Oposición a la Ley del Aborto

En 1990 el Parlamento, en acuerdo con el Gobierno, aprobó una ley propuesta por Roger Lallemand y Lucienne Herman-Michielsens, que ampliaba los supuestos legales del aborto. Sin embargo, el 30 de marzo de 1990, el Rey Balduino pidió al Primer Ministro Wilfried Martens la búsqueda de una solución constitucional al problema moral que le ocasionaba tener que firmar una ley que iba en contra de sus profundas convicciones cristianas, afirmando que "su conciencia no le permitía firmar la ley": un acto sin precedentes en la historia belga.

Como en la mayoría de monarquías constitucionales modernas, el Rey es el Jefe de Estado y su sanción real (es decir, su firma en cada proyecto aprobado por el Parlamento) es necesaria para que una ley entre en vigor. Después de la segunda guerra mundial, el afianzamiento de los principios democráticos hicieron que nunca un Monarca rehusara su sanción, pues la mayoría parlamentaria tiene completa legitimidad para dictar leyes, cayendo en desuso las facultades del Rey para vetarlas.

Tras varios intentos por convencer al Rey para que otorgase la sanción real, se adoptó una solución de compromiso: el 4 de abrilel Rey Balduino delegó en el gabinete el ejercicio de sus facultades, invocando el artículo 82 de la Constitución belga, que se refiere a "la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona". El gobierno de Wilfried Martens asumió temporalmente la Regencia; y en ejercicio de ella, el Consejo de Ministros firmó y sancionó la ley, la cual pudo entrar en vigor. Fue el gobierno el que decidió recurrir al artículo 82 de la Constitución, pero esa decisión fue aceptada por el Rey.

El 5 de abril, por 245 votos a favor, 93 abstenciones, 57 parlamentarios ausentes y sin ningún voto en contra, el Parlamento de Bélgica declaró que había cesado la incapacidad temporal del Rey Balduino, quien reasumió sus funciones como Rey de los belgas.