>Incompetentes

El ahora vicepresidente y conseller de Gobernació (policía , puertos, cárceles…), y también ex conseller de la Generalitat de Cataluña en gobiernos de Jordi Pujol, FelipPuig Godes, ha salido súbitamente a sostener la presunción de inocencia de diversos miembros de la policía catalana, así como de otros cuerpos de alto rango policiales, acusados por la fiscalía en la trama de corrupción más grave de Cataluña. El propio conseller se encuentra implicado en varias investigaciones judiciales de gran alcance, entre ellas esta, la del Puerto de Barcelona, el más grave caso tal vez de corrupción e implicación de cuerpos de seguridad, instituciones, políticos y miembros de la más pudiente burguesía catalana. En medio, como nexo de unión de todo el entramado, la Fundació Catalunya Oberta de la Unió Democràtica -el partit demócrata cristiano de Josep Duran Lleida- que aparece, con sus más destacados socios, en los mayores escándalos de Catalunya, como en caso de la financiación ilegal de CDC -socio de UDC en el gobierno y partido del presidente Artur Mas- a través de comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau de la Música Catalana y su Orfeó Català.

El subinspector de los Mossos d’Esquadra Antoni Salleras ha sido imputado por el juez Joaquim Aguirre, de Barcelona, por el caso de presunta corrupción policial abierto desde hace meses, en el que ha implicado el antiguo subjefe de la comisaría de Vilanova i la Geltrú, Fernando Ranea, y dos agentes más. El caso está relacionado con un supuestointercambio de favores con confidentes que eran narcotraficantes, también imputados en la causa, y sacudió el cuerpo policial hace unos meses. Ranea llegó a estar encarcelado preventivamente y ahora está en libertad provisional.

El vicepresidente Felip Puig, GISA y el Puerto

El registro por sorpresa de la sede de GISA, es un escalón más de un asunto que aún se alargará años y que es una espada de Damocles justo sobre las cabezas de CiU. Según los datos conocidos, Felip Puig habría ingresado comisiones de varios millones de pesetas en su cuenta personal, procedentes de tres constructoras adjudicatarias de obra pública de la empresa Adigsa, en la etapa en que fue su consejero delegado (1988 -1992). Ricardo Murga, ex empleado de Adigsa entre los años 1988 y 1995 y ex coordinador de seguridad de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) en esta etapa, aseguró en su declaración judical que él mismo era quien ingresaba los cheques en una cuenta personal de Felip Puig.

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentó una querella en 2005 por presunta malversación de fondos públicos contra dos ex directivos de CiU y otras seis personas que podrían haber cobrado comisiones ilegales por adjudicar obras públicas. Las entregas correspondían al 10% o el 15% de las comisiones irregulares que las empresas entregaban a Adigsa para financiar CDC a cambio de las adjudicaciones de obras para construir o rehabilitar viviendas sociales.

Murga afirma que en más de 20 ocasiones ingresó cheques de constructoras, extendidos al portador, por importe de dos o tres millones de pesetas cada uno, siguiendo las instrucciones de Felip Puig. Murga hacía los ingresos en la oficina 1142 de La Caixa, situada a escasos 25 metros de la sede social de Adigsa.

Jordi Vergé, gerente de GISA, detenido

La guardia civil registró la sede en Barcelona de la empresa pública de adjudicación de obras de la Generalitat, Gisa, y detuvo a tres personas, entre ellas el gerente Jordi Vergé, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en la provincia. La operación la ordenó la fiscalía de delitos económicos a raíz de una irregularidad relacionada con la adjudicación de obra pública en Girona,.

El Parlamento de Cataluña aprobó en julio de 2010 llevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música, en un debate en el que CiU ha insistido en que ha sufrido un ” tribunal político “y una” caza de brujas “.

Todos los partidos catalanes -con la obvia excepción de CiU- forzaron que la cámara trasladara a la Fiscalía las conclusiones, donde se constataba que la documentación analizada: “Permite probar la existencia de un circuito que se iniciaría con las adjudicaciones de obra pública a Ferrovial “, una de las constructoras más grandes del estado español a quien el gobierno de Pujol adjudicó, en contrapartida por los regalos que se correspondían con las donaciones al Palau que acababan en los bolsillos de Convergencia y su fundación Trias Fargas , las más grandes y más costosas obras públicas.

Según el diputado eco-comunista de ICV-EUiA Daniel Pi, la comisión constató el “saqueo” del Palau para financiar el PI (Partido por la Independencia de Àngel Colom y Pilar Rahola, sionista a sueldo de la televisión pública de CiU, que se hundió en el ridículo) y CDC.

La comisión de investigación del caso Palau llegó a la conclusión de que el partido de Artur Mas se financió a través de las adjudicaciones de obra pública. El tripartito de izquierdas quiso prohibir que las formaciones políticas pudieran recibir donaciones de empresas que hayan prestado servicios a la administración los últimos dos años, pero quedó bloqueado por los intereses de la mayoría parlamentaria burguesa de derechas.

Los amigos en los puestos clave

Sixte Cambra, amigo de paseos marineras de Artur Mas, ha sido nombrado presidente del Puerto de Barcelona. Nada de extraño cuando CiU quería colocar a Felip Puig para tapar el escándalo de corrupción en el puerto, donde están implicados miembros clave de CiU desde hace decenas de años. Ahora, con Puig dirigiendo los mossos (la policía catalana) y los amigos de Mas colocados en el puerto y en Justicia, se espera que la manta sociovergente siga escondiendo la corrupción bajo la alfombra, al modelo Valenciano.

Los negocios de los Puig y Ticó

Para añadir hedor, Artur Mas colocó a Núria Burguera -casada con el ahora presidente de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC),Enric Ticó- como directora de Comunicación del Puerto de Barcelona.

Núria Burguera, constituyó una empresa, Aérea Inversiones Aeronáuticas SL, con sede social en un local de la calle Valencia deBarcelona, de la que Enric Ticó es consejero delegado. El objetivo social de la empresa es la gestión integral de inversiones y proyectos aeronáuticos.

En el consejo de administración figuran Alex Bachs, el arquitecto Marco Pera Lezcano, Enric Ticó y otra empresa, Alcaudón Investments SL, de la que es administrador único y también único accionista Oriol Puig Godes, hermano de Felip PuigGodes, número dos de Convergencia y recientemente nombrado al frente del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Por esas casualidades, en el último gobierno de Jordi Pujol, Enric Ticó fue director general de Puertos y Transportes de la Generalitat y, por tanto, estaba a las órdenes del entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ysabía muy bien -o debería haber sabido- lo que se traficaba en el puerto de Barcelona, como su jefe entonces. Ticó entiende a la perfección con los Puig, ya sea en la política o en los negocios. Ahora controla los Ferrocarriles de la Generalitat mientras su señora controlará el tráfico portuario, todos bajo la batuta de los hermanos Puig Godés.

Justicia e Interior, dos consejerías en torno al caso del Puerto

La nueva consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, estaba convencida de que las facturas falsas podían esconder una financiación ilegal de Convergencia en el puerto de BCN. Antes de recibir la llamada del presidente de la Generalitat, la noche del 24 de diciembre, para ofrecerle el cargo, Pilar Fernández era la jefa de los abogados del Estado en Cataluña y tenía el despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona .

La gran estafa de construcción del dique Este del puerto de Barcelona

El Juzgado de Instrucción núm. 5 de BCN ya ordenó la detención de dos empresarios, responsables de la empresa Coterras.Son los intermediarios en la operación que sobrefacturar 40,7 millones de euros en la última década. Un desfalco que, al fin y al cabo, sólo beneficiaba las grandes constructoras que trabajaban en la construcción del dique: Una unión temporal de empresas (UTE) donde figuran Ferrovial, Construcciones Rubau, FCC Construcción y Copisa. El administrador de Coterras es Luis Requena desde el año 2005, pero, según señalaron fuentes de la investigación, el verdadero hombre fuerte de la firma es Esteve Colominas, que fue administrador hasta esa fecha.

Joaquim Tosas, ex presidente del puerto (en la foto arriba a la derecha), como se puede ver formaba parte íntima del equipoPujol-Prenafeta-Alavedra-Arcadi Calzada, todos ellos implicados también en el caso Palau o el Caso Pretoria, y la Fundación Catalunya Oberta de CiU.

En 2001, cuando fueron adjudicadas las obras, la presidencia del puerto recaía sobre Joaquim Tosas, que fue relevado por Joaquim Coello en 2004. El presidente de la entidad es nombrado por el Gobierno central, aunque, en una especie de pacto no escrito, siempre se designa al candidato que elige la Generalitat. Mientras que Tosas fue designado por CiU, entonces el gobierno catalán, Coello y, en la actualidad, Jordi Valls lo fueron por el tripartito.

GISA, CiU y Jordi Pujol

En la primera fase, la sociedad recibió el encargo de finalizar las obras de infraestructuras relacionadas con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde entonces la colaboración y GISA con el gobierno de CiU de Jordi Pujol fue cada vez mayor, con cifras millonarias de negocio.

La competencia de GISA se centró al principio en la mejora de la red de comunicaciones viarias de Cataluña con obras como el Eix Transversal, los túneles de Capsacosta, la autopista del Baix Llobregat A16, la Autopista Mataró / Granollers, el metro del Baix Llobregat, el funicular de Vallvidrera de los Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña y las líneas 3 y 4 de los Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona.

Paralelamente, se fueron llevando a cabo otras actuaciones tanto de carreteras como de infraestructuras ferroviarias, así como mejoras en el sector del mantenimiento de carreteras y de la edificación, como la construcción de centros docentes, comisarías, centros de atención primaria, edificios judiciales, centros asistenciales, etc.

En este sentido, fue esencial la creación, en 1997, de la Dirección General de Edificación. Esta división nacía para colaborar, en un principio, con el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, con el doble objetivo de conseguir una mejora general de los equipamientos escolares y la adecuación de la oferta educativa a las exigencias de la LOGSE.

En los últimos años la empresa ha desarrollado para el Departamento de Interior la construcción de las comisarías y la mejora y ampliación de los parques de bomberos; para el Servicio de Salud, la reforma de la atención primaria y mejoras en la red hospitalaria; para el Departamento de Justicia, nuevos edificios judiciales y reforma de los actuales juzgados; para Bienestar Social, residencias, centros de día y viviendas tuteladas, por el Departamento de Vicepresidencia las sedes de las Delegaciones Territoriales del Gobierno de la Generalitat y otros edificios administrativos; para el Departamento de Presidencia, la restauración del Palau de la Generalitat, entre otros.

Últimamente, GISA, como empresa de gestión de la construcción de inversiones públicas ha continuado tante y ejecutando obras de inversión pública y en el sector de la construcción. La puesta en servicio del Eje Vic-Olot, la Comisaría Central de los Mossos d’Esquadra en Sabadell, la Ciudad la Justicia, el Aeropuerto de Alguaire, la prolongación de la L5 del metro en la Vall d’Hebron, los primeros tramos de la L9 en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Barcelona o del intercambiador de Diagonal son obras ejecutadas en estos años.

Una larga historia sucia con muchas ramificaciones

La historia de la estafa del puerto de Barcelona trae cola desde hace tiempo. Por un lado, las grandes constructoras reclamaron a la Autoridad Portuaria los más de 40 millones de euros bajo el subterfugio que tuvieron que construir una gran explanada que no figuraba en el contrato de concesión de las obras, al principio de la década . El presidente del puerto, Jordi Valls, olió que algo no funcionaba. Según los documentos de este organismo, los trabajos de construcción de la explanada entraban dentro del pliego de condiciones de la obra. Por este motivo, se negó a pagar de nuevo por un trabajo ya presupuestada.

Fuentes del puerto de Barcelona afirmaron que la investigación interna de la Autoridad Portuaria decidió abrir un expediente ante las sospechas de que las grandes constructoras «quisieran cobrar por un trabajo que tenían que hacer por contrato».

José Mestre, Tercat y las buenas familias multimillonarias catalanas

La investigación sobre el empresario José Mestre, acusado de introducir importantes cantidades de cocaína a través delPuerto de Barcelona, continúa abierta en la Audiencia Nacional y en los últimos días estuvieron citadas a declarar algunas personas muy conocidas de la alta sociedad catalana . El secreto de las diligencias del sumario 193/09 impide conocer los detalles de las investigaciones, pero, en todo caso, se desvanece la posibilidad-esparcida por la familia-del próximo liberación de José Mestre. Y no sólo por el gran alcance que, al parecer, está tomando esta operación antidroga, realizada a finales del pasado mes de junio.

Hay que tener en cuenta que José Mestre ya estuvo involucrado el año 1981 en un caso de robo a gran escala en el Puertode Barcelona y que huyó del país para eludir la acción de la justicia, hasta que prescribió el delito. Con estos antecedentes de prófugo es jurídicamente imposible que el juez Fernando Andreu acuerde decretó su puesta en libertad de la cárcel de Soto del Real por el riesgo evidente que vuelva a escapar. El “caso Mestre” promete deparar importantes sorpresas en las próximas semanas.

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre la cocaína interceptada en el Puerto de Barcelona, según confirmó un portavoz de este tribunal. De momento ya son más de 15 los detenidos como presuntos miembros de una organización de narcotraficantes responsable del envío de un contenedor con 202 kilos de estupefacientes, entre ellos altos mandos policiales. Todos ellos están acusados de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas: “Sin perjuicio de que se les pueda acusar de otros delitos, como blanqueo de capitales, a medida que avance la investigación”, señalaron las mismas fuentes.

Sobre este caso, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) emitió un comunicado en el que aclaraba algunas informaciones relacionadas con las investigaciones que se han llevado a cabo en el recinto portuario. La autoridad portuaria catalana subrayaba en el comunicado que “la persona detenida por el Cuerpo de la Policía Nacional no es en ningún caso directivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona, sino que se trata del hasta ahora director general de la empresa Tercat”, José Mestre, en referencia a algunas informaciones que apuntaban que el detenido era el director de Cargas del Puerto de Barcelona, cargo que, por otra parte, es inexistente.

Mestre es el multimillonario propietario del Grupo Mestre, la mayor operadora de mercancías del puerto, un holding de empresas que operan en el sector marítimo portuario desde hace más de cuarenta años.

Una operación antidroga que llegó casi dos meses después de que los Mossos arrestaron al jefe de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto por un caso similar.

El nuevo caso salpica una buena familia. En los años sesenta, los Mestre crearon un imperio en el Puerto al pasar de arrastrar carretillas a liderar una de las empresas más importantes del mundo en fabricación de contenedores (TERCAT). El *********José, es miembro del consejo de administración de 70 empresas y fue elegido el empresario del año en el sector de las infraestructuras, según informaron fuentes policiales. Así, por qué un hombre que tiene en su aparcamiento un Rolls-Royce y un Mercedes 500 CLK comprados con dinero de curso legal debía relacionarse con narcotraficantes?

Por si quedan dudas, Felip Puig es ahora el consejero responsable también de la policía y el aparato judicial catalán. Con todas las cartas en la mano, CiU espera recuperar la inmunidad del pujolismo en los tribunales, y con la bendición del rey y el dios del Vaticano, claro. Y no puede tolerar que sean imputadas personas que, de estar en el ajo, han de conocer al dedillo hasta al último mono de la trama.