TRES MODELOS NORMATIVOS DE DEMOCRACIA
I
II
El modelo republicano posee ventajas e inconvenientes.
Ventajas:
Atiende al sentido demócrata radical de una autoorganización de la sociedad mediante ciudadanos unidos de manera comunicativa y en la que los fines colectivos no sólo se derivan de un deal entre intereses privados contrapuestos.
Inconvenientes:
Modelo demasiado idealista y que hace depender el proceso democrático de las virtudes de los ciudadanos orientados hacia el bien común. El erro radica en el estrechamiento ético al que son sometidos los discursos políticos.
Constituyen un componente importante de la política aquellos discursos de autocomprensión en los que los participantes desean aclararse acerca de cómo entenderse a sí mismos en cuanto miembros de una determinada nación o de un Estado.
Pero en las condiciones de pluralismo social y cultural:
Tras los objetivos políticamente relevantes se encuentran intereses y orientaciones valorativas.
Estos intereses y orientaciones valorativas que entran en conflicto con otros sin ninguna perspectiva de conseguir un consenso, necesitan conseguir un acuerdo o compromiso.
Tercer modelo normativo: Concepción procedimental de la democracia
El tercer modelo de democracia que yo (Habermas) quisiera proponer se apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque se lleva a cabo en todo su extensión de un modo deliberativo.
Cuando hacemos del concepto procedimental de la política deliberativa el núcleo normativo de la teoría de la democracia aparecen diferencias tanto en relación con la concepción republicana del estado (concebido como una comunidad ética), como en relación con la concepción liberal del Estado (concebido como guardián de la sociedad centrada en el subsistema económico).
En la comparación de los tres modelos de democracia:
En la dimensión política (formación democrática de la opinión y de la voluntad común que se evidencia en las elecciones generales y en las resoluciones parlamentarias)
Según la concepción liberal: este proceso sólo se lleva a cabo en la forma de compromiso entre intereses.
Según la concepción republicana: la formación democrática de la voluntad se lleva a cabo en la forma de una autocomprensión ética. La deliberación se apoya en el consenso cultural de fondo entre los ciudadanos.
La teoría discursiva asume elementos de ambas partes y los integra en el concepto de un procedimiento ideal para la deliberación y la toma de resoluciones. Este procedimiento democrático genera una interna conexión entre negociaciones, discursos de autocomprensión y discursos referentes a la justicia y cimenta la presunción de que bajo tales condiciones se alcanzan resultados racionales o equitativos.
La razón práctica se repliega desde la noción de los derechos universales del ser humano (liberal) o desde la eticidad concreta de una comunidad determinada (republicanos) a aquellas reglas del discurso y formas de la argumentación que toman su contenido normativo de la base de validez de la acción orientada hacia el entendimiento y de la estructura de la comunicación lingüística.
En la conceptualización normativa del Estado y la sociedad:
Según la concepción liberal, la separación del aparato estatal respecto de la sociedad no puede ser eliminada, sino sólo franqueada por medio del proceso democrático. Las débiles connotaciones normativas de un equilibrio regulado por poderes e intereses precisan del complemento aportado por el Estado de derecho.
La formación de la voluntad democrática de los ciudadanos atentos a sus propios intereses sólo es un elemento dentro de una Constitución.
Constitución que disciplina el poder estatal mediante dispositivos normativos (derechos fundamentales, división de poderes y la vinculación de la administración a la ley) y que a través de la competencia entre partidos políticos, por una parte, y entre gobierno y oposición, debe mover a la adecuada consideración de los intereses y orientaciones valorativas de la sociedad.
El objetivo de la argumentación liberal se dirige contra el potencial perturbador de un poder estatal que entorpece la interrelación social autónoma de los particulares.
El punto crucial del modelo liberal es la normativización, en términos de Estado de derecho, de una sociedad volcada en la economía que mediante la satisfacción de las expectativas de felicidad privadas de ciudadanos activos habría de garantizar un bienestar general entendido de manera apolítica.
Según la concepción republicana, la formación de la voluntad y de la opinión política de los ciudadanos conforma el medio sobre el que se constituye la sociedad como un todo estructurado políticamente.
La sociedad se centra en el Estado, pues en la práctica de la autodeterminación política de los ciudadanos la comunidad se torna consciente de sí misma como totalidad y actúa sobre sí misma mediante la voluntad colectiva de los ciudadanos. La democracia equivale a la autoorganización política de la sociedad.
La teoría discursiva toma elementos de ambas partes y los articula de manera distinta.
En concordancia con el republicanismo, la teoría discursiva coloca el proceso de formación de la voluntad y de la opinión políticas en el punto central, pero sin entender como algo secundario la constitución en términos del Estado de derecho.
Concibe los derechos fundamentales y los principios del Estado de derecho como una respuesta a la cuestión de cómo pueden ser institucionalizados los exigentes presupuestos comunicativos del procedimiento democrático.
Se despide de las figuras de pensamiento típicas de la filosofía de la conciencia que
atribuyen la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos a un sujeto global (republicanismo)
o bien refieren el imperio anónimo de la ley a sujetos particulares que compiten entre sí (liberalismo)
En un caso la ciudadanía se considera como un actor colectivo en el que todo se refleja (republicanismo)
En el otro caso los actores individuales actúan como variables dependientes de los procesos de poder que transcurren de manera ciega (liberalismo).
La teoría del discurso cuenta con la intersubjetividad de orden superior que representan los procesos de entendimiento que se llevan a cabo,
por una parte, en la forma institucionalizada de deliberaciones en las cámaras parlamentarias
por otra parte, en la red de comunicación de la esfera política de la opinión pública.
Estas comunicaciones no susceptibles de ser atribuidas a ningún sujeto, realizadas en el exterior o en el interior de las asambleas programadas para la toma de resoluciones, configuran escenarios donde pueden tener lugar una formación racional de la opinión y de la voluntad común sobre temas relevantes para el conjunto de la sociedad y sobre materias que requieren regulación.
III
Esta concepción (procedimental) tiene consecuencias a la hora de comprender la legitimación y la soberanía popular.
Legitimación
Concepción liberal:
El proceso de formación de la voluntad democrática tiene exclusivamente la función de legitimar el ejercicio del poder político.
Los resultados electorales representan una licencia para la toma de posesión del poder político y
el gobierno debe justificar ante la opinión pública y el parlamento el uso que hace de ese poder
Concepción republicana
La concepción de la voluntad democrática desempeña la función de constituir la sociedad como una comunidad política y de mantener vivo con cada elección el recuerdo de ese acto fundacional.
El gobierno se encuentra habilitado para ejercer un mandato y se encuentra programáticamente comprometido a la ejecución de determinadas políticas.
El gobierno es parte de una comunidad política que se administra a sí misma, no la cúspide de un poder estatal separado.
Concepción discursiva
Los procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación democrática de la opinión y de la voluntad funcionan como las más importantes esclusas para la racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración sujetos al derecho y a la ley.
El poder disponible de modo administrativo modifica su propia estructura interna mientras se mantenga retroalimentado mediante una formación democrática de la opinión y de la voluntad común. Que no sólo controle a posteriori el ejercicio de poder político , sino que, también lo programe. A pesar de ello, únicamente el sistema político puede “actuar”. El sistema político es un subsistema especializado en la toma de decisiones colectivamente vinculantes.
Las estructuras comunicativas del espacio público conforman una red ampliamente expandida de sensores que reaccionan ante la presión de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y estimulan la generación de opiniones de mucha influencia. La opinión pública transformada en poder comunicativo mediante procedimientos democráticos no puede “mandar” ella misma, sino sólo dirigir el uso del poder administrativo hacia determinados canales.
El concepto de soberanía popular
Concepción liberal:
En el Estado democrático de derecho el poder estatal que procede del pueblo sólo “se ejerce en las elecciones y referendos y mediante órganos especiales del poder legislativo, del ejecutico y del judicial”.
Concepción republicana:
El pueblo, al menos potencialmente presente, es el portador de una soberanía que en principio no puede ser delegada: en su calidad de soberano el pueblo no puede ser representado. El poder constituyente se basa en la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos.
Concepción discursiva
Si se prescinde de las categorías de la filosofía del sujeto, la soberanía no necesita ser concentrada de una manera concreta en el pueblo (republicanos) ni tampoco ser desterrada al anonimato de las competencias constitucionales (liberales).
Una soberanía popular se repliega sobre los procedimientos democráticos y la implementación jurídica de sus exigentes presupuestos comunicativos sólo para hacerse valer como poder generado comunicativamente.
La soberanía popular surge de las interacciones entre:
la formación de la voluntad común, institucionalizada con técnicas propias del Estado de derecho y
los espacios públicos movilizados culturalmente, que por su parte hallan una base en las asociaciones de una sociedad civil alejada por igual del Estado como de la economía.