La educación y la huelga general

LA EDUCACIÓN Y LA HUELGA GENERAL

(Septiembre de 2010)

Los motivos y oportunidad de una huelga general

Por encima de cualquier otra apreciación, el hecho de que en un país se ponga a la orden del día el recurso de los trabajadores a la Huelga General revela que estamos ante una situación social y política especialmente grave y fuera de lo habitual.

Toda Huelga General, más allá de las condiciones y formas de su convocatoria, tiene siempre una dimensión más política que sindical, porque el plante colectivo pone en el centro el problema clave de la democracia: para quién se gobierna.

Cualquiera que sea el resultado y el seguimiento de la huelga, las aguas removidas difícilmente volverán a su cauce anterior: el simple planteamiento de un pulso tal supone una quiebra del marco global de acuerdo, por frágil que éste fuera hasta ese momento. El enfrentamiento directo con la política del gobierno en el poder (y con los sectores privilegiados que se benefician de ella), marca un antes y un después, al tiempo que obliga a cada quien a situarse en un lado u otro de la barricada. Las huelgas generales del 14-D, en 1988 con Felipe González, y del 20-J, en 2002 con Aznar, vistas con la perspectiva del tiempo, significaron un punto de inflexión para el declinar de sus respectivos gobiernos y de las políticas antisociales por ellos protagonizadas.

La oportunidad de una convocatoria tal no viene determinada por un estado coyuntural de irritación o decaimiento psicológicos, sino por la envergadura de las medidas cuestionadas, que, como es el caso, sobrepasan a lo que se dirime en la pelea por un convenio o problema puntual de un sector. Por eso su conveniencia o no sólo se plantea cuando están en juego conquistas y derechos fundamentales del conjunto de los trabajadores y esto es lo que se ha puesto sobre el tapete con el pretexto de la “crisis”.

Esta es la preocupación que debe centrar la discusión en los centros de trabajo y en la toma de decisiones democráticas, para que sean los mismos trabajadores quienes hagan suya la huelga y controlen su continuidad y sus resultados, participando decisivamente en la organización y extensión de la misma. No es cuestión secundaria determinar con qué instrumentos se cuenta para hacerla triunfar y cuáles se pueden generar en el transcurso de la movilización. Pero si tuviéramos que esperar a disponer de los más apropiados, probablemente nunca llegaría el momento de pasar a la acción. Cualquiera que sea la valoración sobre el papel jugado hasta el momento por los sindicatos y sus responsabilidades en la resignada aceptación de los golpes ya encajados, finalmente se han visto obligados a romper el falso idilio con el gobierno y a convocar una huelga cuya necesidad venía urgida desde hace tiempo. Muchos trabajadores saben que esta es una oportunidad a no desaprovechar y tratarán de convertirla en palanca de una verdadera movilización que no quede reducida a la protesta testimonial de un día.

En este sentido, la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre, venga tarde o temprano, debe ser utilizada para organizar la fuerza necesaria que permita echar atrás el conjunto de medidas dirigidas a destruir los pocos elementos de defensa con que todavía contamos los trabajadores en el caos generado por lo que llaman “los mercados”.

Si hubo sobradas razones para ir a las huelgas generales antes citadas, también las hay ahora. La reforma laboral propuesta por el gobierno, y que han dejado pasar diputados y senadores, se viene a sumar a las durísimas agresiones anteriores como los recortes de los salarios y del gasto público, y abre la puerta a la siguiente: el retroceso en las condiciones y cuantía de las pensiones. Es, por tanto, un eslabón más y principal dentro de la cadena de ataques a las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría, ataques orquestados desde los organismos internacionales y nacionales en provecho exclusivo de los intereses espurios de unos pocos.

Sólo los muy ciegos o muy cínicos pueden tratar de minimizar el alcance de los contenidos de esa reforma o particularizar sus efectos. Al igual que la ruptura unilateral de acuerdos firmados y el recorte salarial a los funcionarios ha servido de ejemplo en las empresas privadas, ahora la mayor precariedad del empleo, la facilidad y abaratamiento del despido que propicia la reforma laboral también terminará por afectar al marco general de contratación y empleo en todos los sectores, incluidos los que hoy integran las administraciones públicas. La reducción de prestaciones y de plantillas en los servicios públicos se ha convertido en una prioridad para los salvajes planes de ajuste dictados desde fuera y apoyados desde dentro no sólo por los sectores de la derecha tradicional, sino también por quienes deben sus cargos de representación al voto de la población trabajadora.

La educación no es una excepción

Ningún sector de los trabajadores quedará indemne. La “crisis” lo justifica todo. Estamos ante un momento crucial en el que todos los derechos, grandes y pequeños, están en entredicho y dejan de serlo de la noche a la mañana de un plumazo sin preaviso ni negociación. Si no paramos la tremenda ofensiva en marcha, el retroceso en todos los ámbitos puede, si no ser irreversible, afectar a varias generaciones. Vaya por delante, pues, que los trabajadores de la enseñanza, pública y privada, tienen tantos motivos como los demás para ir a la huelga.

Pero parece conveniente detenernos en la manera concreta en que se reflejan en la educación los “planes de ajuste” que resultan imprescindibles para banqueros y empresarios y, con ellos, para Zapatero y para los que se postulan como recambio.

No sabemos qué ha sido de aquellos 1.500 millones adicionales que el Ministro Gabilondo ponía sobre la mesa para llevar adelante las propuestas del Pacto Educativo. Decía hace sólo unos meses que, a pesar de no lograr su firma, las “medidas de mejora” de mayor consenso se llevarían adelante. Ya nos conformaríamos en los centros escolares que, aunque no hubiera “mejoras”, se hubieran mantenido las condiciones de años anteriores.

El gobierno dio ejemplo con las restricciones del gasto público (ajuste) y el ataque a los funcionarios (extendido a todos los trabajadores públicos): todo compromiso, acuerdo o convenio puede ser roto. Cada gobierno autónomo aplica la misma receta a su manera. Como era de esperar, Esperanza Aguirre quiere hacerse notar en eso de ir más lejos que nadie.

Pero la política de recortes a discreción se aplica en todas partes. En los datos publicados con el inicio del curso se resaltaba que hay 140.000 alumnos más en la enseñanza pública (producto de trasvases de la privada no subvencionada) y 6.400 profesores menos, sin tener el cómputo de todas las comunidades. En Madrid, según datos recogidos por directores y sindicatos, se habla de 2.500 profesores menos, repercutiendo en primer lugar en las contrataciones de interinos, pero también en grupos masificados, menos apoyo para los alumnos con dificultades, más horas lectivas para el profesorado, relegación de acuerdos como la disminución de horas lectivas para los mayores de 55 años, etc. De cara a los alumnos, han desaparecido sin más itinerarios de transporte escolar, becas de comedor o de estudios, etc., y, para el profesorado, las licencias por estudio remuneradas, parte de la indemnización por jubilación, las vacaciones de los interinos, etc. Probablemente, sólo un año atrás, cualquiera de esas agresiones hubiera sido motivo suficiente para poner el grito en el cielo y lanzar la protesta a la calle. Ahora, y no sólo por parte de los responsables políticos, se intenta difundir un clima de desmoralización, de aceptación resignada de los efectos “inevitables” de la crisis. No es de extrañar que entre muchos compañeros cunda el desánimo y algunos hasta se manifiesten comprensivos para aceptar lo inaceptable.

Las contradicciones entre el discurso y los hechos

Podríamos hacer un discurso crítico sobre los responsables de la crisis, el dinero regalado al sector financiero, los gastos millonarios en partidas prescindibles y que no se tocan (gastos en “guerras humanitarias”, 10.000 millones a la Iglesia , gastos suntuarios y de imagen de los políticos, apoyos a fondo perdido a empresarios tramposos y sectores especulativos, permisividad con el fraude fiscal y la economía sumergida, etc.). Pero preferimos centrarnos en las bochornosas contradicciones de los hechos con el discurso oficial sobre la educación, ese campo que tanto gobierno como oposición señalan como clave en la salida de la crisis.

A propósito del “Pacto social y político por la Educación ”, que ocupó durante el curso pasado la atención de los medios y las fuerzas implicadas en la enseñanza, todos recurrieron a los mismos tópicos neoliberales al uso: la solución pasa por el cambio del modelo productivo, por competir en la “sociedad de la información y del conocimiento”. De ahí que elevar el nivel formativo de la población fuera considerado un elemento estratégico, no ya por razones humanistas y el valor del conocimiento para el desarrollo personal, sino por motivos puramente económicos.

De un día para otro, el discurso predominante se ha modificado y, sobre todo, los hechos demuestran que a la hora de la verdad hay otras prioridades. Calmar a los mercados, sostener el sistema financiero, mantener compromisos militares y subvenciones a intereses privados pasan por delante de una “cuestión de Estado” crucial como la educación y la formación, que una vez más pueden ser sacrificadas ante el altar de la “crisis”.

No deja de chocar con esa pretendida “sociedad del conocimiento” que una de las partidas más disminuidas haya sido la dedicada a la investigación (un 10% en los Presupuestos del pasado año y un 15% en los próximos). Pero los recortes se han extendido al conjunto del sistema educativo. Aparte de los anteriormente señalados, y ante el hecho de que muchos jóvenes en paro y nulas perspectivas de empleo vuelven a las aulas, las contradicciones del discurso saltan a la vista. No falta formación sino que sobra. Se insiste en que titulados superiores están ocupando puestos de trabajo para los que sólo se necesitaría un simple grado medio de FP (sobrecualificación); pero además no hay ni habrá en el horizonte cercano trabajo para los más formados, porque reconocen que la economía española se basa en su mayor parte en sectores de baja cualificación (construcción, hostelería,…) y no se vislumbra el despegue de otros más productivos y tecnificados.

Por otra parte, ese argumento utilizado para situar el esfuerzo prioritario en desarrollar la FP de grado medio (también lo hace el nuevo informe de la OCDE ), que tiene poco que ver con las exigencias de una “sociedad de la información y del conocimiento”, queda invalidado por el hecho de que los recortes en educación también han dejado a 40.000 jóvenes sin plaza en FP. Ahorrar en el gasto público es la única y verdadera prioridad impuesta por los “mercados” que siguen teniendo como arma estratégica la especulación pura y simple (antes con las hipotecas y la construcción, ahora con la deuda pública, las pensiones, etc.).

Hay un elemento del ideario neoliberal que sí ha demostrado su eficacia en tiempos revueltos: la “profesionalización” de las direcciones de los centros. Los directores de nuevo corte (hay excepciones), que deben su cargo y especial remuneración solamente a la Administración , han asumido sin rechistar la función encomendada de aceptar los recortes de cupo y aplicarlos como sea y a costa de lo que sea.

Por nuestra parte, que venimos insistiendo en la vacuidad del discurso oficial empeñado en subordinar la formación a los imperativos del “desarrollo económico” y al mercado laboral, creemos que es momento para hacer patentes las contradicciones y peligros que encierra. Sólo la defensa incondicional del derecho a la educación, por encima de los vaivenes de las “necesidades económicas”, permite preservar el marco de la escuela, con sus objetivos y exigencias, contra los vientos y tempestades desencadenados por quienes no tienen otro interés que aumentar sus inmensos beneficios personales a costa de la destrucción de conquistas sociales históricas.

Colectivo Baltasar Gracián