Donde hubo fuego, countries quedan

Un dicho popular reza que todos los caminos llevan a Roma. En Argentina podríamos decir que muchos problemas (no todos, porque tenemos demasiados) llevan a la tierra, a su uso y a su propiedad. Desde una economía dependiente de los dólares del agro, que están en manos de un pequeño grupo de empresas nacionales y extranjeras, hasta una ciudad que funciona para la especulación inmobiliaria y no para sus ciudadanos, la problemática de la tierra cruza la balanza comercial, el derecho a la vivienda, la degradación del ambiente y la distribución de la riqueza.

Y el problema de la tierra nos lleva a otro: el de la crisis ambiental. Entre fines de julio y principios de agosto circularon por redes, las imágenes de Rosario cubierto de cenizas y de las islas del Delta ardiendo. Más tarde, esa misma ceniza llegó a la Ciudad de Buenos Aires. A fines de septiembre, mientras el Delta seguía ardiendo, se iniciaron focos en Córdoba, Chaco, Corrientes, San Luis. Las imágenes son escalofriantes, y los mapas satelitales muestran como amplias extensiones del país están cubiertas de fuego. Entre fuego y fuego, en lo que va de 2020 se quemaron, según las estimaciones, cerca de medio millón de hectáreas, es decir unas 25 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una vez y media la Provincia.

Estos incendios no fueron provocados por sequías o por una serie de eventos desafortunados. El 95% de las quemas fueron y son responsabilidad del ser humano, más bien de cierto grupo de seres humanos. Y es que detrás del fuego viene el negocio, vienen la soja y los barrios privados. Un ejemplo claro es la situación del Delta, donde sobre las islas ya están avanzando los cercamientos y las máquinas de siembra, mientras que en las localidades cercanas a Rosario ya se avizoran los emprendimientos inmobiliarios y las torres frente al río. Lo mismo sucede en las Sierras Cordobesas, ya loteadas y puestas a la venta en distintos sitios web.

Pocas veces se vio con tanta claridad la unión entre la destrucción del ambiente, el negocio inmobiliario y el agronegocio sojero. Todo cruzado por la desigualdad social, ya que son les pobres les que más sufren la degradación ambiental (muestra de esto es que sobre el Riachuelo hay villas y no mansiones), también son les principales expulsades por las burbujas inmobiliarias, donde la vivienda propia y el alquiler en un lugar de la Capital se volvieron inasequibles y, finalmente, son les que primero sufren la concentración del ingreso nacional en un reducido grupo de empresas y personas.

El gran ausente en esta historia es el Ministerio de Medioambiente, que dejó pasar las quemas poniendo todo en manos de la (corrupta e ineficiente) Justicia. Mientras el país se quema, se lanzaron tibios programas de recuperación ambiental, que no apuntan al nudo del problema y se presentaron proyectos de ley para evitar la construcción en los terrenos quemados. Queda preguntar ¿Podra el estado, que no puede controlar el cumplimiento de los códigos urbanos en ningún rincón del país, controlar la construcción sobre estos terrenos? ¿Existirá voluntad política por parte de los intendentes, cómplices necesarios de estos negociados, de ejercer el control territorial para evitar la edificación? Son preguntas necesarias y que deben ser respondidas, para así avanzar en una politica efectiva contra los incendios.

Es necesario seguir apostando a la movilización (reducida y con precauciones en estos tiempos) como método eficaz de poner los reclamos en agenda y de lograr respuestas y soluciones que ataquen los problemas reales del país.