Remuneraciones

El gasto en remuneraciones asignado en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020, asciende a ¢2.673.054 millones, comprende el 25,4% del total del presupuesto y 6,9% del PIB. Respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2019, se observa un crecimiento de 1,1% (¢29.944 millones) y de 0,8% respecto a la Ley de Presupuesto de 2019 (¢22.456 millones).

Desde una perspectiva de largo plazo, y tomando como referencia el clasificador económico del gasto, los sueldos y salarios tuvieron un crecimiento promedio del 17,0% en el periodo 1996-2007, (en un contexto caracterizado por tasas de inflación de dos dígitos, de hecho, el promedio de inflación en 1996-2007 fue de 11,3%); el promedio entre 2008-2010 fue de 23,7%, mostrando un crecimiento superior respecto a los años previos, y desde 2011 a 2018, el promedio de crecimiento fue de 7,4% (con una inflación promedio de 2,8% en este último período). Para el período 2020, la variación en esta subpartida es de 1,3%, respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto.

Según título presupuestario, cabe señalar que el Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, concentran el 81,8% (¢2.187.148 millones) del gasto en remuneraciones del Gobierno Central.

En cuanto a la variación, el mayor aumento -porcentual y absoluto- se registra en el Ministerio de Seguridad Pública, con un 7,0% y una asignación de ¢208.681 millones, esto debido a varios factores: ajuste técnico al salario base de algunas clases policiales^[1], cálculo de la anualidad de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9635, aplicación del Manual de Clases y Cargos Policiales, y el aumento en la contribución patronal al IVM^[2]; este título no muestra cambios en su cantidad de plazas (18.391 plazas, de las cuales 16.618 son policiales).

El segundo aumento en orden de magnitud se da en el MEP, principalmente por la incorporación de 525 plazas docentes y 318 plazas por conversión de cantidad de lecciones a puestos. Sigue en importancia, el aumento de ¢5.354 millones en el Poder Judicial (1,4% con respecto al año 2019), esta institución, según la exposición de motivos, señaló que mantendrá el cálculo de los incentivos salariales en forma porcentual y no nominal, como establece la Ley Nº 9635. Para el Poder Judicial la partida remuneraciones representa el 87,0% de los gastos corrientes de la institución.

Por el contrario, la mayor reducción se da en el MOPT (-4,9%, para una asignación de ¢50.208 millones), en este ministerio se eliminaron 21 plazas^[3]. En términos generales, 14 títulos presupuestarios presentan una disminución en su gasto en remuneraciones. Al igual que en años anteriores, se observan diferencias importantes en la relación incentivos salariales respecto a las remuneraciones básicas por título presupuestario, así como en la variación de estas subpartidas, como se muestra en el cuadro siguiente.

En relación con la cantidad de plazas asignadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para 2020 estas alcanzan 143.705, y crecen 0,5% (685 plazas más que las plazas asignadas en la Ley de Presupuesto de la República para 2019). Los únicos títulos que presentan un aumento en la cantidad de plazas asignadas son el MEP, como se citó previamente, y un puesto trasladado de MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Cabe resaltar que 299 plazas de servicios especiales pasan a ser cargos fijos en el Poder Judicial; además, se eliminan 57 plazas en el TSE, de las cuales elimina 147 plazas de servicios especiales y convierte 90 plazas de servicios especiales a cargos fijos.

Desde el año 2012, la cantidad de plazas en el Presupuesto de la República ha crecido 14,1%, lo que se traduce en 17.746 plazas adicionales en 2020 respecto a la autorización de 2012. La CGR reitera la importancia de hacer una revisión constante acerca del recurso humano y los procesos institucionales, de forma que se impacte la eficiencia en la gestión, optimizando el uso de los recursos públicos.

En términos de subpartida, el gasto asignado a incentivos salariales equivale a 42,6% del total de remuneraciones y constituyen el principal rubro dentro de la partida, con un monto presupuestado de ¢1.138.643 millones, 0,9% más (¢10.471 millones) en comparación con el presupuesto ajustado de 2019. Cabe destacar que esta variación es la menor observada desde 2012, para el periodo 2012-2018 el gasto devengado en incentivos salariales tuvo una variación promedio del 7,6%, lo anterior en virtud de los cambios normativos introducidos por la Ley N° 9635.

A su vez, el principal componente para esta subpartida es el rubro de “otros incentivos” que representa un 14,8% del gasto total en remuneraciones; el MEP y el Poder Judicial son los títulos con mayor peso en “otros incentivos”.

Por su parte, las remuneraciones básicas, representan el 39,0% de la partida, con un presupuesto de ¢1.043.320 millones, 1,5% más que el presupuesto ajustado de 2019 (¢15.769 millones más). Los incentivos salariales y las remuneraciones básicas representan el 81,6% del gasto total en remuneraciones.

Además, en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para 2020 se asignan ¢201.784 millones y ¢251.535 millones en contribuciones patronales a la seguridad social y a fondos de pensión, en ese orden. En esta materia, es importante indicar que para 2020 se tiene previsto el aumento en la contribución tripartita al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que a partir de ese año se situará en 10,66%: 4,0% trabajador, 5,25% patrono y 1,41% Estado, esto se refleja en un aumento promedio del 3% en el rubro 0.05.01-Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS.

Por último, la CGR reitera su llamado a mantener el ámbito de cobertura de la Ley N° 9635, y complementar la reforma en materia de empleo público, bajo principios de transparencia, sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos.

En la actualidad, se discute en el Plenario Legislativo el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público. Este proyecto busca organizar la gobernanza del empleo público a través de la clarificación de funciones de la rectoría de MIDEPLAN (que otorgó la Ley N° 9635), la creación de un Consejo Técnico Consultivo como asesor del Ministerio y la creación de un observatorio de empleo público; y establecer postulados y normas generales para la unificación, simplificación y coherencia del empleo y subsistemas de gestión de recursos humanos: planificación, organización del empleo, gestión del rendimiento, de la compensación, del desarrollo y de las relaciones humanas y sociales. La CGR emitió su criterio sobre este proyecto de ley mediante el oficio DJ-11110 (12844) del 30 de agosto de 2019.