La batalla democrática por el laicismo

La batalla democrática por el laicismo

Un paso adelante y dos atrás. Coincidiendo con la visita escenificada del número dos del Vaticano, monseñor Bertone, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha dejado sentado ante los medios y las comisiones parlamentarias su negativa a avanzar un solo paso en la efectiva laicidad del Estado, reclamada por muchos sectores con voces cada vez más clamorosas. La ampliación de la ley del aborto, el mantenimiento formal de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y tal vez una reforma pactada de la ley de libertad religiosa parecen cubrir la cuota de gestos “de izquierda” hacia su electorado en la presente legislatura. Según los asesores del Gobierno, el enfrentamiento con la Iglesia supondría un excesivo coste electoral que podría sustraerle hasta dos millones de votos. De ahí que cada pasito adelante, obligado por las fuerzas que lo llevaron al gobierno, se vea acompañado de dos atrás tan pronto empiezan a toser monseñores y eminencias. Aparte de saber por experiencia que, por mucho que se ceda a sus deseos, “Roma no paga a traidores” y que las concesiones de la izquierda a la derecha sólo sirven para que ésta se reafirme y aquella pierda apoyo entre sus votantes, el “coste electoral” no deja de ser un argumento cicatero inaceptable desde un punto de vista democrático. Porque estamos hablando de principios que atañen a los fundamentos de la democracia, que en modo alguno deben estar supeditados a cálculos posibilistas de oportunismo electoral. Si en lo referente a las condiciones de vida y trabajo, a los servicios públicos y las prestaciones sociales se puede discutir sobre avances paulatinos y mejoras condicionadas por factores coyunturales, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a los derechos fundamentales de los individuos: el derecho a la propia vida y a la dignidad como persona, el respeto a la libertad de pensamiento y de opinión, a la igualdad de trato ante la ley, etc. no tienen términos medios ni pueden ser sometidos a gradación o discrecionalidad. Por eso, no basta con que el Estado se autodefina formalmente como democrático y de derecho, sólo lo será en la medida en que reconozca y garantice de forma efectiva tales derechos. Desde el mismo nacimiento de la democracia moderna, se encuentra entre estos derechos el respeto a la libertad de conciencia, que implica la distinción entre el ámbito de las creencias personales y el de lo público, que pertenece y afecta al conjunto de los ciudadanos. Lo que de siempre se ha sintetizado en el principio de separación entre Iglesia y Estado. Así, la independencia del Estado respecto a cualquier confesión religiosa se convierte en condición imprescindible para garantizar la libertad de conciencia de todos y, a la vez, para salvaguardar lo que es común de cualquier injerencia e imposición unilateral de creencias o convicciones particulares. Cualquier tibieza al respecto deriva inevitablemente en agravios comparativos que atentan contra la igualdad de todos ante la ley y contra la libertad de pensamiento, reconocida a todos por igual. El respeto de tales derechos implica que nadie sea discriminado por sus ideas o sus creencias, pero que tampoco espere de ellas privilegio alguno. Durante la dictadura franquista, esos derechos fundamentales fueron avasallados de forma sangrante por el nacionalcatolicismo y nunca han sido plenamente restaurados. Los “equilibrios” constitucionales, los malabarismos conceptuales (estado aconfesional o laico), el pretexto de las situaciones heredadas no pueden justificar hoy, después de tanta “transición”, la prolongación de una situación incompatible con los citados derechos democráticos, como supone la presencia de la iglesia católica en actos de Estado y en las instituciones públicas (escuelas, hospitales, ejército, etc.) o, aún más sangrante, su financiación con los impuestos que todos pagamos. Sólo gracias a la connivencia de los gobiernos de uno y otro signo, la jerarquía eclesiástica ha podido permitirse tomar sus privilegios como derechos y pretender incesantemente ampliarlos en una actitud insultante y lesiva para los del común de los ciudadanos. El último exabrupto del arzobispo Rouco, exigiendo a los poderes públicos -a propósito de la propaganda en autobuses- que impidan a otros la libertad de expresión que se otorga para sí en exclusiva, no ha merecido ningún comentario condenatorio por parte de quienes dicen defender un estado democrático y de derecho frente a unas pretensiones que atentan directamente contra él. Si resulta indignante que nuestras más altas instancias del Gobierno y del Estado rindan pleitesía al representante de un Estado no “terrenal”, el Vaticano, aún lo es más que esas instancias admitan públicamente lo que ningún Estado debe permitir a otro: la intromisión en los propios asuntos.Jornada laicista de Europa Laica En esta situación, de clara contradicción entre las aspiraciones democráticas de una sociedad altamente secularizada y la actitud pusilánime del gobierno, cobra particular importancia el desarrollo y conclusiones de la V Jornada Laicista celebrada, a iniciativa de Europa Laica, el pasado 24 de enero en Rivas (Madrid). Europa Laica, nacida hace unos años bajo el impulso de un pequeño grupo comprometido con la causa del laicismo y de la educación, ha conseguido reunir, en torno a unos principios claros y unas iniciativas concretas, a un amplio espectro de personas y colectivos. Estuvo presente, entre otras, en la campañaPor una escuela laica: religión fuera de la escuela, y últimamente una de sus asociaciones, la de Valladolid, ha llevado adelante con éxito la batalla legal por la retirada de símbolos religiosos de los centros educativos. Frente a ciertas posturas que promueven un debate ideológico con las creencias religiosas, nosotros entendemos que la causa fundamental del laicismo es una batalla dirigida a las instituciones del Estado, responsables de defender su propia autonomía y todo lo que atañe al conjunto de la sociedad civil contra cualquier intento de imponer creencias o convicciones particulares, que violentan los derechos de los demás. En esta lucha cabemos todos los que, creyentes y no creyentes, nos reclamamos de los principios democráticos que permiten la convivencia sobre la base de la igualdad de derechos y el respeto mutuo.

Este espíritu ha recorrido las ponencias y los debates que han tenido lugar en la V Jornada Laicista y se ve reflejado en el manifiesto final. Un manifiesto que, además de recoger los argumentos del laicismo frente a sus detractores, propone una serie de iniciativas. Entre ellas cabe destacar una campaña por la derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede (base de la presencia de la religión en la escuela y la financiación de la Iglesia con fondos públicos) y la elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia que sustituya a la Ley de Libertad Religiosa de 1980, parcial y sesgada. El resumen de las intervenciones así como el texto completo del Manifiesto de Rivas está disponible en www.europalaica.es .

El Colectivo Baltasar Gracián, en tanto que defensor de la escuela pública, y de la laicidad como uno de sus presupuestos básicos, ha colaborado en campañas impulsadas por Europa Laica, en particular las desarrolladas en el campo de la enseñanza. Somos conscientes de que objetivos de indudable calado político como el de un estado verdaderamente laico exigen esfuerzos de todos los sectores de la ciudadanía. De ahí nuestra disposición a colaborar, en la medida de nuestras fuerzas, en todas las iniciativas que sirvan para avanzar en esa dirección.

Como bien se dijo en la mencionada Jornada, los poderes establecidos tienen poco interés en modificar un juego trucado, en el que las presiones de sectores reaccionarios, abiertamente enfrentados a la democracia, ganan cada vez mayor protagonismo. Sólo la organización y la movilización ciudadana pueden cambiar significativamente este panorama. En ese sentido, la reunión de 20 entidades y más de 200 personas en Rivas constituye un acontecimiento esperanzador, que debe tener continuidad en una respuesta creciente a la llamada, hecha en el Manifiesto de Rivas, “a la creación de plataformas cívicas, políticas y sindicales que, de forma coordinada, creen una mayoría social activa que trabaje por la consecución de los objetivos expuestos, y que pueda promover, y respaldar, una iniciativa política hoy inexistente”.

Colectivo Baltasar Gracián