios de comunicación colectiva para la difusión de sus programas establecerá igualmente el control del gasto electoral, para impedir la hegemonía de grupos económicos.

Artículo 76.- Carrera administrativa.

Se instituye la carrera administrativa para asegurar la estabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de la administración a base de capacidad, méritos y probidad y la oposición y concurso como sistema de selección y ascenso.

La carrera administrativa no comprende a los servidores públicos sujetos a leyes especiales, ni a los expresamente exceptuados en la respectiva ley.

Las funciones públicas deben ejercerse con criterio de servicio a la colectividad y de defensa de los intereses nacionales y populares.

Los empleados públicos podrán formar asociaciones para la defensa de sus legítimos intereses, y recurrir a la huelga únicamente en los casos y términos en que la ley les autorice, sin que aquélla produzca la paralización total de los servicios públicos.

Artículo 77.- Prohibición del pluriempleo.

Nadie puede desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos. Esta incompatibilidad comprende también a los funcionarios y empleados de la Caja Nacional del Seguro Social, del Banco Central del Ecuador, del Banco Nacional de Fomento y, en general, de las entidades que total o parcialmente se financien con impuestos, tasas o subvenciones fiscales o municipales.

Quedan excluidos de esta disposición los profesores de las universidades de las escuelas politécnicas y de los planteles de enseñanza secundaria; dichos profesores podrán ejercer un cargo más, siempre que sea compatible con el desempeño de la cátedra. Se exceptúan también los telegrafistas y radiotelegrafistas a quienes declara técnicos la respectiva; ellos podrán ejercer un cargo más, si es compatible con sus horarios de trabajo.

Para los efectos de esta prohibición no se considerarán cargos públicos las funciones de elección popular.

Los Ministros de Estado y quienes en razón de su cargo desempeñen funciones en uno o más organismos, no podrán percibir otra remuneración que la del cargo principal.

Ningún funcionario o empleado público o de entidades semipúblicas podrá percibir retribución mayor que la asignada al Presidente de la República.

Prohíbese el nepotismo en la Administración Pública, Función Judicial e instituciones semipúblicas, en los términos que establezca la ley.

Sin el correspondiente nombramiento o constancia de su elección, ningún ecuatoriano puede desempeñar funciones permanentes de servicio público, ni contratar su trabajo para servir cargos públicos.

Para prestar servicios al Estado, a las Municipalidades y demás instituciones de derecho público, los extranjeros deberán celebrar el respectivo contrato.

Artículo 78.- Enriquecimiento ilícito.

Al tomar posesión de sus cargos y al retirarse de ellos, los funcionarios y empleados públicos harán declaración juramentada de sus bienes. Se reprimirá el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de las funciones públicas.

Artículo 79.- Condenación, rebaja y prescripción de penas.

En los casos de los Artículos 27 y 78, las penas que se impusieran el infractor no podrán ser condonadas, rebajadas ni conmutadas durante el período constitucional el que se hubiera cometido la infracción.

Sólo después de dicho período prescribirá o empezará a prescribir la acción por los mencionados delitos, al igual que la pena impuesta a los responsables de ellos. La responsabilidad civil es independiente de la penal.

Artículo 80.- Asilo y extradición.

El Estado, con arreglo a la ley y a los convenios internacionales, garantiza a los ecuatorianos el derecho a buscar asilo en caso de persecución no motivada por delitos comunes.

La extradición de un ecuatoriano no se concederá jamás; su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

Capítulo VIII.
De la situación de los extranjeros

Artículo 81.- Igualdad de derechos con los ecuatorianos. En ellos términos que fije la ley, los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos; se exceptúan las garantías constitucionales y los derechos políticos establecidos exclusivamente en favor de los ecuatorianos.

Artículo 82.- Contratos con extranjeros.

Los contratos que una persona extranjera, natural o jurídica, celebrare con el Gobierno del Ecuador, o con cualquier persona ecuatoriana, natural o jurídica, incluyen, expresa o tácita, la renuncia a toda reclamación diplomática.

Artículo 83.- Inmigración.

Para el desarrollo económico y progreso social, el Estado fomentará y facilitará la inmigración, pero controlará la idoneidad de los inmigrantes, y exigirá que se dediquen a las actividades a que se hubieren obligado.

Artículo 84.- Derecho de asilo.

Con arreglo a la ley y a los convenios internacionales, el Estado garantiza a los extranjeros el derecho de asilo en caso de persecución no motivada por delitos comunes.

Título V.
De la economía

Capítulo I.
Disposiciones generales

Artículo 85.- Objeto esencial de la riqueza.

El objeto esencial de la riqueza es que los habitantes del Ecuador alcancen sus fines individuales y sociales. En consecuencia, el Estado establecerá un orden económico-social en que los integrantes de la comunidad puedan vivir dignamente y gozar de dos frutos del progreso.

Artículo 86.- Empresa privada.

La actividad privada recibirá estímulo del Estado para la creación de nuevas empresas, para su ampliación y reinversión de sus beneficios en actividades lucrativas. El Estado impedirá que tales empresas se desarrollen con mengua del bien común o en perjuicio de la seguridad, libertad o dignidad humanas.

De manera especial protegerá las inversiones privadas destinadas a obras de infraestructura.

Artículo 87.- Cooperativas.

Sin menoscabo de la libertad individual ni de la autonomía de las cooperativas y empresas, el Estado promoverá su creación y desarrollo, para el mejoramiento de la economía popular. La ley regulará el suministro de los necesarios elementos técnicos, administrativos y económicos.

Artículo 88.- Ahorro. Crédito. Usura. Vivienda.

El Estado ampara y fomenta el ahorro en todas sus formas, regulará y coordinará el crédito, y reprimirá la usura. Favorecerá la inversión del ahorro especialmente en adquisición de vivienda, propiedad agraria y en participaciones directas e indirectas en empresas productivas.

Artículo 89.- Abuso del poder económico la ley reprimirá cualquier forma de abuso del poder económico, inclusive las uniones y agrupaciones de empresas que tiendan a dominar los mercados nacionales, a eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los lucros.

Artículo 90.- Capitales nacionales o extranjeros.

En derechos y obligaciones, el capital extranjero se equipara al nacional; pero el Estado puede reservar al capital ecuatoriano determinados sectores de inversión.

Artículo 91.- Relaciones comerciales internacionales.

Atendiendo a las conveniencias de la nación, el Estado ecuatoriano o podrá establecer relaciones comerciales con cualquier otro Estado.

Artículo 92.- Integración económica regional.

El Ecuador sumará su esfuerzo al de los demás Estados Latinoamericanos en la integración económica regional por la aceleración del progreso común, y colaborará con ellos para mejorar las condiciones de intercambio en el comercio mundial.

Artículo 93.- Competencia desleal.

Cuando el Estado o cualquier entidad semipública administre negocios o empresas, en competencia con los particulares, lo hará tomando en cuenta todos ellos elementos que intervienen en la fijación de costos.

Capítulo II.
De la planificación

Artículo 94.- Planes de desarrollo.

El Estado se obliga a velar por la eficaz utilización de los recursos nacionales, y a promover el desarrollo ordenado y sostenido de la economía.

En consecuencia, sujetará su acción a un plan plurianual que comprenda las medidas coherentes para alcanzar, con la participación de todos los habitantes, los fines concretos del desarrollo económico y del progreso social.

Artículo 95.- Equilibrio de los factores económicos.

Para cumplir lo dispuesto en el Artículo anterior, el Estado procurará asegurar el equilibrio entre los diferentes factores de la economía: población, profesiones, empleos, capital y trabajos; tratará asimismo de obtener, mediante el perfeccionamiento de la técnica, de los servicios y del crédito, el menor precio y el mayor salario compatibles con la justa recompensa de los otros factores de producción.

Artículo 96.- Obligatoriedad de los planes.

Los planes a que se refiere este Capítulo una vez aprobados en la forma establecida por la Constitución, tendrán carácter obligatorio para el sector público, indicativo y orientador para el privado.

Capítulo III.
Del régimen tributario

Artículo 97.- Principios de igualdad y generalidad.

El régimen tributario se rige por los principios básicos de la igualdad y generalidad, de manera que, exigiendo más a quienes más tienen, los que se encuentren en idénticas condiciones económicas paguen iguales contribuciones.

Artículo 98.- Establecimiento de Impuestos.

Sólo la Función Legislativa, mediante ley, podrá establecer, modificar o suprimir impuestos.

Ninguna ley tributaria tendrá efecto retroactivo.

Artículo 99.- Legalidad del Impuesto.

La ley determinará el objeto imponible, el tipo de gravamen, las exenciones y deducciones, los reclamos y recursos en favor de los contribuyentes.

Asimismo, la ley determinará y reprimirá severamente la infracción a las disposiciones tributarias.

Artículo 100.- Estímulo de inversiones.

Las leyes tributarias tenderán a estimular la inversión, la reinversión de capitales y el ahorro.

Artículo 101.- Pignoración de rentas públicas.

El Estado, las Municipalidades y los Consejos Provinciales podrán comprometer determinadas rentas en garantía de sus obligaciones, pero en ningún caso cederán al acreedor el derecho a recaudar la renta afectada.

Artículo 102.- Movilización interna de productos.

La movilización de productos dentro del territorio nacional está exenta de impuestos.

Artículo 103.- Avalúo predial.

El avalúo predial practicado con arreglo a la ley y con criterio uniforme en el país, servirá para todos los efectos jurídicos

Capítulo IV.
De los regímenes monetario y bancario

Artículo 104.- Moneda.

Corresponde al Congreso determinar el valor y la denominación de la moneda nacional.

La moneda de vellón será acuñada por el Banco Central del Ecuador, con arreglo a la ley, y sin necesidad de autorización del Congreso Nacional.

Artículo 105.- Política monetaria.

Incumbe a la Junta Monetaria determinar la política nacional en lo referente a la moneda, y el Banco Central del Ecuador su ejecución. A través de ambos, se procurarán la creación y el mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables al desarrollo económico y al progreso social.

Artículo 106.- Emisión de monedas y billetes.

Sólo el Banco Central del Ecuador está autorizado para emitir monedas metálicas y billetes de curso legal y de poder liberatorio ilimitado.

Título VI.
Sufragio y de sus órganos

Artículo 107.- Órganos del sufragio.

Los órganos del sufragio son: el Tribunal Supremo Electoral; los Tribunales Electorales Provinciales, las Juntas Electorales Parroquiales, y, para el otorgamiento de cédulas y elaboración de los registros correspondientes, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Artículo 108.- Tribunal Supremo Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio ecuatoriano, goza de autonomía y está constituido por siete vocales designados en la siguiente forma: tres por el Congreso Nacional, dos por el Presidente de la República y dos por la Corte Suprema de Justicia; uno de ellos los presidirá.

Al mismo tiempo y en igual forma que los principales, se designará doble número de suplentes.

Los vocales durarán cuatro años y podrán ser indefinidamente reelegidos. Dichos cargos serán obligatorios.

Artículo 109.- Tribunales Electorales Provinciales.

Los Tribunales Electorales Provinciales, con sede en las capitales de provincia y jurisdicción en toda ella, están constituidos por cinco Vocales designados por el Tribunal Supremo Electoral; uno de ellos los presidirá.

Por cada uno de los Vocales designados por el Tribunal Supremo Electoral designará dos suplentes.

Artículo 110.- Director General de Registro Civil.

El Tribunal Supremo Electoral nombrará al Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y lo removerá, de ocurrir justa causa.

Artículo 111.- Juntas Electorales Parroquiales.

Las Juntas Electorales Parroquiales se organizarán con arreglo a la ley, la que determinará los requisitos para ser miembro de ellas.

Artículo 112.- Miembros de los Tribunales Electorales.

Para ser miembro de un Tribunal Electoral se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, tener al menos veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos políticos y no hallarse incluido en ninguna de las prohibiciones del Artículo 122 de esta Constitución.

Artículo 113.- Sanción por la violación de norma anterior.

La violación del Artículo precedente no causará nulidad de los actos electorales, pero acarreará responsabilidad personal a quienes lo infringieren.

Artículo 114.- Atribuciones y deberes del Tribunal Supremo Electoral.

Son atribuciones y deberes del Tribunal Supremo Electoral:

1. Regular y vigilar los diferentes actos de los comicios públicos;

2. Dar las instrucciones y dictar las medidas necesarias para su correcta realización;

3. Expedir las órdenes pertinentes para que la Fuerza Pública vigile la libertad y pureza de los comicios;

4. Resolver las dudas que en cada caso se presentaren sobre la interpretación y recta aplicación de la Ley de Elecciones;

5. Resolver en segunda y definitiva instancia las quejas que se presentaren respecto de infracciones en el sufragio, e imponer u ordenar las respectivas sanciones;

6. Efectuar los escrutinios que según la Ley de Elecciones le correspondan y expedir los respectivos nombramientos;

7. Los demás que la Constitución y las leyes le confieran.

Artículo 115.- Otros órganos.

Los derechos y obligaciones de los demás órganos del sufragio se determinan en la ley.

Artículo 116.- Obligaciones de otras autoridades.

Las autoridades administrativas militares y policiales colaborarán con los órganos del sufragio para el cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas.

Título VII. De la función legislativa

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 117.- Congreso bicameral.

El Congreso Nacional se compone del Senado y de la Cámara de Diputados.

Artículo 118.- Sede del Congreso.

El Congreso Nacional tiene su sede en la Capital del Ecuador, y sólo en casos excepcionales puede funcionar en otro lugar.

Artículo 119.- Integración del Senado.

El Senado está integrado por dos representantes de cada una de las provincias y por un representante del Archipiélago de Colón elegidos por sufragio popular directo y por quince senadores funcionales:

1. Uno por la Educación Pública;

2. Uno por la Educación Particular;

3. Uno por los Medios de Comunicación Colectiva y las Academias y Sociedades Científicas y Culturales;

4. Dos por la Agricultura;

5. Dos por el Comercio;

6. Dos por la Industria;

7. Cuatro por los trabajadores. Para los efectos de su elección, se considerarán trabajadores los empleados y obreros urbanos y rurales, y los artesanos;

8. Uno por las Fuerzas Armadas, y;

9. Uno por la Policía Civil Nacional.

Cuando los Senadores Funcionarios fueran dos, uno representará a las actividades de la Sierra y el Oriente, y otro, a las de la Costa y Archipiélago de Colón; y cuando fueren cuatro, dos representarán a las actividades de la Sierra y el Oriente, y dos, a las de la Costa y el Archipiélago de Colón.

Artículo 120.- Integración de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados se compondrá de los ciudadanos elegidos por cada una de las provincias de la República y por el Archipiélago de Colón, en forma proporcional a su población.

Las provincias elegirán un diputado por cada ochenta mil habitantes, y otro si quedare un exceso de cuarenta mil y más. En todo caso, ninguna provincia tendrá menos de dos Diputados. El Archipiélago de Colón elegirá uno.

Artículo 121.- Condiciones para ser legislador.

Para ser legislador se requiere:

1. Ser ecuatoriano de nacimiento y hallarse en ejercicio de los derechos políticos;

2. Ser nativo de la provincia electora o haber tenido su domicilio en ella al menos por los tres años ininterrumpidos que antecedan inmediatamente a la elección.

Los Senadores Funcionales deben haber desempeñado la actividad para cuya representación se los elige, por lo menos los mismos tres años previstos para el caso anterior;

3. Tener como mínimo treinta y cinco años los Senadores y veinticinco los Diputados;

4. Estar exentos de las inhabilidades que establecen la Constitución y las leyes.

Artículo 122.- Incompatibilidades.

No pueden ser candidatos a legisladores ni desempeñar la función parlamentaria:

1. El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros de Estado, el Contralor, el Procurador General, los Superintendentes de Bancos y de Compañías, los Presidentes del Instituto Nacional de Previsión y de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, y el Gerente General de la Caja Nacional del Seguro Social. En general, caen en esta inhabilidad los funcionarios y empleados públicos que siendo de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo, presten sus servicios en oficinas fiscales de índole permanente y perciban sueldo; de igual modo los representantes de la Función Ejecutiva en cualquier organismo del Estado;

2. Los Ministros de las Cortes Suprema y Superiores de Justicia y los de los Tribunales de lo contencioso; los jueces ordinarios y especiales, los Agentes Fiscales y los Secretarios de las Cortes y de los juzgados de la República. Esta incompatibilidad no comprende a funcionarios de carácter ocasional; tampoco a los Conjueces de las Cortes, a los Jueces Partidores ni a los Árbitros;

3. Los Prefectos y Consejeros Provinciales, respecto de la provincia en la cual ejerzan sus funciones;

4. Los Alcaldes y Presidentes de Concejos y los Concejales por la provincia dentro de la cual ejerzan dichas funciones;

5. Los Gerentes de Bancos establecidos por el Estado, igual que los de sus agencias y sucursales;

6. Los ministros de cualquier culto y los miembros de comunidades religiosas;

7. Los Vocales y Secretarios de los Tribunales Electorales, a no ser que hubieren dejado de ejercer sus cargos noventa días siquiera antes de las elecciones;

8. Los miembros en servicio activo de la Fuerza Pública;

9. Los que tengan con el Estado contratos o concesiones para la explotación de las riquezas nacionales o de los servicios Públicos; tampoco los representantes o mandatarios de aquellos o de compañías nacionales o extranjeras que se hallaren en igual situación.

Esta incompatibilidad no comprende a los representantes legales de entidades de derecho público que hubiesen obtenido tales concesiones.

En los casos señalados en este Artículo con excepción de lo contenido en el ordinal 7.º la incompatibilidad abarca los seis meses inmediatamente anteriores a la convocatoria a elecciones; por consiguiente, quienes hubieren desempeñado las indicadas funciones dentro de ese lapso, no podrán ser candidatos a legisladores.

La incompatibilidad relativa a los funcionarios y empleados Públicos cuyo nombramiento y remoción dependen del Ejecutivo, no comprende a los maestros y profesores fiscales o municipales a menos que ejerzan funciones administrativas directamente subordinadas al Ministerio de Educación o a la respectiva Municipalidad.

Tal incompatibilidad tampoco afecta a quienes opten las Senadurías Funcionales por la Educación Pública, por las Fuerzas Armadas o por la Policía Civil Nacional.

Asimismo, nadie podrá ser elegido por una provincia, si en ella tuviere o hubiere tenido dentro de los seis meses anteriores a la convocatoria a elecciones mando o jurisdicción civil, política o militar de carácter permanente.

Artículo 123.- Incompatibilidades sobrevenientes.

Prohíbese a los Legisladores aceptar con remuneración o sin ella cargo, representación o comisión de da Función Ejecutiva o de entidades semipúblicas.

Quienes fueren elegidos legisladores y posteriormente incurrieren en alguna de las incompatibilidades determinadas en el Artículo precedente, perderán su calidad de tales.

Artículo 124.- Período de sesiones.

El Congreso Nacional, sin necesidad de convocatoria, se reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesenta días improrrogables; el primero va del seis de marzo al cuatro de mayo, y el segundo, del diez de agosto al nueve de octubre.

El Presidente de la República podrá convocar períodos extraordinarios de sesiones del Congreso Nacional o de una de las Cámaras cuando se trate de asunto exclusivo de ella y lo requiera el interés nacional; de la misma facultad gozará el Presidente del Congreso, si lo piden a menos las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura. En dichos períodos de sesiones sólo se tratarán los asuntos determinados en la convocatoria, la cual fijará la duración del mismo.

Artículo 125.- Duración del mandato legislativo.

Los Senadores duran cuatro años y los Diputados dos. Sus funciones son obligatorias y no se admiten excusas sino por los motivos expresamente previstos en la Ley.

Artículo 126.- Inmunidad legislativa.

Ningún legislador será responsable por las opiniones que manifestare en el Congreso, pero sí por su voto a favor de resoluciones contrarias a la Constitución. El legislador goza de inmunidad durante el tiempo de sus funciones; no podrá ser enjuiciado penalmente, perseguido ni privado de libertad, sin autorización de la Cámara a que pertenece, o del Tribunal de Garantías Constitucionales, si el Congreso no se ha reunido.

Artículo 127.- Libertad de actuación.

Los legisladores, como representantes de la Nación deben actuar con sentido nacional. En el ejercicio de sus funciones no están sujetos a mandato imperativo.

Artículo 128.- Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa regulará: las actividades del Congreso y de sus Comisiones, la forma de trabajo y la remuneración de los legisladores, el procedimiento para autorizar el enjuiciamiento penal de estos, las fórmulas y requisitos para la validez de los actos legislativos, y, en general, todo aquello que, relacionándose con esta función no esté previsto en la Constitución.

Capítulo II.
De los dignatarios

Artículo 129.- Elección.

Cada Cámara elige un Presidente y un Vicepresidente, quienes duran dos años en sus funciones.

Artículo 130.- Presidente del Congreso.

El Presidente del Senado lo es también del Congreso Nacional. A falta del Presidente del Senado, ejercerá la Presidencia del Congreso, en su orden, el Presidente de la Cámara de Diputados el Vicepresidente del Senado o el Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Capítulo III.
Atribuciones y deberes

Artículo 131.- De cada una de las Cámaras.

Incumbe, tanto el Senado como la Cámara de Diputados:

1. Calificar la idoneidad de los miembros de la respectiva Cámara, aceptar o negar sus excusas y llamar a los suplentes;

2. Autorizar el enjuiciamiento penal su iniciación o continuación y la privación de libertad de los integrantes de la Cámara;

3. Juzgar la conducta de sus miembros en el desempeño de las funciones y suspenderlos hasta por un año en su ejercicio;

4. Las demás que le confieran la Constitución o las leyes.

Artículo 132.- Atribuciones del Senado.

Son atribuciones privativas del Senado:

1. Aprobar o desaprobar los tratados públicos bilaterales que no estuvieren comprendidos en el inciso segundo del numeral 3.º del Artículo 184; aprobar, con reservas o sin ellas, los tratados públicos multilaterales y dar su venia, en la misma forma, a la adhesión autorizada en ellos. El Presidente de la República o el mismo Senado podrá someter el asunto a Congreso Pleno o a plebiscito;

2. Rehabilitar a quienes hubieren perdido los derechos de nacionalidad o de ciudadanía, cuando la rehabilitación no se efectúe por el Ministerio de la ley;

3. Rehabilitar la honra o la memoria de los condenados injustamente, siempre que el juez o tribunal respectivo mediante el recurso de revisión que concede la ley haya establecido su inocencia;

4. Conceder o negar al Presidente de la República autorización para:

• a) Salir temporalmente del país;

• b) Nombrar en cada caso a determinada persona como Embajador o Ministro Plenipotenciario para las misiones permanentes ante Estados o ante organismos internacionales reconocidos;

• c) Celebrar contratos de empréstitos o cauciones que comprometan el crédito público.

5. Arreglar la administración de los bienes nacionales y autorizar la enajenación o gravamen de los inmuebles;

6. Aprobar o negar, por votación secreta, los ascensos a Generales y Contralmirantes, solicitados conforme a la ley por el Presidente de la República;

7. Fijar anualmente el máximo de la Fuerza pública en tiempo de paz;

8. Conocer de da acusaciones propuestas por la Cámara de Diputados contra alguno de los funcionarios a que se refieren los ordinales 2.º y 3.º del Artículo 134;

9. Declarar, conforme a la ley y con vista del fallo respectivo, la responsabilidad o no responsabilidad legal y pecuniaria de los Ministros de Estado;

10. Reconocer la deuda pública y establecer la manera de hacer su conversión, amortización, consolidación y cancelación;

11. Determinar y uniformar, de acuerdo con el Artículo 104, el valor y la denominación de la moneda nacional;

12. Erigir provincias y cantones con determinación precisa de sus límites jurisdiccionales, o suprimir tales circunscripciones territoriales;

13. Abrir y cerrar puertos;

14. Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 133.- Juzgamiento por el Senado.

Cuando el Senado conozca de alguna acusación relativa solamente a la conducta oficial, no impondrá otra pena que la suspensión o la privación del cargo o la inhabilitación por el tiempo que creyere conveniente para obtener destinos públicos. Si el hecho materia de la acusación al funcionario lo hiciera además responsable de infracción penal, el Senado, después de juzgar su conducta oficial, procederá en la forma determinada en el Inciso siguiente. Cuando no se tratare de conducta oficial, el Senado se limitará a declarar si ha lugar o no al juzgamiento, y, en caso afirmativos pondrá al acusado a disposición del juez competente.

Artículo 134.- Atribuciones de la Cámara de Diputados.

Son atribuciones privativas de la Cámara de Diputados:

1. Conceder o negar al Presidente de la República las facultades extraordinarias, retirarlas y examinar el uso que de ellas hubiere hecho;

2. Examinar las acusaciones que, por su conducta oficial o por infracciones de cualquier clase, se propusieren contra los siguientes Magistrados: el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia;

3. Examinar las acusaciones que, por su conducta oficial, se propusieren contra los Ministros de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los Vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales, y más funcionarios determinados en la Constitución y las leyes;

4. Examinar la conducta oficial de los Ministros de Estado, y censurarlos si hubiere causa. Para la censura se requerirá como mínimo el voto conforme de las tres quintas partes de los Diputados concurrentes;

5. Cuidar, por sí o por medio de los organismos respectivos, de la legal y conveniente inversión de las rentas nacionales, requiriendo al Presidente de la República y demás autoridades para que hagan efectiva la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos;

6. Fiscalizar los actos del Gobierno;

7. Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

Las acusaciones referentes a la conducta oficial de que tratan los ordinales 2.º y 3.º de este Artículo, sólo podrán ser propuestas por ciudadanos ecuatorianos, dentro del ejercicio de las respectivas funciones públicas del acusado, y hasta un año después.

Artículo 135.- Congreso dividido en Cámaras.

Corresponde al Congreso dividido en Cámaras:

1. Elaborar las leyes e interpretarlas, con carácter generalmente obligatorio; de igual modo interpretar la Constitución y aceptar las reformas que acerca de esta se hubieren propuesto con sujeción al Título XIV de esta Constitución;

2. Ejercer las atribuciones determinadas en el Inciso 2.º del Artículo 257, haciendo constar expresamente en la ley lo que resuelva o interprete;

3. Establecer, modificar o suprimir gravámenes;

4. Conceder amnistías e indultos generales o particulares por infracciones políticas, y amnistías e indultos generales por infracciones comunes o especiales, cuando lo exigiere algún motivo grave. Salvo estos casos, no podrá el Congreso obstar la sustanciación de los juicios ni la ejecución de las sentencias u otras providencias de la Función Judicial;

5. Dictar acuerdos, resoluciones y demás providencias que, siendo legislativas, no estén comprendidos en este Artículo;

6. Ejercer das demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 136.- Atribuciones del Congreso Pleno.

Corresponde al Congreso Pleno:

1. Aprobar o negar las reformas a la Constitución, de conformidad con el Inciso 2.º del Artículo 258;

2. Declarar electo al Presidente y al Vicepresidente de la República, recibirles la promesa, admitir o negar su excusa o renuncia y declarar su incapacidad física o mental, o su indignidad para el desempeño del cargo;

3. Efectuar las designaciones constantes en la Constitución y las leyes recibir de las personas elegidas; admitir o negar sus excusas o renuncias y removerlas de acuerdo con la ley;

4. Recibir en sesiones diferentes al Presidente de la República y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes en persona informarán sobre sus respectivas funciones;

5. Declarar la guerra y ajustar la paz, previo informe del Presidente de la República;

6. Permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional, y el tránsito, arribo o estacionamiento de naves de guerra en aguas territoriales o aeropuertos ecuatorianos por mayor tiempo que el aceptado en las prácticas internacionales;

7. Dictar el Presupuesto de gastos de la Función Legislativa y fijar las compensaciones por los servicios de los legisladores. Todo aumento de dietas y gastos se hará efectivo a partir de la renovación de la Cámara de Diputados;

8. Ejercer las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes.

Artículo 137.- Al Congreso no le está permitido:

1. Intervenir en materia que según preceptos constitucionales corresponda a otra autoridad o corporación;

2. Atentar contra la independencia de la Función Judicial, interponer su autoridad en los procesos judiciales o menoscabar las atribuciones que la Constitución confiere a las otras ramas del Poder Público;

3. Ordenar pagos cuyo crédito no esté previamente comprobado con arreglo a las leyes, o decretar la indemnización sin que preceda sentencia definitiva;

4. Condonar los alcances de cuentas y demás deudas dadas en favor del Estado;

5. Otorgar directamente pensiones vitalicias, fuera de los casos expresamente establecidos por la ley;

6. Establecer o reconocer empleos o cargos públicos vitalicios;

7. Sugerir ascensos o reincorporaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas; tampoco podrá ascenderlos sin petición del Presidente de la República;

8. Expedir leyes que desequilibren el Presupuesto del Estado, o aprobar egresos que lo afecten o desequilibren, o afecten o desequilibren los presupuestos de las personas jurídicas semipúblicas, sin que previamente se establezcan los ingresos correspondientes;

9. Privar de impuestos u otras fuentes de renta a las entidades de régimen seccional sin concederles al mismo tiempo ingresos equivalentes;

10. Aprobar acuerdos y más actos de salutación y mera cortesía;

11. Delegar sus atribuciones. Las facultades que esta Constitución concede a la Comisión Legislativa Permanente, como órgano de la Legislatura, no constituyen delegación.

Capítulo IV.
De las comisiones

Artículo 138.- Habrá las siguientes Comisiones: permanentes, internas, ocasionales y especializadas.

Las comisiones permanentes serán: una Legislativa y cuatro Auxiliares; una y otras funcionarán sin interrupción durante el año.

a) Comisiones internas serán las organizadas por el Congreso para laborar en los períodos de sesiones. Las constituidas para el estudio de proyectos de leyes o de decretos, serán mixtas y estarán integradas por dos Senadores y tres Diputados;

b) Comisiones ocasionales serán designadas para el estudio de uno determinado;

c) Para materias que requieran especial asesoramiento el Congreso o la Comisión Legislativa Permanente organizará, con personal técnico de fuera de su seno, comisiones especializadas.

Artículo 139.- Comisión Legislativa Permanente.

La Comisión Legislativa Permanente tiene su sede en la ciudad de Quito, y estará integrada por cuatro Senadores y cinco Diputados elegidos por las respectivas Cámaras.

Artículo 140.- Miembros de las Comisiones.

Los miembros de la Comisión Legislativa Permanente y los de las Comisiones auxiliares durarán dos años en sus funciones.

Artículo 141.- Atribuciones de la Comisión Legislativa Permanente.

Son atribuciones de la Comisión Legislativa Permanente:

1. Dictar, en receso del Congreso Nacional, las leyes o decretos cuya expedición no esté a él reservada;

2. Elaborar proyectos de interpretación o de reforma de la Constitución;

3. Elaborar proyectos de la Ley de Elecciones y de leyes tributarias, y someterlos a consideración del Congreso;

4. Codificar y editar las leyes; tales codificaciones y ediciones tendrán fuerza obligatoria, a menos que el Congreso Pleno en un solo debate decidiera enmendarlas o dejarlas insubsistentes.

5. Informar al Congreso sobre las leyes o decretos objetados por el Presidente de la República, salvo el caso de objeción por inconstitucionalidad, en el cual pedirá el dictamen de la Corte Suprema.

Artículo 142.- Comisiones auxiliares.

Cada una de las comisiones auxiliares estará integrada por dos Senadores y un Diputado, elegido por las respectiva Cámaras.

Artículo 143.- Atribuciones de las Comisiones auxiliares.

Son atribuciones de las Comisiones auxiliares:

1. Elaborar proyectos de leyes o de decretos de su especialidad, y someterlos a la consideración del Congreso o, en receso de éste, de la Comisión Legislativa Permanente;

2. Informar acerca de los proyectos de ley de su especialidad. Si tal informe fuere desfavorable, la expedición de dichas leyes será privativa del Congreso;

3. Realizar los estudios que en la materia de su competencia las encomiende al Congreso o la Comisión Legislativa Permanente.

Capítulo V.
De los actos legislativos

Sección primera.
De los actos legislativos en general

Artículo 144.- Definición.

Los actos legislativos se expresan en leyes, decretos, acuerdos y resoluciones.

Se entiende por ley la norma de carácter obligatorio y permanente que versa sobre materia de interés general, y por decreto, la norma obligatoria que trata sobre objeto de interés particular, cuando crea, modifica o extingue derechos.

Se emplearán los términos resolución o acuerdo para las decisiones de mero trámite y para los actos no comprendidos en el inciso anterior.

Artículo 145.- Iniciativa.

Corresponde exclusivamente a los legisladores, a las Comisiones, al Presidente de la República y a la Corte Suprema presentar al Congreso proyectos de leyes y decretos.

La presentación del proyecto de Presupuesto del Estado corresponde sólo al Presidente de la República.

Artículo 146.- Todo proyecto de ley o de derecho debe presentarse con su correspondiente exposición de motivos al Presidente del Congreso y, en receso de éste, al Presidente de la Comisión Legislativa Permanente; uno u otro lo enviará a la Comisión respectiva, sin cuya aprobación no podrá continuar el trámite. Con el informe favorable de la Comisión, el Proyecto pasará a la Cámara de Diputados o a la Comisión Legislativa Permanente, en su caso, las cuales lo conocerán en una sola discusión; si el proyecto fuere negado por ellas, se lo archivará.

Artículo 147.- Aprobación por el Senado.

Aprobado un proyecto de ley o de decreto en la Cámara de Diputados, ésta lo pasará inmediatamente al Senado, el cual podrá dar o no su aprobación, o hacer los reparos, adiciones o modificaciones que estime convenientes. Si el Senado rechazare en todo o en parte el proyecto venido de Diputados o lo modificare, ambas Cámaras se reunirán para un solo debate dirimir las divergencias.

Artículo 148.- Proyectos de ley reservados al Congreso.

Los proyectos de ley a que se refieren los ordinales 2.º y 3.º del Artículo 141 y el de Presupuesto del Estado, están reservados al Congreso; dichos proyectos pasarán a la Comisión respectiva y, con el informe de ella, a la Cámara de Diputados para el curso establecido en esta Constitución.

Artículo 149.- Trámite en la Comisión Legislativa. Para que un proyecto de ley o decreto pueda tramitarse en la Comisión Legislativa Permanente, se requiere como mínimo el voto favorable de seis de sus miembros: así para seguir el curso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en su Reglamento.

Artículo 150.- El Congreso Pleno, en una sola discusión, podrá derogar, en todo o en parte o reformar las leyes expedidas por la Comisión Legislativa Permanente, sin perjuicio de la validez de los actos realizados y de los derechos adquiridos durante la vigencia de tales leyes.

Artículo 151.- Sanción.

Los proyectos que fueren definitivamente aprobados en la forma prevista en esta Constitución, se enviarán al Presidente de la República para que, en el plazo de quince días, los sancione u objete. Si los sanciona, los promulgará; si los objeta, los remitirá a la Comisión Legislativa Permanente, con las correspondientes observaciones de inconstitucionalidad o de inconveniencia.

Con el informe de la Comisión Legislativa Permanente o de la Corte Suprema en su caso, el Congreso Pleno, en un solo debate, resolverá sobre las objeciones.

Si también la Corte Suprema estima inconstitucional el proyecto, el Congreso no podrá insistir, y lo archivará.

Si en el plazo arriba establecido el Presidente no devuelve el proyecto sea que lo sancione, sea que lo objete o sí, después de cumplidos los requisitos constitucionales no le otorga la correspondiente sanción, tal proyecto quedará de hecho sancionado.

Artículo 152.- Promulgación.

Las leyes no obligan sino después de su promulgación en el Registro Oficial.

Artículo 153.- Los acuerdos y resoluciones del Congreso Pleno o de las Cámaras serán expedidos en una sola discusión; no requieren sanción del Presidente de la República, y se llevarán a conocimiento de quien deba cumplirlos.

Sección segunda.
Del presupuesto del Estado

Artículo 154.- El Presupuesto del Estado se dictará anualmente, y se destinará a la atención de dos servicios públicos y a la ejecución de programas de desarrollo económico y social.

Artículo 155.- Unidad.

Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo destinado a dos egresos ordinarios. No podrá señalarse ingreso alguno con destino especial para un egreso ordinario del Estado.

No se cubrirán con empréstitos los egresos administrativos de carácter permanente.

Artículo 156.- Deuda.

No podrá expedirse el Presupuesto, de no contener partida destinada al pago de la deuda pública.

Artículo 157.- En el Presupuesto se atenderá de preferencia a la educación pública y a la defensa nacional.

Se destinará a la educación no menos del treinta por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Para ello, se incrementarán anualmente las partidas correspondientes, de manera que en cinco años contados desde la vigencia de esta Constitución se llegue al indicado porcentaje.

Las partidas de Educación no podrán destinarse a otro objeto, salvo el caso de calamidad pública y lo determinado en el ordinal 5.º del Artículo 186.

Artículo 158.- No habrá otros gastos reservados que los de la seguridad pública.

Artículo 159.- Nuevos gravámenes.

Cuando el financiamiento del Presupuesto requiera nuevos gravámenes, estos se establecerán de acuerdo con el trámite fijado en la Constitución para la expedición de estas leyes.

Artículo 160.- Modificación del Presupuesto.

El Congreso no podrá expedir leyes que deroguen o modifiquen las que establecen ingresos comprendidos en el Presupuesto vigente o en el dictado para el siguiente año fiscal, sino a condición de que, al propio tiempo, establezca nuevas rentas o aumente las existentes, para sustituir las que trate de modificar o derogar; y, en ningún caso, podrá aprobar ley alguna que desequilibre el Presupuesto con nuevos egresos.

Si el Congreso discute proyectos de ley que aumenten gastos o creen o aumenten impuestos, oirá antes al Ministro encargado de las finanzas, quien deberá omitir su opinión dentro del plazo que se le fijare; si por cualquier causa no hiciere conocer su opinión, el Congreso procederá libremente.

Artículo 161.- La elaboración del Presupuesto Fiscal corresponde a la Comisión Técnica de Presupuesto, integrada con arreglo a la ley; una vez aprobado el Presupuesto por el Presidente de la República, éste lo presentará al Congreso el 10 de agosto, con el correspondiente mensaje.

En el cumplimiento de su cometido la Comisión atenderá cuantas sugerencias le hicieren los legisladores, autoridades y corporaciones, respecto a necesidades nacionales o provinciales.

No podrá presentarse al Congreso proyecto de Presupuesto cuyos egresos no estén debidamente financiados.

Artículo 162.- El Congreso confiará el estudio del proyecto de Presupuesto a una comisión interna, la cual estará constituida por un legislador por cada provincia. En el plazo de treinta días, la Comisión presentará un informe que precise los puntos en que no hubiere llegado a acuerdo con la Comisión Técnica.

La comisión Interna considerará también las sugerencias que los legisladores, autoridades y corporaciones presentaren durante los diez primeros días de sesiones.

Artículo 163.- Conocido el informe de la Comisión Interna, el Congreso Pleno en un solo debate decidirá sobre las discrepancias a que se refiere el Artículo anterior. De no haberlas (sic) o resueltas por el Congreso Pleno las que se hubieren suscitado el Presupuesto quedará aprobado sin más trámite.

Artículo 164.- El Presupuesto que haya sido aprobado por el Congreso con sujeción a las disposiciones precedentes, no podrá ser objetado por el Ejecutivo.

Artículo 165.- Si por cualquier causa no se concluyere hasta el 10 de septiembre el trámite constitucional previsto para la aprobación del Presupuesto, entrará en vigencia el proyecto enviado por el Presidente de la República.

Artículo 166.- El Presupuesto del Estado se promulgará en los quince primeros días de noviembre y empezará a regir desde el primer día del año fiscal siguiente a su expedición.

Artículo 167.- La Contraloría General del Estado vigilará la ejecución del Presupuesto, lo cerrará y liquidará, y sobre ello presentará al Congreso un mensaje motivado y documentado; tal documento explicará los traspasos, aumentos y disminuciones de partidas efectuados conforme a la ley.

Artículo 168.- De resultar algún déficit en la liquidación definitiva del Presupuesto, el Presidente de la República enviará al Congreso con los documentos correspondientes un mensaje explicativo de dicho déficit.

Artículo 169.- Los Presupuestos de Consejos Provinciales, de Concejos Municipales y de otras entidades semipúblicas y de derecho público se reglamentarán en las leyes pertinentes.

Título VIII.
De la función ejecutiva

Capítulo I.
Del Presidente y del Vicepresidente de la RepúbliCA

Artículo 170.- La Función Ejecutiva es ejercida por el Presidente de la República; él es Jefe del Estado, y como tal lo representa.

Artículo 171.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, mayor de cuarenta años y hallarse en ejercicio de los derechos políticos.

Artículo 172.- No podrán ser elegidos para Presidente de la República:

1. Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

2. El Vicepresidente;

3. Quien al tiempo de la elección ejerza la Presidencia o quien la haya ejercido durante los seis meses anteriores; tampoco los parientes de uno y otro, en los grados señalados en el ordinal 1.º;

4. Quienes sean Ministros de Estado al tiempo de la elección, o lo hubieren sido dentro de los seis meses anteriores a ella;

5. Los miembros de la Fuerza Pública que hayan estado en servicio activo durante los seis meses inmediatamente anteriores a la elección;

6. Los Ministros y religiosos de cualquier culto;

7. Quienes tengan con el estado contratos o concesiones para la explotación de las riquezas nacionales o de los servicios públicos; de igual modo los representantes de aquellos, o de compañías nacionales o extranjeras que se hallen en idéntico caso. Esta prohibición no comprende a los representantes legales ni a los apoderados de entidades de derecho público que hayan obtenido tales concesiones.

Artículo 173.- El Presidente de la República será elegido cada cuatro años el primer domingo de junio, por votación popular, directa y secreta. Durará cuatro años en sus funciones, y no podrá ser reelegido sino después de otros cuatro años contados desde la terminación de su propio Período.

Artículo 174.- Habrá un Vicepresidente de la República elegido simultáneamente con el Presidente, por votación popular y secreta, para un período igual al del Presidente.

Para ser elegido Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para Presidente.

Artículo 175.- En todos los casos de falta permanente o temporal del Presidente de la República, ejercerá las funciones de éste el Vicepresidente, con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución.

El Vicepresidente, mientras no ejerza la Presidencia de la República, sin perder su calidad, podrá desempeñar cualquier función pública o Privada, con excepción de la de legislador.

Artículo 176.- El Tribunal Supremo Electoral verificará el escrutinio de las elecciones de Presidente y Vicepresidente, y enviará los resultados al Congreso, el primer día de sesiones posterior a la elección.

El Congreso Pleno declarará electos a los ciudadanos que hubieran Obtenido mayor número de sufragios. El Congreso de juzgarlo necesario, revisará el escrutinio.

En igualdad de sufragio decidirá el dictamen de la mayoría absoluta de los legisladores concurrentes, por votación secreta, limitada a los ciudadanos que hubieren alcanzado dicha igualdad; de persistir esta en la votación, lo decidirá la suerte.

Si el Tribunal Supremo Electoral no hubiere efectuado el escrutinio en el término señalado por la ley, lo efectuará el Congreso Pleno.

Artículo 177.- El Presidente de la República prestará la promesa legal ante el Congreso el 31 de agosto, y al hacerlo jurará solemnemente la fórmula establecida en la ley, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes del Ecuador.

Si por cualquier motivo no pudiere prestar el juramento ante el Congreso, lo prestará ante su Presidente o a falta de éste ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 178.- Toma de posesión.

En caso de que el Presidente electo no pudiere tomar posesión de su cargo en la fecha fijada, se llamará al ciudadano designado por la Constitución, ante quien resignará sus poderes el Presidente cesante.

Si el Presidente electo no asumiere su cargo hasta el 30 de septiembre, el Congreso declarará la vacancia de éste y mandará ocupado a quien corresponda, hasta la terminación del período.

Artículo 179.- Ausencias.

El Presidente de la República o quien hiciera sus veces no podrá ausentarse del territorio nacional sin autorización del Senado, o de no estar éste reunido, del Tribunal de Garantías Constitucionales. Tampoco podrá permanecer ausente por tiempo mayor que el autorizado. La inobservancia de este precepto, sin justa causa, constituirá abandono del cargo, y dará lugar a que el Congreso Pleno declare vacante la Presidencia de la República y llame a quien deba ejercerla hasta la terminación del período.

Esta prohibición afecta también, durante el primer año que sigue al término de sus funciones, a quien haya ejercido la Presidencia de la República. La inobservancia de esta prohibición, sin justa causa, será sancionada por el Congreso pleno con la suspensión de los derechos políticos hasta por dos años.

El Presidente no necesitará autorización para atravesar la zona internacional en viaje al territorio insular.

Artículo 180.- Cesación del cargo.

El Presidente de la República cesa definitivamente en sus funciones:

1. Por terminación del período para el cual fue elegido;

2. Por muerte;

3. Por destitución;

4. Por admisión de renuncia;

5. Por abandono del cargo;

6. Por indignidad;

7. Por incapacidad física o mental permanente.

A vacancia del cargo por las causas expresadas en los ordinales 3.º, 5º., 6.º y 7.º sólo podrá ser declarada por el Congreso, con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución.

Artículo 181.- Convocatoria de Congreso Extraordinario.

Si en receso del Congreso el Tribunal de Garantías Constitucionales estimare que hay abandono del cargo por parte del Presidente, o indignidad o incapacidad física o mental permanente que le inhabilite para proseguir en el ejercicio de sus funciones, convocará inmediatamente a Congreso Extraordinario, a fin de que éste resuelva lo pertinente.

Artículo 182.- Orden de Sustitución del Presidente de la República.

En todos los casos de falta definitiva o transitoria del Presidente de la República, lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Vicepresidente del Senado o el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, en su orden.

Cuando la falta del Presidente fuere definitiva, la sustitución por el Vicepresidente se extenderá hasta la terminación del período para el cual fue elegido el titular.

Mientras el designado no asumiere el mando, lo ejercerá interinamente quien le siga en el orden de sustitución fijado en este Artículo.

Artículo 183.- Sustitución del Vicepresidente de la República. En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, el Congreso, en sesión plenaria, elegirá nuevo Vicepresidente.

Capítulo II.
De los deberes, atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República

Artículo 184.- Deberes y Atribuciones.

Al Presidente de la República corresponden los siguientes deberes y atribuciones:

1. Conservar la unidad nacional, la paz interna y la seguridad exterior;

2. Cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas del Estado y los tratados internacionales válidamente celebrados;

3 Dirigir las relaciones internacionales y las negociaciones diplomáticas; celebrar tratados y ratificarlos, previa aprobación del Senado en los casos requeridos; canjear las ratificaciones y denunciar los tratados vigentes, conforme a los convenios internacionales celebrados por el Estado.

No están sujetos a aprobación del Senado los tratados que no supongan obligaciones o cargas permanentes para la Hacienda Pública o para los ciudadanos ecuatorianos ni en general, los que no exijan para su cumplimiento medidas legislativas. Estos tratados se someterán al dictamen del Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Presidente de la República dará cuenta de ellos al Congreso en el próximo período de sesiones, con determinación de su carácter y contenido;

4. Nombrar y remover Agentes Diplomáticos y Consulares, de acuerdo con la ley. Para el nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios en misión permanente ante Estados o ante organismos internacionales reconocidos, debe preceder la autorización del Senado o en receso de este del Tribunal de Garantías constitucionales;

5. Nombrar y remover libremente a los Ministros de Estado, Gobernadores y demás empleos cuyo nombramiento y remoción no sean de incumbencia de otra autoridad, sin perjuicio de lo que dispone la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

6. Sancionar y promulgar las leyes y decretos expedidos por el Congreso o por la Comisión Legislativa Permanente, y dictar para su aplicación reglamentos que no los modifiquen ni alteren;

7. Convocar al Congreso o a una de sus Cámaras a período extraordinario de sesiones, cuando lo juzgue necesario por graves motivos de conveniencia pública;

8. Leer ante el Congreso Pleno dentro de los cuatro primeros días del período de sesiones que se inicia el 10 de agosto el Mensaje en que informará de la situación política, administrativa, económica y militar del Estado, y de sus rentas y recursos, indicando las reformas necesarias en cada rama de la administración;

9. Enviar oportunamente al Congreso los Mensajes especiales indispensables;

10. Convocar a plebiscito, como procedimiento de consulta de la voluntad de los ciudadanos, en los casos de:

• a) Reformas a la Constitución, propuestas por la Función Ejecutiva y rechazadas total o parcialmente por la Legislativa;

• b) Reformas a la Constitución, en el caso del Inciso Tercero del Artículo 258;

• c) Proyectos de ley de importancia fundamental para el progreso del país o para el cumplimiento de los fines de justicia social previstos en la Constitución, siempre que tales proyectos no fueren considerados en dos períodos seguidos de sesiones, o que fueran negados por el Congreso o por la Comisión Legislativa Permanente, en lo fundamental;

• d) Decisiones de trascendental importancia para los intereses de la Nación.

Con excepción del caso previsto en el literal (b) en todos los demás, la convocación a plebiscito requerirá el dictamen favorable del Tribunal de Garantías Constitucionales.

El resultado del Plebiscito será promulgado en el Registro Oficial, dentro de los quince días de terminado el escrutinio y proclamados los resultados por el Tribunal Supremo Electoral, y, desde ese momento, la decisión popular será obligatoria para gobernantes y gobernados.

Esta atribución la ejercerá, sin perjuicio del caso previsto en el ordinal 1.º del Artículo 132, en que la iniciativa puede tomarla el Senado;

11. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Estado que presente la Comisión Técnica respectiva, y llevarlo a consideración del Congreso;

12. Dirigir la administración del Estado, aprobar y vigilar el cumplimiento de los planes de desarrollo económico y social, los cuales serán sometidos a la ratificación del Senado;

13. Cuidar de los bienes nacionales y de la percepción, administración e inversión de las rentas públicas, así como de la legalidad en la rendición de cuentas y en el recaudo de los alcances;

14. Celebrar con aprobación del Senado contratos de empréstitos o cauciones, y demás convenios administrativos, con arreglo a la ley;

15. Ejercer la Suprema Autoridad Jerárquica en las Fuerzas Armadas y en la Policía Civil Nacional, y conferir previo dictamen del Tribunal de Garantías Constitucionales los grados de Coronel y Capitán de Navío, así como los de oficiales superiores, y solicitar del Senado ascensos a General y Contralmirante;

16. Conceder indulto en caso de delito político, sin perjuicio de la facultad del Congreso para otorgar dicha gracia; perdonar, rebajar y conmutar, conforme a la ley, las penas que se hubieren impuesto en el juicio penal;

17. Conceder, en arreglo a la ley, cédulas de invalidez, letras de retiro y montepíos militares;

18. Otorgar y revocar en forma legal carta de naturalización;

19. Extender patentes de navegación;

20. Expedir patentes de exclusiva y conceder títulos de propiedad industrial arreglo a la ley;

21. Conferir condecoraciones oficiales;

22.Conceder los permisos a que se refiere el ordinal 6.º del Artículo 136, con autorización del Tribunal de Garantías Constitucionales, si no estuviere reunido el Congreso;

23. Los demás que la Constitución y las leyes le imponen confieren.

Artículo 185.- Declaración de estado de sitio.

En caso de conmoción interna o de conflicto con el exterior, podrá el Presidente de la República declarar el estado de sitio en todo o en parte del territorio nacional, para precaver, afrontar o poner fin a la situación emergente, sujetándose a las siguientes normas:

1. Si los acontecimientos anormales ocurrieren mientras el Congreso estuviere reunido, no podrá el Presidente declarar el estado de sitio sin la previa autorización de él, que señalará las facultades extraordinarias de que puede hacer uso la Función Ejecutiva, las garantías constitucionales que desde ese momento se suspenden, y el tiempo por el que ha de extenderse la vigencia de esta medida de excepción;

2. Cuando la situación emergente ocurra en receso del Congreso y reviste tal gravedad que no permita esperar su instalación, podrá el Presidente declarar el estado de sitio por sí solo, con la obligación de informar al Tribunal de Garantías Constitucionales y al Congreso Nacional, tan pronto como éste se reúna, acerca de las causas que hicieron imprescindible el empleo de tal medida con respecto al uso que se hubiere dado a tales facultades.

En el decreto mediante el cual se declare el estado de sitio, deberán señalarse con precisión las facultades extraordinarias cuyo ejercicio asume la Función Ejecutiva; también, las garantías constitucionales que desde ese momento se suspenden, el plazo de duración de la medida de emergencia y las causas que la motivaron.

El Tribunal de Garantías Constitucionales en su primera sesión ordinaria o extraordinaria, confirmará, limitará o revocará las facultades extraordinarias asumidas por el Presidente de la República;

3. En ningún caso podrá decretarse la suspensión de las garantías de inviolabilidad de la vida y de integridad personal, ni expatriarse a un ecuatoriano;

4. En cualquier tiempo en que el Congreso estimara que las circunstancias que provocaron la declaración del estado de sitio han sido superadas, podrá superar su vigencia o reducir las facultades extraordinarias de la Función Ejecutiva.

Artículo 186.- Facultades extraordinarias dentro del estado de sitio.

La declaración de estado de sitio confiere a la Función Ejecutiva todas o algunas de las siguientes facultades extraordinarias:

1. Declarar en campaña a las Fuerzas Armadas, y movilizarlas para hacer frente a la agresión externa o para mantener el orden interno.

En caso de conmoción, interior, la declaración de hallarse en campaña las Fuerzas Armadas se limitará a las provincias donde tal medida fuere indispensable;

2. Acrecentar las Fuerzas Armadas, y nombrar autoridades militares donde fuere conveniente;

3. Decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones hasta por un año;

4. Contratar empréstitos;

5. En caso de conflicto internacional o de inminente invasión, invertir para defensa del Estado aún los fondos fiscales destinados a otros objetos, excepto los correspondientes a Sanidad y Asistencia Social;

6. Trasladar la sede del Gobierno, a cualquier punto del territorio nacional;

7. Cerrar o habilitar puertos, temporalmente;

8. Establecer censura previa en la prensa, radio y televisión;

9. Suspender la vigencia de las garantías constitucionales con las limitaciones del ordinal 3.º del Artículo anterior además de las contenidas en los literales siguientes:

• a) Arrestar a los indiciados de favorecer la invasión externa o la conmoción interna, o de tomar parte en ellas. En el plazo máximo de seis días los pondrá a disposición del juez competente, a quien se enviarán las diligencias practicadas y los documentos que justifican el arresto; éste se cumplirá en habitaciones distintas de las cárceles comunes. En vez del arresto podrá decretarse el confinamiento, dentro del mismo plazo máximo de seis días;

• b) Confinar a los indiciados de favorecer la guerra exterior y a los sindicatos de tener parte en la conmoción interna.

Nadie sufrirá confinamiento sino en capital de provincia.

Prohíbese especialmente confinar en las Provincias Orientales y en el Archipiélago de Colón, u obligar al indiciado a ir al sitio de confinamiento por caminos que no sean los acostumbrados.

Prohíbese asimismo confinar en las provincias del Litoral a los residentes en la Sierra y viceversa, a menos que el confinado pidiere por escrito cumplir la pena en alguno de los lugares excluidos.

Si el indiciado pidiere pasaporte para salir de la República será atendido en su demanda; se le dará un plazo no menor de ocho días, para que arregle sus intereses y se dejará a su arbitrio la elección de la vía.

Al cesar las facultades extraordinarias, confinados y expatriados recobrarán automáticamente la libertad, y podrán regresar a su residencia sin necesidad de salvoconducto o pasaporte.

Lo dispuesto en los literales a) y b) del presente Artículo no se opone a que los tribunales comunes juzguen y penen a los indiciados, a menos que hubieren alcanzado amnistía. Si se pronunciare sentencia condenatoria, se imputará a la pena el tiempo de confinamiento o de expatriación;

10. Declarar zona de seguridad el territorio nacional o parte de él, y decretar el imperio de la Ley Militar.

Artículo 187.- Duración del estado de sitio.

El estado de sitio cualquiera sea el plazo señalado en el documento que lo decreta no podrá extenderse por más tiempo que el necesario para dar término a la emergencia, y cesará una vez que desaparezcan las causas que lo determinaron. El Presidente de la República será responsable de la prolongación injustificada o del abuso de esta medida. Incumbe al Congreso juzgar tal responsabilidad.

Artículo 188.- La declaración del estado de sitio no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

Artículo 189.- Facultades extraordinarias en caso de calamidad pública.

En caso de terremoto, inundación, incendio u otra catástrofe que afecte gravemente la vida social o económica de la comunidad, podrá el Ejecutivo hacer uso de las facultades extraordinarias contenidas en los ordinales 1º, 5º y 10º del Artículo 186, por el tiempo necesario para conjurar la emergencia.

Artículo 190.- Limitación de poderes.

Al Presidente de la República o a quien haga sus veces le está expresamente prohibido:

1. Violar la Constitución y las leyes;

2. Impedir o coartar el proceso electoral; emplear procedimientos de coacción moral o física y favorecer determinados intereses en las elecciones;

3. Atentar contra la independencia de dos jueces o interponer su autoridad en los procedimientos judiciales;

4. Disolver el Congreso u obstar el libre ejercicio de sus funciones;

5. Admitir extranjeros al servicio militar, sin contrato previo con arreglo a la ley;

6. Ejercer sus funciones fuera del territorio nacional, o ausentarse de la capital del Estado por más de treinta días consecutivos. Durante su ausencia de la Capital, el Presidente puede ejercer sus funciones en cualquier punto del territorio nacional;

7. Someter a plebiscito reformas constitucionales que prorroguen su mandato, que establezcan su reelección inmediata o que deroguen o modifiquen en todo o en parte el presente Artículo.

Artículo 191.- Responsabilidades del Presidente de la República.

Incurre en responsabilidad especial el Presidente o quien ejerza el cargo, si traiciona a la Patria o conspira contra la República.

Es también especialmente responsable: por infringir la Constitución o las leyes, violar las garantías constitucionales y atentar contra las otras funciones del Estado. Asimismo, por negar la sanción de una ley cuando estuviere obligado a darla, o dificultar su promulgación; por la provocación de guerra injusta, y por el ejercicio institucional de las facultades extraordinarias.

Capítulo III.
De los Ministros de Estado

Artículo 192.- Nombramientos de Ministros.

El Presidente de la República nombrará Ministros encargados de dirigir las diversas actividades de la Función Ejecutiva. La ley dará el número de Ministros, y los ramos, atribuciones y deberes de cada uno de ellos. Ningún motivo justificará la vacancia de una Cartera por más de treinta días.

Artículo 193.- Condiciones para ser Ministro.

Para ser Ministro se requiere: ser ecuatoriano de nacimiento, hallarse en ejercicio de los derechos políticos, y tener treinta años por lo menos.

Artículo 194.- Los decretos, acuerdos y resoluciones presidenciales carecerán de validez y fuerza obligatorias si no fueren autorizados por el Ministro respectivo. Exceptúanse el nombramiento y la remoción de los Ministros de Estado, nombramiento y remoción que incumben solo al Presidente.

Artículo 195.- Informes de los Ministros de Estado.

Anualmente los Ministros de Estado dirigirán a la Nación a más tardar hasta el 10 de julio informes sobre la marcha de sus respectivos Departamentos, y adjuntarán los proyectos de leyes o de decretos que estimaren necesarios.

Los Ministros de Estado presentarán a las Cámaras Legislativas con conocimiento del Presidente de la República informes relativos a sus Carteras.

Cuando, a juicio del Primer Mandatario, tales informes tuvieren carácter reservado, deberán presentarse en sesión secreta.

Los Ministros están obligados a concurrir al Congreso cuando fueren llamados.

Artículo 196.- Debates.

De estimarlo conveniente, los Ministros podrán concurrir al Congreso o a sus Comisiones para debatir sin derecho a voto los proyectos de leyes g de decretos de ellos emanados u otros que interesen a sus Departamentos.

Artículo 197.- Responsabilidades de los Ministros de Estado.

A cada Ministro incumbe responsabilidad total por los actos del Ejecutivo que únicamente el hubiere suscrito; en forma solidaria es también responsable de los que hubiera autorizado junto con otros Ministros.

Es responsable además por las acciones determinadas en los Artículos 190 y 191, y también por soborno, concusión, negligencia, malversación de fondos públicos y retardo en el cumplimiento de las leyes o decretos legislativos.

Artículo 198.- La responsabilidad de que trata el Artículo precedente, y en general todas las que se desprenden del ejercicio de funciones ministeriales, se harán efectivas por el Congreso mediante interpelación.

El Ministro que como consecuencia de una interpelación recibiera voto de censura cesaría inmediatamente en su cargo y no podrá desempeñar Ministerio alguno mientras dure el período presidencial en que se encuentre, ni en los dos años que sigan inmediatamente a tal censura.

No habrá votos de desconfianza.

Título IX. De la función jurisdiccional
Capítulo I. De lo judicial

Artículo 199.- Función Judicial.

La Función Judicial se ejerce por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y demás Tribunales y Juzgados que la Constitución y las leyes establecen.

La carrera judicial de los magistrados, jueces, funcionarios y empleados de esta Función será regulada por la ley.

Artículo 200.- Administración de justicia.

La ley propenderá a que la administración de justicia sea gratuita.

Los juicios serán públicos, salvo los casos que la ley señale, pero los Tribunales podrán deliberar en secreto.

En ningún juicio habrá más de tres instancias. La sentencia expresará los fundamentos de hecho y de derecho en que se base.

Las leyes procesales procurarán la simplificación y eficacia de los trámites; adoptarán en lo posible el sistema oral, y nunca se sacrificará la justicia a la sola omisión de formalidades.

Artículo 201.- Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones. Ningún otro órgano del Estado ejercerá atribuciones propias de la Función Judicial, a menos que la ley le confiera competencia para ello, tampoco podrá interferir en sus actividades.

Salvo las excepciones establecidas en leyes especiales, prohíbese ordenar la revisión de procesos o juicios de cualquier índole, que en última instancia hubieren sido resueltos por autoridad legítima.

Artículo 202.- Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia ejerce jurisdicción en todo el territorio nacional, y tiene su asiento en la Capital de la República. La ley indicará cuantos habrán de ser los Ministros y determinará el número, organización y funcionamiento de las Salas.

Artículo 203.- Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Los Ministros de la Corte Suprema serán elegidos por el Congreso Pleno, durarán seis años en sus funciones y podrán ser indefinidamente reelegidos.

Las vacantes que ocurran en la Corte Suprema serán llenadas interinamente por la propia Corte, y los Ministros así elegidos ejercerán sus funciones hasta cuando el Congreso designe a los respectivos titulares.

Artículo 204.- Para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia se requiere:

1. Ser ecuatoriano de nacimiento;

2 Hallarse en ejercicio de los derechos políticos;

3. Tener al menos cuarenta años de edad;

4. Haber ejercido la profesión de abogado con probidad notoria por quince años como mínimo;

5. Haber ejercido a falta del requisito anterior, la judicatura durante doce años, los cuales deberán comprender un período complejo de magistratura en una Corte Superior.

Las exigencias de los ordinales 4.º y 5.º del presente Artículo se suplen con el ejercicio de una cátedra universitaria en materia de Derecho durante doce años por lo menos.

Artículo 205.- Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Designar Ministros de las Cortes Superiores, los cuales durarán cinco años en sus cargos y podrán ser indefinidamente reelegidos;

2. Ejercer vigilancia sobre Tribunales y Juzgados;

3. Dictar en caso de fallos contradictorios sobre un mismo punto de Derecho, la norma dirimente, la cual en lo futuro tendrá carácter obligatorio mientras la Función Legislativa no determine lo contrario;

4. Suspender, total o parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio a petición de parte, los efectos de una ley, ordenanza o decreto que fuere inconstitucional por la forma o por el fondo, medida que la Corte someterá a conocimiento y resolución del Congreso en su próximo período de sesiones.

Ni la resolución de la Corte Suprema ni la del Congreso tendrán efecto retroactivo;

5. Establecer o modificar las jurisdicciones territoriales de las Cortes Superiores o de sus Salas, de los Juzgados ordinarios y especiales y de los funcionarios y empleados subalternos;

6. Determinar, en lo nacional, distrital o seccional, las tarifas o derechos judiciales y funcionales, y los de los Notarios y de los Registradores de la Propiedad. Revisará tales emolumentos, al menos cada cinco años;

7. Dictar y modificar los reglamentos de las diferentes dependencias y actividades de la Función Judicial; en ellos se establecerán las sanciones imponibles a los funcionarios y empleados que incumplieren su deber;

8. Presentar proyectos de leyes y, por medio de uno o más de sus Ministros, concurrir al Congreso o a sus Comisiones para debatirlos, sin derecho a voto;

9. Ejercer las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le confieran.

Las resoluciones y reglamentos de la Corte Suprema, en ejercicio de las facultades que le conceden los ordinales 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, de este Artículo, no surtirán efecto sino en virtud de su publicación en el Registro Oficial; ésta se hará sin más requisito que la orden de la misma Corte.

Artículo 206.- Sin perjuicio de la facultad determinada en el ordinal 4o del Artículo precedente, la Corte Suprema, en los casos particulares de que tuviere conocimiento, puede declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución.

Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas acerca de las cuales se pronunciare.

Artículo 207.- Causas por las que los Ministros de la Corte Suprema cesarán en sus cargos.

Los Ministros de la Corte Suprema cesarán en sus cargos:

1. Por terminación del período para el cual fueron elegidos;

2. Por muerte o renuncia;

3. Por incapacidad física o mental permanente;

4. Por negligencia o falta grave en el cumplimiento de sus deberes.

En los casos puntualizados en los dos últimos ordinales, corresponderá al Congreso declarar el cesamiento, previa comprobación de tales causas y después de escuchar al interesado, cuando ello fuere posible. La aceptación de la renuncia corresponde al Congreso o en receso de éste, a la Corte Suprema.

Artículo 208.- Corte Superior de Justicia.

En cada distrito habrá una Corte Superior de Justicia con jurisdicción en la provincia o provincias en el comprendidas.

Su organización atribuciones y funcionamiento estarán regulados por la ley, la cual preceptuará también lo relativo a los demás órganos de esta Función.

Artículo 209.- Condiciones que se requieren para ser Ministro de una Corte Superior.

Para ser Ministro de una Corte Superior se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, estar en ejercicio de los derechos políticos, tener treinta y cinco años de edad, ser abogado y haber desempeñado con probidad una función judicial o la cátedra Universitaria en materia de Derecho, durante ocho años por lo menos, o la profesión, con notoria honradez, por diez años o más.

Artículo 210.- Magistrados y Jueces.

Los Magistrados y Jueces no tienen más atribuciones que las concedidas por las leyes, y conforme a ellas son responsables en el ejercicio de sus cargos.

Artículo 211.- El retardo injustificado en la administración de la justicia será severamente reprimido por la ley y, en caso de reincidencia constituirá motivo suficiente para la destitución del magistrado o juez, quien además será responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas.

Artículo 212.- Los magistrados, jueces y fiscales no pueden ejercer la profesión de abogado salvo los casos señalados por la ley, ni desempeñar otro cargo público o privado, con excepción de la cátedra universitaria.

Tampoco pueden formar parte de los directorios de políticos ni sin perjuicio del cumplimiento de los deberes cívicos, intervenir en contiendas electorales.

Capítulo II.
De lo contencioso

Artículo 213.- Tribunales de lo Contencioso.

Los Tribunales de lo Contencioso sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, conocerán y decidirán de las cuestiones contencioso administrativas y contencioso tributarias.

La ley fijará el número de Salas y magistrados; determinará asimismo la organización y funcionamiento del Tribunal que deba conocer de lo contencioso general y del que conozca de lo contencioso tributario.

Artículo 214.- Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso.

De ternas enviadas por la Corte Suprema, el Congreso Pleno elegirá, para un período de cinco años, los magistrados de los Tribunales de lo Contencioso.

Para ser magistrado de estos Tribunales se exigen los mismos requisitos que para Ministro de la Corte Suprema y los demás previstos en las leyes de lo contencioso. Dicho magistrado estará sujeto a iguales prohibiciones, responsabilidades y causales de cesación que los Ministros de la Corte Suprema.

Artículo 215.- Atribuciones.

Al Tribunal de lo contencioso administrativo corresponde conocer las impugnaciones que las personas naturales o jurídicas hicieran contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las entidades semipúblicas, y resolver acerca de su ilegalidad o inaplicabilidad; correspóndele igualmente conocer y resolver lo concerniente a las violaciones de la ley reguladora de la Carrera Administrativa, y declarar la responsabilidad, de la Administración, y de sus funcionarios y empleados.

Artículo 216.- El Tribunal Fiscal.

El Tribunal Fiscal conocerá y decidirá las cuestiones contencioso tributarias, inclusive las aduaneras y las que nazcan de la violación de sus leyes tributarias; también, las impugnaciones a las resoluciones de la Contraloría que establezcan responsabilidad económica en materia fiscal, en la gestión económica estatal, municipal, o de otras instituciones sometidas al control y juzgamiento de aquélla, y las demás cuestiones cuya resolución le atribuya la ley.

Artículo 217.- Intervención en el Congreso.

Por medio de sus magistrados, los Tribunales de lo Contencioso podrán concurrir al Congreso o a sus Comisiones para intervenir sin derecho a voto en las discusiones proyectos de leyes administrativas y tributarias.

Artículo 218.- Procedimiento coactivo.

El procedimiento coactivo se establece en favor del Fisco, y demás instituciones de Derecho Público.

También la Caja Nacional del Seguro Social ejercerá la coactiva para el cobro de artes, fondos de reserva, y en general de las obligaciones patronales; la ejercerá asimismo contra los agentes de retención para la recaudación de los descuentos o deducciones que hubieran hecho, así como de los intereses y multas por mora en el pago de los valores indicados.

Título X.
De otros organismos del Estado

Capítulo I. Del Tribunal de Garantías Constitucionales

Artículo 219.- Tribunal de Garantías Constitucionales.

Con sede en Quito y jurisdicción en toda la República, habrá un Tribunal de Garantías Constitucionales, integrado por:

1. Un Senador, elegido por la Cámara del Senado;

2. Dos Diputados, elegidos por la Cámara de Diputados, uno de los cuales representará a la minoría;

3. El Presidente de Corte Suprema de Justicia;

4. Un representante del Presidente de la República;

5. El Procurador General del Estado;

6. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral;

7. Tres ciudadanos que no pertenezcan al Cuerpo Legislativo y que serán elegidos por el Congreso Pleno.

Los miembros señalados en los ordinales 4.º y 7.º deben ser ecuatorianos de nacimiento, estar en goce de los derechos políticos y tener por lo menos treinta años de edad; durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y pedirán ser reelegidos.

Los demás miembros llenarán los requisitos que la Constitución y las leyes imponen para el desempeño de sus respectivos cargos.

Los integrantes de este Tribunal gozarán de las mismas garantías e inmunidades de los legisladores.

En caso de falta, serán reemplazados, hasta completar el período por los respectivos suplentes, designados al mismo tiempo que los principales.

Los miembros del Tribunal elegidos por el Congreso Pleno deberán representar las diversas tendencias políticas de la Nación, y uno de ellos por lo menos, a la minoría parlamentaria.

Los Ministros de Estado, el Contralor General y los Jefes de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, podrán concurrir a las sesiones del Tribunal y sin derecho a voto participar en sus deliberaciones.

Artículo 220.- Atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Son atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales:

1. Velar por la observancia de la Constitución y las leyes, especialmente de las garantías constitucionales, para lo cual excitará al Presidente de la República y demás funcionarios del Gobierno y la Administración;

2. Formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos, reglamentos y resoluciones dictados con violación de la Constitución o las leyes, lo cual se hará después de escuchar a la autoridad u organismo responsable.

Si las observaciones no fueron aceptadas, el Tribunal las publicará por la prensa y las pondrá a consideración del Congreso, a fin de que este resuelva sobre la alegación de inconstitucionalidad o ilegalidad;

3. Conocer de las quejas que por quebrantamiento de la Constitución o de las leyes formule cualquier persona natural o jurídica; presentar acusación contra los funcionarios responsables, y salvo lo dispuesto por la Ley Penal presentarlas al Congreso para que éste enjuicie a los presuntos responsables u ordene su procesamiento, según los casos;

4. Nombrar interinamente en receso del Congreso y sujetándose a los requisitos fijados por éste los funcionarios cuya designación corresponde a la Función Legislativa y para los cuales no se hubiese previsto otra forma de elección;

5. Dictaminar acerca de la celebración de contratos no comprendidos en el ordinal 14 del Artículo 184 y que por su cuantía requieren licitación previa;

6. Informar al Presidente de la República de las cuestiones sobre las cuales el quisiere o debiere consultarle;

7. Ejercer las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le señalen.

Artículo 221.- El Tribunal de Garantías Constitucionales informará al congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 222.- La ley regulará la organización y fundamento del Tribunal de Garantías Constitucionales y los procedimientos para su actuación.

Capítulo II.
Del Ministerio Público

Artículo 223.- El Ministerio Público es ejercido por el Procurador General del Estado, los Fiscales de los Tribunales de Justicia y demás funcionarios que la ley determine.

Artículo 224.- Procurador General.

El Procurador General durará cuatro años en su cargo, y deberá reunir los requisitos que los exigidos para ser Ministro de la Corte Suprema. Será designado por el Congreso pleno, de la terna que para el efecto enviará el Presidente de la República.

La ley señalará las atribuciones y deberes del Procurador y demás funcionarios del Ministerio Público, así como los casos de reelección, remoción y subrogación.

Capítulo III.
De la Contraloría General del Estado

Artículo 225.- La Contraloría General del Estado es el Organismo de fiscalización y contabilidad de la Hacienda Pública. Le corresponde vigilar la recaudación e inversión de los fondos públicos.

Esta vigilancia se extenderá a todas las entidades de derecho público y a las de derecho privado que recauden impuestos y perciban subvenciones estatales. En el caso de estas últimas, la Contraloría se limitará a cuidar de la recaudación e inversión de tales fondos.

A la Contraloría General del Estado le compete también velar por la debida conservación y utilización de los bienes fiscales, de las municipalidades y demás instituciones de derecho público. También le compete examinar y fallar las respectivas cuentas y llevar la contabilidad del Fisco.

El Contralor efectivará la responsabilidad de los rindentes que no entreguen a tiempo los fondos que, por distintos conceptos corresponden a la Caja Nacional del Seguro Social.

Artículo 226.- La Contraloría General del Estado es autónoma en sus funciones administrativas, y está a cargo de un Contralor General quien tiene la obligación de expedir el presupuesto de su entidad y de nombrar el personal de ella con arreglo a la ley.

Las resoluciones del Contralor General del Estado respecto de las cuentas de los rindentes son definitivas en la vía administrativas; no obstante, podrán ser revisadas por el mismo Contralor, y son susceptibles de impugnación ante el respectivo Tribunal de lo Contencioso.

Artículo 227.- Contralor General.

De la terna presentada por el Presidente de la República, el Congreso Pleno elegirá al Contralor General, quien durará cuatro años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. Sólo por justa causa podrá removerlo el Congreso.

Artículo 228.- La ley regulará la organización y funcionamiento de la Contraloría General del Estado, y la proveerá de rentas suficientes que aseguren su autonomía.

Anualmente el Contralor General del Estado informará de sus deberes al Congreso Nacional.

Capítulo IV. De la superintendencia de bancos

Artículo 229.- La Superintendencia de Bancos es el organismo técnico autónomo encargado de vigilar las actividades de las instituciones bancarias, de las compañías de seguros y demás personas naturales y jurídicas que determinen las leyes.

Cuidará especialmente de que las personas naturales y jurídicas sometidas a su control ajusten a la ley sus procedimientos, garanticen los derechos de los accionistas y del público, y paguen los impuestos respectivos; velará asimismo porque tales personas no alteren arbitrariamente el tipo de interés o de comisión, ni las condiciones y normas legales de operación.

Artículo 230.- Dirección de la Superintendencia de Bancos.

La dirección de este organismo técnico corresponde al Superintendente, designado para cuatro años por el Congreso Pleno, el cual lo escogerá de la terna que le envíe el Presidente de la República. El Superintendente podrá ser indefinidamente reelegido.

La ley regulará deberes, atribuciones organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bancos; señalará además los casos de remoción y subrogación del Superintendente.

Artículo 231.- El Presupuesto de la Superintendencia de Bancos es independiente del Fiscal; será aprobado por la Junta Monetaria y administrado por el Superintendente, quien rendirá cuentas ante la Contraloría General del Estado e informará anualmente de sus labores al Congreso Nacional.

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia son públicos, no obstante su carácter bancario

Capítulo V.
De la superintendencia de compañías

Artículo 232.- La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo que se encarga de que las compañías anónimas, las en comandita por acciones y de economía mixta y demás que determinen las leyes, ajusten a éstas sus procedimientos y actividades.

Exceptúanse de la vigilancia de la Superintendencia de Compañías las que se hallen sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

Artículo 233.- Dirección de la Superintendencia de Compañías.

La dirección de este organismo técnico corresponde al Superintendente, elegido para cuatro años, por el Congreso Pleno, el cual lo escogerá de la terna que le envíe el Presidente de la República. Este funcionario podrá ser indefinidamente reelegido.

La Ley regulará atribuciones, deberes, organización y funcionamiento de la Superintendencia de Compañías, así como los casos de remoción y subrogación del Superintendente.

Artículo 234.- El Presupuesto de la Superintendencia de Compañías es independiente del Fiscal; será aprobado por la Función Ejecutiva y administrado por el Superintendente, quien rendirá cuentas ante la Contraloría General del Estado e informará anualmente de sus labores al Congreso Nacional.

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Compañías son públicos y gozarán de los mismos derechos y de idéntica situación jurídica que los de la Superintendencia de Bancos.

Capítulo VI.
De la Junta Nacional de Planificación y Coordinación

Artículo 235.- La Junta Nacional de Planificación y Coordinación con sede en la ciudad de Quito es el organismo encargado de planificar el desarrollo económico y social del país y de coordinar sus actividades en estos campos. Estará integrada en la forma que determine la ley.

Artículo 236.- Deberes y atribuciones.

La Junta Nacional, de Planificación y Coordinación tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1. Elaborar el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Nación, someterlo a consideración del Presidente de la República y evaluar su ejecución;

2. Establecer, para la debida ejecución y cumplimiento del Plan General de desarrollo, las directivas a que deben sujetarse las entidades públicas y semipúblicas en la elaboración de sus programas;

3. Integrar y coordinar dentro del Plan General de Desarrollo, los programas de acción preparados por las entidades de derecho público y por las semipúblicas;

4. Coordinar la cooperación técnica y la financiera externa que se presten a los organismos ejecutores del Plan General de Desarrollo;

5. Los demás que le confieren la Constitución y las leyes.

Título XI.
Del régimen seccional

Artículo 237.- El territorio del Ecuador es indivisible, y únicamente para el gobierno seccional se establecen provincias, cantones y parroquias.

La ley determinará los requisitos para que las distintas circunscripciones territoriales adquieran sus calidades respectivas.

Las líneas demarcatorias de provincias, cantones y parroquias no otorgan ni quitan territorio. Son simples referencias que circunscriben la jurisdicción político administrativa, y podrán modificarse de acuerdo con la ley.

Artículo 238.- Autoridades.

En cada provincia habrá un Gobernador; en cada cantón, un Jefe Político, y en cada parroquia, un Teniente Político.

Estas autoridades serán nombradas por el Presidente de la República y ejercerán sus funciones con arreglo a la ley.

Artículo 239.- Consejo Provincial.

En cada provincia habrá un Consejo Provincial con sede en la respectiva capital y jurisdicción en toda ella; sus miembros serán elegidos por votación popular y directa. Estas entidades gozan de autonomía funcional y económica para el cumplimiento de los fines que les son propios. La ley determinará su estructura, integración y funcionamiento, y se encargará de dar eficaz aplicación a dicha autonomía y de propender al fortalecimiento y desarrollo de la vida provincial.

El Prefecto Provincial elegido por votación popular y directa para el período que la ley determine, será la autoridad ejecutiva que, con sólo voto dirimente, presida el Consejo.

Artículo 240.- Deberes y atribuciones.

Los Consejos Provinciales propenderán al progreso de las provincias y a su vinculación con los organismos centrales. Sus deberes y atribuciones se determinarán en la ley.

Artículo 241.- Cada Cantón constituye un Municipio. El Gobierno municipal está a cargo del Concejo, cuyos miembros serán elegidos por votación popular y directa con arreglo a la ley.

Para dirigir la gestión municipal habrá en los Concejos de los capitales de provincias un Alcalde, elegido por votación popular y directa, quien presidirá la Municipalidad con sólo voto dirimente.

Artículo 242.- Municipios.

Los Municipios gozan de autonomía funcional y económica para el cumplimiento de los fines que les son propios.

La ley se encargará de dar eficaz aplicación al principio de la autonomía, y propenderá al fortalecimiento y desarrollo de la vida municipal; determinará las atribuciones, deberes de los municipios, y dentro de las normas constitucionales podrá establecer distintos regímenes, atendiendo a la población, recursos económicos e importancia de cada cantón.

Artículo 243.- Junta Parroquial en cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial, cuyos miembros serán elegidos por votación popular y directa. Estas Juntas vigilarán los servicios públicos parroquiales, determinarán obras que interesen a la parroquia y controlarán los fondos destinados a las obras de su jurisdicción. Tales Juntas elegirán de su seno un presidente.

Artículo 244.- Pueden constituirse consorcios de estas entidades con el fin de mancomunar esfuerzos para obras de interés colectivo; para promoción económico social, podrán asimismo establecerse entidades que, coordinadamente con el Plan General de Desarrollo, agrupen varias provincias.

Artículo 245.- La autonomía que esta Constitución garantiza a los Consejos Provinciales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales, tanto en lo económico como en lo administrativo, no obsta a su obligación de sujetarse al Plan General de Desarrollo.

Artículo 246.- Las obras y servicios públicos nacionales, provinciales y cantonales serán atendidos respectivamente por el Estado, por el Consejo Provincial y por el Concejo Municipal; para ello, los fondos públicos se distribuirán considerando la capacidad productiva de las correspondientes circunscripciones, sus necesidades y su coordinación con las exigencias nacionales.

Anualmente, previo estudio realizado por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, el Congreso Nacional distribuirá los fondos públicos según la norma establecida en el inciso anterior, y esta distribución se tomará en cuenta para elaborar el Presupuesto General del Estado.

En dicho Presupuesto se asignarán anualmente a la Municipalidad de Quito fondos suficientes para atender sus necesidades de Capital del Estado.

Esto, no obstante, para garantizar la autonomía económica de la provincia y respetando las actuales participaciones en favor de otras entidades, se establece las rentas básicas que al final de este Artículo se indican, sin perjuicio de las que tuviesen con arreglo a la ley. Ninguna ley posterior podrá privar total ni parcialmente de tales participaciones a las provincias, municipios o parroquias. Las rentas básicas antes mencionadas son:

1. El diez por ciento del impuesto a la renta en cada provincia, para su Consejo Provincial;

2. Impuesto a la propiedad urbana y el impuesto a las ventas finales que se realicen dentro de cada cantón, para su respectivo Concejo;

3. El impuesto predial rústico para las respectivas parroquias rurales.

Si los recaudadores del Tesoro Nacional o las oficinas dependientes de éste cobrasen las rentas antes puntualizadas, las entregarán a las entidades correspondientes en un plazo que no excederá de treinta días.

Artículo 247.- La facultad legislativa de los Consejos Provinciales y de las Municipalidades se manifiestan en ordenanzas. A la Corte Suprema de Justicia corresponde conocer y resolver cualquier reclamación que al respecto se presentare.

Título XII.
De la fuerza pública

Artículo 248.- La Fuerza Pública está constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional. Su organización, fuero y jurisdicción se regularán por las respectivas leyes.

Las Fuerzas Armadas tienen la misión de asegurar la soberanía del Estado, garantizar el orden constitucional y defender de ataques externos a la Nación.

La Policía Civil Nacional es la encargada de salvaguardar la seguridad y el orden internos.

La ley determinará la colaboración que sin menoscabo de su misión fundamental deba prestar la Fuerza Pública al desarrollo económico y social del país.

Artículo 249.- La Fuera Pública no es deliberante. Sólo las autoridades emanantes son responsables por las órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes.

A la Fuerza Pública le está especialmente prohibido obedecer orden alguna contraria a lo dispuesto en el ordinal 4.º del Artículo 190.

Artículo 250.- Mando y jurisdicción.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional en servicio, están sometidos a mando y jurisdicción militares o policiales, respectivamente.

Lo están de igual modo los empleados civiles que sirven en estas instituciones. Si se trata de personal en retiro, la ley regulará las relaciones profesionales: de los militares, con el Ministerio encargado de la defensa nacional, y de los policías, con el de seguridad y orden internos.

Artículo 251.- Defensa Nacional.

En la forma y medida que determine la ley, los ecuatorianos, igual que los extranjeros domiciliados en el Ecuador, están obligados a cooperar en la defensa nacional.

El servicio militar es obligatorio, con arreglo a la ley.

Según das necesidades del Estado, se organizarán, además de das Fuerzas Armadas permanentes, fuerza de reserva.

Artículo 252.- El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y, en caso de guerra internacional o conmoción interna, podrá delegar su mando en el Comandante de las Fuerzas movilizadas para la conducción técnica de dichas fuerzas. El delegado tendrá mando y jurisdicción sobre las autoridades civiles y militares en la zona declarada de operaciones.

Artículo 253.- Los Comandos de Cobertura tienen atribuciones civiles con arreglo a la ley.

Artículo 254.- Se garantiza la estabilidad profesional de los miembros de la Fuerza Pública; no podrá decretarse su baja, individual ni colectivamente, sino con arreglo a la ley.

Título XIII.
Disposiciones varias

Artículo 255.- Son personas jurídicas de derecho público: el Estado, los Consejos Provinciales, las Municipalidades, las Juntas Parroquiales y los establecimientos públicos creados como tales y regulados por leyes especiales.

Artículo 256.- Se garantizan la estabilidad y autonomía: de la Caja Nacional del Seguro Social, del Banco Central del Ecuador, del Banco Nacional de Fomento, y demás personas jurídicas semipúblicas.

Se garantizan asimismo la estabilidad y la descentralización administrativa y económica: de las Juntas de Beneficencia, de las Corporaciones de Fomento Económico regional y provincial, y de las otras entidades autónomas de finalidad social o pública ya existentes. Los fondos públicos de que dispongan no podrán ser suprimidos ni disminuidos sin la respectiva compensación.

Los trabajadores de las personas jurídicas antedichas están sujetos al Código del Trabajo y a sus leyes especiales; en lo referente a huelgas, se someterán a las disposiciones que rigen para los trabajadores de las empresas de servicios públicos.

Título XIV.
De la supremacía de la Constitución, de su reforma y de su permanencia

Artículo 257.- La Constitución es la suprema norma jurídica del Estado. Todas las demás deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales. Por tanto, no tendrán valor alguno las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, disposiciones y tratados públicos que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción con ella.

Sólo el Congreso tiene facultad de interpretar la Constitución de un modo generalmente obligatorio, y de resolver las dudas que se suscitaren sobre la inteligencia de sus preceptos.

Artículo 258.- Proyectos de reforma constitucional.

El Congreso Ordinario puede discutir cualquier proyecto de reforma constitucional, siempre que se observe el trámite establecido para la elaboración de las leyes. Sin embargo, el Congreso no podrá introducir cambio alguno que sustituya la forma republicana de gobierno o la forma democrática del Estado Ecuatoriano.

Aprobado el proyecto por ambas Cámaras, se lo remitirá al Presidente de la República, para que lo publique con su opinión; de ser esta favorable a la reforma, el Congreso Ordinario, en Pleno y con la concurrencia de los Ministros Jueces y Fiscales de la Corte Suprema de Justicia los cuales tendrán derecho a voz y voto aprobará o negará total o parcialmente, el proyecto de reformas en un solo debate y por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.

Cuando la unión del Presidente de la República fuere total o parcialmente desfavorable a la reforma, someterá a plebiscito la parte o partes con las cuales estuviere en desacuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10 del Artículo 184.

El Presidente de la República no podrá objetar la ley reformatoria, y estará obligado a promulgarla.

En el caso del proyecto de reformas de la Constitución propuesto por el Presidente de la República y rechazado total o parcialmente por el Congreso, se estará a lo establecido en el ordinal arriba citado.

Artículo 259.- Esta Constitución no perderá su vigencia, aún cuando por rebelión o acto de fuerza, dejare de observarse.

En caso de que, por rebelión o acto de fuerza, se constituya un gobierno de hecho, luego de que el pueblo recobre su libertad y se restablezca la normalidad, se reanudará su observancia y, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieron expedido, se juzgará a quienes hubieren ejercido el gobierno de hecho.

Quienes en virtud de rebelión o acto de fuerza, suspendieron la observancia de esta Constitución y como consecuencia de ello ejercieran gobierno de facto no podrán en ningún tiempo ser elegidos ni desempeñar función alguna de elección popular.

Artículo 260.- Esta Constitución deroga todos los preceptos jurídicos anteriores, contrarios a sus disposiciones y expedidos por autoridad legítima o por gobiernos de hecho; de modo que cualesquiera leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes o resoluciones dictados antes de la vigencia de la Constitución, subsistirán únicamente en cuanto guarden conformidad con ella y siempre que no sean o hayan sido derogados o revocados, salvo los derechos adquiridos con arreglo a tales preceptos.

Disposiciones transitorias

Primera.- La Asamblea Nacional Constituyente, una vez expedida esta Constitución, continuará ejerciendo, hasta la clausura de sus sesiones, todas las atribuciones que como a tal le corresponden.

Segunda.- El primer domingo de junio de 1968 se elegirán, mediante sufragio popular directo y secreto: Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados, con arreglo a las normas de esta Constitución y de la Ley de Elecciones. Se elegirán también Senadores Funcionales de acuerdo con las normas pertinentes.

El Congreso Nacional inaugurará su primer período de sesiones ordinarias el 10 de agosto de 1968. El Presidente y el Vicepresidente de la República se posesionarán el 1.º de septiembre del mismo año.

Hasta entonces, y sujetándose a los preceptos de esta Constitución, ejercerá las funciones de Jefe del Estado el Presidente Interino de la República ya elegido por la Asamblea Nacional Constituyente.

En caso de falta transitoria o definitiva del Presidente Interino, le subrogará el actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Tercera.- Hasta cuando el Tribunal Supremo Electoral otorgue las credenciales a los ciudadanos elegidos de acuerdo con la disposición anterior los Diputados a la actual Asamblea conservarán su calidad de tales, siempre que no hubieran incurrido en las inhabilidades establecidas en esta Constitución.

De ser necesaria la reunión de la Legislatura antes de la fecha del otorgamiento de las credenciales a los nuevos legisladores, los actuales Diputados se constituirán en Congreso Unicameral.

El Presidente de la Asamblea, por sí o a petición de la mayoría absoluta de Diputados a la actual Asamblea, o el Presidente Interino de la República podrá convocar tal Legislatura, la cual no podrá tratar de otros asuntos que los expresamente fijados en la convocatoria. En el caso de petición de la mayoría absoluta de los asambleístas, la convocatoria tendrá carácter obligatorio, y si no se la convocara, los Diputados se reunirán e instalarán la legislatura.

Cuarta.- La Asamblea Nacional Constituyente elegirá, por esta vez, a los miembros de la Comisión Legislativa Permanente y a los de sus comisiones auxiliares de entre los Diputados que han concurrido a la actual Asamblea, quienes durarán en sus cargos hasta cuando el Congreso Ordinario de 1968 designe a los Senadores y Diputados que deban reemplazarlos.

Igualmente, elegirá a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y a los funcionarios que de acuerdo con esta Constitución deban ser designados por el Congreso Nacional.

También elegirá por esta vez, la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de Justicia.

La Comisión Legislativa Permanente distribuirá las materias encomendadas a las comisiones auxiliares y reglamentará su actividad hasta cuando se dicten las disposiciones pertinentes.

Quinta.- El 16 de noviembre de 1967 y por treinta días improrrogables, se reunirá la Legislatura para dictar la Ley de Elecciones, y el Presupuesto General del Estado para 1968.

Hasta la reunión del próximo Congreso Ordinario, la Comisión Legislativa Permanente podrá ratificar los contratos que comprometan el crédito del Estado.

A la Comisión Legislativa Permanente se encarga de manera especial: la tramitación de los reclamos presentados a la Asamblea por las personas perjudicadas por la Dictadura Militar y no resueltos aún por las Comisiones Especiales. Se le faculta además para recibir las comprobaciones necesarias y señalar el monto de las correspondientes indemnizaciones. Éstas se pagarán con bonos del Estado que para el efecto emitirá la Función Ejecutiva.

La Comisión cumplirá esta labor en el plazo de noventa días, a partir de la vigencia de esta Constitución. Dichos reclamos se presentarán ante la Asamblea Nacional Constituyente hasta el término de sus labores.

Sexta.- Por esta vez y hasta el 31 de diciembre de 1970, también las organizaciones Políticas que no estuvieran inscritas como partidos podrán, con arreglo a la ley, presentar listas para las elecciones.

En este mismo plazo, el Tribunal Supremo Electoral procederá la nueva inscripción de los Partidos Políticos y al reconocimiento e inscripción de aquéllos que lo hubieren solicitado o que lo solicitaren y que reunieran los requisitos de ley.

La resolución se dictará en el plazo de sesenta días contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Si no se la dictare, se tendrá a dichos partidos como reconocidos legalmente y se procederá en forma obligatoria a su inscripción.

Séptima.- Lo dispuesto en el Artículo 29, Inciso cuarto, de esta Constitución, se aplicará solamente a las sucesiones por causa de muerte que se abrieren desde la vigencia de esta Constitución.

Octava.- Lo dispuesto en el ordinal segundo del Artículo 64 de esta Constitución, se aplicará a todos los casos en que las relaciones laborales terminen después de la fecha de vigencia de esta Constitución.

Novena.- Por esta vez, los Presidentes de los Consejos Provinciales elegidos de su seno, desempeñarán las funciones de Prefectos, quienes, al igual que los consejeros, concejales y alcaldes, durarán hasta ser reemplazados mediante las elecciones que se efectuarán de acuerdo con las normas legales pertinentes. Al consejero que pase a desempeñar la Prefectura lo reemplazará el respectivo suplente.

Artículo final

Esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, publicación que será ordenada por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

• Constitución de 1967
  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014 https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc835n1
  https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra-visor/constitucion-de-la-republica-de-ecuador-el-25-de-febrero-1851/html/f0a4d146-8154-4b6e-a5b5-31779c951dae_2.html#I_0_