EL SILENCIO DE LOS ...... CIENTÍFICOS



JOSE VICENTE SOLER

Catedrático emérito de la Universidad de Murcia

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++++++++28/12/21.


La ‘Moria’ gubernamental


EL MUNDO. MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

RAFAEL MATESANZ

Aunque a muchos la palabra Moria les recordará la Tierra Media del Señor de los Anillos, en terminología médica se refiere a un trastorno de la personalidad, relacionado con lesiones del lóbulo frontal del cerebro, y que bien podría describirse como una «euforia injustificada».

El término «euforia injustificada» muy bien podría definir lo que le sucede periódicamente al Gobierno con el tema de la pandemia y sus repetidas proclamas triunfalistas sobre su gestión. Desde hace tiempo, la política ministerial sobre el virus no puede ser más clara: ha renunciado a liderar la lucha contra el mismo y se dedica casi en exclusiva a contar el número de vacunados ufanándose repetidamente de los altos porcentajes alcanzados, aunque su papel objetivo sea el de intermediario entre la Unión Europea y las autonomías. Mientras tanto, deja tanto la gestión de la vacunación propiamente dicha, como sobre todo y fundamentalmente cualquier medida potencialmente impopular a las comunidades, en continua disputa con los jueces locales ante la ausencia de un marco legal, primero prometido, luego largamente reclamado y siempre denegado, que permita marcar las reglas del juego.

Son tantas las ganas de que acabe la pandemia y podamos volver a una vida lo más normal posible que el terreno está abonado para creer a pies juntillas cualquier buena noticia que invite a ver la luz al final del túnel. Hasta aquí todo normal y de lo más humano. Al final de la quinta ola, alcanzamos incidencias de riesgo bajo con unos niveles de vacunación sólo superados en nuestro entorno por los vecinos portugueses. Se predicó entonces y así quedó instaurada la convicción de que el virus estaba superado gracias a nuestras altas tasas de vacunación y se actuó en consecuencia con relajación generalizada de las medidas de protección vigentes hasta entonces y hubo hasta quien predijo el cercano fin de la pandemia.

Pero por desgracia, las cosas no son tan simples. Desde hace ya bastantes semanas, Europa se convirtió nuevamente en el epicentro de la pandemia, comenzando por los países más fríos y menos vacunados, pero alcanzándonos después a todos los demás. Como ocurrió al inicio de la pandemia con las regiones del norte de Italia, lo que iba a pasar en España se veía venir simplemente mirando a los países vecinos y como entonces se eligió la actitud contemplativa pese a que algunas comunidades mostraron pronto un rápido crecimiento.

En contra de que podamos combatir adecuadamente al virus, están los evidentes signos de hartazgo de la población: la fatiga pandémica. Decía recientemente en estas páginas el profesor Martínez González que «la falsa percepción de sentirse ya bien protegido y seguro es muy peligrosa ante problemas de salud pública. El fenómeno se denomina ‘compensación de riesgos’. Quien se cree ya invulnerable tiende a arriesgarse más». Efectivamente, el mensaje autocomplaciente repetido hasta la saciedad por nuestras autoridades sobre lo bien que nos va con las vacunas y «lo que nos admiran en Europa» es una constante invitación a relajar el resto de las medidas de prevención: mascarillas, distancia, ventilación... tan trabajosamente aprendidas.

Y aquí es donde más se echa de menos que una gestión más adecuada de la pandemia que la que hemos padecido y padecemos hubiera generado un clima de confianza y credibilidad del que desgraciadamente carecemos y que tan bien nos hubiera venido en una situación tan potencialmente complicada como la que vivimos ahora.

Porque hay que entender que es difícil o imposible confiar en unos responsables políticos que ostentan a lo largo de la pandemia un largo rosario de errores, improvisaciones, cambios de opinión y, sobre todo, decisiones más basadas en conveniencias políticas que en un soporte técnico adecuado. Todo ello culminado con el último Real Decreto navideño en el que se concluye que la única bala de plata contra el virus de la que disponemos es... volver a llevar mascarilla en exteriores.

En lo mucho o poco que nos quede de pandemia, con todas las nuevas cepas o sorpresas desagradables que nos vayan saliendo al paso, es necesario convivir con el virus de la mejor manera posible, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y social. Para ello, además de seguir vacunando aceleradamente cuando y a quien toque, sería necesario poder confiar en unas directrices claras no contaminadas por factores políticos o vedetismos personales. Por desgracia no parece ser el caso, pero hay que pensar que estos son días de sueños y deseos por cumplir. Sería un gran regalo para el año próximo.

Rafael Matesanz, ex director de la Organización Nacional de Transplantes


Otro genial artículo del mismo autor puede leerse más abajo si se busca la palabra Matesanz


++++++++12/5/21.

Nature publica información procedente de un grupo de 13 expertos en salud global que establece que "Si la Organización Mundial de la Salud hubiera hecho una advertencia más audaz sobre los riesgos del COVID-19 -y los países hubieran hecho caso de sus sugerencias-, la pandemia podría haberse frenado, según un importante estudio independiente iniciado por la OMS. La larga investigación identifica febrero de 2020 como el mes en el que se podría haber evitado el devastador número de víctimas de la pandemia, si los países hubieran actuado rápidamente para limitar la propagación del virus. También enumera acciones concretas que podrían ayudar a evitar un destino similar si surgiera otro patógeno mortal, y establece un plan para que las vacunas lleguen a los países de ingresos bajos y medios lo antes posible, para poner fin a la crisis actual."

"A diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2019 y enero de 2020, en febrero, el peligro de que el coronavirus SARS-CoV-2 se extendiera por todo el mundo era bien conocido y su número de víctimas podría haberse evitado con estrategias nacionales de contención. "Es evidente que febrero de 2020 fue un mes perdido", dice el informe."

"Un puñado de países asiáticos tomaron medidas rápidas en febrero del año pasado para frenar el COVID-19, entre ellas la realización de pruebas exhaustivas para detectar el SARS-CoV-2 y el seguimiento de las personas que dieran positivo. "Pero el resto del mundo se quedó de brazos cruzados".

Y añado yo: unos más que otros, a la vista de los muy diferentes resultados en la primera ola.


++++++++4/5/21.

El profesor de Física en la Universidad de Murcia Antonio Guirao, experto en la evolución de la epidemia, realiza una declaración hoy en El Mundo. En su trabajo recopila cada día todas las cifras de la Covid-19, que analiza bajo un proyecto del Instituto de Salud Carlos III. Desde el inicio de la crisis, ha alertado contra el riesgo de lanzar las campanas al vuelo. Ahora, avisa: las variantes y la alta incidencia complican el escenario. El objetivo debería ser el 100%, no el 70%. «Hay demasiado optimismo en el efecto inmediato de las vacunas» «Corremos el riesgo de llegar al verano en una situación muy desfavorable»

++++++++7/3/21

A pesar de que las instituciones sanitarias internacionales avisaron de los riesgos del coronavirus no fue hasta el 21 de Marzo que se nombró un comité científico, que no consta que haya sido consultado. Resulta increíble que el actual Gobierno tenga un número de asesores superior al de los anteriores y tardara tanto en nombrar un comité científico. Claro que si no tenía intención de consultarlos valió la pena el ahorro.

+++++++30/12/20


Según la información entregada, los componentes del comité eran 15: Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez, Paloma González Yuste y Javier Segura del Pozo. (sobre sus méritos ver más abajo y en un artículo previo)

Todos los integrantes del comité son trabajadores del ministerio excepto Javier Segura del Pozo. Este médico y epidemiólogo es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como Consejero Técnico o Subdirector General de Prevención y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, según su cuenta de LinkedIn.

De los 15 expertos, los más mediáticos han sido Fernando Simón, y María José Sierra, la «número dos» del experto de cabecera del Gobierno en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que llegó a sustituir a Simón en algunas ruedas de prensa mientras él guardaba cuarentena o disfrutaba de sus vacaciones.

Además, la mayoría de los técnicos del comité (Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Silvia Rivera y María C. Vázquez) también firmaron la carta dirigida a la revista científica «The Lancet» en la que defendían la gestión de la pandemia en España. El resto (Paloma González Yuste, Carmen Varela, Pilar Soler y Carmen Olmedo) no figuran como firmantes.

Solo tres de los expertos son epidemiólogos. Además de Simón y Segura, Paloma González es epidemióloga en el CCAES y técnico superior de la Dirección General de Salud Pública (del ministerio de Sanidad).

Carmen Olmedo es jefa de área de programas de Vacunación en el Ministerio de Sanidad. Pertenecen al CCAES Berta Suárez (jefa de área), Pello Latasa (técnico superior), Lucía García, Óscar Pérez y Susana Monge (médico adscrito). El resto son de la Dirección General de Salud Pública, como Pilar Soler (técnico superior), Elena Vanesa (qué también trabaja en el CCAES y el CNE) y María C. Vázquez. Por último, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), dependiente del Ministerio de Sanidad, también aporta a la experta Carmen Varela (científico titular).

En la resolución dada a conocer este martes, Sanidad justifica que «la elaboración de informes técnicos de valoración de la epidemia de COVID-19 en cada una de las comunidades autónomas durante el proceso de desescalada realizado en los meses de mayo y junio fue responsabilidad del Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del CCAES». De la misma forma, argumentan que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».

+++++++18/12/20

Rafael Matesanz

Fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes

Con esta expresión o similares -«¿auditoría? Ahora no es el momento, tiempo habrá»- ha venido respondiendo el equipo del Ministerio de Sanidad y/o sus corifeos mediáticos cuando se les sugería que quizás la gestión de la pandemia no había sido todo lo buena que ellos decían y que habría que hacer una auditoría independiente, sobre todo para identificar posibles errores y aportar soluciones para futuras oleadas del virus.

Tras surgir el tema reiteradamente en los medios de comunicación, en agosto se publicó en «The Lancet» una carta firmada por veinte prestigiosos científicos y gestores españoles, en la que se argumentaba la necesidad de realizar urgentemente una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en nuestro país. La carta no obtuvo respuesta, salvo unas vagas promesas de realizarla cuando acabara la pandemia (no se sabe muy bien para qué iba a servir entonces), con lo que en septiembre los mismos autores publicaron una segunda carta en términos similares.

La insistencia se vio recompensada al menos con una entrevista entre el ministro y un grupo de los firmantes a principios de octubre, de la que salió el compromiso de sentar las bases para realizar una evolución de lo ocurrido hasta entonces. Muestra del escaso entusiasmo que despertó la idea fue que lo que se decidió era algo tan poco resolutivo como la creación de un grupo de trabajo en el que participen las diecisiete comunidades autónomas para «fijar el marco» que permita realizar una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Simplemente, para comenzar a definir las reglas del juego se dieron un plazo nada apresurado de un mes, que venció a principios de noviembre.

Hubo que esperar un mes más, hasta diciembre, para conocer el primer documento a discutir en el Consejo Interterritorial por todas las comunidades, que en general muestran un entusiasmo similar al del ministerio por ser auditadas. Su lectura es sencillamente deliciosa para los aficionados a la ágil prosa administrativa. El Consejo tendría que empezar por consensuar «un equipo de planificación y coordinación de la evaluación» que definiera los criterios para a su vez «seleccionar a los evaluadores especializados que se ocuparán de realizar la auditoría externa», y «proponer un listado de estos profesionales».

Una vez conformado el equipo, se propone un plazo aproximado de cuatro meses para el desarrollo de todo el proceso y la entrega del informe final. Algo que, en el mejor de los casos, se iría a los meses de abril o mayo, más de un año después del inicio de la pandemia. Todo ello siendo muy optimista, porque la verdad es que la complejidad metodológica que plantea el documento y que quizás sea la manera más segura de no llegar a ninguna conclusión, no aventura una solución ni medianamente rápida de la «evaluación independiente», que es como los autores denominan al proyecto huyendo en todo momento de la palabra «auditoría», que tiene otras implicaciones de las que no se quiere ni oír hablar.

Lo curioso del caso es que el documento asegura que su «fin último debe ser generar conocimiento para la toma de decisiones que aportan valor, mejorar medidas ya en funcionamiento, proponer otras nuevas, dejar de aplicar aquellas que no tienen ningún valor añadido». Difícilmente se va a conseguir todo ello con esta velocidad de crucero.

Si algo ha caracterizado al equipo ministerial desde los inicios de la pandemia ha sido la ausencia del más mínimo sentido de autocrítica. Un rasgo subrayado en la última entrevista pública del ministro, donde no reconoció error alguno, defendiendo incluso una vez más las inverosímiles cifras de fallecidos, ampliamente desmentidas ahora por el Instituto Nacional de Estadística, y antes por el más elemental sentido común: simplemente no se contabilizaron muchos miles de pacientes a los que ni siquiera se les llegó a hacer PCR. No es extraña por tanto esta estrategia de retrasar ad calendas graecas cualquier tipo de evaluación externa de lo acontecido en este fatídico año, aunque, como todo parece indicar, vaya a estar cuidadosamente controlada para que no exprese crítica alguna.

El problema es que, en contra de lo que parece inspirar esta actitud defensiva, el objetivo de esta pretendida auditoría no era convencer a nadie de que la gestión de la pandemia ha sido francamente defectuosa, algo bastante evidente por otra parte. Se trata de aprender de todo lo que se ha hecho mal para que no se repita y disponer de una experiencia acumulada que nos permita afrontar con mayores garantías lo que quede de pandemia. Este tipo de evaluaciones son habituales en otros países de nuestro entorno, con el fin de fortalecer sus sistemas y adaptarse rápidamente a situaciones sobrevenidas.

Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gestionar una crisis sanitaria, económica, informativa o de cualquier otro tipo, conoce la capital importancia de que la gente confíe en que las cosas se están haciendo correctamente, sobre todo, en situaciones que requieren de la participación activa de la población, como es el caso de la pandemia por Covid-19.

En un estudio internacional comparativo realizado en junio con una herramienta validada, denominada Covid-Score, que mide la confianza de la población en las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos, España tan solo alcanzó un 44,68 sobre 100, uno de los valores más bajos entre todos los países analizados. La falta de transparencia a lo largo de la pandemia, ejemplificada por el comité de expertos que nunca existió, el hecho de mostrar como técnicas decisiones netamente políticas, las cifras inverosímiles o la negativa a responder a las resoluciones del Consejo de Transparencia, han minado gravemente la confianza de la población ante cualquier mensaje, incluso los más esperados, positivos y necesarios como los de la vacunación, ante la que un porcentaje muy relevante de la población se muestra significativa e inadecuadamente dubitativa. Una evaluación rápida, creíble e independiente de lo realizado hasta ahora con la adopción de medidas en consecuencia con la misma, contribuiría a dar credibilidad a todo un proceso muy necesitado de ella.

++++++11/12/20

Simón ha publicado una carta en The Lancet en la que nos informa de que "La colaboración entre la administración de salud pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en marcha desde enero y expertos externos han asesorado en decisiones estratégicas." Se conocían dos listas de asesores cuyos nombres están publicados (incluso aquí abajo) aunque el Gobierno no ha querido dar a conocer para preservar su anonimato. Esta negativa ha provocado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno haya exigido al Gobierno que informe sobre la identidad de los miembros del Comité de expertos. Y ahora resulta que, además, hemos sido asesorados por sociedades científicas y expertos externos ¡desde Enero! Es decir, que cuando 1) dejábamos ir a los hinchas valencianistas a contaminarse en Italia, o 2) no se controlaban las entradas al país, o 3) nuestras autoridades se lamentaban amargamente de que los organizadores del Mobile World Congress habían decidido no acudir por temor al COVID, a pesar de sus pérdidas, o 4) nadie se preocupaba del transporte público abarrotado, o 5) se organizaban manifestaciones multitudinarias en toda España o 6) estábamos escasos de medios de detección de la enfermedad y de protección contra ella, o 7) tras disponer la OMS de la secuencia genética del nuevo coronavirus el 12/1/20, se comenzaron a producir pruebas de diagnóstico de PCR específicas, pero no aquí, ¿estábamos siendo asesorados, además de por los expertos de casa, por sociedades científicas y expertos externos? ¿Dejaron por escrito algún informe dando el visto bueno para la realización de las actividades mencionadas? ¿Y a pesar de ese numeroso soporte científico conseguimos destacar a nivel universal en la tasa de fallecidos que nos ha llevado hasta el reciente dato de exceso de mortalidad de 74.738 personas? ¿Han justificado su evidente fracaso? ¿Se piensa interponer alguna denuncia contra los ineptos expertos?

En la mencionada carta se señala en su cita 5 (https://www.mscbs.gob.es/ profesionales/saludPublica/ccayes/ alertasActual/nCov/documentos.htm), en la que esperaba encontrar la lista de esas sociedades y expertos, desgraciadamente, lo que aparece es un anuncio que dice: Página no encontrada en el portal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esperaré a ver si aparece otro día. Tal vez no he sabido. Confirmo el 25/4/21 que esta página no existe. ¡Parece una nueva mentira del Gobierno!

++++++6/12/20

Hoy, el Ministro Illa ha declarado respecto a las identidades de los expertos que asesoran el ministerio que nunca las hemos ocultado. Unas declaraciones que contrastan con lo que afirmó en julio, al asegurar en la Comisión de Sanidad del Congreso que «no se creó un comité externo específico. ¡Parece que no se aclaran ni para mentir!

++++++3/12/20

El diario La Razón publica una lista de 20 "expertos" que dice que es la que Illa y Simón no quieren desvelar y que no coincide con la que hay publicada por el Ministerio como lista de 6 "científicos" que, supuestamente, se nombró el 21 de Marzo y cuya misión no está clara. Los "expertos" (no se pierdan sus cualificaciones científicas) son:

Laura Díez Izquierdo: residente de Medicina Preventiva y Salud Pública (entiendo que residente quiere decir MIR, es decir Licenciado en Medicina en formación); Lucía García-San Miguel Rodríguez-Alarcón: especializada en Enfermedades Infecciosas y Epidemiología; Montserrat Gamarra Villaverde: técnico de apoyo contratada por Tragsatec (ver abajo qué es esto); Susana Monge Corella: es Doctora especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Su trabajo se ha centrado en aspectos sociales y económicos en el contexto del VIH. Pello Latasa Zamalloa: es un joven investigador que ha publicado artículos en anales de pediatría. Lina Parra Ramírez: Residente, contratada por Tragsatec. Óscar Pérez Olaso: Es técnico superior del Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad. Jesús Pérez Formigó: es un técnico de apoyo contratado por la empresa Tragsatec. Maria José Sierra Moros: es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y su tesis fue sobre homocisteína, folato, vitamina B6 y B12 como factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. Lidia Redondo Bravo: Técnico superior de apoyo contratada por Tragsatec. Eva Fernández Bretón: en marzo era MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. Berta Suárez Rodríguez: Ha sido coautora de estudios en la Revista Española de Salud Pública. Adriana Román Vidal: en los primeros meses de la pandemia era residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Angélica Ortega Torres: también figuraba entonces como residente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

¿Y estos son los expertos en cuyas manos hemos estado los más de 47 millones de habitantes de España?

¿Qué es Tragsatec? El Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.), que ha contratado a algunos de estos "expertos", es un grupo integrado en la SEPI que, textualmente, "nació bajo la naturaleza de medio propio instrumental del Estado" orientado hacia el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, ¡tela! Tragsatec, se encarga de la ingeniería, la consultoría y la asistencia técnica y constituye el soporte tecnológico del Grupo, incluyendo sistemas de información geográfica, desarrollo de entornos web y la producción y gestión de bases de datos. ¡Lo más adecuado que encontró el Ministerio de Sanidad para contratar expertos para combatir el COVID! Simón al teléfono con Tragsatec: ¡Chicos enviadme a unos cuantos Licenciados en Medicina que no aspiren a hacerse ricos que tenemos el presupuesto escaso y hay que parar al COVID! No os preocupéis que el Jefe es un filósofo y no tiene ni puñetera idea del tema.

++++++30/11/20

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes», según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

Lo curioso es que hay una lista de científicos que se nombraron el 21 de Marzo 2020, para asesorar sobre el COVID que es conocida y está publicada. Resulta realmente surrealista. Además la prensa recogió el 30 de Julio 2020 la noticia de que la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación había declarado que: «No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento». Sanidad remarcaba que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia correspondía «al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad». Este truco del Gobierno para desentenderse de su obligación exclusiva para con la lucha contra las pandemias fue, obviamente, declarado inconstitucional. Claro que el Gobierno sigue haciendo de su capa un sayo dejando que las Comunidades se las entiendan contra el virus. Un tuit de La Moncloa decía el 1 de Junio que El presidente del Gobierno, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la Desescalada.

El comité está formado por

  • Antoni Trilla García es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, es también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, profesor de Investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

  • Hermelinda Vanaclocha Luna es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Valencia, ocupa el cargo de secretaria del Instituto Médico Valenciano y forma parte del Grupo de Investigación Infección y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

  • María Teresa Moreno-Casbas cuenta con un doctorado en Epidemiología Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Instituto de Salud Carlos III y además dirige el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE). Es también responsable científica del grupo de cuidados a la población frágil y/o mayores del Área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberes).

  • Agustín Portela Moreira es doctor en Ciencias Biológicas (estudios sobre la replicación del virus gripe) por la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigador en Virología básica en varios virus animales en el Centro Nacional de Microbiología y en el Centro Nacional de Biología Fundamental del Instituto de Salud Carlos III. En la AEMPS ha participado activamente en la evaluación clínica de vacunas humanas y es miembro del Vaccines Working Party de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos, en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS.

  • Inmaculada Casas Flecha es doctora en Farmacia e investigadora científica. Responsable de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe y directora del Centro Nacional de Gripe de la OMS de Madrid. Actualmente ocupa también el cargo de secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología. Ha trabajado en el diagnóstico y caracterización de infecciones víricas y participa en diferentes estudios en los que se implican los virus como agentes etiológicos. Es asimismo coautora de 152 artículos de investigación.

  • Miguel Hernán es médico y epidemiólogo. En la actualidad, es profesor de Bioestadística y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad T.C. Chan de Harvard. También es empleado especial del Gobierno de EEUU como asesor de Ciencia de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Una de sus labores investigativas se centra en el diseño de análisis de bases de datos de atención médica, estudios epidemiológicos y ensayos aleatorios. Además, es investigador principal de la Colaboración VIHCAUSAL, un consorcio multinacional de estudios prospectivos de Europa y las Américas, donde realiza investigaciones de efectividad comparativa para el tratamiento de personas que viven con el VIH.

¿Y por qué este altamente cualificado Comité nunca ha llegado a estar operativo? Mi interpretación: la primera vez que recomendó algo que ponía en peligro el apoyo de los partidos que sostenían al Gobierno y, esto es esencial, también el cargo del Sr. Presidente, éste decidió que era mejor que los funcionarios del CCAES (Simón mediante) hicieran ese trabajo. ¡Basta con darles la orden de lo que tienen que recomendar! ¿Que creían? ¿Que Sánchez priorizaría la salud pública a su presidencia del Gobierno? ¡Inocentes! Lo que está por descubrir es el precio del silencio que guarda el Comité fetén.

30/7/22 ¡Lo han vuelto a hacer! La prensa recoge la noticia El Gobierno fulmina al Comité de Bioética que criticó la ley de eutanasia. El último día de curso político y con media España haciendo las maletas, el Gobierno ha renovado por sorpresa al Comité de Bioética. No se trata de cambios puntuales, sino de una renovación profunda del anterior equipo, el mismo que puso objeciones a la ley de eutanasia en un informe crítico. De ese grupo asesor solo ha sobrevivido la psiquiatra Leonor Ruiz Sicilia.

Los nuevos nombres son solventes profesionales del mundo de la medicina, la investigación y el derecho. Todos tienen experiencia en bioética y formación académica similar a la elegida para los comités que le han precedido. Pero sí se vislumbra un cambio de tendencia, más progresista y con presencia mayoritaria de mujeres. De los doce miembros elegidos, siete son mujeres. En el anterior, la presencia femenina era menor. De los once expertos -Fernández Muñiz renunció hace tres años-, de los que solo tres eran mujeres.

Es el mismo patrón: los expertos tienen que estar dispuestos a hacer lo que se diga el Gobierno. La prueba es que no se justifica el cambio.


++++++10/11/20

Biden ha subrayado en un comunicado que se dejará asesorar «por la ciencia y por los expertos», en aparente contraposición con el actual mandatario, Donald Trump, que ha puesto en duda incluso los consejos del principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

«La junta asesora me ayudará a diseñar mi labor para hacer frente al repunte de los contagios; garantizar que las vacunas sean seguras, efectivas y que sean distribuidas de forma eficaz, equitativa y gratuita; y proteger a las poblaciones de alto riesgo», ha explicado Biden.

Los médicos David Kessler, Vivek Murthy y Marcella Nunez-Smith encabezarán esta nueva junta, que contará con otros diez miembros más. La campaña de Biden ha destacado la experiencia de todos ellos, haciendo hincapié en que su trabajo será esencial para elaborar una estrategia con la que hacer frente al repunte de contagios en al menos 40 estados.

Y mientras, nosotros a la luna de Valencia, siguiendo a nuestro particular Trump.

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Todos en primera línea

LA GUERRA DE LOS COVID (VII)

Ahora es cuando más necesitaríamos un liderazgo real, creíble, que nos cohesione como sociedad, porque el riesgo de conflicto social está presente

DOMINGO PASCUAL PUBLICADO EN LA VERDAD, Sábado, 7 noviembre 2020, 02:01

Jefe del Servicio de Cardiología de la Arrixaca

Ya no se oyen aplausos ni arriendas, incluso suena bastante infantil lo de «lo paramos unidos». Lejos quedan aquellos aplausos, que solo reflejaban la esperanza de que los héroes sanitarios en primera línea vencerían al enemigo virus, mientras el resto permanecía atrincherado en sus casas. Ahora ya no sirve agitar banderas, todos estamos en primera línea y los héroes los seremos casi todos.

En esta guerra existió una decisión clave, que el tiempo pone en mayor evidencia y que casi nadie quiere ver ni reconocer. Este virus es una infección comunitaria no porque los españoles se desplacen o porque algunos se salten las normas. La infección es comunitaria porque se dejó que se extendiera entre nosotros sin querer ser conscientes de ello, negando lo que existía, sin capacidad para hacer test, con criterios muy restrictivos para indicar una PCR, sin mascarillas porque ni había ni hacían falta, y porque de primeras tuvimos ya más de 40.000 muertes con los hospitales desbordados, e, importante, sin conocer los contagios reales.

En definitiva, estamos con el virus entre nosotros porque dejamos que se incrustara entre nosotros hace muchos meses, pronto será un año. Esta es la realidad y cuanto antes la asumamos, más fácil será buscar y consensuar soluciones efectivas sin falsas esperanzas. Una realidad que requiere un cambio hacia una verdadera gestión técnica a nivel nacional, con un esfuerzo económico focalizado a estrategias anticipatorias que permitan frenar y prevenir el contagio. Se sigue yendo por detrás, contando contagios y muertes, todos como soldados conmocionados en primera línea y sin rumbo, en manos de aprendices jugando a la guerra desde el alto mando.

Y el problema se agudiza porque Europa tampoco ha estado a la altura. Europa ha fracasado como entidad política, y esta guerra pone en riesgo su futuro. La dependencia económica de China y la falta de políticos con fuerza decisoria e independencia han llevado a Europa a importar un virus de destrucción masiva. ¿Se imaginan que se hubieran cerrado fronteras a China en enero? Una decisión simple, difícil de tomar en lo económico, pero que hubiera sido la correcta y que pudo haberse tomado cuando la infección surgió 'made in China'. Un cierre que China sí hizo con Europa cuando nos convertimos en epicentro mundial de la pandemia. En lugar de eso, con suerte hacíamos PCR a alguien con fiebre y síntomas respiratorios si había estado en China. El interés económico por delante de la salud y siempre por detrás del problema.

Las consecuencias sanitarias y las económicas ya las estamos viviendo, pero lo más preocupante es el daño social y de esto realmente trata este artículo. La sociedad actual sufre dos virus, el que mata y el que no te deja pensar. Al que mata todos los conocemos y, aunque tarde, ya tiene test; pero el que no te deja pensar, ni tiene ni tendrá test. La manipulación mezclada con sensacionalismo, a la vez que la polarización extrema en medios de comunicación y redes sociales, sigue aumentado día a día, y sus consecuencias ya son visibles. Las revueltas callejeras de estos días no son por negacionistas como se nos quiere hacer creer, sino la consecuencia del daño social ocasionado, y dejan entrever lo que podría ser el peor futuro posible: el conflicto social.

Ya todos estamos en primera línea, sin aplausos, con solo la protección que cuando más necesitábamos no tuvimos, mascarillas y test. Ahora que todos estamos en primera línea es cuando más necesitaríamos un liderazgo real, creíble, que nos cohesione como sociedad; porque en este momento, el riesgo de conflicto social ha pasado a estar presente.

Temas


5/10/20

Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez al menos 11 veces de la amenaza del Covid-19 entre enero y marzo

EL MUNDO accede al contenido de los informes confidenciales diarios de La Moncloa que se enviaban a Pedro Sánchez y a los ministros.

El Gobierno de Pedro Sánchez recibió más de 10 alertas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) sobre la gravedad del coronavirus antes del estado de alarma. Desde el 24 de enero hasta el 14 de marzo, hubo al menos 11 menciones en las que se anticipaba el riesgo creciente para España de la epidemia: los días 27 y 31 de enero; 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero; y 5, 6 y 7 de marzo. EL MUNDO ha accedido al contenido de los informes de situación que el DSN enviaba cada día al presidente.

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El Gobierno recibió once alertas del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia y está dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros, sobre el coronavirus antes del estado de alarma, según informa El Mundo.

Así, el DSN alertó del riesgo de la pandemia los días 27 y 31 de enero, el 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero, y el 5, 6 y 7 de marzo. Este último aviso lo adelantó en exclusiva Libertad Digital el pasado mes de julio, ahora el periódico de Unidad Editorial añade otros diez informes previos que el mismo organismo habría pasado al Ejecutivo.

Avisos hasta marzo y desde julio

Los informes del Seguridad Nacional, que son confidenciales, ordenan por prioridades los asuntos que amenazan la seguridad nacional de mayor a menor importancia, y la covid-19 ya ocupaba el primer puesto el 27 de enero. Dos días después, el Ministerio de Sanidad informó de que no se podía descartar algún caso en España, pero que si esto ocurriera, la probabilidad de que se produjeran contagios sería baja, y el viernes siguiente, el director del CCAES, Fernando Simón, afirmó: "Creemos que en España, como mucho, no habrá más que algún caso diagnosticado".

A partir del 7 de febrero, los analistas del Centro de Situación del DSN constataron que ya había riesgos para España. El 20 de febrero, se indica personalmente a los ministros que el FMI considera a la covid-19 "el riesgo más apremiante para la economía global"; el 23 de febrero, el DSN comunica que Italia confina el Veneto; el 29, se eleva a "muy alto" el riesgo de propagación del coronavirus a nivel mundial; el 5 y el 6 de marzo, Seguridad Nacional pone el foco en las medidas de Israel y de Francia; el 7, un día antes de la manifestación feminista, se alerta de la cancelación de la conferencia regional sobre economía azul de la Unión por el Mediterráneo, en Barcelona, "habida cuenta de las instrucciones sobre medidas de precaución y restricciones de viajes de nuestros participantes, y tras consultas efectuadas" a la UE.

El 20 de marzo, la pandemia desaparece del informe confidencial diario de Moncloa hasta el 6 de junio. Según el diario de Unidad Editorial, porque durante ese tiempo se les envió la documentación a los ministros por otros cauces que no han dejado huella en Moncloa.

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5/10/20

Por fin los expertos despiertan y proponen al gobierno que se haga cargo de la Sanidad Nacional usando criterios científicos.

En el diario El País se publica un artículo en el que un gran número de científicos se dirige al Gobierno. Dicen en el titular

“En salud ustedes mandan, pero no saben”: los científicos piden decisiones basadas en la evidencia"

Las principales sociedades del país reclaman a los gobernantes que abandonen la disputa partidista para la toma de decisiones

Parques cerrados y bares abiertos. Esta imagen —que la Comunidad de Madrid propició cuando confinó perimetralmente los primeros barrios y también se pudo ver en algunos momentos de la desescalada— ilustra muy bien los constantes ejemplos que la epidemia de covid está dejando de decisiones tomadas por políticos sin aval científico. Los gobernantes tienen la última palabra en el difícil equilibrio que supone cuidar la salud de la población manteniendo en lo posible la economía mientras un contagioso virus circula por el mundo. Pero con frecuencia se han olvidado los criterios técnicos para imponer medidas dictadas más por tácticas partidistas y cálculos populistas que por la evidencia disponible. Un total de 55 sociedades científicas han vuelto a dar este domingo un golpe en la mesa para reclamar que sea el mejor conocimiento disponible, y no los jefes de los gabinetes, el que dicte el rumbo para luchar contra el coronavirus.

En salud, ustedes mandan pero no saben, se titula el manifiesto suscrito por las principales sociedades científico-médicas del país, que agrupan a 170.000 profesionales sanitarios. “Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, reza el primer punto de un decálogo en el que ofrecen su asesoramiento para tomar las mejores decisiones para frenar al virus.

Seguramente, el detonante para este escrito es el rifirrafe al que los españoles han asistido casi en directo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid para establecer unos umbrales mínimos con los que confinar los municipios más afectados y restringir más aforos y relaciones sociales. Según los detalles del desencuentro, que ha publicado este domingo EL PAÍS, umbrales como que fueran ciudades de 100.000 habitantes las afectadas o que las UCI superasen el 35% de ocupación con enfermos de covid fueron fruto de negociaciones políticas (Sanidad proponía en un principio localidades de más de 20.000 y que las camas de críticos estuvieran por encima del 20%).

“Entiendo ciertos regateos si se trata de llegar a acuerdos, porque no estamos hablando de una ciencia exacta, pero siempre que finalicen alcanzando esos acuerdos. De lo contrario, es un desastre que perjudica a todos y mina la confianza de la ciudadanía”, asegura Ignacio Rosell, profesor de salud pública de la Universidad de Valladolid. Defiende no meter en el mismo saco a todos los políticos; a su parecer, en muchos lugares sí se han seguido los criterios científicos, aunque hagan más ruido los que no. “El problema es que una comunidad prudente de forma aislada no evita el impacto de todas las demás. Da la impresión de que esto ya se ha convertido en una lucha de no ser yo el confinado y que sean otros. Se está anteponiendo el sentido político a la salud pública”, añade.

El debate política versus ciencia no es de blanco y negro. Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología —que no suscribe el manifiesto— y coautor del libro Epidemiocracia, subraya, por un lado, que hay una lucha de evidencias: “El campo de la economía busca unos resultados que son distintos a los del campo de la salud y ahí puede haber una contradicción. Los políticos tienen que encargarse de encontrar el equilibrio que mejor encaja”. Por otro lado, recuerda que las evidencias sobre lo que hacer frente al coronavirus no son siempre muy sólidas: “A menudo nos basamos en experiencias previas, en lo que vemos más sensato, pero hasta dentro de años no habrá estudios que muestren lo que funciona mejor en cada momento”.

Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), una de las firmantes del manifiesto, opina que aunque no haya umbrales matemáticamente infalibles para decidir acciones, y a pesar de que la evidencia es “compleja”, las medidas “se pueden basar en criterios científicos”. “Cuando en la desescalada teníamos una incidencia de 40 casos por 100.000 habitantes, nos planteábamos si abríamos o no y decíamos que lo evaluaríamos cada dos semanas”, señala ahora cuando la media en España es de 269,49 casos y en Madrid de 647,91. “No podemos estar desde julio esperando a ver qué pasa y discutiendo que si esto o que si lo otro. Podemos tener dudas, pero analicemos, veamos qué medida podemos tener y vayamos evaluando”, reclama.

Precisamente, una de las principales negligencias en contra de la evidencia, como han afirmado 17 expertos en la revista The Lancet, ha sido no evaluar resultados. José Miguel Cisneros, jefe de enfermedades Infecciosas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y antiguo presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, también firmante del manifiesto, reflexiona: “España ha sido la primera en la primera ola y primeros en la segunda. No hemos aprendido por falta de evaluación, no se ha hecho autocrítica ni se ha usado la evidencia disponible y esto es lo que reclamamos”.

Decisiones sin evidencia

Desde el principio de la crisis sanitaria, por unas razones o por otras se suceden decisiones apartadas de la evidencia científica, aunque esta tampoco es inmóvil, sino que va cambiando a medida que se hacen nuevos descubrimientos. Un ejemplo es el de las mascarillas, de cuya eficacia no había sólidas pruebas en los primeros compases, pero que ya están fuera de todo debate. Al menos en parte, porque países como España obligan a llevarlas en cualquier lugar abierto, incluso sin otras personas alrededor. “Esto no tiene sentido”, afirma Ortí Lucas. “Si es para que se cumpla más donde sí hace falta, que es fundamentalmente en interiores o en zonas muy concurridas, puede ser buena medida, pero esto habrá que explicarlo, y no se está haciendo”, señala. A continuación, otros puntos en los que se han tomado decisiones no acordes con la ciencia en los últimos meses:

La definición de caso

Definir quién es sospechoso de estar infectado es el primer paso clave para atajar la enfermedad, ya que solo en ellos se busca. La falta de pruebas hizo que al principio hubiera una definición muy restrictiva. Cisneros recuerda que los primeros días solo se hacían pruebas a los que hubieran estado en China. Los infectólogos pidieron que se realizaran a todas las neumonías desconocidas. “Si se hubiera hecho desde el principio habríamos localizado antes que el virus estaba ya en España y se podrían haber salvado vidas”, asegura.

Test rápidos

Con los test rápidos hubo decisiones erróneas desde el principio. “En primer lugar se compraron sin demostrar eficacia y hubo que devolverlos. Luego se usaron para hacer cribados en la población, entre sanitarios, cuando esto no es útil”, señala Cisneros. Con los nuevos test de antígenos sucede lo mismo. Se han demostrado muy útiles para detectar el virus entre personas con síntomas, pero no tanto para la población general, como se están usando en la Comunidad de Madrid.

Ciudades de menos de 100.000 habitantes

El que los umbrales de confinamiento valgan para ciudades de más de 100.000 habitantes y no para las menores es un listón “arbitrario”, coinciden todos los consultados. “Lo que hay que ver es si se conocen las cadenas de transmisión. Es cierto que en un pueblo pequeño puedes tener una incidencia muy alta y que no haga falta restricciones porque es más fácil conocer de dónde viene el brote que en una gran ciudad, pero hay que analizarlo según el caso”, señala Ortí Lucas.

Parques cerrados, bares abiertos

El cierre de parques ha sido una de las soluciones propuestas por algunas ciudades y comunidades autónomas, pese a que sabe que el riesgo de contagio es hasta 20 veces menor en exteriores. “Si cierras los parques estás propiciando actividades en interiores, lo que es contraproducente”, señala Gullón, que cree que no tiene sentido que el aforo de los locales de hostelería esté igual de limitado (al 50% en los lugares que cumplan los umbrales de confinamiento señalados en el BOE) en interiores que en la terraza. “Quizás la proporción debería ser 75% fuera, 25% dentro. O cerrar por completo el servicio en el interior”, añade. Además, como apunta Rosell, hay una contradicción: “Se obliga a respetar la distancia entre mesas, pero no a hacerlo entre sillas de una misma mesa”.

de 55 sociedades científicas que representamos

a más de 170.000 profesionales sanitarios.


  1. Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político.

  2. Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes.

  3. Aquí y ahora, la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos sólo consigue agravar las soluciones. Frenen ya tanta discusión y corran a la acción.

  4. Necesitamos un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política.

  5. Estos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios.

  6. Son ustedes, como políticos, quienes además de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados.

  7. Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico.

  8. Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno.

  9. En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana.

  10. Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos.


Sociedades firmantes. Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Asociación Española de Genética Humana (AEGH), Asociación Española de Pediatría- Sociedad Española de Infectología Pediátrica (AEP-SEIP), Asociación Española de Vacunología (AEV), Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación (ANCEI), Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), Capítulo Cirugía Endovascular de la SEACV (CCEV), Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), Federación Española de Enfermería del Trabajo (FEDEET), Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP), Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Sociedad Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica (SEIMC), Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG), Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Sociedad Española de Hipertensión (SEH LEHLA), Sociedad Española de Inmunología (SEI), Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML), Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICyUC), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSPH), Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Microbiología (SEM), Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española de Rehabilitación y medicina física (SERMEF), Sociedad Española de Reumatología (SER), Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), Sociedad Española de Virología (SEV),

Unos párrafos más abajo puede leerse un texto titulado "Lo que yo haría" escrito por mí hace unos días relacionado con este manifiesto. De éste solo se pueden hacer alabanzas. Se indica la prioridad de los aspectos sanitarios. La exigencia de flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios permite imaginar que dentro de los márgenes con los que se pueda trabajar desde el punto de vista sanitario habrá lugar para considerar aspectos económicos tal y como se recoge en mi propuesta.

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4/10/20

Los Premios Ig Nobel son una parodia estadounidense del Premio Nobel. Se entregan cada año a principios de octubre para reconocer los logros de diez grupos de científicos que «primero hacen reír a la gente, y luego la hacen pensar»

La gestión de la pandemia de la COVID-19 por parte de Donald Trump y Vladimir Putin les ha merecido alzarse con los premios Ig Nobel 2020. Ambos dentro del área Educación Médica. El primero, por su sugerencia de inyectarse desinfectante para eliminar el virus SARS-CoV-2 y, el segundo, por esconder las cifras reales de los muertos y contagiados en Rusia.

Los Ig Nobel 2020 son otorgados por la revista de humor Annals of Improbable Research y cada año recompensan las más absurdas e insólitas investigaciones científicas. Y que, además, fueron sustentadas y realizadas por sus autores completamente en serio.

En la atípica edición de este 2020, los Ig Nobel se realizaron por vía telemática en un video grabado de 75 minutos. La nueva realidad no permitió que fuera en directo desde la Universidad de Harvard. Lukashenko es el único de la lista que tiene anti-Nobel. En el 2013 ganó el Ig-Premio de la Paz por ilegalizar aplaudir en público y lo compartió con la policía de su país. Arrestaron a un hombre manco, solo por aplaudir.

Además de Trump, como uno de los ganadores del Ig Nobel 2020, la lista de galardonados y sus inventos se extiende. Los afortunados de esta 30º edición son:

Educación Médica: «Por utilizar la pandemia COVID-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto inmediato sobre la vida y la muerte».

Jair Bolsonaro (Brasil),

Boris Johnson (Reino Unido),

Narendra Modi (India),

Andrés Manuel López Obrador (México),

Alexander Lukashenko (Bielorrusia),

Donald Trump (Estados Unidos),

Recep Tayyip Erdogan (Turquía),

Vladimir Putin (Rusia)

Gurbanguly Berdimuhamedow (Turkmenistán).

A mi me faltan en esta lista de los premiados por sus contribuciones a la "Educación Médica" unos cuantos políticos y expertos que han demostrado de manera evidente que han tenido "un efecto inmediato sobre la vida y la muerte" de muchas personas y que tienen tantos o muchos más méritos que los galardonados, como por ejemplo, compartir el premio con Putin "por esconder las cifras reales de los muertos y contagiados" o con Trump "por su sugerencia" científica sobre el uso de las mascarillas: "no tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla". También en estos premios se notan las influencias políticas. Como la lista de los injustamente no premiados es demasiado amplia mencionaré solo sus "méritos":

-Todos aquellos que después de favorecer la muerte de un desorbitado número de humanos manifiestan que, desde el primer momento, han seguido las indicaciones de los expertos.

-Todos los mencionados expertos, muchos desgraciadamente anónimos o, casi seguro, inexistentes, que dijeron que solo habría unos pocos casos, que era como una gripe, que el uso de las mascarillas no era tan importante, que nada hicieron para exigir que se prohibieran las aglomeraciones, llegando, incluso a recomendar la asistencia a algunas, etc. etc.

Debo de reconocer que, de acuerdo con el objetivo declarado de estos premios, mi sentido del humor no llega a trivializar la muerte de más de un millón de personas. Así que remato este comentario con mi opinión de que el Tribunal de La Haya debería de juzgar a unos cuantos de los responsables de esta tremenda mortandad como ha hecho con Karadžić y Mladić responsables de la muerte de "solo" unas 100.000 personas. Un responsable por cada 50.000 personas. ¡Ahí queda el dato!

LO QUE PASA EN FRANCIA Y NO EN ESPAÑA. Cuando la exministra francesa de Sanidad, herida tras su fiasco electoral como candidata a la alcaldía de París, reconoció que la primera vuelta de los comicios municipales del pasado febrero había sido una «mascarada», ya que el Gobierno sabía «todo lo que podía ocurrir» con la pandemia, el entonces primer ministro galo, Édouard Philippe, tuvo que admitir que estaba al tanto de aquellas alertas. La Policía francesa registró ayer sus domicilios y sus oficinas. La Justicia los investiga por los presuntos delitos de «abstención en el combate del siniestro» y «no asistencia a personas en peligro de muerte». Así está Francia.

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Siguiendo con los Ig Nobel, no se entiende que si lo que se pretende es "enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto inmediato sobre la vida y la muerte" la selección no incluya a los políticos que han destacado por su relación con un alto número de fallecidos en sus respectivos países. Más parece que la lista se ha fijado, principalmente, en la influencia mediática de los dirigentes que en el hecho que se dice que se quiere destacar. En la siguiente lista se ordenan una serie de países por el número de fallecidos por millón que incluye los representados en la lista de Ig Nobel, además de algunos importantes países europeos y asiáticos más Canadá, Australia y Nueva Zelanda más dos países que destacan por su buen hacer al final de la lista para que se pueda juzgar hasta qué nivel de incompetencia se ha alcanzado en algunos países muy desarrollados. En el caso de España se usan los datos oficiales, manifiestamente inferiores a los que resultan de considerar el exceso de fallecidos.

BELGICA, 861; BRASIL, 691; ESPAÑA, 663; EEUU, 637; GB, 635; MÉJICO, 617; ITALIA, 600; SUECIA, 576; FRANCIA, 489; PAÍSES BAJOS, 372; CANADÁ, 252; PORTUGAL, 195; RUSIA, 148; ALEMANIA, 118; TURQUÍA, 102; BIELORRUSIA, 91; INDIA, 75; POLONIA, 69; GRECIA, 38; AUSTRALIA, 36; JAPÓN, 13; COREA DEL SUR, 8; NUEVA ZELANDA, 5; CHINA, 3; VIETNAM, 0,4; TAIWÁN, 0,3

No se entiende la presencia de los dirigentes de Rusia, Turquía, Bielorusia o la India en este asunto y la ausencia de los de Bélgica, España, Italia, Suecia y Francia. La presencia del Presidente de TURKMENISTÁN en la lista de los Ig Nobel es otra sorpresa ya que se trata de una brutal dictadura del Asia Central de la que no hay información sobre cómo le ha afectado el COVID-19 hasta el punto de que está prohibido mencionar la palabra coronavirus y se condena a prisión a quien lleve mascarilla. Todo parece indicar que la pandemia hará estragos. Se dice que “Hay muertes entre los ministros, los miembros del Gobierno e incluso los miembros de la familia del presidente”.

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1/10/20

Lo que yo haría con carácter de urgencia (llegamos tarde de todas formas.... pero más vale tarde que nunca. Hace semanas que ya era tarde).

1) Dimitir a Illa y nombrar a un experto en Sanidad. Nadie puede entender que tras la catástrofe sanitaria que estamos sufriendo, el Ministro de Sanidad siga en su puesto; máxime cuando no es solo que haya errado es que no se podía ni se puede esperar que mientras sea Ministro mejore la Sanidad.

2) Renovar el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad para que, en todo lo relativo a medidas relacionadas con la salud, esté bajo las órdenes de un Comité Permanente de Científicos (CPC) cuyos miembros sean, objetivamente, de reconocido prestigio para asesorar al nuevo Ministro de Sanidad. Sugiero usar la página en la que se publican listas de los mejores científicos residentes en España agrupados por áreas y seleccionados usando el índice h (buscar en Google "Indice h de los Mejores Investigadores Españoles") Alternativamente, usar otros criterios objetivos iguales o mejores. Condición excluyente: para este CPC, y los que se creen con expertos en diferentes áreas, sus miembros no deberán tener carnet de ningún partido político.

3) El CPC debería confeccionar una lista de expertos en cada una de las comisiones que deban crearse para luchar contra cualquier epidemia o grupo de enfermedades graves. Podrán seleccionar investigadores residentes en el extranjero.

4) La comisión de expertos para luchar contra el COVID (CEC) debería indicar parámetros a considerar, rangos dentro de los cuales deberían estar éstos para un adecuado control de la pandemia y las medidas más adecuadas.

5) Crear una Comisión de Expertos Economistas (CEE) para que propongan los rangos más adecuados, dentro de los establecidos por el CEC, para minimizar las consecuencias negativas en la economía de las medidas que se adopten. De ser imposible en algún caso debería haber una reunión mixta para decidir y, de no ser posible, se adoptarían las medidas propuestas por la parte científica.

6) Crear una comisión política presidida por el nuevo Ministro y representantes de todas las CCAA para que decidan los valores más convenientes de los parámetros, dentro de los rangos establecidos por la CEE. En caso de discrepancia entre CCAA éstas aceptarán lo que recomienden el CEC, oídas las alegaciones de las CCAA.

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30/9/20 El Doctor Cavadas habla de la ausencia de científicos en la gestión de la pandemia en España.

«No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún». El doctor Pedro Cavadas ha cargado por primera vez directamente contra el del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ya declaró en su día, hace hoy ocho meses y le tacharon de alarmista y propagador de bulos, de los graves riesgos del coronavirus frente a la inacción del Gobierno.

El cirujano valenciano, que insiste en que no es experto en epidemiología pero que era «autoevidente y cualquiera podía ver» que la situación provocada por el Covid-19 en China era mucho más grave de lo que las autoridades del país asiático admitían, se muestra irónico respecto a la tarea desarrollada por Fernando Simón.

Preguntado por la labor del científico para controlar la crisis sanitaria del coronavirus en España, Pedro Cavadas replica: «¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello».

De hecho, en las mismas fechas en las que el cirujano valenciano advertía, entre críticas que le tachaban de «alarmista», de la peligrosidad del coronavirus y la rapidez con la que se contagiaba, Fernando Simón descartaba que el Covid-19 pudiera llegar a España, más allá de algún caso aislado.

Ocho meses después, el coronavirus suma 769.188 contagiados y ha matado a 31.791 personas, de acuerdo con los datos oficiales suministrados por el propio Ministerio de Sanidad a fecha de 30 de septiembre.

Al respecto, Pedro Cavadas también apunta directamente hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en su última aparición pública en el medio digital «El Huffpost». De hecho, lamenta que «los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos». El médico valenciano, de hecho, había advertido el pasado mes de enero del riesgo de que la pandemia diezmara la población.

«Esto no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil»

El prestigioso cirujano, que suma a lo largo de su carrera más de 30.000 operaciones, también insiste en la necesidad de que una auditoría independiente esclarezca cómo se ha gestionado la crisis provocada por el coronavirus en España, toda vez que «no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún».

Con la curva de casos de Covid-19 al alza y en plena segunda ola de la pandemia en España, Pedro Cavadas se muestra pesimista al tiempo que crítico con el Gobierno: «Esto no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil».

En la misma, línea, el doctor valenciano ha vuelto a frenar el optimismo del Ejecutivo, verbalizado tanto por el presidente Pedro Sánchez como por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respecto a la generalización a corto plazo de la vacuna contra el coronavirus y cree que «hablar es gratis».

«Los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos»

El cirujano, para el que la pandemia ha siginficado «un vendaval que se llevó el humo (de todos los colorines) que se estaba vendiendo y dejó al descubierto a los vendedores» augura que España no recobrará la normalidad tras la pandemia hasta dentro de «dos ó tres años». Respecto a la recuperación económica, Pedro Cavadas se muestra más escéptico y calcula un plazo de una década.


Versión ampliada el 22/9/20.

Los científicos que publicaron un artículo en The Lancet el 6/8/20 (ver abajo) pidiendo una "evaluación independiente de lo ocurrido en España con la pandemia" vuelven a insistir con una segunda carta (parece que ha habido poco interés por parte del Gobierno en ser evaluado). Incluyo una traducción de la misma. Se han excluido las referencias que pueden consultarse en el artículo original. Se incluyen algunos comentarios en cursiva.

Evaluación de la respuesta de COVID-19 en España: principios y requisitos

En España se está produciendo un resurgimiento de las infecciones por COVID-19, con algunas de las peores cifras de Europa. En agosto de 2020, instamos al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a que evaluaran de forma independiente su respuesta a COVID-19 para identificar las áreas en las que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social.

Aunque recibimos un amplio apoyo de más de 50 sociedades científicas y asociaciones que representan a las comunidades profesionales de la salud pública, la medicina y la enfermería, ahora es necesario definir dicha evaluación en términos de su oportunidad, alcance y liderazgo. Aquí sugerimos tres requisitos principales y cuatro principios rectores, adaptados de McKee y sus colegas, que creemos que garantizarían el éxito de una evaluación independiente.

El primer requisito es la urgencia; la evaluación debe comenzar inmediatamente e informar periódicamente hasta el final de la pandemia (creo que no tienen claro que los que tienen que dar el visto bueno no están nada, nada interesados, en que los examinen). En un país en el que las tensiones políticas son elevadas, el segundo requisito es el apoyo generalizado de los partidos políticos (el problema es que los que tienen que dar el visto bueno solo están interesados en que la oposición los apoye a ellos, no a la comisión; la oposición seguro que estaría encantada en apoyar a la comisión), las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y los cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. La reacción a nuestra primera carta fue positiva entre todas las partes interesadas, y los gobiernos deben aprovechar ese consenso. El tercer requisito es un compromiso firme del Gobierno central y los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia (los gobiernos regionales (CCAA) tienen que seguir la instrucciones del Gobierno central (GC) que es el que tiene la responsabilidad de cuidar de la sanidad nacional; así es que la comisión haría bien en recomendar al GC lo que se tiene que hacer él y lo que debe pedir a las CCAA que hagan).

Una vez acordados los requisitos, sugerimos cuatro principios rectores para garantizar el éxito del proceso. El primero, y más importante, es la independencia de los miembros del comité de evaluación. Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y los propios miembros, deben ser independientes del gobierno, no haber trabajado en el gobierno, y no tener intereses contrapuestos. En el comité de selección y en el equipo de evaluación podrían participar académicos españoles independientes, que trabajen tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales (vano intento; en este momento los "expertos" oficiales hacen lo que les mandan, hasta recomendar asistir a una manifestación promovida por el GC, o no recomendar el uso de mascarillas porque el Ministro no hizo caso de los consejos de las instituciones sanitarias internacionales y cuando hicieron falta no había así es que la recomendación de no usar mascarillas era inútil o, como uno de los expertos que después de manifestar que el Gobierno no le había consultado, al día siguiente se desdijo (Antoni Trilla García); así es que creo que no habrá trato). En segundo lugar, se necesita una cultura de no culpabilidad, centrada en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir culpas (este es el clásico comentario para "tranquilizar" a los que se sientan culpables y, por lo que parece, éstos necesitan que les aseguren que no van contra ellos. Se trata de que los que tienen que dar el visto bueno no se opongan; los expertos no saben con quienes están tratando. No hay que ser un lince para no concluir que el responsable de lo que hay que hacer se sentirá culpable si la comisión asegura que lo que había que haber hecho no se hizo y, por el contrario, se hizo lo que no había que hacer o que en lo sucesivo hay que hacer todo lo contrario de lo que se hizo. Elemental querido Watson). En tercer lugar, el equipo de evaluación debe ser equilibrado en cuanto al género y multidisciplinario para promover una evaluación crítica más amplia. Cuarto, la evaluación debe tener un alcance amplio, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportaciones tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, dado el alto nivel de competencias descentralizadas.

La organización de la evaluación puede elegirse a partir de modelos existentes, como la evaluación propuesta por la OMS, el modelo de Grupo Parlamentario de Todos los Partidos utilizado en el Reino Unido, o la investigación realizada en el estado de Victoria (Australia). Los grupos de trabajo y la solicitud de pruebas también podrían complementar ese proceso, haciendo participar a las sociedades científicas pertinentes que representan a los profesionales de la atención de la salud y otros profesionales, las organizaciones de pacientes y la sociedad civil en el suministro de pruebas y conocimientos especializados.

Seguimos alentando al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a llevar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo para que otros países la reproduzcan (si se pretende ser un ejemplo universal, las risas podrán oírse en Marte). Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en la evidencia científica, es ahora urgentemente necesaria para orientar la política de salud pública y contribuir a la superación de la pandemia de COVID-19. (No empujen al Gobierno Srs. expertos, por favor, que ahora estan tratando de acabar la "faena" en la que están con las CCAA).

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De acuerdo con lo que escribí ayer, el Ministro de Sanidad ha declarado que «El Gobierno va a hacer una evaluación de la gestión de todos, Gobierno y comunidades autónomas (CCAA), pero en el momento oportuno». Es decir, que no hay trato y que los expertos "no se han enterado de que los que tienen que dar el visto bueno no están nada, nada interesados, en que los examinen". Así es que paciencia: el gobierno se sobra y se basta para autoevaluarse y, sobre todo, para evaluar a las CCAA; y, además, no hay prisa la harán cuando les parezca oportuno. ¿Pero no está claro que el Gobierno ha hecho TODO lo que ha hecho sin contar con los científicos? ¿Por qué habría de cambiar ahora cuando se trata de que los examinen? En mi opinión, los animosos expertos deberían empezar ya la evaluación de verdad, es decir, informando de todo lo que vean y lo que crean que hay que hacer y lo que se debería haber hecho; sin miramientos. Caiga quien caiga.

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Uno de los autores de la carta, el epidemiólogo Alberto García Basteiro hace unas declaraciones (22/9/20) en El País que merecen ser leídas. Destaco algunas frases significativas (mis comentarios entre paréntesis y en cursiva).

El 1 de octubre, el ministro Salvador Illa recibirá al grupo de científicos que pidió a principios de agosto en la prestigiosa revista científica The Lancet una evaluación independiente de lo ocurrido en España con la pandemia. El gabinete de Illa propuso este encuentro unos días antes de que este mismo grupo publicara una segunda carta en The Lancet Public Health, dada a conocer este martes. En ella reclaman que se inicie con urgencia este examen y aportan “algunas pinceladas” sobre cómo debiera ser esta evaluación, según uno de sus impulsores, el epidemiólogo Alberto García Basteiro (Vilalba, Lugo, 1982). El Gobierno ya ha manifestado su intención de realizarla y por eso este experto y sus 19 colegas piden que se empiece ya, “porque no es incompatible seguir luchando contra la pandemia con intentar identificar las fragilidades que han hecho de España uno de los países más afectados del mundo”. Basteiro afirma que cuanto antes se haga ese análisis, "antes habrá unas recomendaciones que puedan guiar cambios que hagan estar más preparados en futuras olas o pandemias”. En esta nueva carta, los 20 firmantes especifican que hace falta un equipo independiente, equilibrado y multidisciplinar que busque soluciones, “no culpables”.

Pregunta. En la anterior misiva señalaban algunos aspectos previos a la pandemia que pudieron hacer vulnerable a España, como los recortes o la población envejecida. ¿Hasta dónde debería echar la vista atrás esta evaluación? ¿O debería centrarse en la gestión de la pandemia?

Respuesta. Tiene que ser lo más exhaustiva posible y debe cubrir varias áreas. No solo la gestión, sino también las características del Sistema Nacional de Salud (SNS) que hace que no estemos preparados. Debe cubrir aspectos sobre salud: preparación, información epidemiológica, capacidad diagnóstica, recursos humanos, etcétera. Pero también factores como la economía, sistemas de protección social, la legislación, la coordinación, residencias, poblaciones vulnerables…. Si nos centramos solo en la gestión parece que queremos buscar culpables, y nosotros pedimos una visión de futuro, qué tenemos que mejorar desde ya. No queremos que los políticos cometan la bajeza de usarlo para el azote político, no es lo que necesitamos. (Así es que nada de críticas al Gobierno de modo que la próxima vez podrán repetir cualquier tipo de salvajada porque nunca habrá un solo culpable. ¡Preparando el futuro desastre!).

P. Llega una segunda ola y nuevos confinamientos, ¿las autoridades reaccionan en lugar de prevenir?

R. La impresión que tenemos muchos es que vamos apagando fuegos en vez de anticiparnos a ellos. Está claro que muchas de las recomendaciones que puedan salir de esta evaluación no se verán implementadas en el corto plazo, habrá cosas que no se puedan cambiar hasta dentro de meses o años. Pero puede que haya otras que sí que puedan empezar a ejecutarse. Ojalá esas recomendaciones contribuyan a que estemos más preparados ante terceras, cuartas olas. No nos podemos escudar en que estamos muy ocupados, porque siempre lo estaremos (No tienen prisas; esperan a que la Comunidades fracasen en la tarea para diluir su responsabilidad que solo corresponde al Gobierno. Es así siempre que se trate de una pandemia si, además, afecta a más de una Comunidad). Y cuanto antes hagamos esta evaluación antes podremos minimizar daños. (Totalmente de acuerdo, así es que "para minimizar los daños" no hay que esperar ni un minuto a la colaboración de los presuntos implicados. Si los expertos anunciaran su intención y su propósito de llevar a cabo el informe en este momento es posible, aunque no seguro, que el Gobierno corriera para tratar de "dirigir" el trabajo)

P. La coordinación con las autonomías vuelve a estar en el ojo del huracán.

R. Este contexto de múltiples Administraciones tomando múltiples decisiones en un mismo país no ayuda en el contexto pandémico, no ayuda a comunicar muchas de estas recomendaciones o a entender por parte de la sociedad el porqué de ciertas medidas en otro. Nadie duda de que las medidas han de ser diferentes dependiendo de la situación epidemiológica de cada territorio, pero toda la gestión debiera estar muchísimo más coordinada. Son aspectos que deberían ser evaluables y ver otros modelos en países que también tienen competencias descentralizadas para ver sugerencias. Los ciudadanos muchas veces no entienden por qué en su barrio sí se toman medidas y en el vecino no, o por qué en esta comunidad sí y en el municipio limítrofe no, con una epidemiología similar. Mejoraría la comprensión y el seguimiento de las recomendaciones, ahora que estamos viendo las protestas en Madrid y no sé hasta qué punto esto tiene algo que ver. (Claro como el agua. Lo que ocurre aquí es por lo dicho arriba: el Gobierno se ha dado de baja de su responsabilidad para compartirla con las Comunidades y éstas han caído en la trampa).

P. ¿Quizá desconfían porque el primer confinamiento no se usó para robustecer el sistema?

R. Totalmente. Hemos perdido un tiempo de oro, cuando estábamos levantando las restricciones, para estar más preparados. Esa era la filosofía de la estructura de la desescalada. Pero en algunas comunidades saltaron fases en días (y el Gobierno encantado). Parece que no se ha hecho toda la parte de preparación, una desescalada en paralelo al fortalecimiento de ciertas estructuras, como la vigilancia epidemiológica. A día de hoy, no se cuenta con las capacidades que en principio deberían haber estado listas para cuando se levantaran las restricciones, para la nueva normalidad (lo que debería haber previsto el Gobierno si no estuviera interesado en el fracaso de las CCAA. El desastre actual no se habría producido de haber cumplido el Gobierno con su obligación de dirigir la política sanitaria nacional ordenando que en todo el territorio se dispusiera de los medios necesarios para impedir los rebrotes). Por las prisas, llegaba el verano, por intentar perjudicar lo menos posible a la economía, se precipitaron algunas medidas, y quizás ahí empezó mucha de la descoordinación (esa es la palabra. ¿Y quien tenía que haber coordinado?). No quiero apuntar las causas porque no las sé, pero tiene que haber una evaluación profunda que las identifique (pues está muy claro. Ese espíritu de intentar atravesar el cristal sin romperlo es incompatible con el intento de hacer una evaluación, profunda o incluso somera). No hicimos los deberes, no fortalecimos las áreas que estaban a nuestro alcance mejorar en ese tiempo del confinamiento (¿quien tenía que hacer los deberes durante el confinamiento? No podemos dar la respuesta porque esto nos conduce a señalar a los culpables y, claro, este asunto no podemos tratarlo sin señalar ¡qué pena!), y nos ha pillado ahora este resurgimiento con una preparación subóptima para hacerle frente, parece obvio (¡pues claro!).

P. ¿Hay ingredientes específicos de España que la hagan más vulnerable y no estamos teniendo en cuenta?

R. No hay un ingrediente único, es multifactorial. Y supongo que los determinantes más profundos siguen siendo los mismos ahora que en la primera ola. Está claro que no tenemos un Sistema Nacional de Salud resiliente (RAE: Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y, por ello, ha vuelto a la normalidad en cuanto ha dejado de producirse la avalancha de contagiados por COVID. De hecho, en la segunda ola de contagios el sistema está funcionando sin problemas. Lo que no puede es cumplir satisfactoriamente con su cometido en situación de colapso sanitario, pero eso es un hecho universal. En ninguna parte puede haber, en el momento necesario e imprevisto, todo los medios necesarios para una catástrofe como la de la primera ola. Así es que nuestro sistema sanitario es razonablemente resiliente), hay muchas debilidades en la gestión, en la coordinación, en las capacidades… Estamos viendo que tiene problemas en cuanto a recursos humanos, que no tiene rastreadores suficientes (¿y quien tiene que decir cuantos rastreadores son suficientes? ¿cada comunidad?), que no hacemos las suficientes PCR por caso confirmado (¿y quien tiene que decir cuantos PCR son suficientes por caso confirmado? ¿cada comunidad?)… Hay muchas características de nuestro SNS que no han cambiado de la primera a la segunda ola y esos determinantes profundos (¿y quien tiene que decir cuales son esos determinantes profundos? ¿cada comunidad?) siguen siendo los mismos. No hay que culpar tanto a la sociedad ni a la responsabilidad individual: no creo que seamos más irresponsables que las sociedades de otros países que nos rodean. También me gustaría reivindicar el papel de los científicos: echamos de menos una mayor implicación de la comunidad científica en decisiones y recomendaciones que hacen las Administraciones. Y es el Gobierno quien debe favorecerlo. Los científicos deberíamos tener un papel más preponderante en la respuesta a la pandemia con una contribución que debe ser ordenada y organizada por quienes toman las decisiones. Nadie duda de que en el ministerio hay buenos expertos, pero también los hay fuera del ministerio y han sido muy poco consultados. (Este párrafo es perfecto. Ha calado tanto en la ciudadanía que ella es la culpable -esto se puede decir sin miedo de herir a nadie- que los verdaderos culpables ven recompensado su dolce far niente. Yo añadiría que, además, ha faltado la voz de científicos independientes, que hubieran levantado la voz como han hecho los autores de las dos cartas.)

P. Pero estas recomendaciones pueden ser incómodas cuando van en contra de las decisiones políticas o de los intereses económicos.

R. No estoy diciendo que la gestión sea fácil, sé que es muy compleja. Pero ni siquiera las recomendaciones desde el punto de vista sanitario se han alimentado por parte de grupos organizados de expertos. En esas decisiones tiene que haber elementos económicos, porque la pobreza es un determinante de la salud, y eso es decisivo. Pero por lo menos tener todas las recomendaciones basadas en evidencias de cada área. Y eso me parece que no ha existido, más allá de que luego se tengan que modular las decisiones con otros factores económicos o legales. (En resumen: que el desastre que observamos es tan perfectamente explicable que no falta nada más que los expertos nos digan cuántos rastreadores tiene que haber, cuántos PCR que hacer, cuántos enfermeros y médicos de atención primaria hay que contratar y qué tiene que pasar para volver a un confinamiento total. Si los responsables se van de rositas, obviamente, volverá a ocurrir lo mismo en la siguiente pandemia, cualquiera que sean las conclusiones de la proyectada evaluación: habremos dado el permiso para matar y se elegirá lo más conveniente para mantenerse en el poder)


Versión ampliada el 20/7/20

Una doctora de mi grupo de investigación me informa de su experiencia en un hospital de Madrid. Este es su relato:

"En general, ha habido mucha falta de comunicación por parte de las autoridades y realmente me planteo si la OMS actuó correctamente o también llegó tarde. Aquí ya sabemos que el gobierno actuó tarde y mal; los demás actuaron bien, dadas las circunstancias, y me refiero a directores, médicos, gerentes y todo el personal hospitalario en general. Antes de que se decretase el estado de alarma en Madrid ya había positivos desde finales de febrero, así que desde ahí hasta el día 14 de marzo (estado de alarma) imagine la cadena de contagios. En el caso de mi hospital el día 3 de marzo tuvimos una sesión general donde nos explicaron todas las fases que había preparadas y todo el despliegue que se haría en caso de necesidad. En general he de reconocer que el comentario más frecuente fue "pero, no será para tanto ¿cómo vamos a llegar a la fase 4"?, la fase 4 era que todo el hospital se dedicaría a la COVID y ningún sitio para nadie más. Pues y tanto que fue para tanto... En la fase 1 se ampliaba la zona de urgencia para la COVID y se habilitaba una planta para estos enfermos. A la fase 4 pasamos en tres días y todo fue una locura. Los protocolos se cambiaban cada hora, por supuesto lo del material fue una vergüenza, los médicos de urgencias cubiertos con bolsas de basura, haciéndose pantallas caseras, etc. Me pregunto ¿de verdad que este país no tiene tejido empresarial para que un gobierno en estado de alarma inyecte el dinero necesario para que se pueda fabricar material de protección? No me lo creo; claro, seguro que es menos rentable para algunos. Después, afortunadamente, no ha habido problemas, pero en los peores momentos fue cuando más faltó material de protección.

En general, hay muchas cosas que no se han contado bien, por ejemplo, sobre las PCR y los maravillosos test rápidos. No entiendo dónde estábamos los científicos de este país ni esos de la supuesta comisión científica. De primera mano puedo asegurar que los laboratorios han intentado hacer lo imposible pero las casas comerciales también se quedaron sin stock de reactivos, y al final ocurrió que no se hacían más PCR porque no había reactivos, y sin PCR los pacientes con síntomas tenían que esperar en una sala de urgencias colapsada. Y lo de los test rápidos, otra vergüenza. Esos tests no sirven para NADA ¿ninguno de esos científicos pudo salir y decir: "señores no vamos a hacer test rápidos porque la técnica no está depurada porque no va a servirnos de nada, así que es mejor seguir con las PCR y esperarnos una semana para empezar a realizar serología que es lo más fiable".

Al final la sensación que tengo, es que nos han intentando engañar; lo único positivo ha sido el comportamiento de todo el personal del mundo hospitalario. Por ello, creo que en este país no se valora lo suficiente la sanidad pública. Y con la falta de civismo que observamos en este momento creo que una multa es poca cosa."

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El diario El Mundo acaba de publicar la noticia "Los científicos españoles se manifiestan en las redes para exigir más financiación". Los convocantes de la manifestación eran plataformas de investigadores, universidades, organizaciones y asociaciones científicas. ¡Incluso participó el Ministro de Ciencia! ¡El propio Ministro, exigiéndose!

No debe ser casualidad que, coincidiendo con la pandemia, proliferen las peticiones de aumento de la financiación de la investigación científica. Más de las que vienen apareciendo desde tiempo inmemorial. Buscando en Internet el manifiesto anunciado en El Mundo he encontrado una página de una asociación llamada Ciencia con Futuro cuyo objetivo está en línea con lo comentado al principio de este párrafo. Como puede verse ligan la solicitud de la mejora de la financiación con la pandemia. Dicen lo siguiente:

Distintos colectivos relacionados con la actividad científica quieren hacer expreso su apoyo a las actuaciones que las administraciones públicas (AAPP) están emprendiendo para atajar el brote pandémico de COVID-19 en nuestro país, y al mismo tiempo intentar paliar el impacto en la economía de las medidas de contención impuestas al amparo de la declaración del Estado de Alarma (EdA) el pasado 15 de marzo.

En principio, valoramos que el Gobierno de España, en su calidad de Mando único durante el EdA y con el soporte de sus propios consejos asesores y cuerpos técnicos, esté adoptando criterios en sintonía con los de la OMS, y además haya considerado las necesidades y particularidades del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en las medidas de mitigación de los impactos económicos y sociales del EdA, incluyendo la disposición adicional decimotercera en el RD 11/2020, de 31 de marzo.

Tras esta "adhesión inquebrantable", no se ofrece ningún dato que avale las razones para tan entusiásticas felicitaciones a las AAPP. Es imposible. ¿Como van a hacer compatibles sus afirmaciones con el hecho de que encabecemos el ranking mundial de los países con más muertos por la pandemia por millón de habitantes? Les ha faltado dar el último argumento gubernamental: estudios de una universidad, extranjera por supuesto, han llegado a la conclusión de que si no hubiéramos declarado el estado de alarma habríamos tenido 450.000 fallecidos (en la prensa se han dado otras cifras menores pero la que indico se la he oído al jefe de las AAPP; se trata de diez veces más fallecidos de los que ha habido según el registro). Es decir, ¡que podríamos haberlo hecho muchísimo peor! ¡Qué suerte!

En lugar de plantear qué habría pasado si lo hubiéramos hecho peor ¿no podrían las AAPP haber llevado a cabo algún estudio para saber qué debería haberse hecho para que no hubiera ocurrido el desastre? Si. Hay, al menos, dos estudios realizados en las Universidades de Murcia (Antonio Guirao) y Oviedo (Luis Orea) & Complutense (Inmaculada C. Álvarez), que revelan que si hubiéramos adelantado el confinamiento del 15M al 7M, el 4/4 habría habido entre el 52% y el 63% menos de contagiados. En este supuesto, también habría disminuido el numero de fallecimientos y, parcialmente, evitado el colapso de muchos hospitales en España y salvado a muchos ancianos, entre otros. Uno de los trabajos concluye con la frase: "... creemos que hubo una falta de previsión por parte del Gobierno español, ya que no supo anticipar el desarrollo real de la epidemia de coronavirus en España." En efecto, otros países optaron por tardar menos tiempo en confinar que nosotros (por ejemplo, Portugal y Grecia) y tienen un número de muertos por millón muchísimo menor que España. Si se quiere ver un caso extremo lea lo ocurrido en Vietnam: ¡solo ha habido, y muy recientemente, 10 fallecidos, 0,1 por millón! ¡Y no tuvo tanto tiempo para prepararse como España! ¿En España fue culpa de las AAPP o de los expertos que las aconsejaron o de ambos? ¿Quienes eligieron a los expertos? ¿Por qué se tardó tanto en confinar y en nombrar a los expertos? La solución aquí y aquí.

Conste que me parece bien informar a los contribuyentes de que la Ciencia en España funciona relativamente bien pero que necesitamos más fondos. Sin embargo, es criticable el momento elegido. Parece que el mensaje a la ciudadanía y a las AAPP fuera: ¿se dan cuenta de la hecatombe sanitaria que hemos sufrido? Pues para evitarla en el futuro, tienen que dotarnos de más fondos. En mi blog demuestro que esa relación entre inversión y efectos de la pandemia no existe. Un científico no debe mentir ni siquiera cuando pide algo justo. El desastre ha sido ocasionado, según se recoge más arriba, no por falta de fondos para la sanidad y mucho menos para la investigación, sino por la pésima gestión de las AAPP, con o sin la complicidad de los expertos que continuamente eran citados como inspiradores de sus decisiones. Todo lo anterior es compatible con mi opinión de que hay que aumentar la financiación de la investigación científica, aunque lo razonable, en este momento, es esperar a que se resuelvan los problemas vitales que se nos avecinan. ¿No soy partidario de aumentar el presupuesto? Si, pero sin mentir y para apoyar a quienes hacen investigación de calidad.

Las AAPP tendrán que explicar a los ciudadanos por qué no hicieron caso a los organismos sanitarios internacionales que les advirtieron. Y no valen las excusas diciendo que en otras partes han hecho lo mismo porque el resultado numérico no miente: somos los que peor lo hemos hecho y otros que también lo han hecho mal puede que mañana nos adelanten en el ranking pero lo que no cambiará es la cifra total de afectados por la pandemia que, en nuestro caso representa, la mayor mortandad habida desde nuestra guerra en un periodo de tiempo tan corto. Tampoco vale decir que fuera debido al desconocimiento del virus. Ese problema lo tuvieron realmente en China, Japón, Vietnam y Corea del Sur porque empezó allí. A pesar de ello están entre los menos perjudicados por el virus lo que demuestra que el argumento es falso. En estos países tenemos que fijarnos, no en los del pelotón de los torpes comandados por Trump, Johnson, Bolsonaro y otros. Un documento de 1918 (hace un siglo, cuando la mal llamada gripe española) pone de manifiesto que ya sabían entonces lo que había que hacer en las pandemias. Tiene el mérito de que el conocimiento científico en aquel tiempo era muy inferior al actual.

Y aún más, los sanitarios podrán alegar que hicieron mucho más de lo razonable exponiendo sus propias vidas pero el resto de científicos tendremos que explicar que, aunque no todos somos expertos, disponemos de suficiente formación y medios para informarnos de lo ocurrido. Y que podemos analizar las diferencias en el método seguido por nuestro país y por los demás, principalmente, aquellos que lo han hecho muchísimo mejor. Debemos reconocer que no hemos levantado la voz para denunciar que España, una de las grandes economías mundiales, no debería liderar el ranking mundial de los que lo han hecho peor. Los partidarios de dejar el problema para discutirlo más tarde nos han vencido, nos han sumido en el silencio, sus descalificaciones de tipo político han dado resultado (¡tu eres de VOX! Fin del argumento). Han faltado dimisiones de expertos (algunas ha habido) y ha sobrado nuestra cobardía por no denunciar los errores.

++++++(Añadido el 4/7/20) Recientemente, Richard Horton, Editor en Jefe de Lancet, acusaba a: "..... el Gobierno de España y muchos científicos de no haber cumplido con su obligación por motivos políticos: si se hubiera actuado a tiempo, y había información de sobra para haberlo hecho, se podían haber evitado decenas de miles de muertos y la profunda crisis económica a la que nos ha arrastrado el coronavirus ". "Los científicos podían haber ayudado, y no lo hicieron. Tendrían que haber hablado públicamente mucho más sobre los peligros que entrañaba el virus. Ha sido un fracaso de la comunidad científica hacia los ciudadanos. Creo que ha habido científicos que han considerado que su papel era apoyar a los políticos. Han olvidado de que su primera obligación es servir a la ciudadanía. Los científicos están para aconsejar a los Gobiernos, no para hablar en su nombre.

Creo que fue un error y una grave imprudencia permitir la concentración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Permitiendo esa manifestación, hubo gente que resultó infectada por el virus y murió como resultado de eso. A mí me resulta inexplicable que un gobierno haya permitido que eso ocurriera. ¿Cómo puede un científico no levantar públicamente la voz, no criticar esa decisión y no pedirle al Gobierno que desconvoque esa manifestación? Para mí es un misterio."+++++++

David King (un químico que fue asesor de gobiernos británicos anteriores) ha formado un comité asesor alternativo (independent SAGE) que publica estudios, informes y recomendaciones al gobierno británico e invita a la comunidad científica a que denuncien las barbaridades que comete. Organizan reuniones virtuales abiertas para que participe la comunidad científica. El confinamiento empezó porque los científicos denunciaron el desastre que se avecinaba. Aquí no hizo falta, el comité científico, cuyos informes son secreto de estado, recomendaron que no se corriera mucho, que había unos cuantos actos que había que celebrar, sí o sí, que no era necesario en ellos mantener la distancia de seguridad, ni llevar mascarillas ¿para qué? Un estudio científico estimó que el número de muertos que habría si el Primer Ministro británico seguía con la política de 'inmunidad de rebaño' podría alcanzar el millón de muertos. En España, 450.000 si no se hubiera decretado el estado de alarma. A pesar de todo, la situación, en cuanto a fallecidos, es similar en ambos países. El Instituto nacional de estadística ha criticado al gobierno británico por la manera 'incorrecta' de presentar datos en las ruedas de prensa. Se ha denunciando la falta de equipos protectores y pruebas diagnósticas continuamente. ¡Nada nuevo bajo el sol!

No sé si valdrá la autoexcusa: Allí el gobierno es de la derecha así es que los críticos no temen que les llamen izquierdistas, lo sean o no. Aquí, los críticos del Gobierno por su responsabilidad en el desastre que vivimos, no son tachados de derechistas y menos de liberales. Aquí se les tacha de ultraderechistas, fascistas, nazis, golpistas y ser de VOX. O pueden ser más finos repitiendo la vergonzosa consigna "En los tiempos de crisis los inteligentes buscan soluciones y los inútiles, culpables". Se trata de la "superioridad moral de la izquierda". Un último ejemplo. La izquierda prefiere referirse al número de muertos sin considerar los habitantes del país. RTVE, también. Así es que nos ganan EEUU (83.647) y GB (60.447); el valor de España es 44.000, usando los valores obtenidos de los registros de fallecidos (en El País se indican más de 47.000). ¡Claro! ¡Son de extrema derecha! ¡Qué se va a esperar de Trump y Johnson! Sin ánimo de animar a estos energúmenos hay que decir que si se usan los fallecidos por millón de habitantes, como debe ser, los datos son: España (1.007), GB (910) y EEUU (256). ¡Horror! ¿Y cómo se llama el Presidente de ese país líder llamado España? ¿No es de extrema derecha? No, es "progresista" y si la lista se amplía con el resto de los países de mundo, España también ocupa el primer lugar. Nadie sabe como se llama porque no es de extrema derecha. ¡Vaya por Dios! Ese país ocupa, también, junto a Italia, el primer lugar del ranking de países que, según el FMI, más disminuirán su PIB como consecuencia de la pandemia. ¡Viva el progreso!

En unas recientes declaraciones, el Dr. Pedro Alonso, eminente experto en Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas, decía sobre la actual pandemia: "Si no estuviera en la OMS contestaría con otra libertad, pero solo diría una cosa: tenemos la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo. No hay lugar para la autocomplacencia ni para la autocongratulación. Esto requerirá ser mirado con detenimiento porque no puede ocurrir por casualidad". Que el hecho de ser de la OMS impida a Pedro Alonso expresar todo lo que sabe, señala cuál en el grado de libertad de los científicos que ocupan puestos oficiales, aunque hay que reconocer que, entre líneas, dijo bastante más que el resto de científicos. De la OMS hay mucho que decir pero eso será en otro momento.

Puede que los que optan por el halago a las AAPP, mintiendo descaradamente, consigan arrancar algunas promesas pero no tienen en cuenta que, dada la terrible crisis económica que se avecina, serán incumplidas. Olvidan que puede haber graves problemas para el pago de las pensiones, los sueldos de los funcionarios, el paro, el mínimo vital, los ERTES, etc. Los ciudadanos pueden y deben preguntarnos a los científicos, también a los no expertos, cómo es posible que hayamos guardado silencio ante el descomunal desastre acaecido. Nuestros conciudadanos, los 47.000 directa o indirectamente fallecidos por la COVID-19, sus familiares y amigos, los que pasan o van a pasar hambre, los desempleados, los empresarios que irán a la ruina, los que por edad o enfermedad deben vivir confinados, no se merecen esta calamitosa situación ni nuestro silencio teniendo en cuenta que son ellos los que pagan nuestros sueldos y nuestra investigación. Ahora es tiempo de saber la verdad y extraer enseñanzas para el futuro.

Hoy (22/6/20), en cambio, he podido leer una excelente entrevista con José Martínez-Costas, investigador jefe del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago (CiQUS) que me reconcilia con los actuales demandantes de fondos para la investigación porque señala objetivos concretos y urgentes para luchar contra las pandemias que se nos avecinan. Me congratulo de que haya químicos implicados en la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2 y que, éste en particular, haya conseguido financiación de la Comisión Europea. Muchos piden fondos para investigación pero no prueban a presentar su proyecto a nivel europeo. Ahí es donde hay que probar que un proyecto es valioso. Comenta que "la aparición de una pandemia era predecible". Nuestras AAPP siguen manteniendo lo contrario, incluso después de comprobar que la demora en el establecimiento del Estado de Alarma ocasionó la debacle que todos conocemos.

Recientemente (6/8/20) se ha publicado en The Lancet un artículo titulado "The need for an independent evaluation of the COVID-19 response in Spain" por Alberto García-Basteiro, Carlos Alvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José M Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra, Carmen Vives-Cases y Helena Legido-Quigley August 06, 2020

Esta es una traducción con unos pocos comentarios míos (entre paréntesis y en cursiva)

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La necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al COVID-19 en España.

España se ha visto muy afectada por COVID-19, con 28.498 muertes confirmadas y alrededor de 44.000 muertes en exceso, hasta el 4 de agosto de 2020 (Fernando Simón ya ha dicho: «Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora»; para luego es tarde). España tiene uno de los sistemas de salud con mejores resultados del mundo y ocupa el 15º lugar en el índice de Seguridad Sanitaria Global (a pesar de los recortes; este es un hecho reconocido que se suele olvidar y que yo recuerdo en este blog)

Las posibles explicaciones: sistemas de vigilancia deficientes, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR y escasez de equipo de protección personal y de cuidados críticos), una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, lentitud en los procesos de adopción de decisiones, altos niveles de movilidad y migración de la población, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, escasa dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población (error: ver el estudio sobre la proporción de habitantes mayores de 65 años), grupos vulnerables que sufren desigualdades sanitarias y sociales y falta de preparación en los asilos (Ver). Estos problemas se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado el personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud (afirmación correcta. Los recortes, cuya existencia nadie pone en duda, empeoraron el sistema de salud antes de la pandemia: hizo más difícil el trabajo de los sanitarios y el ciudadano fue peor atendido pero no consta en lo que llaman explicaciones de los efectos de la pandemia ni se indica que contribuyeran a la enorme mortandad. Los datos en mi blog y los que añado aquí (ver Tabla al final de este artículo) ponen de manifiesto que la relación de Fallecidos por Millón no dependió del presupuesto en el que, es innecesario decirlo, están incluidos los recortes; se puede aludir a ellos pero no es necesario. El valor medio de los presupuestos de los 33 países estudiados es 4,2 veces menor que el de España; eso sí que habría sido un recorte que habría valido la pena para conseguir la 6ª parte de fallecidos por millón; bastaba con no hacer lo que se denuncia en esta carta y que determinó que el sistema sanitario colapsara de tal modo que no pudo atender a tantos contagiados como aparecieron súbitamente ni podrían haberlos atendido aunque se hubiera dispuesto de medios económicos superiores; de hecho, las carencias: material de protección, tratamiento y análisis, UCIS, camas, etc., no se produjeron por falta de medios sino de previsión; para el hospital de IFEMA no hubo problemas económicos; podría haberse puesto en marcha el 1 de Marzo; todos sabíamos en esa fecha lo que habían hecho los países asiáticos semanas antes).

Ahora es necesario realizar una evaluación exhaustiva de los sistemas de atención sanitaria y social para preparar al país para nuevas oleadas de COVID-19 o futuras pandemias, identificando los puntos débiles y fuertes y las lecciones aprendidas. Pedimos una evaluación independiente e imparcial por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales, centrada en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Esta evaluación debe incluir tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa. Además, se deben tener en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de España, incluido el aumento de las desigualdades.

Las preocupaciones específicas incluyen las funciones de salud pública, el liderazgo y la gobernanza, la financiación, la fuerza de trabajo sanitaria y social, los sistemas de información sanitaria, la prestación de servicios, el acceso al diagnóstico y el tratamiento, el papel de la investigación científica y la experiencia y los valores de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables.

Esta evaluación no debe concebirse como un instrumento para el reparto de la culpa. Más bien, debería identificar las áreas en las que la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social deben ser mejorados. Aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, varias instituciones y países, como la OMS y Suecia , han aceptado la necesidad de esa revisión como medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro (y si del análisis se concluye que hubo conductas que determinaron hechos delictivos existe la obligación legal de denunciar a la justicia; aunque no sea el objetivo de los evaluadores).

Alentamos al Gobierno español a considerar esta evaluación como una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para la pandemia, la prevención de muertes prematuras y la creación de un sistema de salud resistente, con pruebas científicas en su núcleo.

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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes que le parece «obvio» que hay que poner en marcha una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia a nivel nacional, tal y como plantearon el viernes veinte reputados científicos, aunque ha puntualizado que hay «detalles» en la carta que le llaman la atención: «No es una práctica muy habitual indicar ya los errores antes de la evaluación», ha criticado.

«Es obvio que hay que evaluar lo que ha pasado y evaluarlo bien. Es algo que en el Ministerio se ha planteado desde hace un par de meses o tres. Pero es verdad que estamos sobrecargados y hay que identificar el momento adecuado, las características del grupo de expertos y las características de lo que se va a evaluar. Es una iniciativa muy válida. Si conseguimos darnos más prisa para hacer esta evaluación gracias a la carta, bienvenida sea», ha comentado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.

Simón considera que «sería lo ideal tener cuanto antes una evaluación de lo que ha pasado», pero ha apuntado que existen diferentes puntos que dificultan este comité evaluador, como que «falta información» para comparar lo ocurrido en España con otros países, o que una evaluación de este tipo «lleva mucho tiempo a los equipos». «Hay que tener cuidado con no retraer recursos en momentos delicados», ha puntualizado al respecto.

Simón no comparte, sin embargo, que en la misiva, pese a proponer una evaluación independiente, se señalan ya problemas que han existido. «No es una práctica muy habitual indicar ya los errores antes de la evaluación», ha criticado, defendiendo que la evaluación no solo va a sacar a la luz mala gestión por parte del Gobierno: «Hay cosas que hay que mejorar mucho pero otras no se han hecho mal del todo».

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En mi opinión, parece que la iniciativa servirá para acelerar la evaluación pero no para que sea independiente. Dice Simón: "Es una iniciativa muy válida. Si conseguimos darnos más prisa para hacer esta evaluación gracias a la carta, bienvenida sea". Es decir, gracias por la carta y por urgirnos, pero no tenemos intención de avalar "una evaluación independiente e imparcial por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales, centrada en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas." Se han hecho cosas mal pero algunas no tanto. Haremos una evaluación en la que alternaremos nuestros errores con la alusión a lo incivilizados que son los españoles, los errores de las autonomías, los gerentes de las residencias de ancianos (Ver), altos niveles de movilidad y migración de la población, la existencia de grupos vulnerables que sufren desigualdades sanitarias y sociales, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, envejecimiento de la población (error: ver el estudio sobre la proporción de habitantes mayores de 65 años) y, claro, los recortes (usando la desafortunada mención de que los problemas se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado el personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud). Sin embargo, la enorme mortandad no se habría resuelto si se hubieran tenido muchos más medios: el colapso de los hospitales lo generó el aumento repentino de contagiados provocado por no impedir las aglomeraciones y la falta de medios de protección fue por la imprevisión no por falta de presupuesto. El objetivo del gobierno es llegar a un reparto de las culpas y "pelillos a la mar".

De poco ha servido el aviso de que no se pretende buscar culpables. Cualquiera sabe que si se hace un análisis serio de lo ocurrido es inevitable decir qué se hizo mal y si no se dice quienes fueron los responsables cualquiera puede deducirlo y usarlo para culpar al Gobierno y a sus asesores. El Presidente de la Real Academia de la Lengua, desde luego, no es responsable. Si interviene o no la justicia, que es la que convierte a un responsable en culpable, depende del Congreso.



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