Los nuevos currículos de la LOE

LOS NUEVOS CURRÍCULOS DE LA LOE

Después de un periodo tan prolongado de reformas educativas y reformas de las reformas, hemos aprendido que, siendo importante la ley de turno y la "filosofía" en que se inscribe, serán los decretos que la desarrollen los que determinen su alcance definitivo. Por eso, a pesar de las severas críticas que hicimos en su momento a la nueva LOE en su conjunto, quedaba un margen abierto a una posterior decantación en positivo de las muchas ambigüedades que encerraba y a posibles rectificaciones de males contrastados, cuando de poner los pies en la tierra se tratase.

Desgraciadamente, ya hubo que constatar en el número anterior de Crisis que las primeras concreciones traducían las nebulosas propuestas de la ley en mayores concesiones a la insidiosa presión de la derecha y de la Conferencia Episcopal. Los Presupuestos Generales destinaron una partida muy superior a ninguna anterior para subvencionar la enseñanza privada concertada, incluyendo la educación infantil. La solución dada a la controvertida presencia de la Religión confesional dentro de la enseñanza mantenía su privilegiado status en centros públicos y privados: continuará como asignatura equiparable a las fundamentales por el conjunto de horas lectivas, será evaluable y contará para pasar de curso, tendrá como alternativa otra de contenido religioso no confesional, y quienes insistan en no admitir ni una ni otra estarán a lo que, en su sustitución, prescriba cada centro. No era un buen comienzo.

Ahora ha tocado el turno de los desarrollos curriculares y, aunque a primera vista parezca una repetición formal de lo ya legislado, nos encontramos con novedades de suficiente calado ideológico y repercusiones prácticas como para prestarles la debida atención.

El MEC ha ido sacando a la luz en los últimos meses los sucesivos decretos que definen la estructura y enseñanzas mínimas de cada nivel educativo. Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, constituyen una buena oportunidad para orientar en un sentido u otro los cauces por los que ha de discurrir la tarea efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, han venido a desvanecer cualquier residuo de ilusión y nos confirman que, efectivamente, de retoques formales iba la cosa y no de encarar los serios desajustes arrastrados por nuestro sistema educativo. Es más, lo que de nuevo contienen estos decretos es justo motivo de alarma, puesto que se insertan en las orientaciones "liberalizadoras" impuestas desde instancias internacionales, esto es, en la progresiva desregulación y privatización de la enseñanza con menoscabo de los sistemas públicos de educación, en lo que de conquista social todavía conservan.

En lo que se refiere a las enseñanzas básicas y obligatorias, Primaria y ESO, la principal novedad estriba en la incorporación de la competencias básicas al currículo, siguiendo las directrices de la OCDE y de la Unión Europea. Con ellas se intenta redefinir los objetivos de las etapas obligatorias con una nueva jerga que ha de convertirse en referencia común y marcar las pautas del futuro: la integración de todos los aprendizajes imprescindibles, bajo el esquema reiterativo de saber, saber hacer y saber ser, se resumen en ocho competencias que han de reflejar el nivel de madurez formativa, personal y social de los alumnos. De su oscuro propósito y difusa evaluación trata el primer artículo: "Legislar entre la realidad y el deseo".

Si en el pasado reciente, la "dignificación" de la Formación Profesional y la orientación de flujos crecientes hacia sus ciclos de grado medio y superior han centrado buena parte del esfuerzo de todas las administraciones educativas, el paso siguiente es el de su acelerada desregulación, abriendo su oferta y reconocimiento a las más diversas iniciativas, tanto públicas como privadas, para vincularla directamente a las "necesidades económicas". Las nuevas certificaciones de competencias -aquí sí muy concretas y prácticas- vendrán a relegar la formación reglada a un segundo plano, eliminando los componentes formativos y el control estatal de las titulaciones que hasta ahora se habían mantenido. A este marco, en el que se inscribe el nuevo decreto sobre la FP, y a los procesos que previsiblemente puede desencadenar, hace referencia el segundo artículo "La Formación Profesional y el proyecto europeo para su privatización".

Finalmente, la falsa polémica desatada en torno a la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres años no puede ocultarnos los verdaderos problemas que lo vienen degradando. El escaso nivel de exigencia en la ESO condiciona en buena medida las posibilidades de éxito, limita las aspiraciones de muchos alumnos y disminuye de forma significativa el acceso al Bachillerato. Las novedades introducidas en su estructura y currículo tienen poco que ver con el refuerzo necesario de los conocimientos y capacidades requeridos para iniciar los estudios superiores. El artículo "La propuesta del MEC sobre el nuevo Bachillerato" quiere contribuir al análisis crítico de lo que hay y deja de haber en el decreto sobre su estructura y enseñanzas mínimas.

Los desarrollos y concreciones de una ley, que ya pecaba de excesiva vacilación e indefinición en su imposible pretensión de ser la "ley de todos", están desvelando la primacía de una línea de reforma educativa supeditada a objetivos e intereses muy distintos a las aspiraciones democráticas de la mayoría. Todos los indicadores, internos y externos, ponen de relieve la urgente necesidad de reenderezar un sistema educativo que hace agua a ojos vistas. La actuación de este gobierno en el terreno de la enseñanza, que en un principio había levantado ciertas esperanzas, no puede tener otro calificativo sino el de nueva oportunidad frustrada. Pero no puede haber lugar para el engaño y la resignación. En contra de lo prometido, nos han vuelto a fallar en asuntos de la mayor trascendencia. Las espadas siguen en alto.

Colectivo Baltasar Gracián