En un principio cualquier actuación que restringe las libertades y/o vulnera alguno de los derechos de las personas, no tendría que ser lícita. En el caso sanitario que atañe a los enfermos, tampoco deberían poder realizarse imposiciones sin el consentimiento previo del paciente. Ahora bien, tras la declaración de la pandemia del SARS-Covid19 por parte de la OMS, se instaura la emergencia sanitaria en nuestro país y, por tanto, comienzan a producirse algunas excepciones relacionadas con esta norma.

La hospitalización o el aislamiento individual y/o social se puede forzar siempre que se acredite que existe un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública. Así mismo, la ley obliga a establecer tiempos máximos de duración en función del cada caso concreto para que las medidas se implanten de un modo imprescindible y proporcional a ca2da realidad. De hecho, la OMS recuerda que "toda vez que no se cuente con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto de sanitario".

Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. La selección de las medidas que se adoptan dependerán única y exclusivamente del Gobierno, la sociedad civil poco o nada tiene que decir. La primera medida que se ha tomado consiste en limitar la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos.

Ahora, y hasta finalizar el Estado de alarma el próximo 25 de abril, la movilidad estará restringida para todos los ciudadanos. Únicamente, y bajo un permiso especial concedido por el gobierno español, se podrán movilizar los trabajadores de los que son considerados servicios esenciales, los cuales son:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Según recoge y desarrolla la Constitución española de 1978 en la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio, el tiempo inicial de la declaración del estado de alarma se establecerá con un máximo de quince días naturales.

En el caso de que el Ejecutivo considere la necesidad de alargar la duración de estas medidas, como sería durante la situación actual provocada por el coronavirus, el artículo 6 de la Ley considera que éste "sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga".

El Reglamento del Congreso, en su artículo 162, desarrolla este precepto constitucional y añade que «cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente».

Otra de las medidas instauradas para este nuevo orden nacional, es la de racionar el uso de los servicios y el consumo de artículos de primera necesidad. El Gobierno ya ha implantado algunas de las órdenes necesarias para asegurar tanto el abastecimiento como la seguridad y el normal funcionamiento de los principales centros de producción y distribución. La reducción de horarios de apertura al público, la ampliación de medidas de higiene y la limitación del acceso, son algunas de las principales actuaciones que han establecidos las cadenas de supermercados.

Es una de las preocupaciones base de la autoridad y, por tanto, es responsabilidad de las administraciones institucionales proteger y fomentar la salud pública, garantizando la seguridad y la eficacia, principalmente, de los medicamentos humanos y veterinarios, de productos biológicos y dispositivos médicos; y, sin duda, de garantizar la seguridad del suministro de alimentos, entre otras cosas.

Durante el estado de alarma, el orden y la autoridad adquieren un control absoluto. De no cumplir con lo establecido en el decreto, los ciudadanos pueden enfrentarse a duras sanciones:

• Por incumplimiento del estado de alarma: el Real Decreto 463/2020 de fecha 14 de marzo, contempla en su artículo 20, el régimen sancionador, que: “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.” Este última Ley a la que debemos remitirnos establece que:

1.- El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes

2.- Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al Juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario

3.- Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia.

Se expone que la persona que incumpla el orden establecido será sancionado en consecuencia con "lo dispuesto en las leyes". La ley que se aplicaría en nuestro país en primera instancia sería la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

• Ley de Salud Pública: La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de concienciar y promover la responsabilidad social, se aplican para sancionar diferentes acciones como:

1. La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población;

2. El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente;

3. El incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud;