Movilización contra los planes de ajuste

MOVILIZACIÓN CONTRA LOS PLANES DE AJUSTE

(Junio de 2010)

Una agresión inaceptable

Hasta hace muy poco todo el mundo tronaba contra los especuladores que, llevados de su “insaciable codicia”, según decían los expertos, habían originado una crisis financiera sin precedentes y un grave retroceso en los sectores productivos. El estallido de las diversas burbujas de especulación y fraude, tolerados y animados por los responsables políticos y económicos, ha disparado el paro y servido de excusa para imponer retrocesos, años atrás impensables, en las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

Lejos de exigir responsabilidades y tomar medidas serias de control sobre las finanzas y el crédito para salir de la recesión, la respuesta de las instituciones internacionales y de los gobiernos nacionales fue la de correr en ayuda de los bancos -donde se refugian esos inmensos capitales- proporcionándoles miles de millones para tapar sus propios agujeros. Los “mercados”, ese eufemismo para referirse a las aves de rapiña que pululan a sus anchas sin conocer fronteras, tomaron nota de la impunidad otorgada y prepararon el siguiente asalto. Se les abría un nuevo campo para la especulación: la propia deuda pública, a cuyo incremento habían contribuido de manera decisiva.

De un día para otro, el déficit en el que se habían embarcado la mayoría de los gobiernos, bendecido y aconsejado en todos los medios como medidas de emergencia para superar la crisis, se convierte en el centro del problema y desata el ataque de esas oscuras y poderosas fuerzas “incontroladas”. No se plantea recortarlo con el control y tasas para los grandes capitales, o atajando el fraude fiscal (estimado en más de un 20% en nuestro país) o modificando la desigual y regresiva contribución a las arcas públicas. Los especuladores, las instancias internacionales que los amparan y los respectivos gobiernos de cada país -con público y vergonzoso abandono de toda soberanía nacional- coinciden en que el desastre debe ser pagado por los que ninguna responsabilidad han tenido en su génesis. Son los salarios, las pensiones, los servicios sociales como la sanidad y la educación,…, es decir, los ya depauperados medios de subsistencia de la inmensa mayoría, los que han de ser salvajemente saqueados para “calmar a los mercados” y asegurar, una vez más y por encima de todo, las turbias ganancias que quieren seguir sacando los inmisericordes pescadores a río revuelto.

Todos de acuerdo en golpear a los mismos

Por si quedaba alguna duda, tanto los que gobiernan como los que pretenden hacerlo en breve, reconocen que la única soberanía por todos reconocida no es la del pueblo llano, como se proclama cuando toca hablar de democracia, sino la de los mercados. Gobierno y oposición están alineados en la misma política (sólo que algunos ven como “insuficientes” y “tardías” las brutales medidas adoptadas, que quisieran llevar más lejos y de forma más acelerada). Los medios de comunicación bajo control público o privado, se conjuran ahora para convencernos de la “inevitabilidad” de los planes de ajuste y de que todos debemos “arrimar el hombro”. Es un mensaje tramposo, que trata de universalizar las responsabilidades, y además cínico, sobre todo cuando aluden de forma ambigua a que también llegará el turno de contribuir “a los que más tienen”, tratando de que cale en los ciudadanos de a pie el asumir ya “su” parte (¿qué parte y de qué?) y de que permanezcan desmovilizados.

Lo primero, lo más a mano, ha sido bajar el salario a los empleados públicos y reducir las plantillas en los servicios de todas las administraciones, junto con la congelación de las pensiones y el recorte del gasto público, con la consiguiente reducción de las prestaciones sociales. Para colar esta primera andanada, no han tenido escrúpulos en recurrir a la más grosera demagogia: ya se sabe, los funcionarios son unos “privilegiados”, como si estabilidad en el trabajo, salario digno, cobertura social, etc. fueran privilegios a suprimir y no derechos elementales a defender y extender a todo trabajador. Pero a nadie se le escapa que la rebaja de salarios y condiciones de trabajo en la Administración llama a hacer lo mismo y más en la empresa privada, y que el recorte del gasto y de las prestaciones sociales afectará a todos los sectores por igual. Tampoco que a estas medidas seguirán otras como el despido más rápido y barato, el alejamiento de la edad de jubilación y la disminución de las pensiones, las subidas de impuestos indirectos que gravan de nuevo a los económicamente más débiles.

El Gobierno deja en papel mojado un convenio con los empleados públicos a los seis meses de vigencia. Se desdice sin sonrojo de promesas y compromisos. Se ha roto la veda y no hay situaciones ni derechos adquiridos que puedan librarse de ser sometidos a revisión y anulación con total arbitrariedad. El horizonte al que nos quieren abocar los mercados y los gobiernos a sus órdenes, es el de la inseguridad total y la ansiedad permanente de por vida.

Organizar la resistencia

La situación es tan dramática que hasta los sindicatos que han hecho esfuerzos denodados para mantener la “paz social” se ven obligados a, siquiera formalmente, tomar posición pública contra las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero y a convocar movilizaciones, empezando por la huelga de empleados públicos el día 8 de junio.

Los trabajadores tenemos sobradas razones para desconfiar de unos dirigentes sindicales que han perdido hace tiempo su independencia y han dejado pasar cosas tan graves como los millones de despidos en los dos últimos años, la sobreexplotación en la economía sumergida, la eventualidad y precariedad de los contratos,… Acaban de firmar el Acuerdo Salarial por tres años que sólo obliga a los trabajadores a limitar sus reivindicaciones, pero permite descolgarse de los convenios a las empresas que aludan a problemas por la “crisis”; mantienen las negociaciones sobre la Reforma Laboral cuyos contenidos, adelantados con todo descaro por el Gobierno, suponen menores garantías en los contratos y en los despidos; están dispuestos a revisar el Pacto de Toledo, que sólo puede servir de ocasión para rebajar las pensiones y endurecer las condiciones de jubilación,… Probablemente se contentarían con salvar las apariencias, justificarse con una protesta controlada y resignada (incluso si se deciden a convocar un día de huelga general) y dar por hecho que los planes de ajuste se impondrán. ¿Por qué no se aplican a unir la inmensa fuerza de todos los trabajadores europeos para frustrar designios tan funestos que en mayor o menor medida a todos afectan? ¿Por qué se deja aislada a Grecia, a España,… y a cada sector en los respectivos países?

Pero eso no puede ser utilizado como pretexto para quedarse cruzados de brazos, como algunos insisten en estos días, trabajando para el enemigo. Porque se trata de luchar por lo nuestro, de aprovechar esa convocatoria para reunir asambleas en los centros de trabajo, discutir los problemas, tomar decisiones democráticas, elegir a nuestros representantes para coordinar la lucha con otros centros, para difundirlas y hacerlas llegar a los propios sindicatos emplazándolos a respetar la voluntad y el esfuerzo de los huelguistas, a continuar la pelea para ganarla. Se trata, por tanto, de tomar en nuestras manos la huelga del día 8 y otras posteriores, hacerlas nuestras: dejar de lado toda ilusión en que alguien ajeno nos vaya a resolver gratuitamente los problemas y, por el contrario, aprovechar esas convocatorias para organizarnos, para que no queden en una simple manifestación puntual de protesta, sino en el inicio de una potente movilización que logre echar atrás las medidas de este y cualquier otro gobierno que prefiera someterse al dictado de los especuladores en lugar de dar solución democrática a las necesidades de la mayoría de la población.

Es demasiado lo que está en juego para el inmediato presente y para el futuro de las siguientes generaciones. Hay que parar el brutal ataque que quiere echar por la borda conquistas logradas tras largos años de esfuerzos y lucha. Si cedemos, ellos saben que pueden seguir exigiendo mayores sacrificios en una cadena de agresiones sin fin. Esto es lo primero que tenemos que tener claro los trabajadores de cualquier sector, público o privado, y aprestarnos para defender juntos derechos elementales de supervivencia (trabajo, salario, prestaciones sociales, salud, educación,…), que nada tienen de “privilegios” ni de cómoda instalación en el “Estado del Bienestar”, al que, sin haber sido nunca alcanzado siquiera al nivel de otros países cercanos, dicen que es preciso renunciar.

La inmensa mayoría, que dependemos de nuestro trabajo y recibimos salarios con crecientes dificultades para llegar a final de mes, no “vivimos por encima de nuestras posibilidades”. Son otros, una minoría que acumula recursos y ambiciones sin límite, quienes están dispuestos a arruinar la vida de millones de personas para seguir aumentando sus beneficios. Es a esos a quienes hay que pararles los pies. El Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento a su servicio, advertía hace poco que los ajustes propuestos se podrían encontrar con un serio inconveniente: “las revueltas populares”. Ellos lo saben y lo temen. También nosotros sabemos qué es lo único que les puede frenar.

Colectivo Baltasar Gracián