Cataluña y la República de Padania
El fracaso de la DUI que intentó la Padania en Italia en 1996
La declaración fue acompañada de todo tipo de símbolos, grandes mítines, arriada de la bandera italiana y provocaciones al Gobierno.
El líder de la Liga Norte, Umberto Bossi.
El intento del Govern de declarar la independencia no es el primero en la Unión Europea. Son muchas las regiones que han mostrado aspiraciones independentistas, desde Flandes, pasando por la Padania italiana y Baviera hasta las minorías rusas de las repúblicas bálticas o las minorías húngaras de Rumanía.
Una de ellas dio un paso más pero fue ignorada por la comunidad internacional. El 15 de septiembre de 1996 el entonces líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, anunciaba en Venecia la independencia de Padania y desafiaba así a Roma, proclamando el nacimiento de la «República federal Padana».
La declaración fue acompañada de todo tipo de símbolos, grandes mítines, arriada de la bandera italiana «pliéguese y mándese a Roma», declaró Bossi) y provocaciones al Gobierno. Bossi pretendía romper la solidaridad interterritorial de Italia y no compartir la riqueza del Norte con el Sur. En 1997 convocaba un referéndum que dio un 97% de los votos a favor, unos resultados imposibles de comprobar ya que el recuento quedó en manos de los organizadores. Nadie lo reconoció, aunque la Liga Norte revive de vez en cuando las aspiraciones de secesión. Hasta trató de crear su propia selección de fútbol. Tampoco logró reconocimiento alguno.
El Tribunal Constitucional italiano fue muy claro en su sentencia número 118, de abril del 2015. La región del Véneto no puede organizar un referéndum consultivo sobre la posibilidad de independencia de su territorio y tampoco una consulta sobre la ampliación de su autonomía fiscal. La máxima instancia judicial de la República reiteró que Italia, como indica el artículo 5 de su Constitución, es “una e indivisible”, una característica tan fundamental de su carta magna que ni siquiera puede ser sometida a reforma.
El Gobierno de Matteo Renzi recurrió ante el Constitucional una ley de la Asamblea regional véneta que preveía los referéndums consultivos. Una de las preguntas planteaba a los ciudadanos si deseaban un Véneto como república independiente –lo fue Venecia durante más de mil años– y otras se limitaban a proponer más autonomía. Una era muy concreta y aludía a la posibilidad de que el 80% de lo recaudado en impuestos revirtiera en la región.
En el recurso gubernamental se sostenía que atribuir a los habitantes del Véneto el derecho a expresarse en determinadas materias era lesivo para el resto de italianos y ponía en peligro “la unidad e indivisibilidad de la República”. En cuanto al tema fiscal, el Gobierno opinó que reivindicar esa cuota del 80% “en lugar de alimentar la solidaridad social puede suscitar tendencias centrífugas y pretensiones egoístas en la política económica”.
El Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno en lo principal. Los vénetos pueden expresarse sobre su nivel genérico de autonomía, pero no tienen potestad para organizar un referéndum sobre política fiscal y menos todavía para pulsar el sentimiento independentista. Los jueces fueron tajantes, como ya lo habían sido con otras peticiones anteriores de la región norteña y también de Sicilia, que en su día pidió competencias para limitar, por ejemplo, la presencia de bases extranjeras en la isla. Para el Constitucional italiano, la idea de una república independiente y soberana del Véneto es “radicalmente incompatible con los principios fundamentales de la unidad e indivisibilidad de la República” (idéntico argumento al del Gobierno). “Pluralismo y autonomía no consienten a las regiones calificarse en términos de soberanía”, afirmó la sentencia, que fue incluso más allá al advertir que “la unidad de la República es uno de los elementos tan esenciales del ordenamiento constitucional que deben ser excluidos incluso de los poderes de revisión constitucional”.
La insistencia en la unidad nacional se explica porque Italia, como nación moderna, es muy joven. Nació en 1861 y no se unificó por completo hasta 1870 con la toma de Roma y lo que quedaba de los Estados Pontificios.
La Liga Norte reivindicó durante años la autonomía e incluso la independencia de la Padania –norte del país–, pero fue un movimiento más folklórico que real, pues mientras tanto gobernaba en Roma con su socio Silvio Berlusconi y con los herederos del posfascismo (Alianza Nacional). Hoy, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, tiene un discurso más antiinmigración y antieuro que independentista. Apoya al soberanismo catalán pero admira sobre todo a Marine Le Pen y fue feliz con el Brexit y con el triunfo de Donald Trump.
Unas 10.000 personas, que ocupaban la décima parte del espacio previsto por los organizadores sobre los muelles de Venecia, asistieron ayer al nacimiento de la llamada República Federal de Padania. Esa participación, irrisoria en relación con los dos millones de personas de que hablaba la Liga Norte, reduce a pura farsa la declaración de independencia de la mitad septentrional de Italia leída por Umberto Bossi. Pero el acto de ayer incluyó detalles, como la arriada de la bandera italiana, susceptibles de tener consecuencias penales para Bossi y su partido. Hubo también varias manifestaciones contra el separatismo de la Liga y a favor de la unidad de Italia. La más importante fue presidida por el líder de la derechista Alianza Nacional, Gianfranco Fini, ayer en Milán, y reunió a más de 100.000 personas que defendieron la unidad de Italia.
"Pliéguese, y mándese a Roma", dijo Bossi refiriéndose a la enseña tricolor, tras bajarla del mástil en el que fue inmediatamente izada la bandera padana, un lienzo blanco con una flor verde de seis pétalos. El jefe del Estado, Oscar Luigi Scalfaro, había advertido ayer mismo que la Liga puede hablar cuanto quiera de independencia, pero que los tribunales deberán actuar si las acciones de ésta son ilegales. "Una democracia que tuviese miedo de aplicar el Código Penal no sería capaz de sobrevivir", afirmó. Por si alguien tuviera dudas, Bossi ha insistido estos días en que el acto separatista que se estaba realizando era ilegal, y ayer, tras presentar el nuevo Gobierno padano, el segundo designado en el último medio año, advirtió: "No ose el sistema centra lista tocar a un sólo miembro del Gobierno de Padania".El líder de la Liga, que es diputado, provoca a las autoridades, porque si éstas actúan contra él asume el papel de víctima, mientras que si no lo hacen les acusa de impotencia. Es el camino señalado por Bossi para seguir una pelea que a partir del acto celebrado ayer presenta pocas posibilidades de continuidad espontánea.
La "oferta formal al Gobierno italiano de suscribir un tratado de separación consensual", contenida en el artículo 1º de la Constitución Transitoria proclamada en Venecia, tiene tan pocas perspectivas prácticas como la afirmación, objeto del artículo 3, de que "las negociaciones no deberán prolongarse más allá del 15 de septiembre de 1997", o la de que, pase lo que pase, en tal fecha "Padania será a todos los efectos una República federal independiente y soberana".
Guardia Nacional
Otra de las proclamas de ayer, la titulada Carta de los Derechos de los Ciudadanos Padanos, insiste en temas provocativos, como el de que los súbditos de Bossi "participarán en la defensa nacional a través de su adhesión voluntaria a la Guardia Nacional Padana".El nuevo primer ministro, Roberto Maroni, el segundo que Padania tiene en seis meses, subrayó que la Guardia Nacional será una de sus primeras tareas. Bossi sugirió, en cambio, que el derecho a rechazar impuestos podría ponerse inmediatamente en práctica contra la Hacienda de Roma. Todo ello ocurrió en el transcurso de un acto realizado de espaldas al Lido, en las orillas de la laguna que lindan con la sede de la Bienal. Entre los invitados estaba Ángel Colom, secretario de Esquerra Republicana, que saludó a la Padania independiente y afirmó que "España es uno de los últimos Estados jacobinos de Europa".
Otros manifestantes de la Liga Norte apoyaron el acto de Venecia desde distintos puntos del Po, hasta sumar unas 70.000 personas.
Al tiempo que Bossi proclamaba su república en Venecia, en Milán más de 100.000 personas portando la bandera de Italia llenaban las calles de la ciudad al llamamiento de Gianfranco Fini, líder de Alianza Nacional. "La secesión y la división constituyen un insulto a la historia y a la razón", aseguraba Fini entre un mar de banderas tricolores y el canto del himno nacional. "Italia está aquí, y no será ni insultada ni dividida", afirmó entre aplausos. Fini denunció la "ausencia" de la izquierda en los actos convocados como protesta al desafío independentista de Bossi y aseguró que la manifestación de su partido ha sido "una de las más grandes de la historia política italiana".
En nombre de Dios y de las generaciones muertas de las cuales recibió su vieja tradición y nacionalidad...”. En la Semana Santa de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, revolucionarios irlandeses declararon la independencia de Reino Unido y trataron de formar un Gobierno provisional en Dublín. El Ejército británico solo tardó cinco días en aplastar la insurrección, y poco más en ejecutar tras juicio sumarísimo a sus líderes. Pero el segundo intento, justo después de las elecciones generales del 18 de diciembre de 1918, sí dio efectos. 73 de los 105 diputados electos en Irlanda renunciaron a ocupar sus escaños en Westminster y crearon un Parlamento propio (el Dáil Éireann). El 21 de enero se refrendó, esta vez sí, la independencia de la isla. Lo que siguió fue una guerra con la entonces primera potencia del mundo (dos años y medio), después una guerra civil (un año más) y la partición de la isla (por la cual los condados de mayoría protestante permanecieron leales a Londres, y hasta hoy).
A finales de los años sesenta se desató otra espiral de violencia (The Troubles) que causó más de 3.500 muertes entre el terrorismo del IRA y de los paramilitares unionistas y la acción de las fuerzas británicas (como el Bloody Sunday de 1972). Así pasaron tres décadas hasta la paz del Viernes Santo, el Easter otra vez, de 1998. Hubo coletazos del terror. El proceso aún es frágil. En el Norte ondean banderas distintas según el barrio. Se han ido quitando los muros entre vecindarios. Ahora preocupa que el brexit obligue a imponer controles en lo que es una frontera invisible entre las dos Irlandas. Se ve como un paso atrás en la reconciliación.
El independentismo de Cataluña cita mucho el ejemplo de Kosovo, una de las raras ocasiones en que la comunidad internacional aprobó una secesión sin gran base jurídica, pero legitimada en la solidaridad con un pueblo amenazado de genocidio. Y se mira en Escocia y Quebec, que celebraron referendos pactados (en los que, por cierto, el triunfo del no nunca es definitivo, porque se pueden repetir). Pero el nacionalismo catalán no suele referirse a la República de Irlanda, aunque hoy sea un próspero país integrado en la UE, porque su caso revela que las proclamaciones unilaterales de independencia las carga el diablo y pueden desembocar en conflictos tan cruentos como duraderos. No sería ilusionante, claro, anunciar un proceso como el del último siglo en Irlanda.
Afortunadamente, el procés está más cerca de otro episodio de la historia reciente mucho menos trágico, casi cómico. Ocurrió en Italia, que por el momento no se ha roto. El 15 de septiembre de 1996, en los muelles de Venecia, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, arrió la bandera tricolor de la República (“¡Pliéguese y mándese a Roma!”) y proclamó con solemnidad la independencia de Padania, la nación que incluiría a todas las regiones de la mitad norte de la península italiana, precisamente las más ricas. El lema: "Roma ladrona" (¿les suena a algo?).
Las primeras medidas del líder del imaginario Estado fueron dictar una Constitución transitoria, formar un Gobierno provisional (que presidía su mano derecha, Roberto Maroni), y lanzar una “oferta formal al Gobierno italiano de suscribir un tratado de separación”. Más inquietante, se anunció la formación de una Guardia Nacional Padana, en realidad los camisas verdes de la Liga Norte, milicia de siniestras reminiscencias fascistas.
En noviembre de 1997 se constituyó el autodenominado Parlamento padano, surgido de unas seudoelecciones convocadas por la Liga Norte. A la primera sesión, en el castillo de Chignolo Po, del siglo XII, acudieron invitados internacionales (entre ellos el PNV). Bossi sentenció que el proceso no tenía vuelta atrás.
Nadie se tomó en serio la prolongada bufonada de la Liga Norte, formación política rabiosamente xenófoba, insolidaria y antieuropea. Solo otros ultras, los de la Alianza Nacional, se contramanifestaban por la unidad de la patria y en busca de algún protagonismo.
Bossi, líder de la Liga Norte, hace un gesto ofensivo a la bandera italiana.
Bossi se libró de ser juzgado por subversión separatista porque el Parlamento no permitió su procesamiento. Y es que se había aliado con Silvio Berlusconi. Cuando este ganó las elecciones de 2001, fue nombrado ministro para la Reforma Institucional. Pasó una década al lado de Il Cavaliere, hasta su aparatosa caída en 2011. Bossi no se salvó de otras condenas de los tribunales, una de ellas por ultraje a la bandera (“La uso para limpiarme el culo”, dijo textualmente), otra por insultar al jefe del Estado y la última, este mismo verano, de dos años de prisión por apropiarse de fondos de su partido. La Cámara padana reaparece cada cierto tiempo sin lograr eco alguno.
¿Creen que las empresas de la industriosa Milán, o de ese Turín que creció alrededor de la poderosa Fiat, prestaron atención al riesgo de secesión de un territorio que en teoría abarcaba sus sedes centrales? En absoluto. Es un cliché muy repetido que en Italia la economía va por un lado y la política por otro. Es así. El país ha mantenido una de las economías más dinámicas de Europa occidental sobreponiéndose a todo tipo de despropósitos políticos: una infinidad de Gobiernos inestables y multipartitos desde 1945 hasta el desmoronamiento del sistema por la corrupción (Targentópolis) en los noventa, luego las frivolidades de Berlusconi y sus extraños aliados, su relevo por los tecnócratas de Monti al borde del rescate, el fiasco del referéndum de Renzi. Ahora gana fuerza la posibilidad de que el populista Movimiento 5 Estrellas, que prometía un referéndum para salir del euro, sea el más votado en las próximas elecciones.
Al mundo económico italiano lo que le preocupa de verdad es el saneamiento de los bancos. Los negocios siguen en marcha en cualquier caso. En inglés se dice business as usual.
Ninguna empresa se inmutó cuando Bossi proclamó la independencia de Padania
No hay un personaje tan estrambótico como Bossi en Cataluña, pero lo ocurrido esta semana en el Parlament ha tenido mucho de esperpento. Una mayoría justita de diputados, que no alcanzaría para reformas menores en el Estatut, tramita y aprueba a toda prisa dos leyes supremas, que se declaran por encima de cualquier otra norma. Sin informes previos, contra el criterio de sus juristas, sin la firma del secretario, sin apenas debate ni capacidad de presentar enmiendas. Y de inmediato se llama a un referéndum decisivo en tres semanas cuando no existe censo público e impugnable, ni junta electoral, ni garantías de ningún tipo. Se atropella así no ya la legislación española y la catalana, sino el derecho internacional. Este referéndum no pasaría la prueba de observadores externos como los que se envían a países mucho menos desarrollados.
La chapuza política y jurídica ha dejado en la más absoluta soledad a los promotores de la independencia exprés fuera de su parroquia más fiel. Ningún apoyo fuera de Cataluña (salvo Bildu y similares), mucho menos en el extranjero. Hasta la primera ministra independentista de Escociase desmarca: ellos sí hacen esas cosas desde la legalidad. La UE advierte a Cataluña de forma expresa de que tras la secesión se quedarían fuera, aunque las nuevas leyes juegan a la ficción de que la flamante República seguirá dentro.
En el mundo económico esa soledad es evidente. Por prudencia, por no meterse en líos, por miedo a boicoteos de unos o de otros, casi ningún empresario quiere significarse a favor ni en contra del procés. Predomina el silencio o, cuando se dice algo en público, es para pedir diálogo.“Que resuelvan esto los políticos”, es la frase más escuchada. En privado, nadie, ni en las compañías ni en los mercados financieros, da crédito al procés. No se ha contemplado ni como remota la opción de que la independencia sea efectiva. Matizo: algunos ejecutivos sí están haciendo papeles de escenarios posibles, porque se lo piden desde las multinacionales. Incluso se han hecho planes sobre cómo reorganizar la actividad para aislar el negocio catalán del resto en una situación extrema. Los bancos, que tienen la necesidad imperiosa de operar desde dentro de la zona euro, estarían listos para mover su sede si se llegara a lo peor.
Pero no se llegará a lo peor. Saben que el insensato voluntarismo secesionista no vencerá al Estado con todo su poder. Se ve con incomodidad un escenario de alta tensión política, pero no se cree que en cuestión de semanas vaya a haber una frontera, una Hacienda catalana, menos aún un Ejército como el que dice Puigdemont que les hará falta (¿para defender su integridad territorial?).
No sería la primera vez que el mercado se equivocara en sus cálculos, pero hoy por hoy los pronósticos son unánimes. Si España de verdad estuviera a punto de la secesión de su comunidad más rica (18,9% del PIB), y fuera a perder por completo la recaudación fiscal que aporta, el Estado estaría a un paso de un ajuste brutal, si no de la suspensión de pagos. ¿Qué opinan de eso los inversores? Están tan tranquilos que compran títulos del Tesoro a tipos mínimos (1,5% a diez años) o incluso negativos (-0,3% a dos años), es decir, que pagan para que el Estado amenazado de ruptura inminente les guarde el dinero. Y no prestan un euro a Cataluña, pero más por insolvente que por rebelde.
“Si los inversores se lo creyeran [la independencia] estarían vendiendo España como locos y no es así”, nos dijo esta semana un gestor. Fitch tachó de “poco verosímil” la secesión, aunque le preocupa, a quién no, el conflicto político. Y apunta como solución una mejora de la financiación de Cataluña. No bastaría, pero ayudaría.
Otro indicador de la confianza empresarial en que no habrá ruptura es que se ha mantenido con vigor la inversión extranjera en Cataluña: más de 5.000 millones en 2016. Si hay otras inversiones paradas hasta que se aclare el panorama no se puede demostrar, aunque así lo cree la CEOE. La inyección desde las multinacionales no llegaría si se pensara que este mismo otoño Cataluña estará fuera no solo de España, sino de la UE. Nada espanta al capitalismo como la inseguridad jurídica.
Por suerte, Cataluña no va por el camino de Irlanda. No se prevé una escalada de violencia que no desea ninguna de las partes. Sin embargo, hay señales de grietas en la concordia social. Como esa campaña de la CUP cuyo lema despierta escalofríos: Assenyalem-los. Señalémoslos. A los “colaboracionistas” (así se les llama en el libro Perles catalanes) y a los “equidistantes” (gente como Jordi Évole). O como la utilización de la manifestación contra el terrorismo, tras los brutales atentados, para lucir las esteladas y abroncar a las autoridades del Estado. También daña mucho su causa la foto de esa diputada quitando con rabia las banderas españolas dejadas por la oposición, junto a las catalanas, en sus escaños vacíos.
Por pacíficas que sean las vías del secesionismo, dinamitar la legalidad que ha hecho posible la democracia, el autogobierno y la convivencia de que tanto se presume en Cataluña es irresponsable. Basta de jugar con fuego. La historia reciente nos da ejemplos trágicos.
Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.
Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.
Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de "escenarios institucionales alternativos". No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.
Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política
El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de la independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.
Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.
Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprésanunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma "suprema" supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del "sí", así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos ("el primer derecho", llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.
Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.
Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: "Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada".
De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.
Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.
El secesionismo consuma la ruptura
Junts pel Sí y la CUP aprueban la ley del referéndum con la ausencia de Ciudadanos, PSC y PP
toda la información sobre la consulta ilegal de los independentistas catalanes.
“En una Cámara estatal no os habríais comportado así”, aseguró Anna Gabriel(CUP), quien aseguró que se trataba de “un debate de legitimidad, no de legalidad”, al tiempo que reclamó a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que asumieran su responsabilidad a partir de ahora y pusieran las urnas.
“España no es una prótesis que nos han impuesto a los catalanes, es nuestra casa y Cataluña se aleja más y más de sí misma con esta ley”, argumentó el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien arremetió también contra el Gobierno catalán por lo que calificó de “odio subvencionado contra España” y vaticinó que la ley no entrará en vigor y el referéndum no se celebrará.
Artur Mas quiere romper la mayoría independentista y forzar unas elecciones
El ex presidente piensa en la estrategia de la vieja Convergència y en su indulto
En su decisión más difícil, porque todo lo que haga Puigdemont en su vida pública -y puede que hasta privada- dependerá de lo que responda mañana al requerimiento del Gobierno, la presión más amenazante la recibe el presidente de la Generalitat de un sector de su propio partido, el PDECat -lo que queda de la antigua Convergència-, que pretende renunciar a la independencia como objetivo real y usarla sólo como elemento de tensión para negociar con el Gobierno un nuevo encaje de Cataluña en España.
En esta línea, el diputado del partido en el Congreso Jordi Xuclà,considerado un moderado, insistió el miércoles en el diálogo y negó que la independencia fuera declarada el día anterior en el Parlament.
La Convergència que encarnan Artur Mas y Marta Pascal no tendría ningún papel relevante en una Cataluña independiente, mucho más instalada en los marcos mentales de un Puigdemont que por muy convergente que sea piensa como Esquerra y actúa como la CUP. En la poco probable república catalana, Junqueras sería presidente si Puigdemont cumpliera su promesa de no volver a presentarse, la CUP impondría una parte muy importante de su agenda -seguramente toda con la excepción de sus tesis económicas más chavistas- y el PDECat quedaría relegado a cuarta o quinta fuerza, en la más absoluta irrelevancia.
«Hay pocos escenarios en los que Junqueras no gane y casi ninguno en el que pierda electoralmente»
En un contexto todavía autonómico, aunque reforzado, Convergència encontraría en cambio su hábitat natural, con su hipocresía y su doble discurso en Madrid y en Barcelona, con sus transacciones, con su pactos de última hora, con la parte que se queda el negociador y la parte que va al partido, en el estira y afloja pujolista que siempre funcionó y que durante tantos años aseguró la gobernabilidad -y la prosperidad- tanto de Cataluña como del resto de España.
El bloque soberanista celebra el resultado de la votación con los sillones vacíos de la oposición.
El independentismo catalán consumó este miércoles su desafío y el Parlament aprobó la ley que servirá para convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre en medio de una bronca política sin precedentes. Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría y desoyeron todas las advertencias que hicieron los letrados de la Cámara sobre las consecuencias penales que podría acarrear la aprobación, a la vista de los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional, que con toda probabilidad suspenderá este jueves la ley.
Carles Puigdemont también firmó el decreto de convocatoria del referéndum apenas dos horas después de la votación de la ley. También lo hicieron todos sus consejeros. Con este acto buscaban convocar formalmente la votación del 1 de octubre antes de que el Tribunal Constitucional suspenda, previsiblemente este jueves, la ley del referéndum. También querían demostrar el compromiso de todo su Gobierno con la consulta. Tras la firma, y después de la medianoche, Puigdemont pronunció un discurso junto a sus consejeros para reafirmarse en sus posiciones. "Cataluña decidirá democráticamente su futuro el día 1 de octubre", dijo. "Nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscarnos el derecho a decidir. No dejaremos que nos desahucien de la democracia", concluyó entre aplausos de altos cargos y diputados presentes en la sala.
La mayoría independentista de la cámara, siempre con el rechazo más absoluto de la oposición, aprovechó las últimas horas de la noche e incluso la madrugada para llevar adelante otros trámites vinculados con el referéndum. Aprobó, e incluso nombró, los miembros de la Sindicatura Electoral, una suerte de Junta Electoral Catalana. Y pasada la una de la madrugada la Mesa del Parlament también admitió a trámite la segunda ley de ruptura, la de Transitoriedad Jurídica, que diseña las estructuras de la Cataluña independiente. La oposición tildó de "carrera loca hacia ninguna parte" estas decisiones de Junts pel Sí y de la CUP.
El debate parlamentario para aprobar la ley del referéndum estaba convocado para las 10.00, pero no se inició hasta pasadas las 19.30, después de un reguero de interrupciones y suspensiones a la vista de las críticas de los cuatros grupos de la oposición. A las 21.33 se produjo finalmente la votación. Solo apoyaron la ley los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP. Los once diputados Catalunya Sí que es Pot, la marca en la que se integra Podemos en Cataluña, se abstuvieron y Ciudadanos, el Partit del Socialistes (PSC) y el Partido Popular abandonaron el pleno durante la votación para no dar cobertura a una “ilegalidad”. Después de la votación Ciudadanos anunció que impulsará una moción de censura, que difícilmente prosperará por la mayoría independentista existente en el Parlament.
El independentismo se había propuesto que el día no finalizara sin tener la ley aprobada y lo consiguió, porque el calendario no dejaba ningún margen al aplazamiento. Quedan apenas nueve días para que empiece la campaña electoral y 24 días para celebrar el referéndum. Carles Puigdemont y la mayoría independentista pretenden que el decreto de convocatoria se firme aprovechando las horas de vigencia que tendrá la ley antes del recurso que presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que comportará la suspensión de la ley.
Pese a la trascendencia de la ley que se sometió a discusión, el debate parlamentario se resolvió en poco más de una hora y media, utilizando una rendija del reglamento del Parlament y la interpretación particular que hizo la mayoría independentista de la Mesa de la Cámara, con su presidenta, Carme Forcadell, al frente. La tramitación de la ley por el canal habitual habría supuesto semanas de debates en comisión y ponencia antes de llegar al pleno y de ahí la estrategia de secretismo que ha empleado estos meses Junts pel Sí y la CUP.
Tal y como estaba previsto, la Mesa se reunió una hora antes de que se iniciara el pleno para admitir a trámite la ley del referéndum. Era el primer paso para modificar sobre la marcha el orden del día, en el que no estaba previsto ese punto. Cuando la presidenta del Parlament anunció el acuerdo de la Mesa de alterar los temas a discutir y que limitaba la actuación de la oposición y se garantizaba que se pasaría el rodillo independentista se desató la tormenta política.
UN DEBATE SIN GARANTÍAS
La fórmula elegida por el bloque independentista para aprobar la ley del referéndum pasaba por modificar el orden del día del pleno del Parlament y, usando su mayoría, obviar los trámites a los que tiene que someterse cualquier norma. Por ejemplo, que sea objeto de examen por parte del Consejo de Garantías Estatutarias. El tiempo para presentar enmiendas al texto se redujo a dos horas. La presidenta del Parlament Carme Forcadell se negó a que se leyeran documentos en la sesión, una prerrogativa que tienen los diputados y que solicitaron en varias ocasiones.
Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya sí que es Pot coincidieron en que se estaban vulnerando los derechos de los diputados porque apenas se les dio dos horas para presentar enmiendas, excluyendo el escenario de enmiendas a la totalidad, se les privó de pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias y se optó por un procedimiento de urgencia que evitaba la comparecencia de expertos, la creación de una ponencia y la redacción de un dictamen. Por ese motivo la oposición no participó en la votación para modificar el orden del día y sí lo hizo para oponerse a la limitación en los trámites de la ley. Tres diputados de Podemos se desmarcaron y se abstuvieron.
Los socialistas anunciaron la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y vieron cómo les daba la razón el Consejo de Garantías Estatutarias al reconocer que los diputados tenían derecho a reclamarles un informe. “Lo que están haciendo es una vergüenza”, dijo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien acusó a la mayoría parlamentaria de “petarse” el reglamento.
Junts pel Sí y la CUP esgrimieron que no les quedaba más remedio que optar por esa vía y culparon “al Estado español” de no dejarles otra salida, porque si hubieran optado por el trámite habitual el referéndum no se habría podido convocar con la ley vigente. “No nos ha quedado otro camino que este, es una ley para votar y con todas las garantías y hoy no acaba nada sino que empieza todo”, dijo el presidente de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
ESPECIAL | REFERÉNDUM 1 DE OCTUBRE
Carles Puigdemont, el pasado martes en la firma de la declaración.
Formaría parte de estas transacciones y de este patio trasero donde CiU siempre resolvió sus ecuaciones el indulto o cualquier otra solución satisfactoria para la delicada situación judicial de Mas, inhabilitado y condenado a pagar 5,2 millones de euros para sufragar los gastos indebidos del 9 de noviembre.
Francesc Homs y Carles Campuzano hace días que suplican en Madrid este indulto o amnistía. De concretarse una respuesta positiva, si Mas no consigue entre hoy y mañana frenar a Puigdemont, tal como lo consiguió entre el lunes y el martes pasados, la parte del PDECat que les es fiel se bajaría del tren rompiendo la mayoría independentista en el Parlament, con la excusa de que la independencia sin que nadie te la reconozca no tiene ningún sentido y llamando a la convocatoria de unas elecciones indiscutiblemente autonómicas pero a las que pomposamente llamarían «constituyentes» para disimular lo que desde Esquerra -que ven venir el embolado- han calificado ya de «el timo del tocomocho indepe».
Si Puigdemont no se presenta
Esquerra por su parte coincide con la CUP y se muestra en público partidaria de proclamar la república sin más dilaciones, aunque de fondo simpatiza con cualquier escenario que acabe en elecciones inminentes.
Si el sector de Mas del PDECat se desentiende de la independencia y deja al bloque soberanista en minoría, Junqueras podrá presentarse como el único candidato independentista realmente creíble. Si Puigdemont impone su criterio y declara la DUI, una aplicación suave del 155, que es por lo que parece que podría optar el presidente Rajoy, conduciría igualmente a una nueva convocatoria electoral, en la que también Junqueras tiene las mejores cartas -sobre todo si Puigdemont no se presenta- con la épica añadida de la «represión española» por haber declarado la independencia.
Si Puigdemont se abre al diálogo y más o menos reconoce que no declaró la independencia, será la CUP quien le abandone y también la convocatoria electoral será inevitable.
Hace tiempo que Junqueras optó por la estrategia del bajo perfil, buscando mucho más no cometer errores que la filigrana de aciertos tan memorables como arriesgados. Por su carácter y su trayectoria -y por oposición a Convergència y a Mas- resulta un independentista creíble, pese a su poco interés en la heroicidad y su sentido del pragmatismo y de la realidad al que en los sectores más hiperventilados se le suele llamar cobardía.
Oriol Junqueras, ayer en una reunión de ERC.
En esta estrategia, Junqueras ha conseguido no molestar a nadie, no crear rechazo y modestamente -porque no es exactamente lo mismo ni tiene exactamente el mismo éxito- convertir a Esquerra en la casa grande del catalanismo que fue CiU y donde confluían nacionalistas de todas las sensibilidades que confiaban en el orden, la seriedad y el carisma del presidente Pujol.
Las encuestas dan hoy a los republicanos entre 40 y 50 escaños y si con lo que obtuviera Convergència no sumaran los 68 de la mayoría absoluta, podría aliarse con el PSC y con Podemos -reeditando el famoso tripartito aunque con distinto equilibrio de fuerzas- bajo el reto «nacional» de conseguir un referendo secesionista pactado con el Gobierno.
Hay pocos escenarios en los que Junqueras no gane y casi ninguno en el que pierda. Sergi Sol, Miquel Martín Gamisans y Lluís Juncà, sus tres personas de máxima confianza, han proyectado su imagen sin estridencias, le han protegido de líos innecesarios, han calculado con especial cuidado sus intervenciones públicas y es así como un hombre de «torpe aliño indumentario», que escasamente responde al canon de la belleza de nuestro tiempo y al que le gusta más bien poco mezclarse con las masas, se ha convertido en un líder de apariencia afable y cercana, cuya sabiduría no es vista como una pedantería -como le ocurría a Mas- sino como una peculiaridad y hasta como una garantía.
Además, su catolicismo no le perjudica entre sus votantes más republicanos y le permite establecer un vínculo de confianza con los huérfanos de Convergència, más de orden y de derechas. En cualquier caso, su religiosidad se entiende como una forma de compasión y de ternura en lugar de como una amenaza para el progreso social, como tantas veces les ha sucedido a los líderes de CiU y del PP.
Nuria Gibert, portavoz de la CUP, ayer durante su intervención en Barcelona.
Finalmente, los chicos de la CUP, que empezaron la legislatura con la aparatosa estridencia de tirar a Mas «a la papelera de la Historia» y poniendo seriamente en riesgo la aprobación de los presupuestos, han recorrido este último tramo del proceso con una prudencia y una ductilidad completamente inéditas en una formación de su naturaleza: y el martes se tragaron casi sin protestar la monumental farsa con que el presidente Puigdemont trató de contentar a Artur Mas y consiguiendo que nadie en Cataluña, en España ni en la comunidad internacional supiera exactamente si había declarado o no la independencia.
El factor Rajoy
De todos modos, es poco probable que le aguanten muchos más trucos al presidente de la Generalitat. Sus expectativas electorales podrían crecer en un contexto de frustración independentista,especialmente si cuaja la idea de que Esquerra y Junqueras forman parte del enjuague.
Puigdemont intentará mantener al independentismo unido para llevar a Cataluña a la independencia. Intentará convencer a Mas de que el único camino es el que marca la CUP. Si es Mas quien le convence, perderá a la CUP. Pero por partidas que se jueguen, Junqueras sigue siendo el dueño del casino, aunque siempre con el permiso del presidente Rajoy, de quien todo el mundo se ríe y critica y al final, siempre muy tarde por la noche, acabas descubriendo que todo es suyo y que la gran broma del día iba en realidad sobre ti.
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