d. Teoría neoinstitucional 

El neoinstitucionalismo estudia los rasgos de las estructuras institucionales económicas que posibilitan el desarrollo de los pueblos. El diseño institucional de un país es determinante para su desarrollo económico, social y político y condicionan las consecuencias del sistema político. El nuevo diseño institucional se caracteriza por nuevos valores y estructuras mentales, nuevas reglas y tipos de relaciones entre los diferentes actores. El capital institucional tiene como marco de referencia la totalidad de las instituciones que son relevantes para el análisis de los procesos del desarrollo económico y en general para las actividades económicas. 

El neoinstitucionalismo  que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional, surge a principios de la década pasada como un conjunto de reglas que determinan los procesos de la reforma institucional  a partir de los marcos de incentivos y restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y actoreseconómicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo. Williamson (1985) y North (1998 y 1990) resaltan la importancia del rol que las instituciones juegan en el desarrollo económico y sugieren que la evolución de las estructuras de gobernabilidad de las instituciones políticas y económicas generan ambientes que contribuyen al aumento de la productividad y el crecimiento económico. 

Las instituciones políticas son el sustento del desarrollo económico y social. De acuerdo al estudio de Campos y Nugent (1998), las instituciones relevantes para el crecimiento económico son modificadas deliberadamente. Un trabajo posterior de Campos (1999) sugiere que existe un grupo de variables institucionales fundamentales para la promoción del desarrollo económico, entre las que destacan la calidad de la burocracia y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho de un país es el creador de un conjunto de incentivos que inciden en el desarrollo económico a través de un marco institucional para el control y la accountability del poder público. Por lo tanto, existe una relación de influencia recíproca directa entre el Estado de derecho y los niveles de desarrollo económico, social y político, aunque existen algunos análisis que tratan de explicar algunos impedimentos del desarrollo jurídico en un Estado de Derecho, el cual debe crear las condiciones  para el ejercicio de los derechos civiles y político democráticos.  

La transformación económica es un proceso que depende de las condiciones iniciales, tales como las capacidades institucionales, las políticas y el contexto externo. Existe similitud de transformación basada en el conocimiento entre los procesos de desarrollo económico y la transformación institucional, en los países del tercer mundo (Ellerman, 1999). El conocimiento implícito en el capital humano es visto como el factor competitivo clave  de las organizaciones que tienen como base el desarrollo tecnológico y a su vez, como la palanca del desarrollo económico de los Estados-nación.  El capital humano representa el potencial económico del conjunto de capacidades y competencias que poseen las personas. 

El neoinstitucionalismo económico analiza las fallas de los mecanismos del Estado y sus ineficacias. De acuerdo a la teoría neoinstitucional de la economía, el subdesarrollo es resultado de las fallas del Estado para proveer las estructuras de governance necesarias para garantizar las instituciones que apuntalan el desarrollo de los pueblos.

El neoinstitucionalismo recomienda un Estado fuerte pero limitado en sus funciones.   La economía neoinstitucional demuestra las deficiencias e incapacidades del Estado como mecanismo de gobernabilidad y coordinación que garanticen los acuerdos y compromisos sobre la propiedad. El neoinstitucionalismo económico relaciona en forma inextricable la economía y la política. Las instituciones políticas deben promover el cambio institucional hacia formas más democráticas, sistemas de representación y participación de tal forma que maximice los intercambios entre los actores. Los regímenes políticos son arreglos institucionales que facilitan las diferentes interrelaciones entre los actores. El cambio se manifiesta en el papel que juegan los factores políticos e institucionales en el desarrollo económico y social.

El neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el comportamiento de los actores frente a su medio social. El neoinstitucionalismo pretende ordenar la esfera pública bajo un esquema de instituciones orientadas más al ordenamiento privado que aniquila toda pretensión de igualdad económica, social y política, a partir del supuesto de que ya han sido obtenidas por el régimen democrático. La teoría neoinstitucionalista argumenta que la importancia de los marcos de referencia normativos y las reglas de comportamiento para guiar, constreñir, y crear poder en las organizaciones las que se consideran consisten de estructuras y actividades cognitivas, normativas y regulativas que dan significado al comportamiento social. El papel de los valores es central al viejo institucionalismo pero el neoinstitucionalismo se orienta más a los procesos cognitivos. 

El enfoque neoinstitucional en instituciones cognitivas, el énfasis en cambio institucional se centra más en determinar como se reemplazan o transforman prácticas legitimas cognoscitivamente y como se terminan los supuestos que se consideran existen. El aprendizaje es el recurso de cambio institucional más fundamental que es limitado por la falta de sistemas confiables de comunicación entre las organizaciones, su indisposición para compartir información y la falta de datos en los requerimientos de la implementación y una práctica eficaz. El neoinstitucionalismo se fundamenta más en el razonamiento deductivo y se expresa en dos grandes enfoques: en la elección de las estructuras de governance de los actores privados en un determinado medio ambiente que se convierte en el objeto de análisis económico y en el cambio institucional en función de los efectos que los diferentes medios ambientes institucionales tienen en el desempeño económico y en el desarrollo de las instituciones con el apoyo de modelos mentales compartidos e ideologías. 

De acuerdo a Burgos Silva (2002), el análisis económico neoinstitucionalista define la institucionalidad jurídica y el desarrollo económico, cuestiona el derecho como instrumento del desarrollo económico y reconoce a las instituciones informales y promueve mecanismos institucionales considerados como óptimos. El derecho es un instrumento del Estado que constituye un sistema de incentivos y obstáculos que encausan los comportamientos en determinados cursos de acción de conformidad con los objetivos que un sistema económico y social se plantea para su proceso de desarrollo. El “movimiento de derecho y desarrollo” que se desarrolló en los setenta, analizó desde un etnocentrismo, la vinculación de los sistemas de derecho al proceso de desarrollo económico para lograr metas de desarrollo socioeconómico a través de instrumentos jurídicos, especialmente de derecho público, de funcionamiento del mercado. 

A partir de los fundamentos teórico-metodológicos de las relaciones entre el desarrollo económico y las instituciones jurídicas que establece la Nueva Economía Institucional, se superan las limitaciones del análisis del “movimiento del derecho y el desarrollo”, y se establecen las bases para la construcción del Estado de Derecho promovente del desarrollo económico. Por lo tanto, el derecho establece los límites propios al poder estatal en el ámbito económico y su capacidad de intervención, posibilitan el diseño de los arreglosinstitucionales que facilitan la predictibilidad en las interacciones sociales e incentivan los comportamientos que concurren al modelo de desarrollo deseado. Existe una relación estrecha entre la institucionalización de las normas y el comportamiento individual, es decir, las instituciones se legitiman cuando incentivan a los individuos. 

De acuerdo a la ideología del liberalismo, el motor del desarrollo es el libre mercado a través de su mecanismo de precios como la forma más eficiente para asignar los recursos para el bienestar individual, lo cual requiere la intervención mínima del Estado solo para aquellos casos en que existan fallas del mercado para la provisión de un bien público y para el aseguramiento de los bienes públicos globales. Entre el enfoque neoinstitucionalista y el de regulación democrática emerge el concepto de gobernabilidad como una relación existente entre los procesos de libre mercado y los procesos de la democracia. Los mercados eficientes, desde la economía neoinstitucionalista, requiere de costos bajos de transacción y de producción y cumplen con una serie de factores y características básicas, tales como la existencia de un Estado de Derecho y de capital social (confianza), protección de derechos de propiedad y bajos costos de los contratos. 

Las relaciones de confianza interpersonal, cooperación  y compromiso cívico aprendidas en asociaciones crean un capital social que influye en el desarrollo económico y el desempeño democrático de las instituciones. El capital social es conceptualizado como las instituciones, el conjunto de relaciones, actitudes y valores que determinan las interrelaciones entre las personas y contribuye al desarrollo económico y social de acuerdo al Banco Mundial (1998:1). El vínculo social es un recurso del capital social para el desarrollo económico, el cual se presenta en forma neutral para ser aprovechado mediante diferentes estrategias. 

De acuerdo con Prats (2002), “El mensaje del neoinstitucionalismo económico es una buena nueva para la democracia liberal: en las condiciones actuales las instituciones necesarias para definir y garantizar los derechos individuales requeridos para el mayor y mejor desarrollo económico no sólo son compatibles sino que son las mismas necesarias para disponer de una democracia duradera (Olson, 1993; citado por Prats, 2002).  Bajo un esquema noinstitucionalista, la democracia latinoamericana es considerada más como un instrumento de la tecnología política que disuelve el diálogo social para convertirlo en  política de un nuevo orden público. El Estado ya no es concebido como el conjunto de mecanismos de poder y dominación de una sociedad. La acción política se convierte una tecnología para el control político y social a través de las instituciones. Además, este nuevo orden político democrático es caracterizado como contingente y coyuntural en Latinoamérica, se fundamenta en el consenso social a partir del desarrollo histórico-cultural de la configuración del sistema de partidos. 

Una crítica al neoinstitucionalismo es que diseña arreglos institucionales  con criterios óptimos de implantación en los países más desarrollados, los cuales son seriamente cuestionados por el path dependence para ser adaptados en los países menos desarrollados.El mismo Banco Interamericano de Desarrollo ( 2000) reconoce que “la asociación entre calidad de las instituciones y desarrollo económico, humano y social, es especialmente estrecha, en parte porque las instituciones están influidas por el mismo proceso de desarrollo”. Entre el desarrollo e instituciones existe una relación estrecha, la cual queda perfectamente manifiesta en Sen (2000) cuando señala que: “Los individuos vivimos y operamos en un mundo de instituciones de las que no somos siempre conscientes, muchas de las cuales trascienden hoy las fronteras nacionales. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen en gran medida de las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a nuestras libertades, sino que deben ser evaluadas en su función de su contribución a nuestras libertades. Así lo exige el contemplar el desarrollo humano como libertad”