LA COVID-19.
FACTORES QUE INFLUYEN EN SU CAPACIDAD LETAL
JOSÉ VICENTE SOLER
Catedrático Emérito de la Universidad de Murcia
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Dedicatoria:
A las víctimas de la COVID-19 y sus familiares. Y a los que sufrirán las consecuencias económicas de la pandemia.
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Este blog consta de dos partes: la primera tiene relación con el tratamiento que el Gobierno ha dado a la lucha contra la COVID y la segunda (buscar 2ª PARTE) con los factores que han influido en el desarrollo y la lucha contra la pandemia.
3/6/22
Otro vuelco del TC al abuso del Gobierno en la pandemia
Dos estados de alarma declarados ilegales, y ahora este otro fallo del TC, configuran todo un modo de gobernar
El tercer varapalo asestado por el Tribunal Constitucional al Gobierno por su gestión de la pandemia viene a anular de facto el guirigay que provocó Moncloa para eludir responsabilidades al delegar en las autonomías, y en la interpretación de los tribunales superiores de justicia, la restricción de derechos en las etapas menos incisivas de la pandemia. Hubo decisiones restrictivas de las libertades, o alusivas a la obligatoriedad del pasaporte Covid en centros de ocio, que cada autonomía aplicaba a su manera y cada tribunal interpretaba de modo desigual.
El resultado fue una inmensa chapuza jurídica para que Pedro Sánchez se evitase más desgaste, y pudiese sacudirse de encima ese caos y culpar a la cogobernanza. Dos estados de alarma declarados ilegales, y ahora este otro fallo del TC, configuran todo un modo de gobernar.
Sánchez siempre dispondrá de jueces afines para votar a su favor y asumir el intervencionismo en nuestra democracia. Pero de momento se imponen la lógica y los derechos.
12/1/20
Por qué España no declara "Emergencia nacional"
El Gobierno deja escapar la oportunidad de aplicar una de las lecciones aprendidas a la fuerza durante los meses de crisis de 2020 sin razón aparente. Para gestionar las "amenazas inespecíficas", como la pandemia, que requieren coordinar a Protección Civil por encima de las fronteras autonómicas, bajo un mando único y con dotación de recursos, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el 'Plan General de Emergencias del Estado'.
Se trata de una norma propuesta por el propio titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ahora se pone de perfil y mantiene la alerta en "Preemergencia" en lugar de declarar la "Emergencia Nacional" mientras el Gobierno admite la "enorme afectación" de una alerta meteorológica que no cejará en lo que queda de semana. El cálculo político parece haber caído del lado de dejar a los gobiernos locales encarar por su cuenta la emergencia.
....y que compartan la responsabilidad por los fallecidos. No dan puntadas sin hilo. De esta situación es responsable el Gobierno en pleno y los políticos de aldea que gobiernan las autonomías. El ejecutivo los ha engañado. No diré como a chinos porque éstos vienen demostrando una inteligencia y efectividad frente a la pandemia por encima de lo normal.
30/9/20
Estas dos actualizaciones, que se publican en El País, se refieren a lo ocurrido después del periodo de confinamiento (la segunda ola).
El Gobierno debería haber sido más exigente y haber fijado criterios claros desde el principio. Alemania toma medidas en zonas que superen los 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Harvard recomienda hacerlo a partir de 350. El Ejecutivo lo intenta fijar en 500 (o más por cada 100.000 habitantes, que se presente un porcentaje de positividad superior al 10% en las pruebas diagnósticas realizadas las dos semanas anteriores y que la comunidad a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas de UCI de pacientes de COVID-19 superior al 35%, lo que afecta a 10 ciudades ¡¡de Madrid!! ). Pero se debió hacer mucho antes de llegar a las actuales tasas de contagio, que podían haberse evitado (junto con la mala impresión que queda por el hecho de que parecen diseñadas a propósito para que el premio gordo le toque solo a la Comunidad de Madrid). Durante este tiempo, desde junio, el Gobierno (y no solo el Gobierno, también sus palmeros) ha argumentado que no tenía instrumentos jurídicos para influir en una gestión sanitaria que es competencia autonómica. Solo en los últimos días comenzó a evaluar o divulgar mecanismos jurídicos que le permitieran actuar: desde el decreto de nueva normalidad a la Ley de Salud Pública.
Algunos datos jurídicos permiten concluir que el Gobierno tiene la intención de seguir mintiendo y de compartir con las autonomías las responsabilidades por los fallecidos, y que éstas han caído en la trampa.
Ley General de Salud Pública (33/2011)
Artículo 14. De las competencias en Vigilancia en salud pública del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Corresponden al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:
a) La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma.
b) La gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Las previstas en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
d) La coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia en salud pública.
e) Velar para que los criterios utilizados en la vigilancia sean homogéneos, estén homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la información.
f) El diseño y la ejecución de una encuesta periódica de salud pública en coordinación con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
g) La coordinación y gestión de los intercambios de la información correspondiente a la vigilancia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales relacionados con la salud pública.
h) La coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma. A estos efectos las Autoridades sanitarias informarán al Ministerio.
Artículo 52. La Autoridad Sanitaria estatal.
1. Tendrá la consideración de autoridad sanitaria estatal el titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública de dicho departamento ministerial con rango igual o superior al de Director General.
2. La autoridad sanitaria estatal, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las competencias que le correspondan en materia de salud pública, dictará disposiciones y tendrá facultades para actuar, mediante los órganos competentes en cada caso, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.
3. Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con carácter general, en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública consideradas en la presente ley, así como la adopción de cuantas medidas de intervención especial, de acuerdo con el artículo 52, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite.
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Pero hay un instrumento que, sin ser jurídico, suele ser poderoso: y es la política y esta también ha llegado tarde. El Gobierno pudo haber hablado mucho antes, haber señalado el ascenso vertiginoso de los malos indicadores, la falta de rastreadores y de dotación médica y haber afeado esa realidad. (De hacerlo antes no habría conseguido el efecto deseado: compartir su responsabilidad en la primera ola con las CCAA en la segunda. Hay que esperar a que en esta el número de difuntos sea comparable. De momento el exceso de mortalidad en la segunda ola se sitúa por encima de los 8.600). Pudo haber impuesto y exigido compromisos como ha hecho estos días. El ministro Illa —por otra parte un campeón de las buenas maneras, tan necesarias en el panorama actual (este comentario, a falta de poder decir algo bueno del Ministro, es todo un detalle para quitarle hierro a los poco laudatorios del resto del artículo)— solo ha apretado el botón nuclear de la política en los últimos días. Y ocurre a la vez que The Lancet afeara a España una desescalada precipitada con numerosos fallos.
Según escribieron los expertos en esta revista científica, ha fallado el “sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo” antes de levantar el confinamiento, ha fallado la dotación del sistema sanitario, las medidas de control fronterizo y la ausencia de umbrales claros en los indicadores necesarios para tomar decisiones.
A los ciudadanos, el Gobierno nos ha intentado explicar que la competencia es autonómica (aunque el control fronterizo o la fijación de umbrales nacionales no lo son). Ahora expliquen lo ocurrido a The Lancet. Expliquen al mundo que el Gobierno de la nación está inerme ante una comunidad que no cumple (sobre todo porque el Gobierno le ha hecho un "traje a medida" cuando podía haber elegido medidas, como las que se recogen arriba que aplica Alemania, que habrían afectado a más CCAA y habrían sido más eficaces a nivel nacional, que es la obligación del Gobierno, y menos descaradas) y verán que, como nosotros, tampoco lo entenderán. El acuerdo de ayer intentaba suplir las carencias. Ojalá no sea demasiado tarde. Y si Madrid insiste en no cumplir, a ver quién se lo explica a The Lancet.
El truco del Gobierno para desentenderse de su obligación exclusiva para con la lucha contra las pandemias fue instaurado el 3/5/20 cuando se reguló el proceso de cogobernanza con las Comunidades Autónomas. Este truco del Gobierno para desentenderse de su obligación exclusiva para con la lucha contra las pandemias fue, obviamente, declarado inconstitucional. Claro que el Gobierno sigue haciendo de su capa un sayo dejando que las Comunidades se las entiendan contra el virus.
26/9/20
La siguiente información tiene como origen un trabajo publicado en The Lancet por Emeline Han*, Melisa Mei Jin Tan*, Eva Turk, Devi Sridhar, Gabriel M Leung, Kenji Shibuya, Nima Asgari, Juhwan Oh, Alberto L García-Basteiro, Johanna Hanefeld, Alex R Cook, Li Yang Hsu, Yik Ying Teo, David Heymann, Helen Clark, Martin McKee, Helena Legido-Quigley titulado "Lecciones aprendidas de la flexibilización de las restricciones de COVID-19: un análisis de los países y regiones de Asia Pacífico y Europa"
El Pais publica el artículo titulado "Las lecciones internacionales de la desescalada señalan las flaquezas de España. Un equipo de expertos publica en ‘The Lancet’ un análisis del desconfinamiento de varios países en el que destacan problemas en el seguimiento de los contagios y falta de criterios claros para tomar medidas" resumiendo el el artículo mencionado arriba.
"En su rueda de prensa del 3 de abril, los líderes de la Organización Mundial de la Salud advertían de que los países que se apresuraran a levantar las restricciones diseñadas para contener la pandemia de coronavirus corrían el riesgo de una recesión económica aún más severa y prolongada provocada por un resurgimiento de los casos. Y añadían: los líderes mundiales deben fortalecer sus sistemas de salud pública para no entrar en un ciclo interminable de confinamientos. Un estudio que publica hoy The Lancet recupera esta advertencia, como una profecía cumplida parcialmente, al analizar cómo ha sido la desescalada en nueve países ricos de Asia y Europa. En la comparación hay muchos factores a tener en cuenta, pero un par de países han mostrado mayores dificultades para completar con éxito la tarea: el Reino Unido y España.
Para el equipo internacional de especialistas que ha estudiado el desconfinamiento de estos países, las autoridades británicas y españolas no han conseguido establecer un “sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones”. Esta importante carencia explicaría los problemas que enfrenta ahora España, pero no es el único que señalan estos especialistas, tras estudiar su evolución junto a la de Alemania, Noruega, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur. Los autores identifican cinco áreas clave que se deben tener en cuenta al reducir las restricciones: conocimiento de los niveles reales de infección, participación de la ciudadanía, capacidad del sistema para seguir los contagios, capacidad del sistema sanitario y medidas de control fronterizo. En cuatro de estos parámetros España no sale bien parada al comparar sus medidas con las de estos otros países ricos.
Por ejemplo, en lo que respecta a los niveles claros para determinar las restricciones y su relajación, el estudio indica que las autoridades españolas no han sido precisas: “España ha publicado un panel de indicadores, incluyendo parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos, aunque sin ponderación explícita en el proceso de toma de decisiones”. Y añaden: “No se ha establecido un umbral específico de ningún indicador. El Gobierno ha declarado que cada región de España puede relajar las restricciones a un ritmo diferente”. Uno de los autores de este estudio, el epidemiólogo Alberto García-Basteiro (ISGlobal), criticaba en una entrevista en EL PAÍS que “los ciudadanos muchas veces no entienden por qué en su barrio sí se toman medidas y en el vecino no”, como se ha visto estos días en Madrid.
Las autoridades británicas y españolas no han conseguido establecer un “sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones”
En cuanto a la capacidad de seguir los contagios, España tampoco alcanza el mínimo que se debería esperar para iniciar la desescalada, como le sucede al Reino Unido. La implicación ciudadana sí se consigue, ya que se impusieron las medidas recomendadas de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero la capacidad del sistema sanitario español es un gran talón de Aquiles, por sus carencias de partida, agravadas por la falta de recursos y equipos para proteger a los sanitarios frente a la primera ola. “España ha experimentado una disminución de la fuerza laboral sanitaria desde el inicio del brote debido a las altas tasas de infección entre los trabajadores de primera línea. En abril de 2020, 15.000 trabajadores de la salud estaban enfermos o autoconfinados, lo que representa el 14% de los casos confirmados en el país”, señala el trabajo.
Además, indican que España solo contaba con 10 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, frente a las 34 de Alemania. Y añaden que, como el Reino Unido, su sistema de salud ha sufrido las consecuencias de una década de austeridad. Por último, España es el único de los países analizados que no impuso cuarentenas o restricciones a los viajeros procedentes del exterior tras abrir sus fronteras el 1 de julio, resalta el estudio.
En definitiva, todas estas carencias han provocado que España ofrezca, junto a Alemania, “un recordatorio del enorme potencial de resurgimiento si no se implementan salvaguardias integrales”. No obstante, hay otras medidas españolas que se destacan, como la decisión de dedicar grandes sumas de dinero a fortalecer el sistema sanitario y los negocios, así como la creación de un ingreso mínimo vital que beneficia a dos millones y medio de personas.
“Cada vez hay más conciencia de que no se trata de volver a la normalidad anterior a la pandemia, sino de hacer una transición gradual y cautelosa a una nueva normalidad, mientras estamos dispuestos a volver a imponer medidas cuando sea necesario”, advierte una de las autoras del trabajo, Helena Legido-Quigley, de la Universidad Nacional de Singapur. Tanto Legido-Quigley como García-Basteiro forman parte del grupo de 20 especialistas que reclaman al Gobierno una evaluación externa de la gestión de la pandemia, y que tienen previsto reunirse con el ministro Salvador Illa la semana que viene.
Los expertos reconocen que algunos países partían con varias ventajas, como un hábito previo en el uso de mascarillas: “La experiencia con pandemias pasadas en la región Asia Pacífico supuso que estaban más preparados que los países europeos, donde las políticas de austeridad económica han debilitado el sistema de salud en los años previos a la crisis actual”. Por eso, aplauden como buenas prácticas recomendables algunas de las decisiones tomadas por algunas de estas naciones. Por ejemplo, las pruebas de detección de casos en lugares de paso con el coche de Corea del Sur y las burbujas sociales de Nueva Zelanda, que proporcionan un ejemplo exitoso de medidas sostenibles, ya que permiten la interacción social al tiempo que reducen la transmisión, según estos especialistas.
“Nuestra revisión de las experiencias internacionales identifica lecciones que los gobiernos pueden aprender de los éxitos y fracasos de los demás. No estamos recomendando que se repitan exactamente las mismas medidas en diferentes países, pero no es demasiado tarde para que los gobiernos consideren nuevas soluciones políticas desarrolladas por otros países y las adapten a su propio contexto”, apunta Legido-Quigley.
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2ª PARTE