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Los procesos de privatización en la enseñanza
(contribución del CBG a la revista Tempora, Facultad de Sociología, Universidad de La Laguna)
(Agosto 2013)
RESUMEN
Las políticas neoliberales, impulsadas por organismos internacionales (FMI, OCDE, OMC, UE), vienen desarrollando desde hace tiempo una ofensiva contra los servicios sociales a fin de reducir el gasto público y proceder a su progresiva privatización. Esta política también afecta a los sistemas de enseñanza. Las continuas “reformas” educativas se orientan hacia una redefinición de los fines de la educación. De ser considerada un derecho universal de las personas para su propia formación y el ejercicio de la ciudadanía, se reduce a mero instrumento de la competencia económica. La introducción de formas de “gestión empresarial”, formas de copago o simple privatización de servicios y sectores enteros de la enseñanza, se acompaña con una transformación de los contenidos curriculares para adaptarlos a las exigencias de flexibilidad y cambios incesantes del mercado laboral.
El Estado español no se ha sustraído de tales influencias. Dentro de ellas hay que entender, al margen de los discursos retóricos, los resultados efectivos de las “reformas” educativas. Las hipotecas heredadas del régimen anterior, el mantenimiento de los privilegios confesionales y de un sistema fragmentado en diversas redes de enseñanza, permiten ahora partir en condiciones de ventaja para el nuevo impulso privatizador generalizado. Además de reducciones severas en los presupuestos con el pretexto de la “crisis”, se avanza hacia la desregulación del sistema educativo y a relegar el sector público a un papel subsidiario dentro de un mercado diferenciado de ofertas y demandas educativas. Sin ser novedad, la LOMCE del ministro Wert viene a profundizar esa orientación y las consiguientes desigualdades sociales.
Por una solución democrática de la enseñanza
"Marea Verde" y Proceso Constituyente
(Abril 2013)
La destrucción de la Escuela Pública, y a la vez de las condiciones profesionales y laborales del profesorado, sigue a un ritmo vertiginoso.
La LOMCE viene a legalizar aún mayores retrocesos. Las nuevas propuestas sobre organización y dirección de los centros -en las que se inscriben las medidas que acaba de anunciar la CM para precarizar aún más la situación de los interinos- apuntan a una desregulación total de la función docente (acceso, antigüedad, traslados, retribuciones…) y de la función pública en general.
Lo que está sucediendo en la enseñanza no es una excepción. El conjunto de las prestaciones y servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, transportes,…) está en vías de desmantelamiento y privatización. Son los derechos y las condiciones de vida y trabajo de la inmensa mayoría de ciudadanos lo que hoy se pone en cuestión.
LA LEY WERT “DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA”
¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?
(Noviembre 2012)
Muchas de las críticas publicadas hasta ahora han incurrido en el error de analizar el anteproyecto de ley al margen del conjunto de medidas ya adoptadas por los gobiernos central y autonómicos en todos los ámbitos del sistema educativo (recortes de presupuestos y plantillas, aumento de horas lectivas del profesorado, grupos más numerosos, supresión de medidas compensatorias, disminución de becas, subida de matrículas etc. y, como consecuencia lógica, nuevos avances en el proceso de privatización).
Por otra parte, este conjunto de medidas deben entenderse dentro del contexto más general del plan de “austeridad” asumido ahora por Rajoy y antes por Zapatero, bajo la presión de instancias internacionales encabezadas por la "troika" FMI, UE y BCE. Todos ellos dirigidos a la destrucción acelerada de servicios públicos y de conquistas sociales. Planes ya viejos en las altas instancias europeas, pero actualizados y acelerados ahora bajo el pretexto de la "crisis" y del aumento de la deuda soberana resultante de la socialización de las deudas y desfalcos privados.
Pero el hecho de subrayar la continuidad con las políticas anteriores no quita para destacar la dimensión, hasta ahora inédita, de la política destructiva llevada a cabo por el PP en los últimos meses, en particular en educación, y en general en todos los servicios públicos. De hecho, la pretendida reforma educativa del PP ya ha recorrido un inmenso trayecto tras los enormes retrocesos impuestos en un tiempo record a logros históricos que, aunque algunos consideramos parciales e insuficientes, fueron fruto de largas luchas en el terreno educativo.
SEPTIEMBRE 2012, UN COMIENZO DE CURSO DISTINTO:
HACIA LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA GENERAL INDEFINIDA
(9 de septiembre de 2012)
1. La experiencia del pasado curso
Aunque la política general de recortes ya se había iniciado bajo Zapatero, ha sido el gobierno de Rajoy el que ha hecho de ella el eje principal de su Gobierno y fue Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quién decidió el pasado curso utilizar la enseñanza madrileña como banco de prueba para las propuestas más ultraneoliberales de actuación ante la "crisis".
La respuesta del profesorado madrileño fue ejemplar, arrastrando a amplios sectores sociales en defensa de la enseñanza pública contra unas agresiones hasta entonces inéditas. Quien más quien menos ha hecho su propio balance de esa experiencia y de sus resultados. Para muchos, el resultado de la experiencia del curso pasado fue frustrante: se tuvo y se perdió, por la pacata actitud de los sindicatos mayoritarios, la oportunidad de vencer a la Consejería de Educación de la CM y de echar atrás las instrucciones de principios de curso. L a prolongación del conflicto y la intermitencia de las huelgas en Secundaria, la escasa generalización a otros niveles de la enseñanza y el callejón sin salida a que llevó la ilusa política "negociadora" de los dirigentes sindicales, terminó por malograr un potente movimiento al que faltó la suficiente extensión, autonomía y contundencia para culminar exitosamente ese primer embate. Tal análisis justifica sobradamente la posición de un sector de vanguardia de los enseñantes que considera que sólo una actitud de verdadera fuerza puede obligar a nuestros gobernantes a cambiar su política educativa.
LA ENSEÑANZA Y LA HUELGA GENERAL
(24 de junio de 2012)
Llegamos al final de un curso intenso y plagado de acontecimientos de inusitada trascendencia. Amenazas al sistema educativo, que venían de largo, han cobrado realidad con un ritmo y dureza impensables hasta ayer. Pero también ha sido sorprendente la masividad y perseverancia del movimiento en defensa de la Enseñanza Pública, protagonizado por amplios sectores del profesorado y de la población. La “marea verde” se ha extendido por todos los rincones del país y es un activo muy valioso como punto de apoyo para encarar las batallas, aún más duras, por venir. Hay una experiencia de lucha y unidad que nos permitirá, en la próxima ocasión, no partir desde cero ni repetir -esperemos- los mismos errores.
Su origen y mayor desarrollo lo tuvo en la Comunidad de Madrid, de ahí que sea en ella donde los escasos resultados obtenidos han suscitado una viva discusión en torno a los aciertos y debilidades de una movilización tan importante y constante. Algunos seguimos pensando que en su momento, dada la amplitud de las fuerzas movilizadas y la coincidencia con un periodo preelectoral, fue posible echar atrás, en todo o en buena parte, la agresión que Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar habían orquestado contra la enseñanza pública, con el fin de constituirse en ejemplo y referencia para el gobierno central y el resto de Comunidades Autónomas. El cansancio por un largo proceso de huelgas intermitentes, el aislamiento del conflicto y, finalmente, el callejón sin salida al que llevó el señuelo de una negociación ficticia, terminaron por malograr ese primer pulso. A estas alturas de la historia, sin menospreciar la utilidad de las experiencias acumuladas y de los diferentes balances que podamos hacer, se trata de agua pasada. En todo caso, mirando a lo que se nos viene encima, resulta estéril instalarse en el lamento de lo que pudo haber sido y no fue o esperar que se reproduzcan, sin más, situaciones y condiciones anteriores.
Ahora pasamos por otro momento. Con un país al borde de la intervención directa desde el FMI, la UE y el BCE, y un gobierno que ya obra a su dictado sin reparar en medidas “antipopulares”, nos enfrentamos, también en la enseñanza, a una situación nueva, en continuidad con la anterior, sin duda, pero con distinta dimensión y alcance.
LAS TRAMPAS A LA "MAREA VERDE"
(19 de mayo de 2012)
Desde el inicio del curso 2011/12 se han producido tantos acontecimientos que es difícil recapitular y, como consecuencia, reconsiderar algunas de las formas de entender lo que está pasando.
Ya no se le escapa a nadie que la crisis es una excusa para recortar derechos sociales e individuales a los ciudadanos. Pero cabe preguntarse si hemos estado atentos a los mensajes que recibimos o emitimos en función de la situación y de las circunstancias concretas.
En el mundo de la educación y concretamente en Madrid, se ha producido un movimiento que abrió algunas de las esperanzas perdidas y que motivó a muchos trabajadores de la enseñanza y a los sectores sociales implicados a rechazar las medidas que se han ido adoptando y a reaccionar con huelgas y movilizaciones diversas. En este ambiente se han dado momentos de especial unión entre los afectados, independientemente de ideologías o intereses particulares. Los trabajadores se sintieron orgullosos, con razón, de estar defendiendo algo mucho más importante que unas condiciones concretas de trabajo como la jornada lectiva y se lanzaron a la calle a defender la escuela de todos para todos. Pero la trampa en la que se podía caer al elevar tanto la mirada podía suponer no ver lo cercano, una cierta presbicia que conviene corregir.
¿A DÓNDE APUNTAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS DEL GOBIERNO DEL PP?
(25 de marzo de 2011)
El ministro José Ignacio Wert, desde el primer día de su nombramiento, no ha parado de hacer declaraciones apresuradas sobre los propósitos (y despropósitos) del gobierno del PP en materia educativa. En una primera impresión, las medidas anunciadas en cascada pudieran parecer improvisadas y faltas de racionalidad. Pero, tal vez, esa puesta en escena -como la representada por el conjunto del gobierno y, en particular, por los ministros económicos- tengan una intención premeditada. Pretenden, ante todo, producir miedo y desconcierto en el “enemigo” (los simples ciudadanos), crear un cierto estado de shock -como lo describe Naomi Klein en su conocido libro-, que logre paralizar cualquier tipo de respuesta y preparar el terreno para encajar golpes que, uno a uno o en condiciones normales, levantarían fuertes resistencias.
En el caso de la enseñanza, se trata de desarmar ideológica y moralmente al conjunto de la sociedad, y en particular al profesorado, respecto a las demandas, largo tiempo asentadas, acerca de una educación pública, gratuita y accesible para todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante. Quieren transmitir la idea de que se impone y se impondrá (“haremos lo que hay que hacer”) un cambio profundo de todo el sistema educativo, dando por sentado que el actual es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado laboral y, sobre todo, insostenible en tiempos de “crisis”, austeridad y recorte “obligado” del gasto público: cualquier situación presente, garantías y derechos, pueden ser sometidos a revisión y revocados de la noche a la mañana.
LA HUELGA DE LA ENSEÑANZA MADRILEÑA
BALANCE Y PERSPECTIVAS
(31 de diciembre de 2011)
Tras una larga y rica experiencia de lucha, la mayoría de quienes han participado, derrochando entusiasmo y esfuerzos continuados, se hace dos preguntas fundamentales: ¿De qué ha servido lo que hemos hecho? y ¿Qué posibilidades de continuidad y de éxito hay en el futuro inmediato?
Haciendo más explícitas estas preguntas:
Después de tres meses de huelgas y movilizaciones, a pesar de las dimensiones que ha cobrado un movimiento tan amplio y perseverante, de la imparable “marea verde” que ha logrado aglutinar a profesores, alumnos, padres, etc. ¿Por qué no se ha conseguido hacer retroceder al gobierno de la Sra. Aguirre ,?
Si no ha sido la voluntad de lucha y la determinación ¿Qué ha faltado a nuestro movimiento para salir airoso?
Partiendo de un altísimo porcentaje de seguimiento en la huelga y con masivas y reiteradas acciones en la calle ¿Por qué la movilización se ha visto abocada a un declive paulatino y falto de perspectiva?
REMOVER OBSTÁCULOS
ABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA
(9 de noviembre de 2011)
Ya entrado el mes de noviembre y comenzada la campaña electoral, los profesores de Secundaria de Madrid han seguido hasta ocho convocatorias de huelga, contando las dos últimas con la incorporación de un número significativo de centros de Infantil y Primaria. Para la semana anterior a las elecciones generales del 20-N, coincidiendo con la nueva convocatoria -aceptada finalmente por CCOO, FETE-UGT, STEM y CGT-, se anuncian también huelgas y movilizaciones en las universidades de Madrid y Cataluña.
¿Cuál es el reto del momento presente?
Hay quienes llevan tiempo tratando de limitar el alcance del amplio movimiento con el que se ha iniciado el nuevo curso. Les parece que ya ha ido demasiado lejos y que resulta difícil de controlar. Buscan con denuedo el autocumplimiento de las previsiones más derrotistas y tocan a retirada a la menor muestra de debilidad, en gran parte provocada por ellos mismos. En estos momentos, tampoco ayudan mucho al éxito de la lucha los sectarios de turno, enzarzados en una estéril presión sobre las direcciones sindicales, evitando, a su vez, que los delegados elegidos asuman sus propias responsabilidades para organizar, dirigir y ampliar el proceso de huelga. De poco sirve la apariencia de radicalidad, cuando consiste en encerrarse en posiciones minoritarias y numantinas, en lugar de volcar sus esfuerzos en el objetivo prioritario de sumar a más compañeros y extender la movilización a otros sectores de la enseñanza. Y, sin embargo, ahí, en la intensificación del seguimiento de la huelga y su extensión a otros sectores, radica el problema fundamental al que nos hallamos confrontados. De su solución depende que el fiel de la balanza se incline en uno u otro sentido.
¿LIQUIDAR O GENERALIZAR LA HUELGA DE ENSEÑANZA?
(Octubre de 2011)
Hacía mucho tiempo que no se veía en la enseñanza la decisión y masividad que ha demostrado la huelga de los profesores de Secundaria en la Comunidad de Madrid. La movilización por la retirada de las “Instrucciones” de comienzo de curso ha contado además con un fuerte apoyo social, de padres y alumnos, conscientes de que las "instrucciones" suponen no sólo una agresión a los docentes, sino también a las condiciones mínimas para el funcionamiento de los propios centros educativos y, en definitiva, un grave atentado al derecho a la educación. Incluso la mayor parte de los medios de comunicación se han visto obligados a hacerse eco de las razones de peso que asistían a la “marea verde” de miles de huelguistas y manifestantes cuando denunciaban el riesgo de desmantelamiento de la “Escuela de todos y para todos”. El momento, por lo demás, favorecía las expectativas de éxito, en tanto que la cercanía del periodo electoral podía actuar como factor disuasorio para el enrocamiento de unos responsables políticos (Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar, en primer término), a quienes tampoco convenía verse envueltos en un serio y largo conflicto.
La unidad inicial de los trabajadores y de las organizaciones sindicales del sector propició que las asambleas de centros y zonas garantizaran un seguimiento excepcional y el convencimiento de que, esta vez sí, las decisiones se tomarían “de abajo arriba” y que el cómo y el hasta dónde de la movilización estarían en manos de sus protagonistas. El seguimiento de las convocatorias de los días 20, 21 y 22 de septiembre y del 4 y el 5 de octubre, de las numerosas concentraciones y manifestaciones centrales, y también de las de barrios y pueblos, han dejado claro la voluntad firme de mantener la lucha hasta conseguir los objetivos asumidos por todos.
Pero todo esfuerzo sectorial, para ganar, necesita tener una perspectiva clara de continuidad y extensión, así como la confianza en que van a ser respetados los principios democráticos que deben presidir la organización y el proceso de huelga. Y eso es lo que ha empezado a resquebrajarse.
La continuidad ha quedado en entredicho con la subordinación de algunos dirigentes sindicales a sus dependencias económicas y políticas, lo que les ha llevado a poner por delante el respeto a la “campaña electoral” y a ofrecer una tregua a quienes siguen mostrando su olímpico desprecio por lo que acontece en la escuela.
La unidad y la mutua confianza empiezan a quebrarse cuando, unos antes y otros después, esos mismos dirigentes (que no la mayoría de sus afiliados de base, que siguen codo con codo al lado de sus compañeros en los centros) se desvinculan de las decisiones de las asambleas, y contraponiendo el consenso “intersindical” a la unidad de los trabajadores, prefieren abandonar al movimiento a su progresivo debilitamiento.
Pero, sobre todo y es lo más decisivo en este trance, el esfuerzo de un sector, que en esta ocasión ha sido el primero en responder a la agresión, se ve condenado al agotamiento si se queda aislado y sin un horizonte de extensión para recoger nuevos bríos, sumar fuerzas y ampliar objetivos.
Todos los sectores de la educación están sufriendo ataques (incluso los trabajadores de los centros privados o subvencionados). Los recortes sólo pueden ser frenados si hay una respuesta global y unida del conjunto de la enseñanza, desde la primera etapa de infantil a la universidad. Lo que está al orden del día es la Huelga General de toda la enseñanza, porque toda ella está amenazada. Pasan al primer plano de la actualidad su preparación y su convocatoria, retomando la unidad y los procedimientos democráticos que han estado en el origen y el impulso inicial de la huelga de la Secundaria. Ahí se encuentra de nuevo la responsabilidad de las organizaciones de profesores, de padres, de alumnos y de los ciudadanos preocupados por el porvenir de la educación, para recomponer la fuerza y la unidad imprescindibles para la continuidad y el éxito de la movilización.
En esa dirección se inscribe la convocatoria, por parte de la Asamblea regional de representantes de centros y zonas de Secundaria, de una Asamblea Abierta a todos los sectores para el día 20 de octubre (convocatoria incluida más arriba), que pugna por mantener viva la llama de la lucha emprendida y la democracia interna que todo movimiento necesita para preservar su unidad. A sumarse a ella están convocadas todas las organizaciones sindicales y ciudadanas dispuestas a defender el derecho universal a la educación, hoy en grave peligro.
De forma inmediata, lo que está planteado es la liquidación paulatina de un potente movimiento de huelga o, por el contrario, su reforzamiento con la generalización, sobre la base de recuperar la unidad y la democracia. Esa es la disyuntiva.
Colectivo Baltasar Gracián
15 de octubre de 2011
HUELGA Y DEMOCRACIA EN UN TRANCE DECISIVO
(Octubre de 2011)
Los brutales recortes en educación con los que se ha iniciado el curso en varias Comunidades Autónomas han levantado una verdadera alarma y contestación social. Se extiende la conciencia de que está en peligro, cierto y cercano, algo tan serio como la pervivencia de la Enseñanza Pública y las mínimas condiciones para garantizar el derecho democrático a la educación (como también sucede con la sanidad).
La fragmentación actual del sistema educativo y la artificial división creada en relación a las diferentes demarcaciones territoriales, a los medios materiales, a la situación de las distintas etapas educativas y del propio profesorado, se alzan como un verdadero obstáculo para lograr la unidad y fuerza necesarias que permitan echar atrás la cadena ininterrumpida de agresiones a la Escuela Pública y, de forma urgente, el último mazazo que suponen las “instrucciones” de Aguirre y Figar, como ejemplo a seguir en el resto de Comunidades.
No obstante, ese cúmulo de dificultades y la cínica llamada a la resignación en nombre de la “crisis”, no han impedido que buena parte del profesorado, arrastrando también a amplios sectores sociales, se hayan lanzado a una movilización sin precedentes, particularmente en la Comunidad de Madrid.
El proceso de huelga iniciado los pasados días 20, 21 y 22 y las masivas movilizaciones demuestran la disposición mayoritaria a entablar un verdadero pulso a la Consejería de Educación y echar atrás los recortes y demás medidas destinadas a degradar aún más las condiciones de la docencia en la Educación Pública , en todas sus etapas y niveles. Es su desarrollo y no el anuncio de una paulatina retirada lo que debe centrar todos los esfuerzos y el mensaje a transmitir a un enemigo hasta ahora enrocado en su arrogante intransigencia.
Pero el éxito de la huelga en Secundaria y demás expresiones de lucha, así como su extensión al conjunto de la enseñanza, depende de que realmente fragüe la unidad y mutua confianza entre los trabajadores de la enseñanza y las organizaciones que dicen defender sus intereses y los de la Escuela Pública . Las organizaciones sindicales son una conquista democrática de la clase obrera, instrumento para la defensa de sus derechos y nunca deberían tener intereses distintos y enfrentados a quienes dicen representar.
Estamos en un momento crucial para el inmediato porvenir del movimiento de huelga y resistencia. Y la clave no es otra que el respeto escrupuloso a la DEMOCRACIA que debe desarrollarse en su seno, para que los miles de profesores, alumnos y ciudadanos en lucha, asuman su propio compromiso y responsabilidad.
Esa unidad y fuerza imprescindibles para vencer no se consigue oponiendo el “consenso sindical” al movimiento real y democrático de los profesores que se reúnen en asamblea, discuten los problemas y toman decisiones acerca de la huelga y demás formas de lucha en las que se han comprometido. Los delegados de centro y zona constituyen, junto con los representantes sindicales que convocan y apoyan lealmente la movilización, el auténtico entramado del Comité de Huelga que debe decidir el cuándo, el cómo y hasta dónde de la movilización en marcha, respetando las decisiones tomadas democráticamente por sus auténticos protagonistas: los huelguistas, en primer lugar, y los sectores de la población (alumnos, padres, ciudadanos,…) que se suman a la lucha emprendida. Ellos también deben integrarse en los comités de huelga de centro, barrio y zona para el impulso y extensión de la movilización ciudadana.
En todo caso, y cualquiera que sea el nivel de extensión, los huelguistas deben tener representación directa en el Comité Regional de Huelga, al lado de los representantes sindicales que públicamente expresen su apoyo y respeto a las decisiones tomadas democráticamente. Sólo así quienes protagonizan y afrontan el costoso esfuerzo de una huelga la asumirán como propia, sabedores de que está en sus manos la decisión última sobre los objetivos de lucha y negociación.
Quienes ponen en duda la representatividad de los delegados elegidos por sus compañeros, los quieren diluir en asambleas de amalgama circunstancial o pretenden reducirlos a meros comparsas (con la simple función de dar datos), están poniendo en peligro la unidad que todos estimamos imprescindible. El nivel de organización y coordinación alcanzado a partir de las asambleas de los centros y zona es la mejor garantía de que las decisiones tomadas colectivamente puedan ser aceptadas y seguidas por todos, sin recurrir a métodos de confusión y disgregación como las encuestas anónimas e individuales, que a nada comprometen.
Esta es la tarea urgente del momento: la configuración de un verdadero Comité de Huelga en el que la presencia de sus protagonistas sea garantía del seguimiento masivo y control democrático exigidos para lograr los objetivos comunes.
Colectivo Baltasar Gracián
1 de Octubre de 2011
Aguirre lanza el mayor ataque al profesorado y a la Escuela Pública
(Agosto de 2011)
De un tiempo a esta parte, dejando a un lado cualquier escrúpulo democrático, gobiernos de diverso color y ámbito vienen recurriendo de continuo a una mala práctica política: eludir la discusión y negociación de temas trascendentales con el uso fraudulento de normas legales menores para colar medidas de asunto distinto y alcance superior. Es lo que han hecho, aprovechando el verano, Esperanza Aguirre y Lucía Figar, su prepotente Consejera de Educación, a través de las habituales y en apariencia meramente técnicas “Instrucciones sobre el Comienzo del Curso Escolar 2011-2012”.
Como quien no quiere la cosa, entre fechas para el inicio de las clases, referencias a los currículos en vigor y simples normas organizativas de los centros, se introducen en ellas, sin previo aviso ni negociación, graves recortes en las plantillas del profesorado (sumados a los ya efectuados el curso anterior), con un sustancial incremento de su horario lectivo y, por consiguiente, del número de alumnos a atender, afectando también a tareas de coordinación así como a desdobles de grupos y medidas compensatorias, imprescindibles para garantizar una mínima calidad educativa y la atención debida al alumnado con o sin dificultades. En el colmo de la provocación, las citadas instrucciones eliminaban la tutoría de grupo, convirtiendo en retribución a la “productividad” el tiempo que un profesor dedicara a la acción tutorial individualizada fuera de horario lectivo.
Aunque este último tema haya sido el que mayor contestación ha suscitado entre padres y pedagogos, al final y como era de prever, ha sido utilizado como elemento de diversión, sujeto a matizaciones posteriores, con tal de imponer lo que realmente importa: recortar el gasto público en un servicio tan fundamental como la educación a costa de reducir personal (más de 3.000 interinos se quedarán en la calle), empeorando las condiciones laborales y profesionales de los docentes y, en consecuencia, la calidad de la Enseñanza Pública. Como nadie puede ignorar, este nuevo paso en el ya largo proceso de deterioro de lo público contribuye de rebote al confesado propósito de avanzar en su privatización. Al igual que en el caso de la sanidad, el mensaje es claro: lo público no da para más y aún dará menos; si los padres quieren calidad, que se lleven el niño a un centro privado y paguen.
Pese a las fechas escogidas para su publicación, la reacción indignada del profesorado y de sectores comprometidos con la defensa de la Escuela Pública ha sido inmediata. El 20 de julio más de mil profesores abarrotaban el salón de actos del IES Beatriz Galindo exigiendo la retirada de tales medidas y proponiendo, en caso contrario, la convocatoria de una huelga real y efectiva que impida iniciar el curso en tales condiciones. Una decisión de lucha que se ratificó nuevamente en la masiva asistencia a la asamblea convocada por el Consejo Regional de Plataformas en defensa de la Escuela Pública el día 26 en el IES San Isidro.
Las medidas ya anunciadas por sindicatos e integrantes de dichas plataformas de cara a la movilización incluyen una asamblea general y decisoria el 31 de agosto, asambleas y claustros los días 1 y 2 de septiembre en los centros, concentración el día 7 ante la Consejería de Educación, jornada de lucha y manifestación multitudinaria el día 14. El tema central de si lo que se inicia el día 14 es una huelga y su modalidad queda pendiente de lo que se proponga y apruebe en las asambleas previstas. Está por ver si el respeto a las decisiones “de abajo arriba”, al que se comprometieron los representantes sindicales en alusión a los métodos del 15M (reconociendo de alguna manera su responsabilidad en fiascos anteriores), se hace carne y sangre de esta movilización que arranca con nueva fuerza desde el primer momento. Porque unidad y democracia son imprescindibles para conseguir echar atrás el órdago propuesto para este inicio de curso.
El pulso entablado es serio y las circunstancias excepcionales. Esperanza Aguirre, en pleno periodo preelectoral, avanza “sin complejos” el anticipo de la línea en que el PP pretende solucionar los problemas de la “crisis”. Por si algún iluso pensaba otra cosa, queda claro que para no tocar los intereses de quienes no sólo la provocaron sino que se están beneficiando de ella, el peso del desaguisado ha de recaer sobre los de siempre, disminuyendo salarios y todo tipo de prestaciones sociales, empezando por las de mayor coste público, como son la sanidad y la educación. Es también la política asumida por el gobierno “socialista” en el último periodo, siguiendo los dictados de poderes antidemocráticos propios y ajenos; es la misma que están aplicando, cada uno a su manera, los gobiernos autonómicos de todo signo; y es su profundización lo único que tienen en mente los candidatos a formar nuevo gobierno, en tanto comparten la sumisión esclava a lo que han dado en llamar “los mercados”, de cuya insaciable voracidad y exigencias destructivas están dando muestras sobradas estos días. Es la misma y grosera coartada, utilizada por nuestros gobernantes y los organismos internaciones (FMI, OCDE, UE, BCE,…) a los que se pliegan, con el objetivo descarado de imponer un retroceso social histórico, porque todos sabemos dónde están las responsabilidades, que son posibles otras políticas, otras fuentes de donde incrementar recursos públicos y otros capítulos donde recortar gastos.
Estamos ante el enfrentamiento puro y duro de dos lógicas contrapuestas: la del máximo beneficio de unos pocos, sin reparar en medios incluso a costa de arruinar la vida de muchos, de una parte, y la aspiración de la mayoría a vivir dignamente y no retroceder en los derechos democráticos penosamente conquistados por decenios de lucha, de otra. Hay momentos en que el relato ya no es de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que nos toca de cerca y es imposible escabullirse. Corresponde al profesorado, en primer término, y al resto de la llamada “comunidad educativa” (si realmente padres y alumnos son sensibles a los intereses comunes y generales en juego), plantarse y dar un NO rotundo a las provocadoras medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid contra la Enseñanza Pública.
A favor de la lucha por la que ya se han pronunciado muchas voces en la enseñanza madrileña, está la creciente contestación que las medidas de recorte están provocando en otras comunidades y la perspectiva abierta, ante la parálisis sindical, por la movilización popular reflejada en movimientos como el del 15M y otros paralelos (parados, hipotecados, estudiantes,…) que apuntan a una respuesta unida y central contra el conjunto de ataques a las condiciones elementales de vida y trabajo. También juega a su favor la cercanía de unas Elecciones Generales que no permiten a ninguna de las fuerzas políticas interesadas descubrir sus cartas antes de tiempo y enredarse en un conflicto de amplia repercusión social.
Aunque los motivos inmediatos del rechazo a las medidas decretadas parezcan reducirse a meras reivindicaciones laborales y a elementos circunstanciales del ámbito educativo, nadie puede negar el carácter eminentemente político que adquiere cualquier posición de resistencia en el contexto presente: cuestiona las salidas antisociales que se quieren dar a la crisis y desvela las verdaderas intenciones de aquellos responsables políticos que tratan de ocultarlas tras un discurso plagado de ambigüedades y demagogia. En estos momentos, toda lucha, por limitada que sea en sus comienzos, apunta a la necesidad de unir esfuerzos con otros sectores y generalizar el enfrentamiento con una política que está golpeando sin cesar en todas partes y a la mayoría de la población. Cualquiera que sea su dimensión, se inscribe en la perspectiva de una Huelga General que obligue a los gobiernos, central y autonómicos, a retroceder y cambiar el signo de sus decisiones políticas. Por tanto, se quiera o no, la confrontación en ciernes tiene en sí un gran alcance político. De ahí su importancia y la seriedad con que es preciso abordar el tema.
Las “Instrucciones” de Aguirre, como hemos señalado, afectan directamente al profesorado pero también a la propia Enseñanza Pública, pese a la justificación demagógica de las medidas como simple exigencia a los docentes de “trabajar más en tiempos de crisis”. Sin menoscabo del derecho que asiste a los trabajadores de la enseñanza, como a los de cualquier otro sector, a salir en defensa de sus condiciones laborales y profesionales, su respuesta puede y debe encontrar el respaldo de amplios sectores de la población que son también conscientes de que lo que está en juego es el propio derecho a una educación pública y de calidad. No serán las simples protestas, medidas de paños calientes o pintorescas “ocurrencias” (huelgas a la japonesa, de celo, encierros,…), lo que puede echar atrás la provocación de la Consejería de Educación. En las dos asambleas celebradas en julio la propuesta más aplaudida fue que “en esas condiciones no se empieza el curso”. Eso tiene un nombre: huelga que paralice el sistema educativo hasta conseguir la retirada de los recortes incluidos en dichas “Instrucciones”. Si permitimos que la maquinaria escolar se ponga en marcha con los nuevos rotos y averías que introducen estas “Instrucciones”, será más difícil pararla y demostrar su inviabilidad (y la Consejería concluirá que todavía es posible dar una vuelta de tuerca más).
Evidentemente, para el éxito de una huelga en el ámbito escolar hace falta que la hagan suya la mayoría del profesorado y que la acompañe una verdadera movilización social. En esa dirección apuntaban las propuestas organizativas “de abajo arriba”, que sin eludir las responsabilidades de las organizaciones sindicales y ciudadanas de cara a una convocatoria nítida y decidida, ponían el acento en las asambleas de los centros, en la constitución de comités de huelga conjuntos y su coordinación por barrios y zonas, el apoyo de estudiantes y padres de alumnos, el respeto a las decisiones tomadas democráticamente. Pero eso no se consigue con medias tintas y chantajes al estilo de esos padres, presuntamente defensores de la Escuela Pública , que proponían en todo caso “una huelga compatible con los derechos de los alumnos”, entendiendo por ello centros abiertos, los alumnos dentro y los profesores entreteniéndolos con distintas actividades “aunque no se dé el currículo”. Ya hemos comprobado lo poco que importa a los responsables políticos de la educación qué se hace en las aulas mientras se mantenga la apariencia externa de “orden”. El derecho de los alumnos (y de sus padres), como dijo un representante de los estudiantes, es a tener una educación pública de calidad; y para lograrla –y no aceptar un mayor deterioro- lo que se precisa ante estas nuevas medidas que colman el vaso de la provocación es una huelga real con todas las consecuencias que tienen las huelgas reales, no los meros amagos o protestas puntuales para volver al día siguiente a la “normalidad”, perfectamente asumibles por la autoridad competente.
Ese es el reto. El éxito o el fracaso no están escritos de antemano. Pero es nuestra responsabilidad intentar, con la unidad y decisión necesarias del profesorado y de todas las organizaciones que dicen defender la Escuela Pública , poner todos los medios a nuestro alcance para que esta nueva agresión “no pase”.
Colectivo Baltasar Gracián
Visita del Papa a Madrid
Defender el laicismo del Estado y de la Escuela
(Junio 2011)
El Cardenal Rouco Varela declaraba días atrás, aludiendo a los jóvenes del 15M, que “se encuentran con sus vidas rotas, y si las soluciones temporales y materialistas no funcionan, como no están funcionando, el fracaso está servido, y la rebelión también, y el desconcierto todavía más” . Su diagnóstico y solución no dejan de ser sorprendentes: “ no conocen a Dios, no conocen a Cristo (…) , la imagen amable y cercana de Dios, de un Dios que va a tu encuentro y te coge la mano para salvarte" . Esa es la propuesta de “salvación” que, con toda clase de medios puestos a su disposición, viene a ofrecer el Papa Benedicto XVI en la mal llamada Jornada Mundial de la Juventud (porque sólo atañe a sus jóvenes partidarios católicos) ante la crisis bestial económica, social y política que afecta a millones de seres humanos y a la juventud en particular.
Pero, por aberrantes que nos puedan parecer estas y otras ideas saludadas y difundidas en los medios ultrarreaccionarios de nuestro país, se debe reconocer al Cardenal y al Papa el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus creencias y convicciones, a reunirse con sus adeptos y montar para ellos el evento público que les plazca. Lo que no es de recibo es que esos eventos de carácter privado, porque privadas son las creencias por muchos miles que las compartan, sean declarados “de interés público” (sinónimo aquí de estatal) por el Gobierno de un estado que se pretende aconfesional, para así justificar el recibimiento oficial del Papa con un aparatoso boato (incluido el desfile de la Legión ), la subvención con 25 millones de euros de las arcas públicas, las exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones, la prestación gratuita de servicios y funcionarios por la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la apertura de más de 200 centros escolares para alojamiento de los jóvenes seguidores del Papa.
Estamos una vez más ante un atentado intolerable a los principios democráticos más elementales, ante una confusión palmaria del espacio público y el privado, entre Estado e Iglesia, ante el uso de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos para financiar intereses y creencias particulares.
En varios centros escolares de la Comunidad de Madrid, se han aprovechado los últimos claustros del curso para expresar el rechazo del profesorado a la orden proveniente de la Consejería de Educación que obliga la apertura de colegios e institutos en agosto para ponerlos a disposición de los jóvenes “peregrinos” católicos. Máxime, según dice el texto que adjuntamos, “en un contexto de grave crisis económica, en el que los fondos para educación, y para los servicios públicos en general, se reducen notablemente” , defendiendo además que “la escuela Pública debe ser, por su propia naturaleza, universal, laica y mantenerse alejada de cualquier impronta confesional” .
Diversas asociaciones políticas y ciudadanas, defensoras del laicismo que debe infundir al Estado, a las instituciones públicas y, en particular, a la Escuela , han presentado un Manifiesto (que también se adjunta) de rechazo a la implicación de las administraciones y recursos públicos en la visita del Papa y preparan una manifestación para el 17 de agosto con el fin de expresar públicamente la repulsa de los ciudadanos que, creyentes o no, ven incompatible con la democracia la pervivencia de prerrogativas y privilegios concedidos ancestralmente a una confesión religiosa que, con hechos de este estilo, demuestra su vinculación con el poder de la jerarquía de determinadas confesiones religiosas.
Nuestro Colectivo se suma a estas iniciativas y llama a la ciudadanía, y de manera particular al profesorado, a apoyarlas.
Colectivo Baltasar Gracián
El movimiento 15M, otra respuesta a la “crisis”
(Mayo de 2011)
Desde esta página web, que viene alzando su voz en defensa del derecho democrático a la educación, saludamos al movimiento del 15M y unimos nuestro esfuerzo al de tantos miles que exigen democracia real ya .
Asistimos a un acontecimiento que ha irrumpido en la escena política con una fuerza inesperada, sobre todo para los predicadores de la impotencia y la resignación ante lo que llaman efectos inevitables de la “crisis”.
El gobierno en el poder y los que pretenden sucederle se disputan el protagonismo y el grado de audacia en la imposición de recortes al derecho a un trabajo y salario digno, a una casa, a las prestaciones sociales, a la pensión.
Había que decir basta, que no nos representan quienes se inclinan ante poderes que nadie ha elegido, que sacrifican la soberanía de los pueblos a las exigencias de los mercados de las finanzas fraudulentas y de la especulación y están dispuestos a llevarnos a un retroceso social sin límites.
Democracia -por encima del juego trucado de los votos y de la alternancia de políticos corruptos- es responder a las demandas de la mayoría , de los millones de parados, de las incontables familias agobiadas por las hipotecas abusivas, a la precariedad del trabajo y los bajos salarios, a las generaciones de jóvenes sin horizonte ni futuro. Eso es lo que han puesto en el centro las multitudinarias concentraciones en numerosas plazas dentro y fuera de nuestro país.
El humor cáustico habitual de El Roto retrataba de forma precisa la masiva ocupación de la Plaza del Sol por miles de personas de todas las edades, pero con un protagonismo notable de la juventud:
“los jóvenes salieron a la calle, y súbitamente todos los partidos envejecieron”,
decía la leyenda de su ilustración el mismo domingo 22 en El País .
Efectivamente, mientras el circo electoralista superaba records de vaciedad y cinismo, la movilización que ha tomado la madrileña Puerta del Sol como referencia, pese a la espontaneidad y pluralidad de sus expresiones, apunta al verdadero corazón de la democracia: qué intereses se representan y para quién se gobierna.
Es un comienzo, con las fortalezas y debilidades de lo nuevo y a contracorriente de lo oficialmente instituido, y una palanca esperanzadora para la organización de la fuerza de la mayoría que ponga freno a la marea de destrucción social. Su extensión y centralización puede suponer un paso decisivo para arrastrar a muchas otras fuerzas en la exigencia democrática a todos los poderes públicos, desde los municipios a los parlamentos, de medidas urgentes en dirección contraria a las leyes de contrarreforma promulgadas hasta ahora, de ofrecer soluciones reales a los problemas que pesan sobre la mayoría de la población.
A ese esfuerzo queremos contribuir.
Colectivo Baltasar Gracián
PISA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
¿UN NUEVO PARADIGMA?
(Abril de 2011)
El pasado mes de marzo una conocida revista de enseñanza organizaba una mesa redonda con el título “En busca del nuevo profesor” dentro del ciclo más amplio “En busca de un nuevo paradigma educativo”. Con independencia de sus contenidos, la denominación usada como reclamo está en consonancia con los tópicos habituales en el discurso educativo vigente.
¿Por qué un nuevo paradigma y un nuevo modelo de profesor? Planteado en estos términos, no se habla de la necesidad de mejorar un sistema o el desempeño de una función, sino de proponer un salto cualitativo, un cambio de rumbo.
¿Lo nuevo siempre significa progreso? Hoy tenemos sobrados motivos para la alarma. La presente crisis económica y política está provocando situaciones “nuevas” de retroceso social generalizado hasta hace poco impensables. En nombre de los mismos principios neoliberales que la han desencadenado, gobiernos y organismos internacionales pretenden imponer medidas draconianas a la mayoría en provecho exclusivo de una ínfima minoría. Ya no tienen reparo en afirmar que contratos, jornadas de trabajo, salarios, coberturas sociales, pensiones, etc., han de ser sometidos a cambios de claro signo regresivo. Si no media una amplia reacción popular, estamos convencidos de que el “paradigma” de las condiciones de vida y trabajo que espera a nuestros hijos será bastante más negro que el disfrutado por sus padres.
¿No estaremos ante un problema similar en el caso de la enseñanza, un campo que tampoco se ha podido sustraer al tsunami neoliberal que viene arrasándolo todo? ¿Qué es lo que se califica de obsoleto y se quiere sustituir en los sistemas educativos cuando se propone un “nuevo paradigma”?