Nuevas leyes de educación en las CCAA

Nuevas leyes de educación en las CCAA

El pasado 14 de febrero, una huelga ampliamente secundada en la enseñanza pública y más de 50.000 manifestantes exigieron a la Generalitat la retirada del proyecto de Ley de Educación de Cataluña. La mayoría de los sindicatos de enseñanza catalanes suscribieron la convocatoria y anuncian nuevas movilizaciones si el gobierno tripartito "de izquierdas" se empeña en llevar adelante una ley que avanza nuevos pasos en la línea de privatización de la educación. Las direcciones estatales de CCOO, FETE-UGT, STEs, ANPE y CSIF también han expresado su rechazo al anteproyecto publicado, que sólo cuenta con el apoyo de las patronales de la enseñanza privada, algunos sindicatos afines y ciertos colectivos de directores movidos por posibles beneficios corporativos.

Después de años de complicidad de las organizaciones sindicales con los gobiernos autonómicos, algo especialmente grave ha hecho saltar la alarma. Ese "algo" no es un fenómeno meramente catalán ni español, sino que tiene raíces internacionales. Propuestas muy similares a las incluidas en la ley catalana están apareciendo en el resto de los miembros de la Europa comunitaria y, en general, en los países de la OCDE.

La forma de proceder no es nueva y tiene poco que ver con el respeto al libre ejercicio de la soberanía ciudadana, aunque se quiera presentar de esa guisa. Siempre que la UE necesita imponer sus directrices por encima de las "rígidas" estructuras estatales suele invocar el principio de subsidiariedad. Pero la transferencia de responsabilidades hacia organismos regionales, municipales, etc. -obligados igualmente a seguir las pautas marcadas-, sólo va encaminada a soslayar el papel centralizador y garante de la igualdad de derechos atribuido tradicionalmente al Estado y a dispersar la previsible resistencia a las medidas dictadas desde más arriba.

En educación, como en otros sectores, ese principio es un instrumento eficaz para fragmentar y debilitar los sistemas públicos. En efecto, la desreglamentación, la proliferación de "particularidades" y la aparición de ofertas y demandas educativas diferenciadas, son condiciones necesarias para la adaptación flexible de la educación a las exigencias del mercado.

Ya las leyes educativas anteriores reconocían a las CCAA un amplio margen de autonomía (entre el 45% y el 55%) para concretar y desarrollar el currículo, margen que se extendió también a otros aspectos. Así, las diferencias a día de hoy son notables en temas tan importantes como las formas y ritmos de privatización, la organización y dirección de centros y el status o remuneración del profesorado.

Ahora, al amparo de la LOE y de las reformas de los estatutos de autonomía, cada comunidad autónoma se apresura a elaborar su propia "ley de educación". El parlamento andaluz ha sido el primero en aprobar, el pasado 21 de noviembre, la Ley de Educación de Andalucía (LEA); la publicación del anteproyecto elaborado por la Generalitat de Cataluña ha originado las protestas antes señaladas; otras comunidades, como las de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Cantabria, anuncian también su intención de ponerse manos a la obra.

Los motivos son parecidos en todos los casos. La lucha contra el fracaso escolar, el aumento de las tasas de titulación en la enseñanza secundaria postobligatoria (según las metas fijadas por la UE para 2010), la mejora de los bajos rendimientos académicos que reflejan los últimos informes PISA, la integración del alumnado inmigrante, etc. forman parte de la argumentación utilizada por los diferentes gobiernos regionales para insistir en la necesidad de establecer sus objetivos, adaptándolos a sus características propias. Características que, curiosamente, no impiden que todos los proyectos conocidos coincidan en sus propuestas de medidas orientadas a apoyar al sector privado y a impulsar formas de gestión privada en los centros públicos.

La Ley de Educación de Andalucía (LEA)

La focalización de los medios de comunicación en los asuntos de confrontación estatal con vistas a las próximas elecciones generales ha dejado pasar sin pena ni gloria la primera ley autonómica de educación, aprobada a finales del año pasado en el parlamento andaluz. Pero, a pesar de una menor presión del sector privado –poco interesado todavía en el amplio componente rural de la población-, la Junta de Andalucía no quiere quedarse a la zaga en sus intenciones "modernizadoras".

En dirección a una progresiva privatización de lo público, la Ley de Educación de Andalucía (LEA) otorga rango legal a la oferta, por parte de los centros, de todo tipo de servicios fuera del horario lectivo (actividades extraescolares, aula matinal, etc.), apoyándolos con una financiación extra que también se extiende al sector privado concertado.

Igualmente, estimula la autonomía y diferenciación de los centros mediante incentivos económicos ligados al logro de objetivos establecidos, fomentando lo que ellos entienden por "sana" competencia. Se aumenta el salario de los directores de los centros (se les duplica el complemento específico) y se les confiere competencias en la contratación de distintos servicios, así como en la gestión de las sustituciones de profesores y el establecimiento de requisitos de capacitación para determinados puestos docentes. Con ello se introduce una peligrosa discrecionalidad en la contratación y configuración de las plantillas, a imagen y semejanza del modus operandi de los directores de centros privados.

La Ley de Educación de Cataluña (LEC)

En cuanto al proyecto de Ley de Educación de Cataluña, no sólo busca su justificación en las competencias que el nuevo estatuto reconoce a la Generalitat para legislar en materia educativa, sino también en el Pacto Nacional para la Educación suscrito por todas las fuerzas sociales (sindicatos, patronales, distintas instituciones sociales, etc.) hace dos años.

Este documento, presentado como modelo de "consenso" en su momento, supuso una claudicación ante los intereses privados del sector educativo, a los que se comenzaba por reconocer como "indispensable contribución" al sistema educativo. Sus directrices iban dirigidas a: 1) tratar de consolidar la doble red y resolver sus disfunciones; 2) impulsar nuevas formas de organización de los centros educativos; 3) estimular la carrera profesional de los docentes (mediante una retribución ajustada a "méritos"); y 4) impulsar la corresponsabilidad de distintas instituciones en la gestión educativa. La LEC trata ahora de concretar, en línea con las orientaciones de la UE y la OCDE, aquella retórica ambigua que todos suscribieron.

El proyecto de ley, reconoce, explícitamente, que sus objetivos se centran, no tanto en los contenidos de la educación, como en aspectos estructurales. Así, se trata de "adecuar la organización y la práctica educativa a la diversidad del alumnado". Fija su atención en los centros, como "proveedores de la educación", en los que se aprecia positivamente su diferente tipología y proyectos, retomando como orientación conceptos tan manidos por la derecha como los de "producir excelencia", "crear centros con personalidad" o la necesidad de dotarlos de una "dirección fuerte" . Autonomía, gestión, dirección, evaluación de resultados, perfil de los profesionales, etc. ocupan buena parte de la ley, en la que aparecen elementos "innovadores" muy significativos.

En primer lugar, hay que destacar que la LEC subordina la planificación de la oferta educativa pública a la "oferta preexistente de centros privados sostenidos con fondos públicos, así como su posible evolución", relegando de este modo el sector público a un papel subsidiario.

Además, abre la gestión de los centros públicos "a formas de gestión indirecta (…) a cargo de entidades diversas", entre las que se citan "entidades cooperativas" y "equipos de profesionales" que presenten su propio proyecto de centro (o centros, porque pueden hacerse cargo de varios), con la clara intención de estimular la competencia y formas de funcionamiento de las empresas privadas. La posibilidad de introducir diferencias y peculiaridades en el currículo a nivel de centro, también se dirige a fomentar el "carácter propio" y, por tanto la selección de alumnado.

En cuanto al profesorado, la ley se propone ordenar la función pública docente en "cuerpos propios" y "hacerla compatible con la autonomía de los centros, las nuevas competencias de los directores, la adecuación a las necesidades educativas cambiantes". Ello implica una grave modificación de las condiciones establecidas para los funcionarios docentes que, además de dificultar aún más la movilidad a nivel estatal, serían asignados a una zona y no a una plaza concreta, facilitando su disponibilidad "flexible" para la administración autonómica.

En concreto, por un lado, la LEC redefine un perfil de director-gestor, por encima del control de cualquier órgano representativo. Este director-gestor tendría, además de una mayor retribución, nuevas y más amplias atribuciones como auténtico jefe de personal. Por otro lado, la nueva ley se propone avanzar en la dirección de 1) romper la unidad de los cuerpos de profesores a nivel estatal, 2) introducir una mayor desregulación del profesorado, 3) aumentar la flexibilidad y movilidad dentro de la comunidad autónoma. En definitiva, una serie de medidas que suponen una seria pérdida de derechos laborales y la supeditación de los actuales funcionarios a las exigencias de los directores.

Otras dos de las apuestas centrales de la LEC son extender la obligatoriedad de la educación desde los 3 años (dando base legal a la subvención del segundo ciclo de Educación Infantil), y vincular el esfuerzo en la enseñanza secundaria postobligatoria a "la necesidad de competitividad de la economía (innovación, productividad, internacionalización y cualificación de los recursos humanos), así como a las exigencias de la cohesión social". ¡Puro catecismo de Bruselas!

Nada tendríamos que objetar a cualquier ley dispuesta a romper una lanza a favor de la reconstrucción de la Escuela Pública, reafirmando en su ámbito la soberanía ciudadana frente a imposiciones dirigidas al desmantelamiento de un bien social irrenunciable. No es éste el caso. La movilización iniciada en Cataluña es el camino a seguir ante las sucesivas veleidades "autonómicas" que apunten hacia igual o parecida sumisión a los dictados venidos de instancias "más altas", sean nacionales o supranacionales.