Gasto Social del Gobierno Central

De acuerdo con el clasificador funcional del gasto del Ministerio de Hacienda^[1], la función de servicios sociales (lo que se podría llamar, “gasto social”) incluye “aquellas funciones relacionadas con la prestación de servicios básicos de carácter social a la población, tales como educación, salud, vivienda, y desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, servicios relacionados con la recreación, el deporte, la cultura y la religión y la protección social”.

El proyecto de presupuesto para el período 2020 incorpora ¢4.677.768 millones (12,1% del PIB) por este rubro, con una variación de 0,0% (¢337 millones) respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto del presente año, y representa un 44,5% del total del presupuesto para 2020.

Para el proyecto de presupuesto de 2020 se da un cambio en la clasificación funcional de las partidas en las que se registran los pagos de las cuotas patronal y estatal para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pues en este año tales partidas, que en total ascienden a ¢44.185 millones, se asignan a la función Justicia, mientras que en 2019 y años previos se clasificaban como parte de la función Protección social, lo cual incide en forma importante en la reducción que se observa en el rubro Protección social entre 2019 y 2020. Al ajustar los datos de manera que se tenga en cuenta este cambio y si, además, se excluyen las partidas de gasto asociadas a fuentes de financiamiento objeto del procedimiento de revalidación automática de saldos (que no están incluidas en el proyecto de ley), la variación del gasto social ascendería a 1,3% en lugar del 0,0%.

En cuanto a composición, el 57,1% del gasto social se destina a Educación (¢2.669.798 millones), el 33,8% a Protección social (¢1.580.458 millones) y el restante 9,1% (¢427.511 millones) a Salud, Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión, y Vivienda y otros servicios comunitarios.

El proyecto de presupuesto de 2020 supone un crecimiento de 1,1% en los servicios asociados a educación (1,7% con el ajuste mencionado), mientras que cae un 3,3% en los asociados a protección social (-0,5% con el ajuste), debido a las disminuciones en las asignaciones para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Los servicios recreativos, deportivos, culturales y de religión crecen un 7,2% mientras que aquellos asociados a vivienda y otros servicios comunitarios crecen un 51,5%, producto, en parte, del aumento en los recursos a favor del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)^[2].

Tal como se mencionó previamente, el presupuesto para educación representa la mayor proporción del presupuesto destinado a servicios sociales; en relación con ello, esta Contraloría General considera que producto del cambio en la natalidad, el cambio demográfico implica una caída en la población que demanda servicios educativos^[3] y representa una oportunidad para utilizar el margen disponible para mejorar en áreas como la tecnología, infraestructura educativa, calidad, entre otras. En este contexto, también resulta necesario alinear el destino específico que presupuestariamente dota de recursos a esta función, con los principios de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Cabe mencionar que, pese a la alta proporción de recursos destinados a educación, el VII Informe Estado de la Educación^[4] revela retos en materia de calidad de la enseñanza, sobreedad de los estudiantes, programas desactualizados, entre otros.

La sostenibilidad de largo plazo de los servicios sociales que brinda el Estado a través de su política pública, requiere un Estado financieramente sólido, capaz de dotar de contenido presupuestario a los respectivos programas. En este sentido, los déficits presupuestarios recurrentes y estructurales (los cuales derivan usualmente en crecimientos inerciales de la deuda pública), atentan contra la capacidad de brindar estos servicios en la cantidad y calidad adecuadas, y de manera sostenible, afectando así a la población en condición de vulnerabilidad.