Derecho Penal

El artículo analiza críticamente la tesis de la ejecución inmediata de la condena penal y los argumentos que la sustentan. Según esta tesis, la sentencia condenatoria puede —y debe— ejecutarse inmediatamente después de su dictado, aun cuando se interpongan recursos en su contra y durante su tramitación. Los argumentos que la fundamentan se presentan en dos planos: de lege ferenda y de lege lata. El trabajo cuestiona ambos tipos de razones. Sostiene que los argumentos de lege ferenda generan inconsistencias conceptuales y sistemáticas en la resolución de los casos penales, mientras que los argumentos de lege lata descansan en una reinterpretación discutible de las formulaciones normativas del Código Procesal Penal Federal relativas a la ejecución de la condena. En definitiva, el artículo rechaza la tesis de la ejecución inmediata y propone abordar el problema de la excesiva demora en la finalización de los procesos penales sin sacrificar las garantías que protegen a la persona imputada. 

Una de las cuestiones en las que parece haber mayor acuerdo en la teoría del delito es la existencia de términos normativos y descriptivos, especialmente en relación con los tipos penales. El finalismo, en la medida en que introduce categorías antropológicas, ha generado algunas reacciones de rechazo por parte de quienes buscan negar todo tipo de ontologismo y prefieren desarrollar una teoría puramente normativa. Uno de los argumentos utilizados por los normativistas en apoyo a esta postura es la supuesta ilegalidad lógica de derivar prescripciones e imputaciones a partir de elementos descriptivos y ontológicos. Este artículo propone una revisión de la dicotomía entre descriptivo y normativo, o “deber” versus “ser”, y formula un análisis de la supuesta falacia lógica. Asimismo, se afirma la existencia de elementos fácticos y ontológicos en la teoría del delito y se sostiene que su enfoque y estudio deben abordarse, pese a ello, mediante un método dialéctico. 

En  este  estudio  se  analiza  la  necesidad  de  regular  la  coautoría  y  participación  imprudente  en  delitos culposos y se incide en la complejidad doctrinal y las opiniones sobre la imputación de responsabilidad. Propone un marco conceptual que distinga autores y partícipes para una aplicación justa del derecho penal. A través de un análisis de teorías, tales como la del dominio del hecho, imputación objetiva, determinación positiva y objetiva del hecho y funcionalidad del autor, se revisan posturas sobre admitir la imprudencia en la coautoría, las cuales se ilustran con casos en el contexto peruano. 

El presente trabajo propone una crítica estructural al sistema penal contemporáneo desde la metáfora del ajedrez, entendida como una lógica de juego formalmente simétrica pero materialmente desigual. A través del análisis de la selectividad penal, la reproducción de las desigualdades sociales y el rol funcional del castigo, se pone en evidencia cómo la política criminal opera como un dispositivo de control antes que como una herramienta de justicia. 

En el estudio del instituto de extinción de dominio se han examinado los fundamentos constitucionales de la figura, su naturaleza patrimonial y su autonomía frente al derecho penal, así como la función social y ecológica de la propiedad. Por ser la figura de naturaleza constitucional se analiza la producción jurisprudencial del máximo interprete constitucional como lo es la Corte Constitucional colombiana a partir de un enfoque cualitativo, en la que se abordan temas como la moral social, la administración y destinación de bienes afectados con medidas cautelares, la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, su procedencia sobre bienes ilícitos y el rol del juez de control de garantías.  

El presente trabajo aborda la compleja problemática de los delitos menores incluidos en el juicio por jurados, analizando las tensiones entre la garantía de defensa en juicio, el principio acusatorio y el alcance del veredicto popular. A partir de la revisión de doctrina y jurisprudencia comparada, se examinan los distintos criterios de inclusión de delitos menores: el elements test, el cognate approach y el charging document test. En el derecho argentino, la cuestión adquiere especial relevancia debido a la ausencia de una regulación uniforme y a la coexistencia de interpretaciones diversas en las provincias.  

El Código Procesal Penal Federal incorpora dos principios rectores en materia de medidas de injerencia: la libertad probatoria (art. 134) y el principio de proporcionalidad (art. 16). A la luz de estos lineamientos, la normativa procesal habilita la utilización de la figura del agente revelador (arts. 185 y 186) como herramienta de investigación en maniobras vinculadas al narcotráfico que se desarrollan en entornos digitales –como la aplicación Telegram–, en las que las personas investigadas suelen operar amparadas en las opciones de anonimato que ofrece la plataforma. 

En  esta  columna pretendo  realizar  un  breve  análisis  de  las  consecuencias  subjetivas del terrorismo de estado y su vinculación con los aspectos de la condición humana, sus secuelas y efectos en la sociedad: los propósitos de sembrar el terror

El estudio analiza la naturaleza jurídica de los acuerdos preventivos concursales, destacando su importancia en los procesos concursales. Se exploran diversas teorías doctrinales, incluyendo la contractualista, la procesalista y la de obligación legal, cada una con sus argumentos y críticas. El trabajo enfatiza la necesidad de comprender la esencia del concordato para mejorar la legislación concursal y propone una visión sistémica y compleja que integra aspectos jurídicos, económicos y sociales. 

En  este  estudio  se  analiza  la  necesidad  de  regular  la  coautoría  y  participación  imprudente  en  delitos culposos y se incide en la complejidad doctrinal y las opiniones sobre la imputación de responsabilidad. Propone un marco conceptual que distinga autores y partícipes para una aplicación justa del derecho penal. A través de un análisis de teorías, tales como la del dominio del hecho, imputación objetiva, determinación positiva y objetiva del hecho y funcionalidad del autor, se revisan posturas sobre admitir la imprudencia en la coautoría, las cuales se ilustran con casos en el contexto peruano. Los argumentos a favor abogan por una imputación justa basada en la creación y superación del riesgo permitido, mientras las críticas alertan sobre una expansión excesiva del derecho penal.

En el artículo se aborda la evolución de las teorías criminológicas hasta la actualidad, destacando cómo los enfoques han cambiado a lo largo del tiempo para integrar nuevas perspectivas, como la perspectiva de género. Se examina el desarrollo de la imagen de la mujer en el ámbito criminal, desde su representación tradicional como víctima hasta su visibilización como victimaria en ciertos contextos. Además, se analiza la relación entre género y delito, con énfasis en cómo la distribución de los crímenes varía según el género. 

La presente investigación, aborda los elementos teóricos-normativos fundamentales acerca de la persona jurídica como tercero civilmente responsable en los procesos penales, debido a la importancia del reconocimiento de esta con vistas a satisfacer los intereses materiales de las víctimas, evitar la victimización secundaria y el perfeccionamiento del sistema procesal penal cubano. Se propone como Objetivo General: Proponer pautas teóricas para la adecuada regulación de la persona jurídica como tercero civil responsable, a los efectos de poder exigirle responsabilidad civil derivada del delito en el proceso penal cubano. 

El actual protagonismo de las personas naturales, inclusive en el derecho penal, se ha visto cuestionado por la paulatina relevancia económica y jurídica contemporánea de las personas jurídicas. De cara a este cambio de paradigma, este artículo académico estudia la controversia que produce la máxima societas delinquere non potest frente a la cada vez más notoria incorporación de un derecho penal expansivo, su vigencia y los intentos que han existido por derogarla en el ordenamiento jurídico na-cional. Para ello, estudia conceptos propios del derecho penal económico y luego brinda un recuento histórico acerca de la responsabilidad penal empresarial en el derecho colombiano. 

El presente trabajo tiene como propósito demostrar la necesidad de la tipificación de la financiación ilegal de los partidos políticos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano debido a la inexistencia de sanciones penales frente a estas conductas lesivas. En este contexto se desarrolla las formas de financiación permitidas para los partidos políticos desde el ámbito público y privado que establece la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia del Ecuador. Así también se identifica las causas de la financiación ilegal de las organizaciones políticas con lo que se evidencia la lesión que producen sobre distintos bienes jurídicos. Así, se propone como conductas punibles la financiación ilegal activa y pasiva, además de plantear la propuesta de la sanción de los propios partidos políticos como personas jurídicas para tratar finalmente los aspectos y el procedimiento que debe realizar el poder legislativo para llegar la creación de los tipos penales correspondientes. 

El presente artículo analiza la falta de determinación de un tipo penal para las conductas que vulneren directamente a la integridad sexual, cuyo medio de ejecución es el uso de Inteligencia Artificial, específicamente en el caso de deepfakes. Este vacío normativo resalta la inexistencia de una conducta que sea penalmente sancionada, y, además, se mencionan dos términos que no se hayan regulados en ningún sentido dentro de la legislación nacional, esto es primero, la Inteligencia Artificial, una herramienta tecnológica nueva que permite realizar varias acciones y obtener resultados en base a un algoritmo y segundo, los deepfakes, que son aquellos contenidos falsos que crean una desinformación. En base a la investigación de delitos informáticos y delitos contra la integridad sexual, se recomienda una reforma al Código Orgánico Integral Penal que respete el principio de legalidad y la integridad sexual principalmente. 

El presente es un análisis crítico a la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, mismos que toman principal importancia, a partir del escándalo de corrupción de la empresa constructora Norberto Odebrecht, que reveló varios actos de corrupción pública en diferentes países del continente americano, entre ellos, el Ecuador, país en el que la corrupción en virtud de la adjudicación de contratos, alcanzó a las más altas esferas gubernamentales. Esta práctica corruptiva, ha sido investigada desde la justicia ecuatoriana por delitos de cohecho, concusión, peculado, tráfico de influencias, entre otros, llegando a determinar la responsabilidad de varios funcionarios públicos de nivel jerárquico superior, como: ex Presidente de la República, ex Vicepresidente, Ministros, Asambleístas, Gobernadores y varios particulares en sus calidades de representantes legales, accionistas mayoritarios o apoderados de diferentes empresas consideradas corruptoras. 

Según las estadísticas oficiales de 2022, Ecuador enfrenta la cruda realidad de un feminicidio que ocurre aproximadamente cada 26 horas, lo que indica una urgente necesidad de políticas públicas efectivas y un sistema de justicia sólido. Las recientes crisis carcelarias y la violencia creciente subrayan la urgencia de abordar este problema, lo que lleva a un examen exhaustivo de la responsabilidad por el daño y la compensación a las víctimas, especialmente en casos donde los perpetradores evaden la justicia. A nivel internacional, la reparación integral, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), va más allá de la mera compensación económica, abarcando medidas tangibles y simbólicas para mitigar el daño. 

El artículo analiza los riesgos del uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y los deepfakes en la formulación de políticas públicas. La justificación radica en la creciente presencia de medios digitales que permiten a los ciudadanos generar evidencia de problemas públicos, y el riesgo de manipulación de esta evi­dencia mediante tecnologías como la IAG, lo que podría distorsionar la toma de decisiones gubernamentales. El objetivo es señalar cómo los deepfakes pueden alterar la percepción pública de problemas sociales, distor­sionando la agenda política y la respuesta gubernamental. La investigación es de tipo cualitativo, con enfo­que exploratorio y descriptivo, utilizando revisión documental sobre políticas públicas, IAG y deepfakes. S 

La comisión por omisión ha sido regulada en Ecuador bajo la doctrina de la posición de garante, no obstante, la manera en la que se encuentra redactada la norma dificulta la atribución de responsabilidad a funcionarios que cometan delitos contra la administración pública por la conducta de omisión. Se realiza un estudio de los códigos penales de 1938 y 1971 para entender cómo se regularon las fuentes de posición de garante y quiénes formaban parte de este rol. Bajo lo expuesto, se evidencia que el error de redacción conlleva a problemas en la tipicidad de los injustos penales relacionados a la administración pública, ya que no reúnen los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal. Por ende, aquellos actos de corrupción realizados por omisión serán una conducta atípica bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En el presente trabajo se analiza la indemnización económica en los delitos contra la vida y cómo la falta de estándares afecta la determinación de una adecuada reparación integral. El objetivo de esta investigación es examinar el alcance de la indemnización económica dentro del sistema legal ecuatoriano y proponer criterios que permitan mejorar su cuantificación. Este trabajo explora la necesidad de garantizar una compensación adecuada para aquellos que han perdido a un ser querido y se enfrentan a un sistema que no presenta lineamientos claros. Para esto, se utiliza una metodología deductiva, partiendo de las nociones básicas de reparación integral y del daño para posteriormente identificar las limitaciones que existen dentro del sistema actual. Al concluir se evidencia la importancia de que el sistema normativo ecuatoriano incluya criterios para que los jueces puedan fijar una correcta indemnización económica que satisfaga las necesidades de las víctimas. 

La seguridad en el Ecuador ha presentado un riesgo inminente en la sociedad por el uso indiscriminado de armas de fuego en el cometimiento de delitos como muertes mediante el modus operandi de sicariato, vulnerando varios derechos a las personas como la convivencia pacífica, tranquilidad, estabilidad, pero sobre todo la vida. Desde el año 2014 el Ecuador se rige bajo la normativa donde tipifica y sanciona la tenencia y porte ilegal de un arma de fuego, siendo así un instrumento jurídico que sanciona a las personas que cometen esta acción antisocial, sin embargo, la tecnológica actual ha desarrollado avances inminentes sobre objetos de igual forma y dimensión a las armas de fuego, denominadas armas de fogueo, neumática, traumática, impresas en 3D o similares, por lo que, brinda a las personas antisociales la generación de más delitos cometidos con armas réplicas o iguales, aumentando un gran porcentaje de criminalidad en los últimos meses. 

El derecho penal internacional es una rama nueva del derecho que aún se encuentra en pleno desarrollo, puesto que su origen no se remonta más allá de un siglo. Esta nueva forma de derecho nació a partir de grandes conflictos y variadas formas de criminalidad estatal que tomaron lugar durante la primera parte del siglo XX y que desembocaron en la creación de organismos internacionales que establecieron mecanismos jurídicos para afrontar de mejor manera estas nuevas formas de criminalidad1 . Este constituye un derecho especial, ya que es el primer derecho sancionatorio que se nutre no solo de normas internacionales positivas o escritas, sino de lo que se conoce como normas de Jus Cogens2 .

Este artículo analiza, desde una perspectiva feminista, las transformaciones del Estado punitivo en el Ecuador a lo largo de la década de la Revolución Ciudadana, y sus impactos sobre la población penalizada. La metodología combina la revisión bibliográfica, el análisis de publicaciones y documentos oficiales, datos estadísticos e investigación-acción participativa de largo aliento. Las autoras analizan los dos subperiodos en que suele dividirse el gobierno de la Revolución Ciudadana: garantista (2007-2010) y punitivista (2010-2017). Cuestionan esa periodización a través de la reconstrucción del proceso de transformación de los sistemas penal y penitenciario a lo largo de la década, desde la perspectiva de las mujeres encarceladas, sus criaturas y familiares de personas en prisión. Concluyen entonces que el gobierno de la Revolución Ciudadana consolidó un Estado punitivo patriarcal y, por su dinámica interna, sucumbió a la lógica neoliberal del populismo penal.

En la ciudad de La Plata a los 1 día del mes de junio de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la presente causa Nro. 79.752, caratulada “S., Claudio Luciano s/recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI-ORDOQUI.

 El 12 de octubre de 2017, el Tribunal de Jurados dictó veredicto de culpabilidad, por los delitos de robo agravado porn su comisión en lugar poblado y en banda, y robo agravado por el uso de arma de fuego, respecto de C. E. R., J. C. F. y D.O.F.I., por unanimidad, y por el delito de homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa, también por unanimidad respecto de Frías, por mayoría de 11 votos respecto de R. y por mayoría de 10 votos respecto de I. Tras ello, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el Dr. M.M.D., Juez del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial.

A lo largo de estos últimos años, se ha podido vislumbrar un alarmante crecimiento en las estadísticas respecto de delitos de género. En la vorágine de nuestra sociedad abundan las denuncias que encuentran al sexo femenino como víctimas de hechos delictivos por su sola condición de tal.  La violencia de género se ha convertido en un fenómeno global, de crecimiento constante, que se vislumbra en cada uno de los estratos de la sociedad.  Consecuencia de ello, se logró instalar la problemática mediáticamente, con una fuerte repercusión social, y se generó así un contexto favorable para la percepción de la real envergadura del problema por parte de las Autoridades estatales. El Estado se encontró obligado a dar respuesta a la demanda social sobre el conflicto en cuestión.

La figura de los daños punitivos o punitive damages es de gran uso principalmente en Estados Unidos. Por daños punitivos se entiende la condena –con frecuencia dictada por un jurado popular– a pagar una indemnización con el fin de castigar al responsable de un daño con trascendencia social, impidiéndole que se lucre con su infracción (= coerción económica) y disuadiéndolo de reiterarla1. En Estados Unidos, en materia contractual y extracontractual, la víctima puede obtener indemnización por el perjuicio sufrido, así como también beneficiarse con una cantidad de dinero adicional y mayor (= ganancia) que deberá ser pagada a título de daños punitivos. 

“Delito continuado” tiene por disposición de la ley ecuatoriana penal, impacto concreto en lo relacionado con determinar el cómputo de la prescripción, sin que exista ninguna otra referencia legal. Históricamente ha servido de “comodín” para aplicar penas por tipos penales inexistentes a la fecha de comisión de una infracción, estirando el tiempo de comisión en virtud una supuesta continuidad, unidad y progresividad, o bien, para hacer mención, sin ninguna trascendencia práctica, a delitos de tracto sucesivo (aclarando que tal término es considerado más como un modus operandi que como una forma de ejecución propia, como lo ha acotado Tiedeman para el llamado delito económico). 

El esquema presentado evidencia el contenido del delito de child grooming a partir de la identificación de tres elementos: el contacto con un menor de dieciocho años por medios electrónicos o telemáticos, como la conducta que permite entrar en comunicación con el menor de edad; la proposición, como una conducta distinta con un contenido específico: concertar un encuentro con el menor de edad; y la realización de actos materiales que permitan entender que se han empezado a desplegar acciones para que el encuentro concertado se lleve a cabo. Esta “carta de navegación” general sigue los elementos de la tipificación del delito de grooming del inciso primero del artículo 173 del COIP, pero merece, por supuesto, mayor desarrollo y discusión dentro de la práctica de los operadores jurídicos.

«El Cachorro»
y su última perpetua Necrológica de un genocida

Consideraciones sobre el plazo razonable de duración del proceso: colisión en las nuevas estructuras procesales capitalinas y federales

Sentimiento de culpa en mujeres mayores víctimas de violencia filioparental
El rol de los equipos interdisciplinarios de asistencia a víctimas

Las cortes no deben ser los casinos de las partes
Comentario al fallo «Álvarez, Lucas Eduardo y Telechea, Ayelén Daiana» del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires

Técnicas de reproducción humana asistida, desde el feminismo radical
Comentario al fallo «C.L.A», de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A propósito del Derecho Penal de Auschwitz 

Derechos de los privados de la libertad: Desde el garantismo

Los prejuicios

Estereotipos, prejuicios y violencia estructural
La legítima defensa de mujeres travestis y trans

Un acercamiento al concepto de desvictimización a partir de un caso de violencia sexual en contexto de encierro

Romper el falso dilema: seguridad y tratamiento en la nueva ley de ejecución penal de CABA

¿Dónde viajan nuestros datos? Riesgos y garantías en la transferencia internacional

Suspensión del juicio a prueba en Santa Fe ¿Derecho del imputado o facultad fiscal?