República de Padania

Bossi, líder de la Liga Norte, hace un gesto ofensivo a la bandera italiana.

Bossi se libró de ser juzgado por subversión separatista porque el Parlamento no permitió su procesamiento. Y es que se había aliado con Silvio Berlusconi. Cuando este ganó las elecciones de 2001, fue nombrado ministro para la Reforma Institucional. Pasó una década al lado de Il Cavaliere, hasta su aparatosa caída en 2011. Bossi no se salvó de otras condenas de los tribunales, una de ellas por ultraje a la bandera (“La uso para limpiarme el culo”, dijo textualmente), otra por insultar al jefe del Estado y la última, este mismo verano, de dos años de prisión por apropiarse de fondos de su partido. La Cámara padana reaparece cada cierto tiempo sin lograr eco alguno.

¿Creen que las empresas de la industriosa Milán, o de ese Turín que creció alrededor de la poderosa Fiat, prestaron atención al riesgo de secesión de un territorio que en teoría abarcaba sus sedes centrales? En absoluto. Es un cliché muy repetido que en Italia la economía va por un lado y la política por otro. Es así. El país ha mantenido una de las economías más dinámicas de Europa occidental sobreponiéndose a todo tipo de despropósitos políticos: una infinidad de Gobiernos inestables y multipartitos desde 1945 hasta el desmoronamiento del sistema por la corrupción (Targentópolis) en los noventa, luego las frivolidades de Berlusconi y sus extraños aliados, su relevo por los tecnócratas de Monti al borde del rescate, el fiasco del referéndum de Renzi. Ahora gana fuerza la posibilidad de que el populista Movimiento 5 Estrellas, que prometía un referéndum para salir del euro, sea el más votado en las próximas elecciones.

Al mundo económico italiano lo que le preocupa de verdad es el saneamiento de los bancos. Los negocios siguen en marcha en cualquier caso. En inglés se dice business as usual.

Ninguna empresa se inmutó cuando Bossi proclamó la independencia de Padania

No hay un personaje tan estrambótico como Bossi en Cataluña, pero lo ocurrido esta semana en el Parlament ha tenido mucho de esperpento. Una mayoría justita de diputados, que no alcanzaría para reformas menores en el Estatut, tramita y aprueba a toda prisa dos leyes supremas, que se declaran por encima de cualquier otra norma. Sin informes previos, contra el criterio de sus juristas, sin la firma del secretario, sin apenas debate ni capacidad de presentar enmiendas. Y de inmediato se llama a un referéndum decisivo en tres semanas cuando no existe censo público e impugnable, ni junta electoral, ni garantías de ningún tipo. Se atropella así no ya la legislación española y la catalana, sino el derecho internacional. Este referéndum no pasaría la prueba de observadores externos como los que se envían a países mucho menos desarrollados.

La chapuza política y jurídica ha dejado en la más absoluta soledad a los promotores de la independencia exprés fuera de su parroquia más fiel. Ningún apoyo fuera de Cataluña (salvo Bildu y similares), mucho menos en el extranjero. Hasta la primera ministra independentista de Escocia se desmarca: ellos sí hacen esas cosas desde la legalidad. La UE advierte a Cataluña de forma expresa de que tras la secesión se quedarían fuera, aunque las nuevas leyes juegan a la ficción de que la flamante República seguirá dentro.

En el mundo económico esa soledad es evidente. Por prudencia, por no meterse en líos, por miedo a boicoteos de unos o de otros, casi ningún empresario quiere significarse a favor ni en contra del procés. Predomina el silencio o, cuando se dice algo en público, es para pedir diálogo. “Que resuelvan esto los políticos”, es la frase más escuchada. En privado, nadie, ni en las compañías ni en los mercados financieros, da crédito al procés. No se ha contemplado ni como remota la opción de que la independencia sea efectiva. Matizo: algunos ejecutivos sí están haciendo papeles de escenarios posibles, porque se lo piden desde las multinacionales. Incluso se han hecho planes sobre cómo reorganizar la actividad para aislar el negocio catalán del resto en una situación extrema. Los bancos, que tienen la necesidad imperiosa de operar desde dentro de la zona euro, estarían listos para mover su sede si se llegara a lo peor.

Pero no se llegará a lo peor. Saben que el insensato voluntarismo secesionista no vencerá al Estado con todo su poder. Se ve con incomodidad un escenario de alta tensión política, pero no se cree que en cuestión de semanas vaya a haber una frontera, una Hacienda catalana, menos aún un Ejército como el que dice Puigdemont que les hará falta (¿para defender su integridad territorial?).

No sería la primera vez que el mercado se equivocara en sus cálculos, pero hoy por hoy los pronósticos son unánimes. Si España de verdad estuviera a punto de la secesión de su comunidad más rica (18,9% del PIB), y fuera a perder por completo la recaudación fiscal que aporta, el Estado estaría a un paso de un ajuste brutal, si no de la suspensión de pagos. ¿Qué opinan de eso los inversores? Están tan tranquilos que compran títulos del Tesoro a tipos mínimos (1,5% a diez años) o incluso negativos (-0,3% a dos años), es decir, que pagan para que el Estado amenazado de ruptura inminente les guarde el dinero. Y no prestan un euro a Cataluña, pero más por insolvente que por rebelde.

“Si los inversores se lo creyeran [la independencia] estarían vendiendo España como locos y no es así”, nos dijo esta semana un gestor. Fitch tachó de “poco verosímil” la secesión, aunque le preocupa, a quién no, el conflicto político. Y apunta como solución una mejora de la financiación de Cataluña. No bastaría, pero ayudaría.

Otro indicador de la confianza empresarial en que no habrá ruptura es que se ha mantenido con vigor la inversión extranjera en Cataluña: más de 5.000 millones en 2016. Si hay otras inversiones paradas hasta que se aclare el panorama no se puede demostrar, aunque así lo cree la CEOE. La inyección desde las multinacionales no llegaría si se pensara que este mismo otoño Cataluña estará fuera no solo de España, sino de la UE. Nada espanta al capitalismo como la inseguridad jurídica.

Por suerte, Cataluña no va por el camino de Irlanda. No se prevé una escalada de violencia que no desea ninguna de las partes. Sin embargo, hay señales de grietas en la concordia social. Como esa campaña de la CUP cuyo lema despierta escalofríos: Assenyalem-los. Señalémoslos. A los “colaboracionistas” (así se les llama en el libro Perles catalanes) y a los “equidistantes” (gente como Jordi Évole). O como la utilización de la manifestación contra el terrorismo, tras los brutales atentados, para lucir las esteladas y abroncar a las autoridades del Estado. También daña mucho su causa la foto de esa diputada quitando con rabia las banderas españolas dejadas por la oposición, junto a las catalanas, en sus escaños vacíos.

Por pacíficas que sean las vías del secesionismo, dinamitar la legalidad que ha hecho posible la democracia, el autogobierno y la convivencia de que tanto se presume en Cataluña es irresponsable. Basta de jugar con fuego. La historia reciente nos da ejemplos trágicos.

Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.

Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.

Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de "escenarios institucionales alternativos". No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.

Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política

El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de la independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.

Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.

Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprés anunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma "suprema" supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del "sí", así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos ("el primer derecho", llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.

Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.

Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: "Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada".

De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.

Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.