Desde su creación, el Sistema Interamericano ha evolucionado y se ha fortalecido, logrando una amplia esfera de promoción y protección de los derechos humanos a través de las funciones políticas y cuasi-judiciales de la Comisión y las funciones contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana. En adelante repasaremos brevemente la historia del Sistema y sus antecedentes, las funciones de cada uno de sus órganos y el proceso de casos contenciosos, la reglamentación y evolución reglamentaria de la Corte, el fundamento del deber de los Estados de cumplir con las sentencias del Tribunal y el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano en la región. 

Este estudio analiza el elemento de la antijuridicidad en las publicaciones en redes sociales, como hechos que ocasionan una afectación a la honra y al buen nombre, y consecuentemente podrían causar daño moral. Inicialmente se distingue el hecho antijurídico del hecho ilícito, como elemento necesario para que se congure el daño. El discurso o la opinión analizada deben cumplir con requisitos determinados por estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión, para determinar si el hecho es antijurídico o no.

En este trabajo trataremos de responder a dos importantes preguntas de rabiosa actualidad: ¿Tienen algún tipo de efecto jurídico las opiniones consultivas de la Corte IDH? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son estos efectos y qué impacto tienen sobre la protección de los Derechos Humanos en el ámbito interamericano? El estudio del estado de la cuestión en el seno de la academia a través de la revisión bibliográfica nos servirá para responder a ambas preguntas y tratar de arrojar algo de luz en el asunto. Y como no creemos en una explicación teórica sin un elemento práctico que nos permita comprobarla y aseverarla.

El trabajo aborda los problemas que plantea el cumplimiento de condenas privativas de libertad por parte de adultos mayores. Se hace cargo del tratamiento que se ofrece fundamentalmente en el derecho comparado y de las problemáticas que ofrece proponiendo una aproximación basada en la necesidad de realizar una distinción fundamental, separando el análisis y resolución de la situación que enfrentan los condenados que padecen enfermedades crónicas o terminales; los que sufren los efectos de patologías que inciden de manera importante en su salud mental y la de quienes simplemente presentan las condiciones propias de un adulto mayor. 

Mirar a través del prisma de los derechos humanos hace que todos cuenten y garantiza que nadie se quede atrás. Las respuestas de derechos humanos pueden ayudar a vencer la pandemia haciendo hincapié en la necesidad imperiosa de atención sanitaria para todos. Pero también sirven como un sistema de alerta fundamental al poner de relieve quiénes son los que más sufren, por qué y qué se puede hacer al respecto. 

La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Las Américas es la región más desigual.

Desde finales del año pasado, el mundo hace frente a lo que hoy ya referimos como pandemia. Un coronavirus, el COVID-19, que más allá de lo que pensemos acerca de su procedencia, incluso su finalidad, ha llevado a la humanidad a un prolongado estado de emergencia, de esos que nosotros conocemos tan bien (¿o no?). Desde fines de marzo este contexto de urgencia y medidas extraordinarias ha llegado a nuestras costas, poniéndonos nuevamente a prueba.

En el presente artículo se analizarán las interacciones entre el derecho internacional de las inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos. En especial, se revisará jurisprudencia arbitral que ha tenido que lidiar con temas de derechos humanos y ha fallado en hacerlo. Se examinará la ratio decidendi de los fallos y la normativa internacional que facultaría la inclusión de estándares internacionales en materia de derechos humanos.