Embedded Files
The article previously processed by Ayord: Muncă (economie) / Trabajo (economía).
The following article processed by Ayord: Inițiativa legislativă / Iniciativa legislativa.
Page start up on 02.07.2025_18:41 (UTC+2 / Lipănești, Prahova, România). 30ºC, Humedad 32%, Viento 6 km/h > 45°03'31.2"N 26°00'56.1"E
Comparație între media generală a bagajului de cunoștințe enciclopedice al lumii limbii spaniole și a lumii limbii române, pe un determinat subiect, la un moment dat.
/
Comparación entre la media general del conocimiento enciclopédico del mundo hispanohablante y del mundo rumanohablante, sobre un tema dado, en un momento dado.
Secțiunea 1. SECTION 1. Sección 1.
Fiscal - Wikipedia en español. > 22:00 12 jun 2025 UA31 discusión contribs. m 27 595 bytes (−7)
Procuror - Wikipedia în limba română. > 16:15 2 ene 2023 I enache discusión contribs. m 5.104 bytes (−2)
Prosecutor - English Wikipedia. > 09:00, 2 July 2025 Kurosakiqpdsi talk contribs 67.399 bytes (+1,295)
Прокурор - Русская Википедия. > 12:45, 4 мая 2025 ДолбоЯщер обсуждение вклад м 31.665 байт (+2)
Procuratore - Wikipedia in italiano > 0.
+ 50 languages.
Secțiunea 2. SECTION 2. Sección 2.
Prosecutor - English Wikipedia. > 09:00, 2 July 2025 Kurosakiqpdsi talk contribs 67.399 bytes (+1,295)
Procuror - Wikipedia în limba română. > 16:15 2 ene 2023 I enache discusión contribs. m 5.104 bytes (−2)
Secțiunea 3. SECTION 3. Sección 3.
Прокурор - Русская Википедия. > 12:45, 4 мая 2025 ДолбоЯщер обсуждение вклад м 31.665 байт (+2)
Procuror - Wikipedia în limba română. > 16:15 2 ene 2023 I enache discusión contribs. m 5.104 bytes (−2)
Comentariu Ayord:
"Ia să mă pun să fac o probă, în stil propriu, să vedem ce știe lumea limbii române... așa... în general, despre conceptul... "procuror". Că... dacă tot căscăm gura să ne dăm cu părerea, măcar să știm dacă căscăm gura cu rost, sau fără rost." (Facebook (02.06.2025_17:37 UTC+2))
Comentario Ayord:
"Permítanme hacer una prueba, a mi manera, para ver qué sabe el mundo rumanoparlante... en general, sobre el concepto de "fiscal". Porque... si hablamos de alguna cosa, al menos que sepamos lo que hablamos." (Facebook (02.06.2025_17:37 UTC+2) )
Secțiunea 5. SECTION 5. Sección 5.
ORIGINAL TEXT
Fiscal - Wikipedia en español. > 22:00 12 jun 2025 UA31 discusión contribs. m 27 595 bytes (−7)
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Índice
Historia
La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el siglo XII, como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público. [1]
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».[2]
Ejercicio de sus funciones
Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley. (3842 bytes).
3. Por países
Secțiunea 6. SECTION 6. Sección 6.
Înlocuirea fondului de text de culoare neagră, cu fond de text de culoare roșie / Reemplazo del fondo de texto negro con fondo de texto rojo.
Column I.
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Índice
Column II.
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Índice
Historia
La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el siglo XII, como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público. [1]
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».[2]
Ejercicio de sus funciones
Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley.
Historia
La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el siglo XII, como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público. [1]
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».[2]
Ejercicio de sus funciones
Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley.
Secțiunea 7. SECTION 7. Sección 7.
Traducere din spaniolă în română, cu pastrarea intactă a textului rezultat prin traducere 100% automată
Traducción del español al rumano, guardando y el texto resultante de la traducción 100% automática.
Column A.
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Índice
(1387 bytes)
Column B.
100% Machine translation.
Procurorul (agent fiscal, agent al ministerului public, procuror fiscal sau promotor fiscal) este funcționarul (magistrat în unele țări) membru al Ministerului Public (Parchetului) și care conduce material ancheta penală și exercitarea urmăririi penale publice; adică este responsabil pentru îndeplinirea directă și specifică, în cadrul procedurilor penale, a funcțiilor și competențelor Ministerului Public în cazurile aflate sub jurisdicția sa. Deși Ministerul Public este responsabil pentru asigurarea protecției victimelor și martorilor, aceasta nu implică faptul că procurorul este avocatul acestora.
Deoarece Ministerul Public este adesea compus dintr-un număr mare de agenți sau procurori, majoritatea legislației stabilește principiul fundamental al unității de acțiune, care urmărește evitarea duplicării sau interferenței în sarcinile și funcțiile acestora.
La rândul său, alocarea lor teritorială (în districte, circumscripții sau comune) este stabilită prin lege, deși, de obicei, într-un cadru de flexibilitate și adaptare la nevoile fluctuante ale urmăririi penale, în care intervin cele mai înalte autorități ale ministerului.
Cuprins
1 Istoric
2 Exercitarea funcției
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
4 Referințe
5 Bibliografie
6 Vezi și
Column Z.
80% Machine translation + 20% Ayord translation.
Procurorul (agentul fiscal, agentul Ministerului Public, Procurorul fiscal sau Promotorul fiscal) este funcționarul (magistrat în unele țări) integrant al Ministerului Public (Parchetului) și care conduce material ancheta penală și exercitarea urmăririi penale publice; adică este responsabil pentru îndeplinirea directă și specifică, în cadrul procedurilor penale, a funcțiilor și competențelor Ministerului Public în cazurile aflate sub jurisdicția sa. Deși Ministerul Public este responsabil pentru asigurarea protecției victimelor și martorilor, aceasta nu implică faptul că procurorul este avocatul acestora.
Deoarece Ministerul Public este adesea compus dintr-un număr mare de agenți sau procurori, majoritatea legislației stabilește principiul fundamental al unității de acțiune, care urmărește evitarea duplicării sau interferenței în sarcinile și funcțiile acestora.
La rândul său, alocarea lor teritorială (în districte, circumscripții sau comune) este stabilită prin lege, deși, de obicei, într-un cadru de flexibilitate și adaptare la nevoile fluctuante ale urmăririi penale, în care intervin cele mai înalte autorități ale ministerului.
Cuprins
1 Istoric
2 Exercitarea funcției
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
4 Referințe
5 Bibliografie
6 Vezi și
Historia
La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el siglo XII, como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público. [1]
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».[2]
Istoric
Figura procurorului a apărut în Evul Mediu, mai precis în jurul secolului al XII-lea, ca reprezentant al regelui însărcinat cu apărarea intereselor sale. Curând s-a născut ideea că o infracțiune adusă victimei constituia și o infracțiune adusă ordinii impuse de suveran și suveranității sale. Mai târziu, pe măsură ce interesele private ale monarhului au dispărut și au fost înlocuite de cele ale statului, biroul procurorului a ajuns să fie responsabil pentru exercitarea acțiunii publice, de unde și denumirea de minister public. [1]
După Revoluția Franceză și Imperiul Napoleonian, procurorul a fost încorporat în sistemul de administrare a justiției din Statul Liberal, deși a adoptat diverse forme care supraviețuiesc până în zilele noastre. În unele țări, precum Spania, a constituit un organism specific, în timp ce în altele, precum Italia și Franța, membrii săi dețineau rangul de magistrați sau judecători, cu posibilități mai mari de interschimbare între funcțiile judiciare și cele de procuror. Totuși, în toate acestea, figura procurorului, așa cum a subliniat Amadeu Recasens, „este sfâșiată între ambiguitate, trebuind să abordeze, pe de o parte, dependența sa ierarhică de puterea executivă prin intermediul ministerelor de justiție corespunzătoare (cu puternice conotații de dependență, ierarhie și centralizare) și, pe de altă parte, rolul său de colaborator al judecătorului în administrarea justiției... în măsura în care este însărcinat cu misiunea de a proteja interesul social și de a promova acțiunea justiției în apărarea legalității drepturilor cetățenilor și a interesului public protejat de lege.”[2]
Istoric
Figura procurorului a apărut în Evul Mediu, mai precis în jurul secolului al XII-lea, ca reprezentant al regelui însărcinat cu apărarea intereselor sale. Curând s-a născut ideea că o ofensă adusă victimei constituia și o infracțiune adusă ordinii impuse de suveran și suveranității sale. Mai târziu, pe măsură ce interesele private ale monarhului au dispărut, substituite de cele ale Statului, biroul procurorului a ajuns să fie responsabil pentru exercitarea acțiunii publice, de unde și denumirea de minister public. [1]
După Revoluția Franceză și Imperiul Napoleonian, procurorul a fost încorporat în sistemul de administrare a justiției din Statul Liberal, deși a adoptat diverse forme care supraviețuiesc până în zilele noastre. În unele țări, precum Spania, a constituit un organism specific, în timp ce în altele, precum Italia și Franța, membrii săi dețineau rangul de magistrați sau judecători, cu posibilități mai mari de interschimbare între funcțiile judiciare și cele de procuror. Totuși, în toate acestea, figura procurorului, așa cum a subliniat Amadeu Recasens, „este sfâșiată între ambiguitate, trebuind să abordeze, pe de o parte, dependența sa ierarhică de puterea executivă prin intermediul ministerelor de justiție corespunzătoare (cu puternice conotații de dependență, ierarhie și centralizare) și, pe de altă parte, rolul său de colaborator al judecătorului în administrarea justiției... în măsura în care este însărcinat cu misiunea de a proteja interesul social și de a promova acțiunea justiției în apărarea legalității drepturilor cetățenilor și a interesului public tutelat de lege.”[2]
Ejercicio de sus funciones
Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley.
Exercitarea funcțiilor lor
Procurorii instrumentează cazurile individual, dar în majoritatea legislațiilor, din motive de mai bună gestionare a procesului sau datorită complexității, volumului, importanței sau semnificației sale, autoritățile Parchetului pot dispune ca mai mulți procurori să se ocupe de cauză. În plus, un procuror nu poate conduce o anchetă sau exercita urmărirea penală publică cu privire la anumite infracțiuni pedepsibile (și trebuie înlocuit) atunci când apar motive legale de descalificare, în general bazate pe un interes privat în infracțiune sau pe prietenie, dușmănie sau relație cu participanții la infracțiune.
Acești funcționari, în cazurile aflate în sarcina lor, își exercită funcțiile în mod independent și autonom, în conformitate cu principiile legalității și obiectivității și trebuie să îndeplinească toate procedurile necesare pentru succesul anchetei. În exercitarea funcțiilor lor, aceștia sunt responsabili de dreptul civil, penal și disciplinar.
De obicei, aceștia sunt împuterniciți să emită instrucțiuni specifice poliției cu privire la fiecare caz (fără a aduce atingere faptului că orice acțiune care restricționează sau afectează drepturile fundamentale necesită, în general, autorizare judiciară prealabilă).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, autoritățile și șefii Parchetului, în diferitele sisteme, exercită de obicei un control ierarhic mai mult sau mai puțin permanent asupra agenților aflați sub autoritatea lor, care se extinde atât la eficacitatea și eficiența în îndeplinirea obiectivelor lor, cât și la legalitatea și oportunitatea acțiunilor lor.
De asemenea, cea mai înaltă autoritate din minister poate emite, în general, instrucțiuni generale, stabilind criteriile pentru acțiunile procurorilor în vederea atingerii obiectivelor lor, dar nu poate da instrucțiuni sau dispune efectuarea sau omiterea unor acțiuni în cazuri specifice. Cu toate acestea, procurorii sunt, în general, obligați să respecte instrucțiunile specifice date de superiorii lor imediați cu privire la o cauză care le-a fost încredințată, cu excepția cazului în care le consideră în mod vădit arbitrare sau încalcă prevederile Constituției sau ale legii.
Exercitarea funcțiilor sale
Procurorii instrumentează cazurile individual, dar în majoritatea legislațiilor, din motive de mai bună gestionare a procesului sau datorită complexității, volumului, importanței sau semnificației sale, autoritățile Parchetului pot dispune ca mai mulți procurori să se ocupe de cauză. În plus, un procuror nu poate conduce o anchetă sau exercita urmărirea penală publică cu privire la anumite infracțiuni pedepsibile (și trebuie înlocuit) atunci când apar motive legale de descalificare, în general bazate pe un interes privat în infracțiune sau pe prietenie, dușmănie sau relație cu participanții la respectiva infracțiune.
Acești funcționari, în cazurile aflate în sarcina lor, își exercită funcțiile în mod independent și autonom, în conformitate cu principiile legalității și obiectivității și trebuie să îndeplinească toate procedurile necesare pentru succesul anchetei. În exercitarea funcțiilor lor, aceștia sunt responsabili de dreptul civil, penal și disciplinar.
De obicei, aceștia sunt împuterniciți să emită instrucțiuni specifice poliției cu privire la fiecare caz (fără a aduce atingere faptului că orice acțiune care restricționează sau afectează drepturile fundamentale necesită, în general, autorizare judiciară prealabilă).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, autoritățile și șefii Parchetului, în diferitele sisteme, exercită de obicei un control ierarhic mai mult sau mai puțin permanent asupra agenților aflați sub autoritatea lor, care se extinde atât la eficacitatea și eficiența în îndeplinirea obiectivelor lor, cât și la legalitatea și oportunitatea acțiunilor lor.
De asemenea, cea mai înaltă autoritate din minister poate emite, în general, instrucțiuni generale, stabilind criteriile pentru acțiunile procurorilor în vederea atingerii obiectivelor lor, dar nu poate da instrucțiuni sau dispune efectuarea sau omiterea unor acțiuni în cazuri specifice. Cu toate acestea, procurorii sunt, în general, obligați să respecte instrucțiunile specifice date de superiorii lor imediați cu privire la o cauză care le-a fost încredințată, cu excepția cazului în care le consideră în mod vădit arbitrare sau încalcă prevederile Constituției sau ale legii.
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
4 Referințe
5 Bibliografie
6 Vezi și
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
4 Referințe
5 Bibliografie
6 Vezi și
Secțiunea 8. SECTION 8. Sección 8.
Textul original (în "Column A") plus rezultatul obținut de admin prin traducerea din română în spaniolă (in "Column Z"), plus echiparea ambelor texte cu "linkuri permanente" (care trimit în general către pagini cu conținut explicativ, din Wikipedia), plus "verificarea parității dintre linkurile românești și cele spaniole”.
/
El texto original (en la "Column A") mas el resultado obtenido por el admin a través de la traducción del rumano al español (en la "Column Z"), además de dotar ambos textos de "enlaces permanentes" (que generalmente envían a páginas con contenido explicativo, de Wikipedia), además de "comprobar la paridad entre los enlaces rumano y español".
Column A.
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Índice
Column Z.
80% Machine translation + 20% Ayord translation.
Procurorul (agent fiscal, agent al ministerului public, procuror fiscal sau promotor fiscal) este funcționarul (magistrat în unele țări) integrant al Ministerului Public (Parchetului) și care conduce material ancheta penală și exercitarea urmăririi penale publice; adică este responsabil pentru îndeplinirea directă și specifică, în cadrul procedurilor penale, a funcțiilor și competențelor Ministerului Public în cazurile aflate sub jurisdicția sa. Deși Ministerul Public este responsabil pentru asigurarea protecției victimelor și martorilor, aceasta nu implică faptul că procurorul este avocatul acestora.
Deoarece Ministerul Public este adesea compus dintr-un număr mare de agenți sau procurori, majoritatea legislației stabilește principiul fundamental al unității de acțiune, care urmărește evitarea duplicării sau interferenței în sarcinile și funcțiile acestora.
La rândul său, alocarea lor teritorială (în districte, circumscripții sau comune) este stabilită prin lege, deși, de obicei, într-un cadru de flexibilitate și adaptare la nevoile fluctuante ale urmăririi penale, în care intervin cele mai înalte autorități ale ministerului.
Cuprins
1 Istoric
2 Exercitarea funcțiunilor sale
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
6 Vezi și
Historia
La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el siglo XII, como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público. [1]
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».[2]
Istoric
Figura procurorului a apărut în Evul Mediu, mai precis în jurul secolului al XII-lea, ca reprezentant al regelui însărcinat cu apărarea intereselor sale. Curând s-a născut ideea că o ofensă adusă victimei constituia și o infracțiune adusă ordinii impuse de suveran și suveranității sale. Mai târziu, pe măsură ce interesele private ale monarhului au dispărut, substituite de cele ale Statului, biroul procurorului a ajuns să fie responsabil pentru exercitarea acțiunii publice, de unde și denumirea de minister public. [1]
După Revoluția Franceză și Imperiul Napoleonian, procurorul a fost încorporat în sistemul de administrare a justiției din Statul Liberal, deși a adoptat diverse forme care supraviețuiesc până în zilele noastre. În unele țări, precum Spania, a constituit un organism specific, în timp ce în altele, precum Italia și Franța, membrii săi dețineau rangul de magistrați sau judecători, cu posibilități mai mari de interschimbare între funcțiile judiciare și cele de procuror. Totuși, în toate acestea, figura procurorului, așa cum a subliniat Amadeu Recasens, „este sfâșiată între ambiguitate, trebuind să abordeze, pe de o parte, dependența sa ierarhică de puterea executivă prin intermediul ministerelor de justiție corespunzătoare (cu puternice conotații de dependență, ierarhie și centralizare) și, pe de altă parte, rolul său de colaborator al judecătorului în administrarea justiției... în măsura în care este însărcinat cu misiunea de a proteja interesul social și de a promova acțiunea justiției în apărarea legalității drepturilor cetățenilor și a interesului public tutelat de lege.”[2]
Ejercicio de sus funciones
Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley.
Exercitarea funcțiilor sale
Procurorii instrumentează cazurile individual, dar în majoritatea legislațiilor, din motive de mai bună gestionare a procesului sau datorită complexității, volumului, importanței sau semnificației sale, autoritățile Parchetului pot dispune ca mai mulți procurori să se ocupe de cauză. În plus, un procuror nu poate conduce o anchetă sau exercita urmărirea penală publică cu privire la anumite infracțiuni pedepsibile (și trebuie înlocuit) atunci când apar motive legale de descalificare, în general bazate pe un interes privat în infracțiune sau pe prietenie, dușmănie sau relație cu participanții la respectiva infracțiune.
Acești funcționari, în cazurile aflate în sarcina lor, își exercită funcțiile în mod independent și autonom, în conformitate cu principiile legalității și obiectivității și trebuie să îndeplinească toate procedurile necesare pentru succesul anchetei. În exercitarea funcțiilor lor, aceștia sunt responsabili de dreptul civil, penal și disciplinar.
De obicei, aceștia sunt împuterniciți să emită instrucțiuni specifice poliției cu privire la fiecare caz (fără a aduce atingere faptului că orice acțiune care restricționează sau afectează drepturile fundamentale necesită, în general, autorizare judiciară prealabilă).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, autoritățile și șefii Parchetului, în diferitele sisteme, exercită de obicei un control ierarhic mai mult sau mai puțin permanent asupra agenților aflați sub autoritatea lor, care se extinde atât la eficacitatea și eficiența în îndeplinirea obiectivelor lor, cât și la legalitatea și oportunitatea acțiunilor lor.
De asemenea, cea mai înaltă autoritate din minister poate emite, în general, instrucțiuni generale, stabilind criteriile pentru acțiunile procurorilor în vederea atingerii obiectivelor lor, dar nu poate da instrucțiuni sau dispune efectuarea sau omiterea unor acțiuni în cazuri specifice. Cu toate acestea, procurorii sunt, în general, obligați să respecte instrucțiunile specifice date de superiorii lor imediați cu privire la o cauză care le-a fost încredințată, cu excepția cazului în care le consideră în mod vădit arbitrare sau încalcă prevederile Constituției sau ale legii.
Secțiunea 9. SECTION 9. Sección 9.
PARALELĂ ÎNTRE VERSIUNEA DE PE ESWIKI ȘI CEA DE PE ROWIKI.
UNA PARALELA ENTRE LA VERSIÓN EN ESWIKI Y LA DE ROWIKI.
Column EsWiki.
Fiscal - Wikipedia en español.
22:00 12 jun 2025 UA31 discusión contribs. m 27.595 bytes (−7)
Procurorul (agent fiscal, agent al ministerului public, procuror fiscal sau promotor fiscal) este funcționarul (magistrat în unele țări) integrant al Ministerului Public (Parchetului) și care conduce material ancheta penală și exercitarea urmăririi penale publice; adică este responsabil pentru îndeplinirea directă și specifică, în cadrul procedurilor penale, a funcțiilor și competențelor Ministerului Public în cazurile aflate sub jurisdicția sa. Deși Ministerul Public este responsabil pentru asigurarea protecției victimelor și martorilor, aceasta nu implică faptul că procurorul este avocatul acestora.
Deoarece Ministerul Public este adesea compus dintr-un număr mare de agenți sau procurori, majoritatea legislației stabilește principiul fundamental al unității de acțiune, care urmărește evitarea duplicării sau interferenței în sarcinile și funcțiile acestora.
La rândul său, alocarea lor teritorială (în districte, circumscripții sau comune) este stabilită prin lege, deși, de obicei, într-un cadru de flexibilitate și adaptare la nevoile fluctuante ale urmăririi penale, în care intervin cele mai înalte autorități ale ministerului.
Cuprins
1 Istoric
2 Exercitarea funcțiunilor sale
3 Pe țări
3.1 Germania
3.2 Belgia
3.3 Brazilia
3.4 Coreea de Sud
3.5 Spania
3.6 Franța
3.7 Italia
3.8 Japonia
3.9 Polonia
3.10 Suedia
6 Vezi și
Istoric
Figura procurorului a apărut în Evul Mediu, mai precis în jurul secolului al XII-lea, ca reprezentant al regelui însărcinat cu apărarea intereselor sale. Curând s-a născut ideea că o ofensă adusă victimei constituia și o infracțiune adusă ordinii impuse de suveran și suveranității sale. Mai târziu, pe măsură ce interesele private ale monarhului au dispărut, substituite de cele ale Statului, biroul procurorului a ajuns să fie responsabil pentru exercitarea acțiunii publice, de unde și denumirea de minister public. [1]
După Revoluția Franceză și Imperiul Napoleonian, procurorul a fost încorporat în sistemul de administrare a justiției din Statul Liberal, deși a adoptat diverse forme care supraviețuiesc până în zilele noastre. În unele țări, precum Spania, a constituit un organism specific, în timp ce în altele, precum Italia și Franța, membrii săi dețineau rangul de magistrați sau judecători, cu posibilități mai mari de interschimbare între funcțiile judiciare și cele de procuror. Totuși, în toate acestea, figura procurorului, așa cum a subliniat Amadeu Recasens, „este sfâșiată între ambiguitate, trebuind să abordeze, pe de o parte, dependența sa ierarhică de puterea executivă prin intermediul ministerelor de justiție corespunzătoare (cu puternice conotații de dependență, ierarhie și centralizare) și, pe de altă parte, rolul său de colaborator al judecătorului în administrarea justiției... în măsura în care este însărcinat cu misiunea de a proteja interesul social și de a promova acțiunea justiției în apărarea legalității drepturilor cetățenilor și a interesului public tutelat de lege.”[2]
Exercitarea funcțiilor sale
Procurorii instrumentează cazurile individual, dar în majoritatea legislațiilor, din motive de mai bună gestionare a procesului sau datorită complexității, volumului, importanței sau semnificației sale, autoritățile Parchetului pot dispune ca mai mulți procurori să se ocupe de cauză. În plus, un procuror nu poate conduce o anchetă sau exercita urmărirea penală publică cu privire la anumite infracțiuni pedepsibile (și trebuie înlocuit) atunci când apar motive legale de descalificare, în general bazate pe un interes privat în infracțiune sau pe prietenie, dușmănie sau relație cu participanții la respectiva infracțiune.
Acești funcționari, în cazurile aflate în sarcina lor, își exercită funcțiile în mod independent și autonom, în conformitate cu principiile legalității și obiectivității și trebuie să îndeplinească toate procedurile necesare pentru succesul anchetei. În exercitarea funcțiilor lor, aceștia sunt responsabili de dreptul civil, penal și disciplinar.
De obicei, aceștia sunt împuterniciți să emită instrucțiuni specifice poliției cu privire la fiecare caz (fără a aduce atingere faptului că orice acțiune care restricționează sau afectează drepturile fundamentale necesită, în general, autorizare judiciară prealabilă).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, autoritățile și șefii Parchetului, în diferitele sisteme, exercită de obicei un control ierarhic mai mult sau mai puțin permanent asupra agenților aflați sub autoritatea lor, care se extinde atât la eficacitatea și eficiența în îndeplinirea obiectivelor lor, cât și la legalitatea și oportunitatea acțiunilor lor.
De asemenea, cea mai înaltă autoritate din minister poate emite, în general, instrucțiuni generale, stabilind criteriile pentru acțiunile procurorilor în vederea atingerii obiectivelor lor, dar nu poate da instrucțiuni sau dispune efectuarea sau omiterea unor acțiuni în cazuri specifice. Cu toate acestea, procurorii sunt, în general, obligați să respecte instrucțiunile specifice date de superiorii lor imediați cu privire la o cauză care le-a fost încredințată, cu excepția cazului în care le consideră în mod vădit arbitrare sau încalcă prevederile Constituției sau ale legii.
(5.197 din totalul de 27.595 bytes)
Column RoWiki.
Procuror - Wikipedia în limba română.
16:15 2 ene 2023 I enache discusión contribs. m 5.104 bytes (−2)
Procurorul (din franceză procureur) este un magistrat, acuzator public într-un proces, fiind un reprezentant al procuraturii / parchetului la judecată. El supraveghează justa aplicare a legii și reprezintă interesele statului într-un proces[1].
În România
Procurorul este membru al unui parchet, care exercită următoarele atribuții:[2]
efectuează urmărirea penală în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;
conduce, coordonează și supraveghează activitatea de cercetare penală a altor organe de cercetare penală;
sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelor penale;
exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege;
participă la sedințele de judecată;
poate exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești;
apără drepturile și interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, dispăruților și altor persoane, în condițiile legii; acționează pentru prevenirea și combaterea criminalității sub coordonarea ministrului Justiției.
Poate fi numit procuror persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, și anume să fie cetățean român, cu domiciliul în România, licențiat în drept, să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal și să se bucure de o bună reputație, să cunoască limba română, să fie aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.[3][4]
Numirea și eliberarea din funcție a procurorului se face prin decret al Președintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori. Procurorii din fiecare parchet sunt subordonați conducătorului acelui parchet. Dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine.[3] Conducătorul parchetulului nu poate da dispoziții procurorilor ierarhici inferiori privind modul de soluționare a unui dosar penal și nici nu poate impune acestora o anumită soluție. În realizarea activității de urmărire penală, procurorii sunt independenți și se supun numai legii. Soluțiile procurorilor pot fi infirmate de procurul ierarhic superior, pe motiv de nelegalitate sau netemeinicie, din oficiu sau ca urmare a formulării plângerii împotriva soluției.
Un procuror nu poate fi reținut în vederea arestării decât cu avizul secției de procurori a CSM.[5]
Parchetele de pe lângă tribunale sunt conduse de prim-procurori, care organizează, conduc, coordonează și răspund de activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe lângă tribunal, potrivit legii și ordinelor procurorului general al României.[6]
Procurorul general al României
Articol principal: Lista șefilor parchetului de pe lângă instanța supremă a României
Procurorul general al României este persoana care conduce Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).
Potrivit legii, procurorul general este numit în funcție de către șeful statului la propunerea ministrului Justiției și, ca atare, atât acceptarea demisiei, cât și demiterea sa sunt atributul exclusiv al președintelui țării.[7]
Note
(3.050 din totalul de 3.050 bytes)
Secțiunea 10. SECTION 10. Sección 10.
Va urma / Seguirá
Page updated
Google Sites
Report abuse