Derecho Social

El poder necesita del derecho para legitimarse, el derecho necesita de la dignidad para justificarse, y la dignidad necesita del derecho para hacerse exigible frente al poder. Por esto, el presente número de Novum Jus presenta a sus lectores y a la comunidad académica en general, un análisis sociojurídico de la intersección de estos tres factores. 

En este documento se analizan, sistematizan y caracterizan las querellas que fueron interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el “estallido social” en Chile, entre octubre de 2019 a marzo de 2020. Del total de 3216 querellas formuladas por el INDH, se ha revisado una muestra de 232 querellas en diez regiones diferentes y ante 16 juzgados de garantía del país. El análisis ha permitido conocer los tipos de daños mencionados por las víctimas, siendo los traumatismos los más frecuentes. 

Debido a su complejidad, el problema de la tolerancia a la corrupción en los servidores públicos se ha abordado principalmente mediante enfoques cualitativos de investigación, pero no se ha estudiado lo suficiente desde enfoques cuantitativos. Por esta razón, en este artículo se analizó la tolerancia a la corrupción mediante una simulación de dinámica de sistemas basada en un modelo lineal que estimó la intención de denunciar irregularidades por parte de los servidores públicos. Para este propósito, se definieron 21 variables asociadas a la tolerancia a la corrupción, a partir de las cuales se construyó un instrumento de escala de Likert. Las puntuaciones obtenidas en cada variable se utilizaron para estimar la intención y el tipo de denuncia (interna o externa). Como resultado, se construyó un modelo basado en regresiones lineales múltiples que identificó siete variables significativas para la denuncia de actos corruptos, entre las cuales la más relevante fue la racionalización del “cumplimiento estricto de los procedimientos”, mediante la cual los servidores públicos diluyen la responsabilidad y enfrentan la disonancia y la culpa que surgen al presenciar un acto de corrupción.

La Corte Constitucional de Colombia se creó en 1992 y ha sido compuesta, hasta el final del año 2023, por un total de 44 magistrados. En conjunto, conforman una élite judicial que impacta en la vida política, social y jurídica del país a través de sus fallos. Según las teorías relativas a la socialización política, elementos como el nivel socioeconómico y la formación influyen en los valores políticos de los individuos. A partir de sus hojas de vida, se realiza una caracterización social de los altos magistrados seleccionando datos como el origen geográfico, el género y la formación académica. Se discuten su representatividad social y la evolución del perfil general de los miembros de esa corporación entre 1992 y 2023. Se consta de cambios a través del tiempo del perfil social de los miembros del alto tribunal.