EL SILENCIO DE LOS ...... CIENTÍFICOS
JOSE VICENTE SOLER
Catedrático emérito de la Universidad de Murcia
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++++++++28/12/21.
La ‘Moria’ gubernamental
EL MUNDO. MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021
RAFAEL MATESANZ
Aunque a muchos la palabra Moria les recordará la Tierra Media del Señor de los Anillos, en terminología médica se refiere a un trastorno de la personalidad, relacionado con lesiones del lóbulo frontal del cerebro, y que bien podría describirse como una «euforia injustificada».
El término «euforia injustificada» muy bien podría definir lo que le sucede periódicamente al Gobierno con el tema de la pandemia y sus repetidas proclamas triunfalistas sobre su gestión. Desde hace tiempo, la política ministerial sobre el virus no puede ser más clara: ha renunciado a liderar la lucha contra el mismo y se dedica casi en exclusiva a contar el número de vacunados ufanándose repetidamente de los altos porcentajes alcanzados, aunque su papel objetivo sea el de intermediario entre la Unión Europea y las autonomías. Mientras tanto, deja tanto la gestión de la vacunación propiamente dicha, como sobre todo y fundamentalmente cualquier medida potencialmente impopular a las comunidades, en continua disputa con los jueces locales ante la ausencia de un marco legal, primero prometido, luego largamente reclamado y siempre denegado, que permita marcar las reglas del juego.
Son tantas las ganas de que acabe la pandemia y podamos volver a una vida lo más normal posible que el terreno está abonado para creer a pies juntillas cualquier buena noticia que invite a ver la luz al final del túnel. Hasta aquí todo normal y de lo más humano. Al final de la quinta ola, alcanzamos incidencias de riesgo bajo con unos niveles de vacunación sólo superados en nuestro entorno por los vecinos portugueses. Se predicó entonces y así quedó instaurada la convicción de que el virus estaba superado gracias a nuestras altas tasas de vacunación y se actuó en consecuencia con relajación generalizada de las medidas de protección vigentes hasta entonces y hubo hasta quien predijo el cercano fin de la pandemia.
Pero por desgracia, las cosas no son tan simples. Desde hace ya bastantes semanas, Europa se convirtió nuevamente en el epicentro de la pandemia, comenzando por los países más fríos y menos vacunados, pero alcanzándonos después a todos los demás. Como ocurrió al inicio de la pandemia con las regiones del norte de Italia, lo que iba a pasar en España se veía venir simplemente mirando a los países vecinos y como entonces se eligió la actitud contemplativa pese a que algunas comunidades mostraron pronto un rápido crecimiento.
En contra de que podamos combatir adecuadamente al virus, están los evidentes signos de hartazgo de la población: la fatiga pandémica. Decía recientemente en estas páginas el profesor Martínez González que «la falsa percepción de sentirse ya bien protegido y seguro es muy peligrosa ante problemas de salud pública. El fenómeno se denomina ‘compensación de riesgos’. Quien se cree ya invulnerable tiende a arriesgarse más». Efectivamente, el mensaje autocomplaciente repetido hasta la saciedad por nuestras autoridades sobre lo bien que nos va con las vacunas y «lo que nos admiran en Europa» es una constante invitación a relajar el resto de las medidas de prevención: mascarillas, distancia, ventilación... tan trabajosamente aprendidas.
Y aquí es donde más se echa de menos que una gestión más adecuada de la pandemia que la que hemos padecido y padecemos hubiera generado un clima de confianza y credibilidad del que desgraciadamente carecemos y que tan bien nos hubiera venido en una situación tan potencialmente complicada como la que vivimos ahora.
Porque hay que entender que es difícil o imposible confiar en unos responsables políticos que ostentan a lo largo de la pandemia un largo rosario de errores, improvisaciones, cambios de opinión y, sobre todo, decisiones más basadas en conveniencias políticas que en un soporte técnico adecuado. Todo ello culminado con el último Real Decreto navideño en el que se concluye que la única bala de plata contra el virus de la que disponemos es... volver a llevar mascarilla en exteriores.
En lo mucho o poco que nos quede de pandemia, con todas las nuevas cepas o sorpresas desagradables que nos vayan saliendo al paso, es necesario convivir con el virus de la mejor manera posible, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y social. Para ello, además de seguir vacunando aceleradamente cuando y a quien toque, sería necesario poder confiar en unas directrices claras no contaminadas por factores políticos o vedetismos personales. Por desgracia no parece ser el caso, pero hay que pensar que estos son días de sueños y deseos por cumplir. Sería un gran regalo para el año próximo.
Rafael Matesanz, ex director de la Organización Nacional de Transplantes
Otro genial artículo del mismo autor puede leerse más abajo si se busca la palabra Matesanz
++++++++12/5/21.
Nature publica información procedente de un grupo de 13 expertos en salud global que establece que "Si la Organización Mundial de la Salud hubiera hecho una advertencia más audaz sobre los riesgos del COVID-19 -y los países hubieran hecho caso de sus sugerencias-, la pandemia podría haberse frenado, según un importante estudio independiente iniciado por la OMS. La larga investigación identifica febrero de 2020 como el mes en el que se podría haber evitado el devastador número de víctimas de la pandemia, si los países hubieran actuado rápidamente para limitar la propagación del virus. También enumera acciones concretas que podrían ayudar a evitar un destino similar si surgiera otro patógeno mortal, y establece un plan para que las vacunas lleguen a los países de ingresos bajos y medios lo antes posible, para poner fin a la crisis actual."
"A diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2019 y enero de 2020, en febrero, el peligro de que el coronavirus SARS-CoV-2 se extendiera por todo el mundo era bien conocido y su número de víctimas podría haberse evitado con estrategias nacionales de contención. "Es evidente que febrero de 2020 fue un mes perdido", dice el informe."
"Un puñado de países asiáticos tomaron medidas rápidas en febrero del año pasado para frenar el COVID-19, entre ellas la realización de pruebas exhaustivas para detectar el SARS-CoV-2 y el seguimiento de las personas que dieran positivo. "Pero el resto del mundo se quedó de brazos cruzados".
Y añado yo: unos más que otros, a la vista de los muy diferentes resultados en la primera ola.
++++++++4/5/21.
El profesor de Física en la Universidad de Murcia Antonio Guirao, experto en la evolución de la epidemia, realiza una declaración hoy en El Mundo. En su trabajo recopila cada día todas las cifras de la Covid-19, que analiza bajo un proyecto del Instituto de Salud Carlos III. Desde el inicio de la crisis, ha alertado contra el riesgo de lanzar las campanas al vuelo. Ahora, avisa: las variantes y la alta incidencia complican el escenario. El objetivo debería ser el 100%, no el 70%. «Hay demasiado optimismo en el efecto inmediato de las vacunas» «Corremos el riesgo de llegar al verano en una situación muy desfavorable»
++++++++7/3/21
A pesar de que las instituciones sanitarias internacionales avisaron de los riesgos del coronavirus no fue hasta el 21 de Marzo que se nombró un comité científico, que no consta que haya sido consultado. Resulta increíble que el actual Gobierno tenga un número de asesores superior al de los anteriores y tardara tanto en nombrar un comité científico. Claro que si no tenía intención de consultarlos valió la pena el ahorro.
+++++++30/12/20
Según la información entregada, los componentes del comité eran 15: Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez, Paloma González Yuste y Javier Segura del Pozo. (sobre sus méritos ver más abajo y en un artículo previo)
Todos los integrantes del comité son trabajadores del ministerio excepto Javier Segura del Pozo. Este médico y epidemiólogo es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como Consejero Técnico o Subdirector General de Prevención y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, según su cuenta de LinkedIn.
De los 15 expertos, los más mediáticos han sido Fernando Simón, y María José Sierra, la «número dos» del experto de cabecera del Gobierno en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que llegó a sustituir a Simón en algunas ruedas de prensa mientras él guardaba cuarentena o disfrutaba de sus vacaciones.
Además, la mayoría de los técnicos del comité (Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Silvia Rivera y María C. Vázquez) también firmaron la carta dirigida a la revista científica «The Lancet» en la que defendían la gestión de la pandemia en España. El resto (Paloma González Yuste, Carmen Varela, Pilar Soler y Carmen Olmedo) no figuran como firmantes.
Solo tres de los expertos son epidemiólogos. Además de Simón y Segura, Paloma González es epidemióloga en el CCAES y técnico superior de la Dirección General de Salud Pública (del ministerio de Sanidad).
Carmen Olmedo es jefa de área de programas de Vacunación en el Ministerio de Sanidad. Pertenecen al CCAES Berta Suárez (jefa de área), Pello Latasa (técnico superior), Lucía García, Óscar Pérez y Susana Monge (médico adscrito). El resto son de la Dirección General de Salud Pública, como Pilar Soler (técnico superior), Elena Vanesa (qué también trabaja en el CCAES y el CNE) y María C. Vázquez. Por último, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), dependiente del Ministerio de Sanidad, también aporta a la experta Carmen Varela (científico titular).
En la resolución dada a conocer este martes, Sanidad justifica que «la elaboración de informes técnicos de valoración de la epidemia de COVID-19 en cada una de las comunidades autónomas durante el proceso de desescalada realizado en los meses de mayo y junio fue responsabilidad del Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del CCAES». De la misma forma, argumentan que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».
+++++++18/12/20
Rafael Matesanz
Fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes
Con esta expresión o similares -«¿auditoría? Ahora no es el momento, tiempo habrá»- ha venido respondiendo el equipo del Ministerio de Sanidad y/o sus corifeos mediáticos cuando se les sugería que quizás la gestión de la pandemia no había sido todo lo buena que ellos decían y que habría que hacer una auditoría independiente, sobre todo para identificar posibles errores y aportar soluciones para futuras oleadas del virus.
Tras surgir el tema reiteradamente en los medios de comunicación, en agosto se publicó en «The Lancet» una carta firmada por veinte prestigiosos científicos y gestores españoles, en la que se argumentaba la necesidad de realizar urgentemente una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en nuestro país. La carta no obtuvo respuesta, salvo unas vagas promesas de realizarla cuando acabara la pandemia (no se sabe muy bien para qué iba a servir entonces), con lo que en septiembre los mismos autores publicaron una segunda carta en términos similares.
La insistencia se vio recompensada al menos con una entrevista entre el ministro y un grupo de los firmantes a principios de octubre, de la que salió el compromiso de sentar las bases para realizar una evolución de lo ocurrido hasta entonces. Muestra del escaso entusiasmo que despertó la idea fue que lo que se decidió era algo tan poco resolutivo como la creación de un grupo de trabajo en el que participen las diecisiete comunidades autónomas para «fijar el marco» que permita realizar una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Simplemente, para comenzar a definir las reglas del juego se dieron un plazo nada apresurado de un mes, que venció a principios de noviembre.
Hubo que esperar un mes más, hasta diciembre, para conocer el primer documento a discutir en el Consejo Interterritorial por todas las comunidades, que en general muestran un entusiasmo similar al del ministerio por ser auditadas. Su lectura es sencillamente deliciosa para los aficionados a la ágil prosa administrativa. El Consejo tendría que empezar por consensuar «un equipo de planificación y coordinación de la evaluación» que definiera los criterios para a su vez «seleccionar a los evaluadores especializados que se ocuparán de realizar la auditoría externa», y «proponer un listado de estos profesionales».
Una vez conformado el equipo, se propone un plazo aproximado de cuatro meses para el desarrollo de todo el proceso y la entrega del informe final. Algo que, en el mejor de los casos, se iría a los meses de abril o mayo, más de un año después del inicio de la pandemia. Todo ello siendo muy optimista, porque la verdad es que la complejidad metodológica que plantea el documento y que quizás sea la manera más segura de no llegar a ninguna conclusión, no aventura una solución ni medianamente rápida de la «evaluación independiente», que es como los autores denominan al proyecto huyendo en todo momento de la palabra «auditoría», que tiene otras implicaciones de las que no se quiere ni oír hablar.
Lo curioso del caso es que el documento asegura que su «fin último debe ser generar conocimiento para la toma de decisiones que aportan valor, mejorar medidas ya en funcionamiento, proponer otras nuevas, dejar de aplicar aquellas que no tienen ningún valor añadido». Difícilmente se va a conseguir todo ello con esta velocidad de crucero.
Si algo ha caracterizado al equipo ministerial desde los inicios de la pandemia ha sido la ausencia del más mínimo sentido de autocrítica. Un rasgo subrayado en la última entrevista pública del ministro, donde no reconoció error alguno, defendiendo incluso una vez más las inverosímiles cifras de fallecidos, ampliamente desmentidas ahora por el Instituto Nacional de Estadística, y antes por el más elemental sentido común: simplemente no se contabilizaron muchos miles de pacientes a los que ni siquiera se les llegó a hacer PCR. No es extraña por tanto esta estrategia de retrasar ad calendas graecas cualquier tipo de evaluación externa de lo acontecido en este fatídico año, aunque, como todo parece indicar, vaya a estar cuidadosamente controlada para que no exprese crítica alguna.
El problema es que, en contra de lo que parece inspirar esta actitud defensiva, el objetivo de esta pretendida auditoría no era convencer a nadie de que la gestión de la pandemia ha sido francamente defectuosa, algo bastante evidente por otra parte. Se trata de aprender de todo lo que se ha hecho mal para que no se repita y disponer de una experiencia acumulada que nos permita afrontar con mayores garantías lo que quede de pandemia. Este tipo de evaluaciones son habituales en otros países de nuestro entorno, con el fin de fortalecer sus sistemas y adaptarse rápidamente a situaciones sobrevenidas.
Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gestionar una crisis sanitaria, económica, informativa o de cualquier otro tipo, conoce la capital importancia de que la gente confíe en que las cosas se están haciendo correctamente, sobre todo, en situaciones que requieren de la participación activa de la población, como es el caso de la pandemia por Covid-19.
En un estudio internacional comparativo realizado en junio con una herramienta validada, denominada Covid-Score, que mide la confianza de la población en las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos, España tan solo alcanzó un 44,68 sobre 100, uno de los valores más bajos entre todos los países analizados. La falta de transparencia a lo largo de la pandemia, ejemplificada por el comité de expertos que nunca existió, el hecho de mostrar como técnicas decisiones netamente políticas, las cifras inverosímiles o la negativa a responder a las resoluciones del Consejo de Transparencia, han minado gravemente la confianza de la población ante cualquier mensaje, incluso los más esperados, positivos y necesarios como los de la vacunación, ante la que un porcentaje muy relevante de la población se muestra significativa e inadecuadamente dubitativa. Una evaluación rápida, creíble e independiente de lo realizado hasta ahora con la adopción de medidas en consecuencia con la misma, contribuiría a dar credibilidad a todo un proceso muy necesitado de ella.
++++++11/12/20
Simón ha publicado una carta en The Lancet en la que nos informa de que "La colaboración entre la administración de salud pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en marcha desde enero y expertos externos han asesorado en decisiones estratégicas." Se conocían dos listas de asesores cuyos nombres están publicados (incluso aquí abajo) aunque el Gobierno no ha querido dar a conocer para preservar su anonimato. Esta negativa ha provocado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno haya exigido al Gobierno que informe sobre la identidad de los miembros del Comité de expertos. Y ahora resulta que, además, hemos sido asesorados por sociedades científicas y expertos externos ¡desde Enero! Es decir, que cuando 1) dejábamos ir a los hinchas valencianistas a contaminarse en Italia, o 2) no se controlaban las entradas al país, o 3) nuestras autoridades se lamentaban amargamente de que los organizadores del Mobile World Congress habían decidido no acudir por temor al COVID, a pesar de sus pérdidas, o 4) nadie se preocupaba del transporte público abarrotado, o 5) se organizaban manifestaciones multitudinarias en toda España o 6) estábamos escasos de medios de detección de la enfermedad y de protección contra ella, o 7) tras disponer la OMS de la secuencia genética del nuevo coronavirus el 12/1/20, se comenzaron a producir pruebas de diagnóstico de PCR específicas, pero no aquí, ¿estábamos siendo asesorados, además de por los expertos de casa, por sociedades científicas y expertos externos? ¿Dejaron por escrito algún informe dando el visto bueno para la realización de las actividades mencionadas? ¿Y a pesar de ese numeroso soporte científico conseguimos destacar a nivel universal en la tasa de fallecidos que nos ha llevado hasta el reciente dato de exceso de mortalidad de 74.738 personas? ¿Han justificado su evidente fracaso? ¿Se piensa interponer alguna denuncia contra los ineptos expertos?
En la mencionada carta se señala en su cita 5 (https://www.mscbs.gob.es/ profesionales/saludPublica/ccayes/ alertasActual/nCov/documentos.htm), en la que esperaba encontrar la lista de esas sociedades y expertos, desgraciadamente, lo que aparece es un anuncio que dice: Página no encontrada en el portal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esperaré a ver si aparece otro día. Tal vez no he sabido. Confirmo el 25/4/21 que esta página no existe. ¡Parece una nueva mentira del Gobierno!
++++++6/12/20
Hoy, el Ministro Illa ha declarado respecto a las identidades de los expertos que asesoran el ministerio que nunca las hemos ocultado. Unas declaraciones que contrastan con lo que afirmó en julio, al asegurar en la Comisión de Sanidad del Congreso que «no se creó un comité externo específico. ¡Parece que no se aclaran ni para mentir!
++++++3/12/20
El diario La Razón publica una lista de 20 "expertos" que dice que es la que Illa y Simón no quieren desvelar y que no coincide con la que hay publicada por el Ministerio como lista de 6 "científicos" que, supuestamente, se nombró el 21 de Marzo y cuya misión no está clara. Los "expertos" (no se pierdan sus cualificaciones científicas) son:
Laura Díez Izquierdo: residente de Medicina Preventiva y Salud Pública (entiendo que residente quiere decir MIR, es decir Licenciado en Medicina en formación); Lucía García-San Miguel Rodríguez-Alarcón: especializada en Enfermedades Infecciosas y Epidemiología; Montserrat Gamarra Villaverde: técnico de apoyo contratada por Tragsatec (ver abajo qué es esto); Susana Monge Corella: es Doctora especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Su trabajo se ha centrado en aspectos sociales y económicos en el contexto del VIH. Pello Latasa Zamalloa: es un joven investigador que ha publicado artículos en anales de pediatría. Lina Parra Ramírez: Residente, contratada por Tragsatec. Óscar Pérez Olaso: Es técnico superior del Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad. Jesús Pérez Formigó: es un técnico de apoyo contratado por la empresa Tragsatec. Maria José Sierra Moros: es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y su tesis fue sobre homocisteína, folato, vitamina B6 y B12 como factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. Lidia Redondo Bravo: Técnico superior de apoyo contratada por Tragsatec. Eva Fernández Bretón: en marzo era MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. Berta Suárez Rodríguez: Ha sido coautora de estudios en la Revista Española de Salud Pública. Adriana Román Vidal: en los primeros meses de la pandemia era residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Angélica Ortega Torres: también figuraba entonces como residente de Medicina Preventiva y Salud Pública.
¿Y estos son los expertos en cuyas manos hemos estado los más de 47 millones de habitantes de España?
¿Qué es Tragsatec? El Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.), que ha contratado a algunos de estos "expertos", es un grupo integrado en la SEPI que, textualmente, "nació bajo la naturaleza de medio propio instrumental del Estado" orientado hacia el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, ¡tela! Tragsatec, se encarga de la ingeniería, la consultoría y la asistencia técnica y constituye el soporte tecnológico del Grupo, incluyendo sistemas de información geográfica, desarrollo de entornos web y la producción y gestión de bases de datos. ¡Lo más adecuado que encontró el Ministerio de Sanidad para contratar expertos para combatir el COVID! Simón al teléfono con Tragsatec: ¡Chicos enviadme a unos cuantos Licenciados en Medicina que no aspiren a hacerse ricos que tenemos el presupuesto escaso y hay que parar al COVID! No os preocupéis que el Jefe es un filósofo y no tiene ni puñetera idea del tema.
++++++30/11/20
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes», según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
Lo curioso es que hay una lista de científicos que se nombraron el 21 de Marzo 2020, para asesorar sobre el COVID que es conocida y está publicada. Resulta realmente surrealista. Además la prensa recogió el 30 de Julio 2020 la noticia de que la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación había declarado que: «No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento». Sanidad remarcaba que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia correspondía «al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad». Este truco del Gobierno para desentenderse de su obligación exclusiva para con la lucha contra las pandemias fue, obviamente, declarado inconstitucional. Claro que el Gobierno sigue haciendo de su capa un sayo dejando que las Comunidades se las entiendan contra el virus. Un tuit de La Moncloa decía el 1 de Junio que El presidente del Gobierno, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la Desescalada.
El comité está formado por
- Antoni Trilla García es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, es también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, profesor de Investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
- Hermelinda Vanaclocha Luna es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Valencia, ocupa el cargo de secretaria del Instituto Médico Valenciano y forma parte del Grupo de Investigación Infección y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).
- María Teresa Moreno-Casbas cuenta con un doctorado en Epidemiología Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Instituto de Salud Carlos III y además dirige el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE). Es también responsable científica del grupo de cuidados a la población frágil y/o mayores del Área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberes).
- Agustín Portela Moreira es doctor en Ciencias Biológicas (estudios sobre la replicación del virus gripe) por la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigador en Virología básica en varios virus animales en el Centro Nacional de Microbiología y en el Centro Nacional de Biología Fundamental del Instituto de Salud Carlos III. En la AEMPS ha participado activamente en la evaluación clínica de vacunas humanas y es miembro del Vaccines Working Party de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos, en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS.
- Inmaculada Casas Flecha es doctora en Farmacia e investigadora científica. Responsable de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe y directora del Centro Nacional de Gripe de la OMS de Madrid. Actualmente ocupa también el cargo de secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología. Ha trabajado en el diagnóstico y caracterización de infecciones víricas y participa en diferentes estudios en los que se implican los virus como agentes etiológicos. Es asimismo coautora de 152 artículos de investigación.
- Miguel Hernán es médico y epidemiólogo. En la actualidad, es profesor de Bioestadística y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad T.C. Chan de Harvard. También es empleado especial del Gobierno de EEUU como asesor de Ciencia de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Una de sus labores investigativas se centra en el diseño de análisis de bases de datos de atención médica, estudios epidemiológicos y ensayos aleatorios. Además, es investigador principal de la Colaboración VIHCAUSAL, un consorcio multinacional de estudios prospectivos de Europa y las Américas, donde realiza investigaciones de efectividad comparativa para el tratamiento de personas que viven con el VIH.
¿Y por qué este altamente cualificado Comité nunca ha llegado a estar operativo? Mi interpretación: la primera vez que recomendó algo que ponía en peligro el apoyo de los partidos que sostenían al Gobierno y, esto es esencial, también el cargo del Sr. Presidente, éste decidió que era mejor que los funcionarios del CCAES (Simón mediante) hicieran ese trabajo. ¡Basta con darles la orden de lo que tienen que recomendar! ¿Que creían? ¿Que Sánchez priorizaría la salud pública a su presidencia del Gobierno? ¡Inocentes! Lo que está por descubrir es el precio del silencio que guarda el Comité fetén.
30/7/22 ¡Lo han vuelto a hacer! La prensa recoge la noticia El Gobierno fulmina al Comité de Bioética que criticó la ley de eutanasia. El último día de curso político y con media España haciendo las maletas, el Gobierno ha renovado por sorpresa al Comité de Bioética. No se trata de cambios puntuales, sino de una renovación profunda del anterior equipo, el mismo que puso objeciones a la ley de eutanasia en un informe crítico. De ese grupo asesor solo ha sobrevivido la psiquiatra Leonor Ruiz Sicilia.
Los nuevos nombres son solventes profesionales del mundo de la medicina, la investigación y el derecho. Todos tienen experiencia en bioética y formación académica similar a la elegida para los comités que le han precedido. Pero sí se vislumbra un cambio de tendencia, más progresista y con presencia mayoritaria de mujeres. De los doce miembros elegidos, siete son mujeres. En el anterior, la presencia femenina era menor. De los once expertos -Fernández Muñiz renunció hace tres años-, de los que solo tres eran mujeres.
Es el mismo patrón: los expertos tienen que estar dispuestos a hacer lo que se diga el Gobierno. La prueba es que no se justifica el cambio.
++++++10/11/20
Biden ha subrayado en un comunicado que se dejará asesorar «por la ciencia y por los expertos», en aparente contraposición con el actual mandatario, Donald Trump, que ha puesto en duda incluso los consejos del principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.
«La junta asesora me ayudará a diseñar mi labor para hacer frente al repunte de los contagios; garantizar que las vacunas sean seguras, efectivas y que sean distribuidas de forma eficaz, equitativa y gratuita; y proteger a las poblaciones de alto riesgo», ha explicado Biden.
Los médicos David Kessler, Vivek Murthy y Marcella Nunez-Smith encabezarán esta nueva junta, que contará con otros diez miembros más. La campaña de Biden ha destacado la experiencia de todos ellos, haciendo hincapié en que su trabajo será esencial para elaborar una estrategia con la que hacer frente al repunte de contagios en al menos 40 estados.
Y mientras, nosotros a la luna de Valencia, siguiendo a nuestro particular Trump.
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Todos en primera línea
LA GUERRA DE LOS COVID (VII)
Ahora es cuando más necesitaríamos un liderazgo real, creíble, que nos cohesione como sociedad, porque el riesgo de conflicto social está presente
Jefe del Servicio de Cardiología de la Arrixaca
Ya no se oyen aplausos ni arriendas, incluso suena bastante infantil lo de «lo paramos unidos». Lejos quedan aquellos aplausos, que solo reflejaban la esperanza de que los héroes sanitarios en primera línea vencerían al enemigo virus, mientras el resto permanecía atrincherado en sus casas. Ahora ya no sirve agitar banderas, todos estamos en primera línea y los héroes los seremos casi todos.
En esta guerra existió una decisión clave, que el tiempo pone en mayor evidencia y que casi nadie quiere ver ni reconocer. Este virus es una infección comunitaria no porque los españoles se desplacen o porque algunos se salten las normas. La infección es comunitaria porque se dejó que se extendiera entre nosotros sin querer ser conscientes de ello, negando lo que existía, sin capacidad para hacer test, con criterios muy restrictivos para indicar una PCR, sin mascarillas porque ni había ni hacían falta, y porque de primeras tuvimos ya más de 40.000 muertes con los hospitales desbordados, e, importante, sin conocer los contagios reales.
En definitiva, estamos con el virus entre nosotros porque dejamos que se incrustara entre nosotros hace muchos meses, pronto será un año. Esta es la realidad y cuanto antes la asumamos, más fácil será buscar y consensuar soluciones efectivas sin falsas esperanzas. Una realidad que requiere un cambio hacia una verdadera gestión técnica a nivel nacional, con un esfuerzo económico focalizado a estrategias anticipatorias que permitan frenar y prevenir el contagio. Se sigue yendo por detrás, contando contagios y muertes, todos como soldados conmocionados en primera línea y sin rumbo, en manos de aprendices jugando a la guerra desde el alto mando.
Y el problema se agudiza porque Europa tampoco ha estado a la altura. Europa ha fracasado como entidad política, y esta guerra pone en riesgo su futuro. La dependencia económica de China y la falta de políticos con fuerza decisoria e independencia han llevado a Europa a importar un virus de destrucción masiva. ¿Se imaginan que se hubieran cerrado fronteras a China en enero? Una decisión simple, difícil de tomar en lo económico, pero que hubiera sido la correcta y que pudo haberse tomado cuando la infección surgió 'made in China'. Un cierre que China sí hizo con Europa cuando nos convertimos en epicentro mundial de la pandemia. En lugar de eso, con suerte hacíamos PCR a alguien con fiebre y síntomas respiratorios si había estado en China. El interés económico por delante de la salud y siempre por detrás del problema.
Las consecuencias sanitarias y las económicas ya las estamos viviendo, pero lo más preocupante es el daño social y de esto realmente trata este artículo. La sociedad actual sufre dos virus, el que mata y el que no te deja pensar. Al que mata todos los conocemos y, aunque tarde, ya tiene test; pero el que no te deja pensar, ni tiene ni tendrá test. La manipulación mezclada con sensacionalismo, a la vez que la polarización extrema en medios de comunicación y redes sociales, sigue aumentado día a día, y sus consecuencias ya son visibles. Las revueltas callejeras de estos días no son por negacionistas como se nos quiere hacer creer, sino la consecuencia del daño social ocasionado, y dejan entrever lo que podría ser el peor futuro posible: el conflicto social.
Ya todos estamos en primera línea, sin aplausos, con solo la protección que cuando más necesitábamos no tuvimos, mascarillas y test. Ahora que todos estamos en primera línea es cuando más necesitaríamos un liderazgo real, creíble, que nos cohesione como sociedad; porque en este momento, el riesgo de conflicto social ha pasado a estar presente.
Temas
5/10/20
Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez al menos 11 veces de la amenaza del Covid-19 entre enero y marzo
EL MUNDO accede al contenido de los informes confidenciales diarios de La Moncloa que se enviaban a Pedro Sánchez y a los ministros.
El Gobierno de Pedro Sánchez recibió más de 10 alertas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) sobre la gravedad del coronavirus antes del estado de alarma. Desde el 24 de enero hasta el 14 de marzo, hubo al menos 11 menciones en las que se anticipaba el riesgo creciente para España de la epidemia: los días 27 y 31 de enero; 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero; y 5, 6 y 7 de marzo. EL MUNDO ha accedido al contenido de los informes de situación que el DSN enviaba cada día al presidente.
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El Gobierno recibió once alertas del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia y está dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros, sobre el coronavirus antes del estado de alarma, según informa El Mundo.
Así, el DSN alertó del riesgo de la pandemia los días 27 y 31 de enero, el 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero, y el 5, 6 y 7 de marzo. Este último aviso lo adelantó en exclusiva Libertad Digital el pasado mes de julio, ahora el periódico de Unidad Editorial añade otros diez informes previos que el mismo organismo habría pasado al Ejecutivo.
Avisos hasta marzo y desde julio
Los informes del Seguridad Nacional, que son confidenciales, ordenan por prioridades los asuntos que amenazan la seguridad nacional de mayor a menor importancia, y la covid-19 ya ocupaba el primer puesto el 27 de enero. Dos días después, el Ministerio de Sanidad informó de que no se podía descartar algún caso en España, pero que si esto ocurriera, la probabilidad de que se produjeran contagios sería baja, y el viernes siguiente, el director del CCAES, Fernando Simón, afirmó: "Creemos que en España, como mucho, no habrá más que algún caso diagnosticado".
A partir del 7 de febrero, los analistas del Centro de Situación del DSN constataron que ya había riesgos para España. El 20 de febrero, se indica personalmente a los ministros que el FMI considera a la covid-19 "el riesgo más apremiante para la economía global"; el 23 de febrero, el DSN comunica que Italia confina el Veneto; el 29, se eleva a "muy alto" el riesgo de propagación del coronavirus a nivel mundial; el 5 y el 6 de marzo, Seguridad Nacional pone el foco en las medidas de Israel y de Francia; el 7, un día antes de la manifestación feminista, se alerta de la cancelación de la conferencia regional sobre economía azul de la Unión por el Mediterráneo, en Barcelona, "habida cuenta de las instrucciones sobre medidas de precaución y restricciones de viajes de nuestros participantes, y tras consultas efectuadas" a la UE.
El 20 de marzo, la pandemia desaparece del informe confidencial diario de Moncloa hasta el 6 de junio. Según el diario de Unidad Editorial, porque durante ese tiempo se les envió la documentación a los ministros por otros cauces que no han dejado huella en Moncloa.
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5/10/20
Por fin los expertos despiertan y proponen al gobierno que se haga cargo de la Sanidad Nacional usando criterios científicos.
En el diario El País se publica un artículo en el que un gran número de científicos se dirige al Gobierno. Dicen en el titular
“En salud ustedes mandan, pero no saben”: los científicos piden decisiones basadas en la evidencia"
Las principales sociedades del país reclaman a los gobernantes que abandonen la disputa partidista para la toma de decisiones
Parques cerrados y bares abiertos. Esta imagen —que la Comunidad de Madrid propició cuando confinó perimetralmente los primeros barrios y también se pudo ver en algunos momentos de la desescalada— ilustra muy bien los constantes ejemplos que la epidemia de covid está dejando de decisiones tomadas por políticos sin aval científico. Los gobernantes tienen la última palabra en el difícil equilibrio que supone cuidar la salud de la población manteniendo en lo posible la economía mientras un contagioso virus circula por el mundo. Pero con frecuencia se han olvidado los criterios técnicos para imponer medidas dictadas más por tácticas partidistas y cálculos populistas que por la evidencia disponible. Un total de 55 sociedades científicas han vuelto a dar este domingo un golpe en la mesa para reclamar que sea el mejor conocimiento disponible, y no los jefes de los gabinetes, el que dicte el rumbo para luchar contra el coronavirus.
En salud, ustedes mandan pero no saben, se titula el manifiesto suscrito por las principales sociedades científico-médicas del país, que agrupan a 170.000 profesionales sanitarios. “Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, reza el primer punto de un decálogo en el que ofrecen su asesoramiento para tomar las mejores decisiones para frenar al virus.
Seguramente, el detonante para este escrito es el rifirrafe al que los españoles han asistido casi en directo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid para establecer unos umbrales mínimos con los que confinar los municipios más afectados y restringir más aforos y relaciones sociales. Según los detalles del desencuentro, que ha publicado este domingo EL PAÍS, umbrales como que fueran ciudades de 100.000 habitantes las afectadas o que las UCI superasen el 35% de ocupación con enfermos de covid fueron fruto de negociaciones políticas (Sanidad proponía en un principio localidades de más de 20.000 y que las camas de críticos estuvieran por encima del 20%).
“Entiendo ciertos regateos si se trata de llegar a acuerdos, porque no estamos hablando de una ciencia exacta, pero siempre que finalicen alcanzando esos acuerdos. De lo contrario, es un desastre que perjudica a todos y mina la confianza de la ciudadanía”, asegura Ignacio Rosell, profesor de salud pública de la Universidad de Valladolid. Defiende no meter en el mismo saco a todos los políticos; a su parecer, en muchos lugares sí se han seguido los criterios científicos, aunque hagan más ruido los que no. “El problema es que una comunidad prudente de forma aislada no evita el impacto de todas las demás. Da la impresión de que esto ya se ha convertido en una lucha de no ser yo el confinado y que sean otros. Se está anteponiendo el sentido político a la salud pública”, añade.
El debate política versus ciencia no es de blanco y negro. Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología —que no suscribe el manifiesto— y coautor del libro Epidemiocracia, subraya, por un lado, que hay una lucha de evidencias: “El campo de la economía busca unos resultados que son distintos a los del campo de la salud y ahí puede haber una contradicción. Los políticos tienen que encargarse de encontrar el equilibrio que mejor encaja”. Por otro lado, recuerda que las evidencias sobre lo que hacer frente al coronavirus no son siempre muy sólidas: “A menudo nos basamos en experiencias previas, en lo que vemos más sensato, pero hasta dentro de años no habrá estudios que muestren lo que funciona mejor en cada momento”.
Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), una de las firmantes del manifiesto, opina que aunque no haya umbrales matemáticamente infalibles para decidir acciones, y a pesar de que la evidencia es “compleja”, las medidas “se pueden basar en criterios científicos”. “Cuando en la desescalada teníamos una incidencia de 40 casos por 100.000 habitantes, nos planteábamos si abríamos o no y decíamos que lo evaluaríamos cada dos semanas”, señala ahora cuando la media en España es de 269,49 casos y en Madrid de 647,91. “No podemos estar desde julio esperando a ver qué pasa y discutiendo que si esto o que si lo otro. Podemos tener dudas, pero analicemos, veamos qué medida podemos tener y vayamos evaluando”, reclama.
Precisamente, una de las principales negligencias en contra de la evidencia, como han afirmado 17 expertos en la revista The Lancet, ha sido no evaluar resultados. José Miguel Cisneros, jefe de enfermedades Infecciosas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y antiguo presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, también firmante del manifiesto, reflexiona: “España ha sido la primera en la primera ola y primeros en la segunda. No hemos aprendido por falta de evaluación, no se ha hecho autocrítica ni se ha usado la evidencia disponible y esto es lo que reclamamos”.
Decisiones sin evidencia
Desde el principio de la crisis sanitaria, por unas razones o por otras se suceden decisiones apartadas de la evidencia científica, aunque esta tampoco es inmóvil, sino que va cambiando a medida que se hacen nuevos descubrimientos. Un ejemplo es el de las mascarillas, de cuya eficacia no había sólidas pruebas en los primeros compases, pero que ya están fuera de todo debate. Al menos en parte, porque países como España obligan a llevarlas en cualquier lugar abierto, incluso sin otras personas alrededor. “Esto no tiene sentido”, afirma Ortí Lucas. “Si es para que se cumpla más donde sí hace falta, que es fundamentalmente en interiores o en zonas muy concurridas, puede ser buena medida, pero esto habrá que explicarlo, y no se está haciendo”, señala. A continuación, otros puntos en los que se han tomado decisiones no acordes con la ciencia en los últimos meses:
La definición de caso
Definir quién es sospechoso de estar infectado es el primer paso clave para atajar la enfermedad, ya que solo en ellos se busca. La falta de pruebas hizo que al principio hubiera una definición muy restrictiva. Cisneros recuerda que los primeros días solo se hacían pruebas a los que hubieran estado en China. Los infectólogos pidieron que se realizaran a todas las neumonías desconocidas. “Si se hubiera hecho desde el principio habríamos localizado antes que el virus estaba ya en España y se podrían haber salvado vidas”, asegura.
Test rápidos
Con los test rápidos hubo decisiones erróneas desde el principio. “En primer lugar se compraron sin demostrar eficacia y hubo que devolverlos. Luego se usaron para hacer cribados en la población, entre sanitarios, cuando esto no es útil”, señala Cisneros. Con los nuevos test de antígenos sucede lo mismo. Se han demostrado muy útiles para detectar el virus entre personas con síntomas, pero no tanto para la población general, como se están usando en la Comunidad de Madrid.
Ciudades de menos de 100.000 habitantes
El que los umbrales de confinamiento valgan para ciudades de más de 100.000 habitantes y no para las menores es un listón “arbitrario”, coinciden todos los consultados. “Lo que hay que ver es si se conocen las cadenas de transmisión. Es cierto que en un pueblo pequeño puedes tener una incidencia muy alta y que no haga falta restricciones porque es más fácil conocer de dónde viene el brote que en una gran ciudad, pero hay que analizarlo según el caso”, señala Ortí Lucas.
Parques cerrados, bares abiertos
El cierre de parques ha sido una de las soluciones propuestas por algunas ciudades y comunidades autónomas, pese a que sabe que el riesgo de contagio es hasta 20 veces menor en exteriores. “Si cierras los parques estás propiciando actividades en interiores, lo que es contraproducente”, señala Gullón, que cree que no tiene sentido que el aforo de los locales de hostelería esté igual de limitado (al 50% en los lugares que cumplan los umbrales de confinamiento señalados en el BOE) en interiores que en la terraza. “Quizás la proporción debería ser 75% fuera, 25% dentro. O cerrar por completo el servicio en el interior”, añade. Además, como apunta Rosell, hay una contradicción: “Se obliga a respetar la distancia entre mesas, pero no a hacerlo entre sillas de una misma mesa”.
de 55 sociedades científicas que representamos
a más de 170.000 profesionales sanitarios.
- Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político.
- Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes.
- Aquí y ahora, la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos sólo consigue agravar las soluciones. Frenen ya tanta discusión y corran a la acción.
- Necesitamos un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política.
- Estos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios.
- Son ustedes, como políticos, quienes además de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados.
- Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico.
- Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno.
- En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana.
- Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos.