Nueva ofensiva privatizadora

Nueva ofensiva privatizadora

La crisis como pretexto

Al anunciar Esperanza Aguirre, en el discurso sobre el "estado de la Comunidad", su propósito de privatizar el Canal de Isabel II, alguien comentó en la Asamblea: "ya sólo le queda privatizar el aire". Todo se andará,… si no encuentra quien se lo impida. Después de todo, ante la crisis provocada por la última espiral especulativa, las recetas propuestas por unos y otros coinciden en combinar, sin mayores escrúp ulos, "socialización" y "más privatización". La socialización de las pérdidas de las grandes entidades financieras se está llevando a cabo con inmensas inyecciones de dinero público para enjugar el despropósito de unas desorbitadas ganancias, alimentadas durante años por burbujas ficticias que, finalmente, han terminado por estallar. Eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en las economías emergentes y es la medida de choque que exigen todas las cúpulas financieras y patronales, incluyendo la española. Pero, esta sangría de fondos públicos -para "salvar la economía", dicen- se ve acompañada con propuestas dirigidas a recortar salarios y prestaciones sociales (aunque de puertas afuera se diga lo contrario) y con la consiguiente oferta de parcelas todavía públicas a la "iniciativa privada", para ayudarle a seguir haciendo negocio. El cinismo con que ahora pregonan que han llegado "tiempos de austeridad para todos", no nos hace dudar lo más mínimo sobre quiénes van a pagar, en primer lugar, las consecuencias de una crisis, cuya responsabilidad debiera recaer sobre los especuladores y los gobiernos que los han alentado y no sobre la inmensa mayoría que vive de su trabajo. El horizonte que expertos y políticos nos presentan, a la vez como efecto y parte de la solución del problema, es amenazador y sombrío: más desempleo, despido más barato, más "flexibilidad" laboral, junto con menos poder adquisitivo de los salarios (ya están clamando algunos por la congelación salarial de los funcionarios) y, a la vez, menos impuestos a las sociedades, que tendrán inevitables repercusiones sobre unos en presupuestos ya recortados y en la consiguiente reducción de servicios y prestaciones al conjunto de los ciudadanos. Pronto veremos lo que pueden dar de sí unos Presupuestos Generales, que todos coinciden en que, por diversos motivos, resultarán insuficientes para lo que se viene encima. Pero, aunque según el dicho popular, "en todas partes cuecen habas", y esta crisis "global" es y será bue n ejemplo de ello, también es cierto que la Comunidad de Madrid lleva tiempo marcando pautas en el modo de pensar y hacer desde la perspectiva más rabiosamente neoliberal. Ahora no iba a ser menos; y ya estamos comprobando de cerca los resultados inmediatos de una forma de abordar la crisis que, lejos de cuestionar el modelo que la ha provocado, la utiliza para una desbocada huida hacia delante anteponiendo la salvaguarda de los grandes intereses privados a toda consideración social. A la vuelta del verano, además del anuncio de la privatización de un bien tan vital como el agua, los nuevos pasos en la transferencia de servicios sanitarios a la gestión y negocio de empresas particulares han reavivado las protestas de trabajadores y usuarios de la sanidad pública. Con ser muy grave lo que está sucediendo en este terreno, no pueden pasarnos desapercibidas las medidas adoptadas en la misma dirección en la educación. Tal como reflejamos en nuestro anterior artículo, también en la enseñanza se había producido una importante reacción contra las agresiones continuadas a la Escuela Pública. El final del curso dejó las espadas en alto para el inicio del presente. Al cabo de casi dos meses, hay que reconocer que, mientras los dirigentes sindicales no han visto aún la forma de retomar la movilización desde el punto alcanzado, los responsables políticos de la Comunidad y del Ayuntamiento no han perdido el tiempo y han pasado nuevamente a la ofensiva. En primer lugar, han tratado de descabezar el sector de las Escuelas Infantiles, que tomó la iniciativa de las movilizaciones, destituyendo a las direcciones combativas y nombrando otras más afines. También, en época de "austeridad", han decidido incrementar los incentivos a los directores de Primaria, en la línea de establecer una creciente brecha de separación entre quienes deben ser fieles ejecutores de las directrices venidas de arriba y los profesores de a pie que deben sufrirlas en el día a día. En Secundaria, una vez reforzada la independencia de las juntas directivas respecto a claustros y consejos escolares, los cupos de plantillas para el presente curso han llegado cerrados, sin posibilidad de discusión o negociación en relación a las características y necesidades reales de los centros. Medidas todas ellas dirigidas a fortalecer la gestión vertical de tipo empresarial incluso dentro del sector público de la enseñanza. En el mismo sentido cabe situar la eliminación de los CAPs, llevada a cabo con nocturnidad y alevosía, no tanto por su cuestionada eficacia en la formación del profesorado, como por el propósito de reducir gastos e imponer una mayor centralización y control ideológico de sus contenidos. La introducción de la gestión privada en la educación pública -como ya sucede en buena parte de las escuelas infantiles-, el impulso de formas "gestión privada" en la función inspectora y en la dirección de los centros públicos, no son ajenos a una lógica perversa que facilita su deterioro y abandono progresivo en beneficio directo de los concertados, pero con la mira puesta en el desmantelamiento final de la cobertura pública del servicio y la privatización completa de buena parte del sistema. La subvención con dineros públicos a entidades privadas -confesionales o no-, dispuestas a prestar y gestionar un servicio público, es sólo un primer paso, permitiéndoles hacer negocio (76.000 euros de beneficio medio anual en los centros religiosos), a la vez que se ensancha un mercado educativo con diferentes ofertas y demandas. En todo caso, a las administraciones ya les sale más barato un centro concertado (entre un 25% y un 50% con respecto a uno público), por no tener que construir ni mantener los centros y por las condiciones más precarias del profesorado. No obstante, el objetivo propuesto va más allá: la política paralela de bajar impuestos, reducir el Estado y sus presupuestos, conduce irremediablemente al déficit de la cobertura pública, a la desprotección social y al aumento de las desigualdades. La enseñanza, como la sanidad, como las pensiones,…, se ven sometidas así y de forma progresiva a las leyes del mercado: cada uno tendrá la educación o la sanidad o la pensión que se pueda pagar. El Estado, como ya sucede en la sanidad en países como Estados Unidos, se limita a prestaciones de beneficencia marginal. No estamos hablando de futuribles. En estos días, no dejan de aparecer en la prensa voces autorizadas apuntando que la crisis del modelo neoliberal debería llevar a una reflexión en busca de alternativas más acordes con las necesidades de la humanidad y un progreso económico sostenible. Sin embargo, para quienes siguen detentando el poder, la crisis es un buen pretexto para dar una nueva vuelta de tuerca en la destrucción de conquistas sociales históricas. En esa dirección hay que entender la decisión de la Comunidad de Madrid de eliminar todas las plazas gratuitas en Educación Infantil y la de Gallardón de aparcar la construcción de guarderías y de centros de mayores comprometidos en su programa. También por arriba, en la educación superior, Aguirre acaba de sorprender a las seis universidades públicas de Madrid con un recorte del 30% de los presupuestos dedicados al pago del profesorado. En el caso de las guarderías, el nuevo sistema de tarifas tendrá consecuencias muy graves para familias en paro o con bajos ingresos, que se verán obligadas a dejar los niños en casa o pagar un 60% más que el pasado año, mientras las de renta más alta verán reducida su cuota. En el caso de las universidades públicas, la drástica reducción de la financiación pública implica directamente recortes de plantillas y buscar los recursos imprescindibles en la subida de matrículas y en la financiación externa que, evidentemente, las hace más dependientes de intereses privados. Por encima del ahorro efectivo que puedan suponer tales medidas dentro de unos presupuestos multimillonarios, lo esencial es introducir poco a poco la idea de que los servicios públicos sólo lo son en parte; que el acceso a ellos ya no será enteramente gratuito; que cada vez habrá que aportar más del propio bolsillo, porque los presupuestos no pueden ni quieren cubrir sus costes, y que la calidad y nivel de las prestaciones dependerán del plus que cada familia pueda aportar (de ellas proceden ya el 30% de los ingresos de los centros concertados), hasta lograr su entera privatización, como ya sucede con la mayoría de los centros de Educación Infantil en nuestra Comunidad. En el caso de la educación, el proyecto privatizador corre paralelo con el objetivo -compartido desde las instituciones internacionales hasta las nacionales y regionales- de supeditar la educación, tanto en su estructura como en sus contenidos, a los eventuales intereses económicos de las empresas. En ese sentido se quiere orientar el "esfuerzo prioritario" sobre la constante renova ción de la Formación Profesional y la presencia creciente de entidades privadas en la financiación y planes de las universidades.

Hay un dato tanto más escalofriante en cuanto somos conscientes de que marca un horizonte de actuación que supera nuestras fronteras: en la Comunidad de Madrid la enseñanza pública no universitaria ha retrocedido unos 18 puntos porcentuales en sólo diez años: pasó del 73,2% en 1998 al 58,6 % en 2005 y en este curso se estima que apenas supera el 55% (un 43% en Madrid capital), lo que supone un ritmo de privatización incluso superior al del Reino Unido, que les sirve de modelo. El abandono masivo de la educación infantil en manos privadas augura aún mayores índices de ampliación de la red privada en los siguientes niveles educativos, con el límite lógico de su negativa a integrar en ella sectores no deseados para su pervivencia y prestigio (inmigrantes, familias marginales o de escasos ingresos,…). Hay motivos más que suficientes para la alarma social.

La cobertura política e ideológica

Entendemos que la "liberal" Aguirre y el "más centrado" Gallardón obren de acuerdo a su fe política y a los intereses muy particulares que defienden. Menos comprensible es la actitud de fuerzas políticas que se reclaman de los intereses de la mayoría social y la de un gobierno central apoyado en el voto ciudadano que buscaba un cambio orientado a la satisfacción de las aspiraciones de esa mayoría. Por lo pronto, más allá de las denuncias retóricas, no vemos que desde los ayuntamientos con mayoría socialista ni desde el gobierno de Zapatero se esté poniendo freno al cúmulo de desmanes contra lo público en el que compiten todas y cada una de las Comunidades Autónomas y no sólo la de Madrid. No les faltaba razón a los concentrados ante el hotel Ritz (donde el consejero Güemes ofrecía los proyectos para la sanidad madrileña como oportunidad para los empresarios de "hacer negocio" privado) al denunciar que el afán privatizador del PP contaba con la autorización del PSOE, cuyos votos también habían avalado la ley 15/97 "sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el sistema nacional de salud", que ha abierto la puerta a las entidades privadas en su financiación y control. Igualmente, hemos oído las quejas de los profesores valencianos, al verse desamparados desde todas las instancias oficiales en su resistencia a la alternativa histriónica impuesta por parte de la Generalitat valenciana, empeñada en eludir fraudulentamente la nueva materia de Educación para la Ciudadanía. A tenor de lo que estamos observando, en lo que respecta a la educación hay algo más que pasividad. En el contexto arriba descrito de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, resulta escandalosa la posición del nuevo dirigente de los socialistas madrileños, To más Gómez, y del congreso del PSM, al hacer público acto de contrición por su pasada actitud "poco comprensiva" hacia la enseñanza concertada. En su "autocrítica", recordaba que la "enseñanza concertada es invento de los gobiernos de Felipe González y atacarla es enfrentarse a la mayoría de sociedad" y que, en ese sentido, "el PP ha sabido adaptarse mejor a los cambios sociales y ofrecer soluciones a los sectores más pragmáticos de la clase media a través de la enseñanza concertada". Cierto a medias lo primero: las subvenciones a la escuela privada no fueron invento de los socialistas, pero ellos las dieron por buenas, las aumentaron considerablemente y les dieron carta de naturaleza legal. Lo segundo necesita otra lectura: el deterioro provocado a la escuela pública y el trato de privilegio dispensado a la privada concertada, ha entregado en sus brazos a crecientes sectores que antes veían satisfechas sus aspiraciones en una enseñanza pública que, no hace muchos años, seguía ofreciendo calidad en momentos de gran impulso y extensión. A partir de ahora quedan eliminados del discurso socialista incluso la formal "apuesta fundamental por la enseñanza pública" y los tímidos reparos a la política educativa descaradamente privatizadora del PP. Se supone que superada esa fricción ideológica, queda despejado así el camino al tan anhelado "consenso educativo" en el terreno de lo que la Iglesia y la derecha recalcitrante han pretendido siempre. Tampoco tiene justificación alguna el impagable apoyo ideológico procedente de algunos sociólogos de la educación (Julio Carabaña, Mariano Fernández Enguita, entre otros), supuestamente adscritos a posiciones en defensa de la escuela pública, y que, en recientes declaraciones, no ven más problema en la constante expansión de la enseñanza privada y concertada que el de su confesionalidad y el radicalismo ideológico a favor o en contra, simple reminiscencia de una "polémica decimonónica". Como si clericalismo (intromisión de las jerarquías religiosas en el ámbito de lo público) y anticlericalismo (defensa de un estado democrático, laico y no confesional, que respeta todas las conciencias, pero no permite tales ingerencias) pudieran situarse al mismo nivel. Pero, además, decir como dice Fernández Enguita que "el problema de la privada no es su propiedad sino su confesionalidad", es simplemente desconocer o, lo que es peor, respaldar el proceso actual de destrucción de los sistemas públicos de enseñanza en pro de su privatización y convertirla en un "libre" mercado más. Es cabalmente la línea promovida por el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) de la OMC -que aún no han conseguido traducir en directivas concretas la OCDE y la UE- con el objetivo de "liberalizar" todos los servicios públicos, incluidas la educación y la salud, cuestionando justamente la titularidad estatal en nombre del sacrosanto principio de la libre competencia y del respeto a la iniciativa privada. Lo que hoy está sobre la mesa es la supervivencia misma de los servicios públicos, como garantía de que todos los ciudadanos podrán tener acceso a bienes elementales en condiciones de igualdad. La presión de las patronales representadas en esos organismos trata, en primer lugar, de abrirlos al negocio privado y desviar buena parte de la tarta de los dineros públicos en sectores donde los estados se ven todavía obligados a dedicar muchos miles de millones. Pero la perspectiva en que trabajan empresas y gobiernos de corte neoliberal es la de que tales sectores, imprescindibles para la población, puedan convertirse en un tiempo no lejano en campo exclusivo del mercado, multiplicando las desigualdades y extendiéndolas a todos los terrenos. Si desaparece la titularidad y responsabilidad del estado, pronto veremos que tales servicios, en manos de sus titulares privados, han dejado de estar al alcance de todos los ciudadanos.

Recordando al viejo Marx, también aquí la ideología está al servicio del interés económico y no al revés. Es cierto que en España, contrariamente a los principios elementales de la democracia, la llamada "Transición" ha mantenido (y financiado) la podrida herencia clerical franquista, que mantiene una fuerte presencia en muchos ámbitos públicos, especialmente en la educación. Eso no puede sino apuntarse al capítulo de los muchos déficits democráticos arrastrados todavía en nuestro país. Pero, como sucede con los "neocons" norteamericanos, las ideologías más reaccionarias y "decimonónicas" entroncan sin mayores problemas con los "modernos" planes neoliberales de destrucción de las conquistas sociales logradas en la posguerra. El sector privado y religioso, generosamente subvencionado y apoyado aquí por todos los gobiernos "democráticos", se ha constituido en la base más sólida para desarrollar los nuevos planes de liberalización y privatización. Nuestro país, sólo superado por Holanda, Bélgica y Reino Unido en las dimensiones de la enseñanza concertada (también en buena parte confesional en los dos primeros), cuenta con mucho camino andado en esa dirección. Como comentaba un compañero nuestro a un amigo francés, el retraso histórico del sistema educativo español respecto a la escuela republicana francesa es el que ahora nos sitúa, contradictoriamente, a la cabeza del proceso "modernizador" para desmantelar lo público e impulsar lo privado.

Retomar el hilo de la movilización

Los planes de privatización, auspiciados desde organismos internacionales que pretenden imponer su "orden" homologador contra las conquistas sociales alcanzadas en cada país, vienen de tiempo atrás. Es obvio que si, pese a los fuertes mecanismos levantados (con toda una panoplia de cumbres ministeriales, comisiones de coordinación, informes, proyectos, directivas,…), no han conseguido dar forma acabada a sus planes, no ha sido por falta de voluntad, sino por las resistencias encontradas. De forma desigual, y dependiendo de las distintas tradiciones educativas, existen en todos los países logros efectivos, suficientemente arraigados en el terreno de la educación, como para no poder hacerlos desaparecer de la noche a la mañana. A finales del curso pasado comentábamos en esta web la importancia de las movilizaciones surgidas, primero en Cataluña contra la Ley Catalana de Educación de Ernest Maragall y, posteriormente, en Madrid frente a la ofensiva de privatización y abandono de la escuela pública por parte de Esperanza Aguirre. Como estamos comprobando, esa ofensiva se recrudece ahora utilizando a favor de sus proyectos privatizadores el espantajo de la crisis económica. Urge reorganizar las fuerzas que ya mostraron su voluntad de unidad y de lucha contra esos planes y plantar cara a la sucesión ininterrumpida de agresiones. Empecemos por iniciar la discusión y toma de medidas en los centros; exijamos a las organizaciones políticas y sindicales que reasuman la responsabilidades ya contraídas con los muchos miles que fueron a la huelga y salieron a la calle por los mismos objetivos; pongamos en marcha los instrumentos de información, coordinación e impulso de acciones, cuya eficacia hemos comprobado en ocasiones anteriores. Es mucho lo que está en juego. ¡Hay que pararlos!

Octubre de 2008

Colectivo Baltasar Gracián