Comienzo del curso y recortes educativos en la CM

COMIENZO DE CURSO Y RECORTES EDUCATIVOS

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

(Noviembre de 2010)

En contra del objetivo de la calidad , tan aireado por los responsables de la administración de la Comunidad de Madrid, se ha producido en ésta un verdadero tijeretazo en el servicio público de educación. Aunque los recortes se producen en el marco general de las medidas de reducción del déficit auspiciadas por el gobierno central, tienen el sello inconfundible de la Administración de Esperanza Aguirre y responden a la forma concreta de interpretar y aplicar esa política restrictiva por parte de su Consejera de educación, Lucía Figar.

Las normas del recorte

Las nuevas medidas adoptadas por la Consejería de Educación de la CM se recogen fundamentalmente en dos normas: una contenida en las de carácter general para reducir el déficit y que incluyen una disposición que afecta a la educación ( Ley 4/2010) , y otra específica en las Instrucciones conjuntas de las Viceconsejerías de Educación y Organización Educativa sobre el comienzo del curso escolar 2010/2011.

1. La Ley 4/2010 , publicada el día 29 de junio (BOCM), contiene las medidas urgentes que modifican los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, con el fin de adecuarse a las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que determinó el gobierno.

El contenido fundamental de esta ley es la reducción en las retribuciones a los empleados públicos, lo que es de obligado cumplimiento derivado de las normas estatales ( Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo) . Sin embargo, según fuentes sindicales, la disminución aplicada a los docentes en nuestra Comunidad supera ampliamente el 5% (no en vano Aguirre es una insigne representante del neoliberalismo más fundamentalista).

Por otra parte, la nueva norma aprovecha para incluir, además de las medidas “obligadas”, una disposición adicional que suspende o modifica el cumplimiento del acuerdo sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la CM que imparte enseñanzas no universitarias en los siguientes términos:

- Los profesores interinos que hagan sustituciones no cobrarán vacaciones.

- Se reducen a la mitad los incentivos de jubilaciones anticipadas.

- Quedan temporalmente suspendidas las licencias por estudios retribuidas.

-Se recortan las ayudas a la formación de profesorado fuera de la red de la Comunidad (Universidades, etc.) y la formación que llevan a cabo otras entidades.

- Las horas dedicadas a la representación sindical disminuyen en un 65%.

Hay que destacar que estas medidas aparecen en la disposición adicional cuarta, a la que no se hace referencia en el preámbulo (texto que sirve para justificar e introducir las normas articuladas). Es más que probable que esta disposición adicional se incluyera en el último momento aprovechando el estado de desmovilización del profesorado, que había quedado patente por el escaso seguimiento que tuvo la huelga del día 8 de junio en el sector de la enseñanza.

2. Las Instrucciones conjuntas de las Viceconsejerías de Educación y Organización Educativa, de 29 de junio de 2010, sobre el comienzo del curso escolar 2010/2011 a los centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, en lo que afecta a la educación secundaria (punto 4.3) contienen normas habituales referidas a la organización de las enseñanzas, religión, refuerzos, apoyos, etc.

Sin embargo, en el apartado 4.3.5 aparece una importante novedad: el número de horas de docencia directa a grupos de alumnos en función de los cargos de jefe de departamento y tutor se establece en un mínimo de 16 y 17 horas respectivamente y de 18 horas para el resto del profesorado.

Así, al dejar de considerarse horas lectivas algunas que antes sí lo eran, se produce un aumento real del horario lectivo de la mayoría del profesorado, con la destacable excepción de los cargos directivos que, además ven recompensada su obediente aceptación de los recortes de plantillas y aumento de las ratios de alumnos por aula, con subidas excepcionales de sus incentivos económicos.

Las declaraciones de los responsables

La Consejera de Educación, Lucía Figar, declaró en la Asamblea de la Comunidad de Madrid el 7 de octubre, en respuesta a preguntas de la oposición lo siguiente:

“La reducción del profesorado en los centros públicos se ha debido fundamentalmente a tres medidas: a) … pedir a los directores (sic) que elaboraran los horarios de sus plantillas con arreglo a lo que marca la normativa estatal (claro está, con la particular interpretación restrictiva de la Consejería ) ; b) … ajustar el número de liberados sindicales, con lo cual hemos recuperado también 120 docentes para la enseñanza, por lo que hay menos necesidad de contratar interinos; c) … hemos suspendido temporalmente las licencias por estudios y hemos podido recuperar también docentes … con otras medidas menores” .

Esas medidas “menores” se traducen en la supresión de muchas horas de desdobles (sobre todo en el Primer Ciclo de la ESO ), de recuperaciones y de apoyos; la generalización en FP de las 21 horas lectivas, que antes sólo tenían “carácter excepcional”; la supresión de una hora de tutoría en Secundaria Obligatoria, la disminución del número de Aulas de Enlace y de Compensatoria, la supresión de unidades de Bachillerato nocturno y la reducción del número de docentes también en los centros de Enseñanza de Personas Adultas y en las Escuelas de Idiomas, etc.

Sin pudor alguno, la Consejera explica las medidas de recorte que suponen unos 1500 profesores menos en la enseñanza secundaria pública. No menciona los 1000 maestros de primaria que también se han reducido, a pesar del incremento de alumnado. En total, en este curso en que se han matriculado 15.000 alumnos más, se ha producido una reducción del 5% de la plantilla.

Por su parte, la presidenta Esperanza Aguirre, en la inauguración del curso escolar en un colegio público, dijo, entre otras cosas, que:

“También hemos querido reconocer la mayor responsabilidad de los que dirigen los centros educativos a través del incremento del sueldo de los directores, de los secretarios y de los jefes de estudios”[1].

Un incremento que sorprendería en plena situación de crisis, si no fuera porque, según parece, las prioridades de la Presidenta apuntan en otra dirección.

Las consecuencias

En resumen, las medidas adoptadas suponen: menos profesores lo que, unido al incremento de alumnos escolarizados este curso, implica un aumento del número de alumnos por aula, una mayor carga de docencia directa del profesorado (a costa de otras tareas imprescindibles), una menor dedicación de recursos a la formación del profesorado, restricciones a la capacidad sindical y organizativa de los docentes. Todo ello acompañado de más apoyo a los equipos directivos a condición de colaborar sumisamente en la aplicación de las normas dictadas desde arriba.

En relación a la j ornada docente, l as nuevas medidas más que un incremento en la jornada laboral suponen una reestructuración de la misma con el fin de ahorrar profesores. El aumento de horas de “docencia directa” se hace en detrimento de otras consideradas como lectivas o complementarias desarrolladas en los centros, como la preparación de materiales, la atención personalizada a alumnos y familias, las reuniones de coordinación (cada vez más numerosas), las guardias de atención a alumnos sin clase, la preparación y gestión de actividades extraescolares y complementarias, etc., tareas todas ellas necesarias, aunque en gran parte sean desconocidas para la mayor parte de los ciudadanos.

Por término medio, una hora más de docencia directa de cada profesor supone en un solo instituto público tres o cuatro profesores menos. Si a eso le añadimos la masificación de los grupos -superando en algunos casos el número legal de alumnos por aula-, la supresión de grupos de compensatoria, la de puestos de profesionales de la orientación educativa, la de las licencias de formación, etc., se puede llegar a una media de 5 ó 6 profesores por centro.

En estos momentos, no parece muy adecuado luchar contra el paro enviando a 2500 profesores interinos al desempleo ¿Cuáles serían los límites desde la lógica de esa tendencia al “ahorro” de profesores? ¿Por qué no llegar a las 25 ó 30 horas de “docencia directa”, cualesquiera que sean las consecuencias en el desempeño de la labor docente y en el consiguiente deterioro de la enseñanza?

En ese contexto, la reducción del número de liberados sindicales (con independencia de la consideración que a cada uno le merezca su labor), aparte de ser el chocolate del loro, no tiene sino una intención demagógica. Con un peligro añadido: más que eliminar privilegios, se quiere cuestionar el derecho de todos los profesores a la organización y defensa de sus intereses como trabajadores, incluido el valor de los acuerdos firmados y de los derechos adquiridos.

La mejora de la calidad de la enseñanza no consiste sólo en proporcionar a los centros pizarras digitales, ni en la masiva implantación de centros bilingües (bastante barato por cierto, puesto que se lleva a cabo con el personal existente) que consiga que los alumnos adquieran dos lenguas de uso y ninguna de cultura [2]. Todo esto podría estar bien dentro de otras medidas más serias.

Pero el incremento en la jornada de docencia directa supone inevitablemente una disminución en la parte de la jornada que todos los profesores dedican a otras tareas importantes como la labor de tutoría, cada vez más compleja y difícil por atender a tanta diversidad de situaciones del alumnado y de sus familias. El desconocimiento del trabajo docente no se subsana con campañas publicitarias de pura imagen institucional (“la suma de todos”) y bastante caras (1.800.000 €) sino apoyando la labor docente con los recursos necesarios y, sobre todo, evitando emitir mensajes como los de la Consejera Figar acusando a los profesores de no acudir a clase por baja laboral fraudulenta o los de la presidenta Aguirre en relación con que el empleo público “no es un factor de calidad” o que los funcionarios son “fuente de colas, miseria y corrupción”[3].

Difícilmente puede resultar creíble el pretendido apoyo y respeto a la labor docente, machaconamente repetido de forma simplona e inútil entre los responsables políticos de la educación, cuando ese respeto no es realmente compartido por quienes adoptan tales medidas restrictivas.

La cacareada Ley de Autoridad del Profesor no deja de ser otro montaje propagandístico que eleva a novedad lo ya establecido (seguro de responsabilidad civil para los docentes, régimen disciplinario para aquellos que no cumplan las normas de convivencia, obligación de los alumnos de reparar los daños causados), sin mayores efectos legales, puesto que el Gobierno Regional no tiene competencias en materia penal. Dicha Ley e s una refundición de la norma estatal sobre convivencia en los centros, con conceptos tales como disciplina y respeto, pero normativamente no hay nada nuevo, porque ante un juez no modifica lo ya existente.

La educación y la crisis

A la hora de los discursos formales, todos sitúan la educación en el centro de las medidas que nos pueden ayudar a salir de la crisis económica, cambiar el “modelo productivo” y situarnos ventajosamente en la nueva “sociedad del conocimiento y la información”. A la educación se remiten también como solución a multitud de problemas sociales como la lucha contra la delincuencia, la violencia de género, la conducta vial o la preparación para el trabajo y para la vida.

Todos esos objetivos salieron a relucir en los debates sobre la pertinencia de un Pacto Social y Político por la Educación que, a pesar de no culminar en una firma conjunta, las distintas fuerzas políticas decían compartir. Incluso el neoliberalismo más fundamentalista considera la educación como inversión de futuro. Poco tiempo después, todos se han olvidado de esos grandes objetivos. A la hora de la verdad todos los gobiernos, el central y los autonómicos, compiten por quién va más allá en los recortes de los presupuestos que tienen mayor dimensión social, incluida la educación.

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Colectivo Baltasar Gracián

Notas

[1] En el mismo acto la presidenta presumió de la instalación de pizarras digitales, de los centros bilingües y de la nueva “ley de autoridad del profesor”.

[2] A este respecto, hay que recordar las críticas de la derecha política al bilingüismo, por perturbador de la enseñanza, en Cataluña o el País Vasco.

[3] Respectivamente, información de Europa Press de 19 de noviembre de 2009 sobre la intervención de la Consejera en la Asamblea de Madrid e intervención de la Presidenta en la Asamblea de Madrid el 5 de marzo de 2009.