El asilo político en nuestra región desde la aparición de la controversia entre Colombia y Perú [1] se consolidó como costumbre regional -que en el resto del mundo no podrá ser encontrada más que como “asilo por razones humanitarias”- (Remiro-Brotons, 2007). Las reglas de quién, cómo, cuándo y por qué se entrega dicho asilo quedaron determinadas entonces para nuestra región. Dentro de ellas es de especial relevancia la capacidad que tiene el país otorgante del asilo de determinar si el asilado es “perseguido” por un delito común o por un delito político. En un continente marcado por la crudeza de las interrupciones a la democracia, lo que se buscaba –y aun se busca- era resguardar la vida de aquellos que pensaban distinto y que se encontraba en desventaja ante los recursos de represión estatales.
Este ha sido el razonamiento y la lógica planteada por la Argentina. Un país donde –hay que decirlo- los procesos por violaciones a los Derechos Humanos y la política del “Nunca Más” permean a todo nivel dentro de la sociedad. El tema de entregar asilo a un “ex frentista” por la posible vinculación con el asesinato de uno de los más acérrimos colaboradores del régimen dictatorial acá en Chile se puede transformar en un tema con grandes consecuencias políticas en la relación nuestro vecino. Allá, donde el estado de derecho efectivamente es más dependiente del ejecutivo que acá en Chile, el tema no se ha visto como un tema netamente judicial, porque en definitiva, -y tomando las bases de la costumbre sobre el asilo político-, no lo es, como se ha demostrado en las respuestas que se han tenido desde nuestro país con respecto a dicha decisión.
¿Por qué es importante esto? Porque para Argentina, Apablaza ES un asilado político. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que se quiere plantear a este lado de la cordillera- la decisión nada tiene que ver con la capacidad del sistema legislativo de uno u otro país para poder juzgar los crímenes o salvaguardar las disposiciones de un “debido proceso”. Tiene que ver, más bien, con las grandes diferencias que tenemos entre los dos países en mirar hacia atrás y valorizar los acontecimientos en época de dictadura y cómo estas distintas apreciaciones pueden repercutir dentro de la estabilidad interna. Además Chile con un gobierno recién instalado parece lentamente incorporarse al training de la diplomacia latinoamericana –recordar el impasse con Miguel Otero-, y Argentina con una Presidenta con la vista en las elecciones arriesgando votos en cada paso que da.
Por lo anterior es que debemos dejar de lado los aspectos judiciales que envuelven este problema. No porque no sea importante que un crimen como el de Jaime Guzmán deba ser esclarecido, sino porque en este momento, son las relaciones entre Chile y Argentina mucho más importantes que el esclarecimiento de un asesinato complejizado por el contexto histórico del país, las indagaciones del caso, la obtención de información y el misterio de la orden que se dio para asesinar al ex Senador.
La decisión que tomó la Presidenta Fernández mantiene una postura que disminuye los costos políticos al interior del país: por un lado, no contradice la noción casi igualitaria dentro de los Argentinos acerca de lo que significaría entregar a Apablaza, principalmente por la opinión que en su conjunto tienen acerca de la democracia y los derechos humanos. Y por otro disminuye el impacto en los votos que desde la izquierda pueda perder la Presidenta en el caso que no sepa tratar el tema.
En segundo lugar, hay que tomar en cuenta la importancia estratégica que significa para Chile mantener buenas relaciones con Argentina. Nos guste o no, para Chile es mucho más importante Argentina de lo que nosotros somos para ellos; esto a razón de los negocios energéticos, la importancia económica y el papel que juegan a nivel regional tanto en el Mercosur como en la UNASUR. Por otra parte, desde hace tiempo que para Chile, la hipótesis de conflicto con Argentina quedó en el pasado, un trabajo arduo y de largo aliento realizado por la Cancillería hoy podría verse perjudicado por una posición inquebrantable por parte del gobierno. Clara muestra de esto es el ejercicio “Cooperación I” coordinado por la FACH (Cooperacion1.fach.cl) la semana recién pasada en el sur de nuestro país, y donde el Parlamento Argentino negó el permiso a su Fuerza Aérea aduciendo el impasse con respecto a este tema.
La UDI pareciera olvidar que ya no se encuentra en la oposición, sino que, a pesar de todo lo que pueda manifestar en la prensa, pertenece al gobierno y corresponde a ellos velar por los intereses del Estado por sobre los intereses ideológicos. De la misma manera se hace necesario pensar en la imagen país con respecto a temas tan delicados como son los Derechos Humanos.
Esto es de especial relevancia porque, en palabras de César Bunster –también ex frentista vinculado al Caso Guzmán- en entrevista con medios Argentinos, “el gran énfasis que pone la derecha, (en el caso Apablaza) contrasta enormemente con el desinterés que han puesto por años en aclarar las gravisímas violaciones a los derechos humanos” (Cambio21.cl). Una diferencia notable cuando se está en el aparato estatal, y que da malas señales al exterior, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país no tiene juicios ni imputados por Crímenes de Lesa Humanidad ni menos por violaciones a los Derechos Humanos [2], posición contradictoria con muchas de las posturas que el país ha manifestado en conferencias internacionales, a través de la firma de diversos tratados multilaterales y con el concepto “Estado Moderno y Democrático” del cual Chile tanto se enorgullece.
En un momento tan crucial como es demostrar al país que la derecha puede gobernar en democracia y con la mirada internacional sobre aquellos temas de los cuales Chile no ha podido dar respuesta coherente ni certera, el gobierno no se puede dar el lujo de dar señales equívocas mientras pelea por una causa con fuerte carga ideológica al mismo tiempo que carga con acontecimientos sin resolver con anterioridad al asesinato de Jaime Guzmán.
Se hace necesario resguardar la dimensión política de las relaciones chileno-argentinas. Lo de Apablaza deja como desafío a la derecha chilena aprender a ser gobierno, dejando de lado aquellos fanatismos ideológicos –que no se muestran en otros crímenes igualmente de violentos y punibles- a favor de tener un buen desempeño en el gobierno con respecto a las relaciones internacionales y cómo debe actuar el país respetando la costumbre y el Derecho Internacional dentro de la región a través de las relaciones con la vecina Argentina.
Notas al pie:
[1] En Primer Caso de Asilo político en la Región, fue el caso de Haya De La Torre, perseguido por temas políticos en Perú, ingresó a la Embajada de Colombia, donde el Estado Colombiano le entregó Asilo político por 40 años dada la negación por parte de Perú a entregarle un salvoconducto para que Haya de La Torre pudiera abandonar el país. (Remiro-Brotóns, 2007)
[2] Lo que existe en Chile es el “secuestro permanente” que no es una tipología de crimen de Estado sino una construcción legal para que los crímenes vividos en época de dictadura no prescribieran. Por otra parte, la prescripción no cuenta para los Crímenes de Estado ni de Lesa Humanidad, además de que por costumbre internacional, el Estado DEBE penalizar los crímenes de esta categoría, situación que en Chile no ha ocurrido.
Natalia Vargas
Integrante Movimiento Nueva Izquierda
11 de Octubre del 2010