Transferencias para el Desarrollo Local

El Poder Ejecutivo, acorde con el marco normativo que define la aplicación específica de recursos a favor del sector municipal y asociaciones de desarrollo integral, ha previsto en el Proyecto de Presupuesto de la República 2020 la suma de ¢134.546 millones por concepto de transferencias para el desarrollo local. Los recursos se ubican en diferentes Títulos presupuestarios (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Salud, y Obras específicas). La suma destinada para entidades del ámbito local representa el 1,3% del total del Proyecto de Presupuesto de la República.

Para el año 2020, las transferencias al desarrollo local reflejan una variación de un 3,1% (¢4.074 millones) respecto a la Ley de Presupuesto 2019, en el que se asignaron ¢130.471 millones; respecto al presupuesto ajustado de 2019 (¢130.370 millones)^[1] la variación es de 3,2% (¢4.175 millones).

Cabe destacar que se incluye por primera vez una transferencia de capital en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIVAH, por ¢5.200 millones, relativa al beneficio del bono colectivo para obras comunales y de equipamiento social en asentamientos humanos^[2]. Se incorpora también por primera vez una transferencia por ¢800 millones para gastos operativos del cantón de Río Cuarto, comunidad que pertenecía administrativamente al cantón de Grecia.

La mayor asignación de recursos para desarrollo local lo constituye el destino específico del impuesto único a los combustibles, Ley N° 8114, por ¢107.864 millones. Siguen en importancia las transferencias en el Ministerio de Gobernación y Policía, en el que se asignan ¢19.437 millones (¢10.916 millones correspondientes a transferencias a Asociaciones de Desarrollo Integral, ADI, amparadas a la Ley N° 3859; ¢3.767 millones por impuesto de salida; ¢3.720 millones relacionados al impuesto al banano; entre otras).

En lo que atañe a la distribución de estas transferencias, un 91,6% (¢123.272 millones) se destinarán para las municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, el 8,3% (¢11.150 millones) para las asociaciones de desarrollo integral, y el 0,1% (¢124 millones) están previstos para la Federación de Municipalidades de Guanacaste. Es importante anotar que en la cifra considerada para las municipalidades y comités cantonales, se muestra en el proyecto de ley un monto de ¢230 millones por concepto de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, es decir, se incluye la presupuestación sin la identificación por objeto del gasto y su asociación con el cumplimiento de metas, productos, obras o proyectos específicos a ejecutar. Lo anterior contraviene lo dispuesto en los principios de programación^[3] y especificación^[4], cuya finalidad es, entre otras cosas, poner a disposición de los posibles ejecutores, en forma oportuna, los recursos pretendidos.

En resumen, el aumento de recursos del 3,2%, que se refleja en el Proyecto de Presupuesto de la República 2020 para el desarrollo local, se origina principalmente en la incorporación de las nuevas transferencias, para un total de ¢6.000 millones (¢5.200 para bono de vivienda comunal en el MIVAH y ¢800 millones por la creación del cantón de Río Cuarto); al excluir esos recursos, las transferencias a favor de las entidades del sector municipal y asociaciones de desarrollo integral, muestran un comportamiento decreciente en 1,4%, es decir ¢1.825 millones menos, en comparación con el monto del presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2019.

Resulta importante señalar, además, que los recursos provenientes de la Ley N° 8114, muestran una disminución en términos absolutos, de ¢2.212 millones, con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto 2019; recursos cuyo destino es la conservación, el mantenimiento rutinario y periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal. Situación que amerita la atención de las autoridades de los gobiernos locales, y que se vuelve más riesgosa en aquellos casos en que los municipios han contraído operaciones crediticias a mediano y largo plazo, en las cuales se han ofrecido, como garantía de pago, los recursos que se perciban por ese concepto.

Además, resulta importante reiterar la dependencia que tienen algunas municipalidades de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central, específicamente de los ingresos de capital, que si bien es cierto la gran mayoría de esos recursos tienen una finalidad específica, no se puede obviar la comprometida situación fiscal y financiera del Gobierno para dar cumplimiento a esa obligación legal. Esta preocupación ha sido manifestada por la Contraloría General a la Asamblea Legislativa, mediante el oficio Nº 11241 (DFOE-DL-1437) del 30 de julio de 2019, donde se expone que el 38% de los Gobiernos Locales dependen en una proporción alta de los recursos que les transfiere el Gobierno Central, mientras que solo para el caso de 22 cantones, ese porcentaje es inferior al 20%.

Ante los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público, y para trasladar a las municipalidades y organizaciones del sector municipal, los recursos requeridos para el desarrollo local, resulta pertinente que las entidades beneficiarias de esas transferencias adopten las acciones que sean necesarias, en cuanto a redoblar los esfuerzos en la planificación, presupuestación, ejecución^[5] y control de los recursos que se les trasladan, con el propósito que se transformen en forma oportuna y con la mayor calidad, en las obras y proyectos que resultan indispensables y prioritarios en las respectivas comunidades, y por ende contribuyan en el mejor bienestar de los habitantes de cada cantón.