IFE vs ATP: ¿cuánto vale su emergencia?

¿Qué derechos incluye esta modalidad? ¿Quién asume los costos de los elementos necesarios para su realización? Ante la falta de normativa, se abre el debate: reuniones con la CGT y la CTA para avanzar en el tratamiento de una ley. El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y giró al Senado. El antecedente chileno que ya dispuso reglas precisas

Por Camila Braconi

Si tuviéramos que definir qué es lo que más nos gusta de la política, muchos diríamos que es la capacidad de transformar la sociedad en la que vivimos. Son tantas las acciones que el poder político encarnado en sus funcionarios puede llevar a cabo para hacer de nuestras vivencias diarias panoramas más amenos, que resulta necesario —para quienes militamos— analizar los alcances de las medidas que lleva adelante el gobierno que apoyamos. Por supuesto, no solo analizarlas, sino también proponer mejoras y críticas a la gestión.

Como todos sabemos, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se proponen ayudar a diversos sectores de la población. El primero está dirigido a aquel sector que ya cuenta con un patrimonio consolidado, que hasta antes de la pandemia le permitió generar riqueza y que ahora, para continuar con esa acumulación, requiere en mayor o menor medida del trabajo de otras personas. El segundo atañe al sector de los trabajadores informales, muchos de ellos precarizados, contratados bajo figuras no laborales. Ahora bien, tomando en cuenta esta distinción de capacidad adquisitiva que tienen ambos grupos, cabría preguntarse por qué el Gobierno decide sacarle al sector con mayor poder adquisitivo y patrimonial la obligación de efectuar contribuciones a la seguridad social en un 95% y, a su vez, financiarle la mitad del gasto en salarios de todos los trabajadores sin que haya una obligación de parte de los empresarios de devolver ese dinero en algún momento de bonanza. Es decir, a un sector privilegiado de la sociedad no se le pide mayores requisitos para financiarles el negocio, pero a quienes quieran acceder al IFE no se les permite tener dentro de su grupo familiar a una persona en relación de dependencia, ya que de ser así, el Gobierno presupone que ese grupo familiar puede afrontar los gastos de vida que la pandemia requiere, en un momento en que el desempleo es altísimo y los sueldos miserables. A su vez, si lo comparamos también con la situación de los monotributistas que quedan por fuera del IFE, el requisito que se les impone a ellos para acceder a un crédito a tasa cero sigue siendo mucho más estricto que los requisitos que se les pide a los empresarios para acceder al ATP, ya que este crédito debe ser devuelto en el tiempo. ¿Cuál sería la conclusión de esta comparación? Que si intentamos ponderar en qué medida el Estado ayuda a uno u otro sector, la respuesta no se condice con redistribuir el ingreso de manera justa, ya que para que así fuese, el sector con mayor poder adquisitivo debería —aun a largo plazo— devolver el dinero de los ATP y las contribuciones patronales.

Por si todo esto fuera poco, y alguien quisiera objetar que es la única manera de que la economía siga funcionando y no se pierdan puestos de trabajo, habría que dejar en claro que hay algo que no se negocia: es injusto otorgarles los ATP a aquellas empresas que se encuentran en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (por haber defraudado al ente de recaudación, cometer infracciones laborales, contratar trabajadores bajo figuras no laborales y/o no respetar la prohibición de trabajo infantil) como hizo Claudio Omar Moroni bajo la resolución RESOL-2020-352-APN-MT.