Nuevo bachillerato: otro debate trucado

Nuevo bachillerato: otro debate trucado

La escena, por repetida, ya nos es conocida. Gobierno y oposición nos tienen acostumbrados, en lo que a la educación se refiere, a la pirueta fácil y a la demagogia simplista. O su interés por un asunto de "tanta trascendencia social" resulta puramente formal, o existe entre ellos un acuerdo de fondo sobre lo que se pretende del sistema educativo, por encima de las trifulcas mediáticas exigidas por el guión de la confrontación política.

La LOE ha desperdiciado una oportunidad de oro para impulsar una verdadera democratización y reordenación de nuestro sistema público de educación. De un lado, la mayor madurez y secularización de la sociedad española exigía un paso decidido en la eliminación de la injerencia de intereses privados y confesionales, que lo vienen lastrando desde el franquismo. De otro, la experiencia acumulada de las anteriores reformas ofrecía suficientes criterios para rectificar los muchos y graves desvaríos pedagógicos y organizativos introducidos con la LOGSE y leyes posteriores. Se presentaba una nueva ocasión -si hubiera habido voluntad- para adoptar medidas serias de rehabilitación de la enseñanza pública y garantizar de esta manera al conjunto de los ciudadanos una formación de calidad, cada vez más fuera del alcance para la mayoría.

Sin embargo, como denunciamos en su momento, una vez aceptadas como intocables la doble red de centros, la financiación pública de la privada y la presencia del adoctrinamiento confesional en centros públicos y privados (con respeto servil a los inaceptables Acuerdos con la Santa Sede), las diferencias han resultado ser mínimas, por agrias que parecieran las discusiones y mutuas descalificaciones. Tampoco han tenido mayor sustancia las propuestas y contrapropuestas en un debate desviado a propósito hacia elementos triviales (promoción de curso con dos o tres asignaturas suspensas, inclusión de alguna nueva materia como Educación para la Ciudadanía, unas u otras medidas de diversificación, apoyo o compensación,…). De nuevo, la montaña ha parido un ratón. Los alegatos disparatados de la Iglesia y de la oposición sobre la mencionada materia, propugnando incluso la objeción de conciencia hacia ella, no viene sino a corroborar la ausencia de medidas de cierta trascendencia en la nueva Ley, así como la artificialidad de las presuntas discrepancias.

Algo parecido sigue sucediendo con los decretos que deben desarrollar la ley y establecer la ordenación y contenidos de las enseñanzas mínimas de cada etapa escolar. El último en aparecer ha sido el proyecto sobre el nuevo Bachillerato. Incluye diversas medidas que merecen ser analizadas más detalladamente, y así lo haremos, junto al resto de decretos, en el próximo número de nuestra revista Crisis. Pero el propio Ministerio se ha encargado de resaltar como "principal" novedad la posibilidad de distribuir las asignaturas del Bachillerato en tres años, para facilitar su conclusión y titulación a los alumnos con más problemas.

Los responsables ministeriales no tienen empacho en decir que así se recoge la petición bastante generalizada de los propios docentes de establecer un Bachillerato de tres años y, de paso, se contribuye a rebajar la excesiva tasa de abandono en la enseñanza secundaria postobligatoria, que nos aleja de los objetivos propuestos por la Unión Europea.

La oposición del PP, por su parte, ha estimado el asunto de suficiente enjundia como para, por una vez, dejar a un lado el monotemático aguijoneo al gobierno y situarlo en el centro de su requisitoria en una sesión de control parlamentario. El Sr. Rajoy, repitiendo lo que unos malos asesores le habían preparado, se despachó afirmando algo tan genérico como que esa medida rebajaba el nivel de exigencia del Bachillerato -cosa discutible-, aduciendo como causa que "permite pasar de curso con la mitad de las asignaturas suspensas", remedando la anterior cantinela respecto a la obtención del Graduado de la ESO, que, en este caso, ni siquiera es cierto.

El problema del Bachillerato LOGSE, tal como hoy se plantea, no estriba en hacer en tres años lo que hoy, teóricamente, se debería hacer en dos. De hecho, ya un buen porcentaje de alumnos emplea tres cursos o los cuatro que permite la ley para acabarlo.

Incluso podemos admitir cierta racionalidad en la propuesta ministerial, una fórmula muy similar a la que ya se aplica en el Bachillerato nocturno y a lo que se lleva haciendo en la mayoría de las carreras universitarias, en las que el alumno puede combinar la recuperación de las asignaturas de un curso con otras nuevas del siguiente, sin necesidad de repetir las ya aprobadas. Evidentemente, el proyecto no dice que con la mitad de las asignaturas de primero suspensas "se pasa de curso", dando por superado el curso, sino que en el año siguiente se podrán cursar, junto con las asignaturas suspendidas de primero otras de segundo para distribuir el conjunto de materias en tres años. Aparte de no eliminar la posibilidad y necesidad de repetir curso para alumnos que no han llegado con la imprescindible madurez y preparación al Bachillerato, es probable que esta medida sirva a otros para adaptar a su ritmo y nivel de dificultades la superación de la etapa.

Pero el Ministerio no lleva razón cuando pretende otorgar mayores virtudes a una medida de carácter más técnico que enmendador de los males de fondo. Menos aún puede decir que así se recoge la demanda de un Bachillerato de tres cursos planteada por muchos profesionales de la educación, como medida parcialmente correctora de los insuficientes resultados de esta etapa.

El verdadero problema del actual Bachillerato es, por una parte, la progresiva disminución de los alumnos que llegan a él (un objetivo conscientemente pretendido por los responsables educativos) y los ínfimos niveles de formación con que llegan muchos de ellos desde la ESO (resultado inevitable dada la "filosofía" educativa y pedagógica instaurada desde la LOGSE). Por otra, en la que también vienen insistiendo las universidades, el bajo nivel de conocimientos, métodos y hábitos de estudio con que salen del Bachillerato para acceder a los estudios superiores, donde se han ido generalizando los "cursos cero" para tratar de resolver carencias fundamentales.

Evidentemente, la solución debería empezar por "dignificar" la ESO, es decir, por garantizar efectivamente -y no con simples manipulaciones estadísticas- que en esa etapa se cubren con rigor al menos los objetivos de instrucción-educación formalmente exigidos. Ahí se debería situar toda reforma que quisiera ser creíble.

En ese marco de la situación realmente existente hay que entender la propuesta surgida entre los docentes de implantar un Bachillerato de tres cursos. Bien favoreciendo una vía optativa en esa dirección en el último curso de la ESO, dada la persistencia de la presión de las autoridades académicas hacia una menor exigencia para la obtención del Graduado, habida cuenta de que su obtención debe ser generalizada. Bien, dando por perdida la batalla de la ESO e incluso de tal vía como tabla de salvación para parte de los alumnos (ante la falsa "igualación" por abajo propugnada en los centros públicos), implantando un Bachillerato de tres cursos para poder desarrollar los contenidos y capacidades imprescindibles para acceder con garantías a otros niveles superiores de formación. Esta última opción tiene el claro inconveniente de prolongar un año más los estudios previos al ingreso en la universidad y la difícil justificación de su necesidad, cuando se supone que las nuevas generaciones no son menos inteligentes que las anteriores y que, en buena ley, las reformas emprendidas debieran haberles proporcionado mejor formación (eso dicen todas que es su pretensión).

En conclusión, ofrecer la posibilidad de distribuir en tres cursos los mismos contenidos de un Bachillerato al que se llega con carencias graves y que resulta insuficiente para abordar las exigencias de los estudios a los que da acceso, sólo significa otorgar más facilidades para obtener la titulación, pero sin modificar su actual entidad y calidad. No es pertinente, en consecuencia, centrar el debate en esa medida de alcance muy secundario, sino en aquellas que implicarían un cambio sustancial en cuanto a la racionalidad y extensión de sus contenidos imprescindibles, en conexión directa con los conocimientos y capacidades que debe proporcionar la ESO y con el nivel que la propia titulación tiene que garantizar para dar acceso a otros estudios posteriores.

Colectivo Baltasar Gracián