El juez, Dr. Jorge Ballesteros, dictaminó el 15 de julio de 2000 que: “el país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores externos..., bajo la supervisión del FMI y del banco mundial... mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país... para beneficiar a empresas privadas nacionales y extranjeras, en desmedro de las empresas del estado”. Según las conclusiones del juez, se adoptó intencionalmente una política económica que llevo al país a endeudarse -incluso innecesariamente- en el extranjero.
Gracias a esa deuda, juzgada ilegitima, 4 de cada 10 argentinos están bajo la línea de pobreza; 1 de cada 10 argentinos no percibe ni siquiera lo necesario para nutrirse; 2 de cada 10 pertenecen a familias cuyo jefe está desocupado, y otros 2, a familias con jefes subocupados o con trabajo basura; 5 de cada 10 con trabajo no tienen derechos laborales ni cobertura médica...
Sin embargo, la causa había prescripto cuando se dictaminó la sentencia, y nadie fue condenado. En esa sentencia figuran, como principales responsables, José Alfredo Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto T. Alemann y Jorge Jebe, ministros de economía de la dictadura. Además, la misma sentencia menciona a los presidentes del banco central durante esa época: Adolfo Diz, Egidio Lanella, Domingo Felipe Caballo y Julio González del Solar. No menos significativo es el caso de José Luis Machinea, gerente de finanzas publicas del banco central durante todo el gobierno militar, a quien se culpa de “incumplimiento de sus obligaciones de funcionario público”.